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lunes, 26 de diciembre de 2016

Bernardo Berro y el inicio de la secularización en el Uruguay laico.


Max Weber fue el primer sociólogo que vinculó la religión con la economía y la política en varios de sus escritos como “ La ética protestante y el calvinismo de 1920. Ensayos sobre sociología y religión del mismo año y Economía y sociedad 1922” iniciando un debate sobre la vinculación del desarrollo del capitalismo con la religión. La realidad era que ni Marx, el otro teórico conflictivo con la vinculación de la religión y la sociedad,  ni Weber estaban plenamente convencidos que la economía  y la sociedad  estaba determinada por lo religioso por el contrario con una fuerte interrelación.  Sin dudas para ellos la interrelación se daba desde distintos ángulos, para Marx desde la perspectiva económica y para Weber desde la perspectiva de los fenómenos culturales y sociales. La subordinación de la Iglesia al Estado no significo en época de la Revolución Francesa un avance hacia la libertad de cultos, menos todavía a la libertad del pensamiento. Los reyes utilizaban la religión para legitimar su dominio. Luis XIV persiguió a los protestantes y revocó el Edicto de Nantes de 1685. La Revolución Francesa terminó con el poder papal en Francia y tomó su último acto en el 18 brumario de Napoleón Bonaparte. Napoleón firmó con la Iglesia un Concordato en 1801, restituyéndole su legalidad con el objetivo político de hacer un clero sumiso y que permitiera salvar el nuevo orden. La fecha clave fue el 2 de diciembre de 1804 cuando Napoleón rompe con la tradición de los reyes y no se arrodilló ante el Papa Pío VII para recibir la Corona por el contrario se la colocó él mismo. Esta introducción aparentemente lejana del debate nacional se fundamenta en el peso que tienen ambas visiones en el desarrollo político y cultural del Uruguay. Cada tanto, y por suerte, vuelve un debate que se inició  en la segunda mitad del siglo XIX y tomó  fuerzas  a comienzos del Siglo XX  cuando la Constitución de 1917 separó definitivamente la Iglesia del Estado. Sin embargo la cuestión de las libertades religiosas es un debate permanente en la sociedad democrática  que cada vez es más resistente a la discriminación. A fines del siglo XIX el tema era la secularización, en buen romance como determinar en forma clara la separación del Estado y las confesiones religiosas. Es común frente a estos temas argumentar nuestra profunda dependencia como sociedad de los principios del  liberalismo. Excepto la figura de José Enrique Rodó y su postura pública que lo llevó a grandes discrepancias con Batlle, se confundió ese liberalismo con un radicalismo anticlerical profundo. Durante el gobierno de Bernardo Berro entre 1860 y 1864 se produce uno de los primeros episodios de conflicto entre el Estado y la Iglesia. En 1861 hubo problemas con los derechos del Patronato. En abril de ese año falleció en San José el alemán Enrique Jacobsen, un protestante masón, y el cura de la localidad Madruga se negó a darle sepultura en el cementerio local. Finalmente fue enterrado en el Cementerio Central de Montevideo pero sin el permiso de las autoridades eclesiásticas. Ante esta situación el gobierno por decreto seculariza los cementerios desvinculándonos de la administración religiosa y pasando a la órbita municipal. Unos mese más tarde la Vicaría destituyó al cura de la Iglesia Matriz Juan Brid que era también senador de la República, sustituyéndolo Inocencia Yéregui informándolo al Gobierno. Este le responde que por derecho del Patronato debía tener participación en el nombramiento y destitución de los sacerdotes. El vicario Monseñor Jacinto Vera no acató reponer a Brid. El gobierno deja sin efecto el pase conferido en 1859 relativo al nombramiento de Vera. Luego de un debate que transcurrió hasta el 7 de octubre de 1862 con múltiples tentativas de conciliación el gobierno decretó acéfala la Iglesia Nacional desde el mes de octubre de 1861 y ordenó el destierro de los presbíteros Jacinto Vera y J. Conde y nombró gobernador eclesiástico provisorio al presbítero Juan Fernández. Dentro de las consecuencias  políticas de este proceso se genera la “Cruzada Libertadora” de Venancio Flores. En 1862 en diciembre se llega a un acuerdo: el Vicario Jacinto Vera delegaba todas sus facultades en un vicario o gobernador eclesiástico que fuera del agrado del Gobierno del País. Esto tendrá vigencia hasta que Su Santidad el Papa proveyese lo conveniente. Fue designado el presbítero Pablo María Pardo. No se debe olvidar que las presiones llegaron a tal punto que se sugirió a la Iglesia que en caso de mantenerse en una postura intransigente se corría el riesgo de que el estado abandonase la religión católica. Además, ya en esos años, existía un proyecto de Código Civil por el cual se instituía al matrimonio como un simple contrato, y un proyecto de Ley en el que se daba validez a los matrimonios en cuanto a los efectos civiles con prescindencia de la religión o del rito en el cual se habían realizado. De todo este episodio queda claro que el accionar de Bernardo  Berro no estuvo inspirado en una actitud en contra de la Iglesia. Por el contrario su interés fue la defensa de los Derechos del Estado. El caudillo colorado Venancio Flores no pensaba de la misma manera y  con la bandera y el recuerdo de la hecatombe de Quinteros y el ataque a la Iglesia Católica inicia la Revolución  desde Buenos Aires, pero esto ya es otra historia.
 En definitiva y siguiendo ahora la visión de Tomás Sansón Corbo la secularización fue un lento pero sostenido proceso de diferenciación de campos de influencia, jalonado por una serie de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado. Se desarrolló durante las últimas cuatro décadas del siglo XIX y comienzos del XX,  y que coincidió , como dijimos líneas arriba,  con la modernización del país. Los antecedentes del conflicto se encuentran a finales de la década de 1850, durante el vicariato de Lamas. Éste hizo pública una carta pastoral referida a los problemas de la Iglesia y advertía a los clérigos sobre la amenaza de la masonería y el racionalismo:
«Rodeados de una vana y engañosa filosofía, y poco observada en algunos puntos la disciplina eclesiástica, nos desentenderíamos de un deber gravísimo y seríamos unos mercenarios infieles, si no os dirigiésemos nuestras letras. (...) «Venerables sacerdotes: vosotros sois el primer objeto de nuestra solicitud. Por vuestro elevado estado sois el espejo en que se miran los demás. De vuestro arreglo pende ciertamente el de todo el pueblo. Vosotros sois los ministros del Señor, y como tales, os corresponde promover la observancia de la divina Ley, no menos con las obras que con las palabras. A vosotros toca celar el decoro de su sagrado Templo, la pureza de la religión, la reforma de las costumbres, ofreciendo con vuestros procedimientos el mejor modelo».
En 1856 publicó otro documento recordando la condena eclesial sobre la masonería. El 26 de enero de 1859, el Presidente de la República decretó la expulsión de los jesuitas por manifestaciones antimasónicas de algunos de sus miembros. En 1861 se produjeron los acontecimientos  vinculados con la muerte de Jacobson y que derivaron en la municipalización de los cementerios. A partir de entonces la relación entre Iglesia y Estado se hizo cada vez más tensa. Se crearon una serie de normas complejas para la Iglesia, pero hubo dos particularmente importantes: las leyes de Registro de Estado Civil (1879) y de Matrimonio Civil Obligatorio (1885). Ambas erosionaron y debilitaron la influencia eclesiástica pues le quitaron el monopolio de la inscripción de bautismos, matrimonios y defunciones. La ley de 1879 generó muchos problemas. Algunos jueces y fiscales la interpretaban en el sentido de que prohibía a los sacerdotes realizar el bautismo sin la constancia de la anotación en el Registro Civil.  En 1888 Mons. Yéregui expresaba en un documento dirigido al Papa: «Desgraciadamente el desenvolvimiento de los principios liberales, ateos, racionalistas, positivistas y masónicos (...) se han encaramado en el poder y desde allí hacen encarnizada guerra a la religión católica». Concluía y definía , entonces, la ofensiva anticlerical como un plan de destrucción moral :
«Se ha perdido el antiguo respeto a la religión y al sacerdote: y no solo su influencia es cada vez menor, sino que se le cubre con el desprecio y con el más odioso desdén. (…)”
El comienzo del siglo XX fue una época de dura lucha por la postura radical del anticlericalismo de José Batlle y Ordóñez, que impulsó medidas determinantes  para los intereses de la Iglesia: eliminación de imágenes religiosas en hospitales públicos (1906); ley de divorcio (1907); supresión de enseñanza y prácticas religiosas en escuelas públicas (1909); entre otras. El golpe de gracia fue la Constitución de 1917. Las autoridades eclesiásticas procuraron, a través de los constituyentes elegidos  por la unión Cívica, mantener en todos sus términos el artículo 5, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. La Iglesia logró el reconocimiento de la propiedad de todos los edificios destinados al culto, salvo los que estaban en edificios públicos y, fundamentalmente, se emancipó del Patronato que tanto la había limitado, las diócesis vacantes pudieron ser provistas libremente por la Sede Apostólica. La secularización uruguaya culminó exitosamente para los intereses de los sectores anticlericales. A partir de entonces Uruguay fue reconocido por su sistema político laico, profundamente liberal y democrático.
Siguiendo finalmente al Dr. Gerardo Caetano como conclusión coincido con su postura en el epilogo del libro “El Uruguay Laico”: “ …el replanteo profundo de los sistemas de creencias en el mundo contemporáneo, lejos de conferir certezas, propone una larga serie de incertidumbres, muchas de las cuales afectan nuestra nociones democráticas respecto al ejercicio legítimo de derechos y a la práctica del más irrestricto pluralismo en nuestras sociedades”


viernes, 23 de diciembre de 2016

El batllismo y el Estado. Debate permanente.


En mis idas y vueltas con los aspectos medulares del batllismo me metí con el Estado. No es poca cosa hacerlo puesto que todos lo utilizan para dar rienda suelta a su visión ideológica, económica e incluso debates sobre lo pertinente o o pertinente de la libertad humana. Pues bien, las reflexiones de un autor coreano en un libro que me regalaron para Navidad me sirve como disparador para volver sobre el tema del batllismo y el Estado. (Chan, Ha-joom. Economía para el 99% de la población, Buenos Aires, Debate,2015). De forma muy simple podemos afirmar, siguiendo ahora a Gabriel Oddone que las políticas económicas desarrolladas por nuestro país a lo largo del siglo XX han oscilado entre ser dirigistas o liberales. Acá comienza el debate. Por políticas dirigistas entendemos que son aquellas que le otorgan al sector público estatal un rol importante y decisivo en la asignación y distribución de los recursos en competencia con la dinámica dl mercado. Por lo tanto el dirigismo se desarrolló durante los años 1931 y 1973. Algunas las medidas para sostener el modelo fueron :
1)      Fijación administrativa de precios e ingresos relevantes de la economía. La creación de los Consejos de Salarios en 1943 y la COPRIN. Comisión de productividad, precios e Ingresos en 1968.
2)      Emisión monetaria contra los documentos en poder d ela autoridad monetaria a partir de 1939 y contra el revalúo del oro depositado en 1935 y 1938.
3)      Utilización de mecanismos de racionamiento de las divisas mediante el contralor de las exportaciones e importaciones desde 1941 y los permisos previos de importación desde 1938 y el modelo complejo de cambios múltiples a partir de 1934.
4)      Levantamiento de barreras proteccionistas a partir de aumentos del arancel general de 31% a 48% en 1931 con el objetivo de proteger empresas nacionales.
5)      Se generalizan las practicas clientelísticas a partir del crecimiento del Empleo Público a partir de 1946 y utilización de privilegios jubilatorios de un modo exagerado a partir de 1945

El batllismo desde el periodo inicial reformista de Don Pepe seguido por la coyuntura interbélica  y la Segunda Guerra Mundial con la visión de sustitución de importaciones bajo el terrismo y baldomirismo tuvo su apogeo en el modelo industrializador del Luisismo. Momento en que las graficas que presentan los liberales y opositores al batllismo como de declive económico, sin embargo para la memoria colectiva fue el Uruguay del optimismo y de grandes realizaciones sociales, laborales, industriales, educativas y culturales. Es interesante el crecimiento del Estado en la visión batllista y su rol redistributivo y de conciliación de clases muy lejos de la visión moderna de un Estado “gran Hermano” con hipercontroles con cámaras y fiscalizaciones impositivas cercanas al dolo que actualmente padecemos. El mismo Aristoteles sostenía “ La prueba de que el Estado es una creación d ela naturaleza y anterior al individuo es que el individuo cuando está aislado no es autosuficiente, por lo tanto, es como una parte en relación con el todo” Queda claro que ninguna teoría económica con fundamentso serios proponga abolir totalmente al gobierno. Pero hay un gran marco de opiniones sobre el rol del Estado que van desde la visión neoliberal de libre mercado que proponen un Estado mínimo siendo estos los  sectores conservadores de los Partidos Tradicionales y en especial los economistas herreristas y colorados no batllistas. En esencia proponen un estado que se encargue de la defensa militar, protección de los derechos de propiedad      la infraestructura y la seguridad ciudadana. En el extremo opuesto tenemos la visión marxista que sostiene que el mercado debe ser reducido a una función subsidiaria y que la economía debe ser planificada por el Estado. Ya a comienzos del siglo XX en el Uruguay este debate comenzó a resolverse con la visión batllista de respeto a la propiedad privada, con el concepto de humanizar al capitalismo y redistribuir la riqueza mediante el accionar del Estado y sus empresas que serían estratégicas. En momento de decadencia institucional, de falta de visione republicanas, el maltrato que se le ha dado al Estado en relación a las áreas estratégicas de la economía han llevado a que la visón social de los problemas del gobierno se traslade al Estado y su funcionamiento. La frase cuanto menos haga el gobierno mejor no irá, o que el Estado es un “mal necesario”. Todos estos argumentos popularizaron la teoría económica del libre mercado que tiene como objetivo separar absolutamente la política del desarrollo de los mercados. O sea separar al Estado de su rol igualador en materia social. Para el batllismo es clave tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Indudablemente en el siglo XXI el Estado es una maquinaria organizativa muy fuerte y poderosa que ha inventado la humnaidad desde tiempos pretéritos(Fukuyama) por lo que resulta imposible lograr cambios trascendentes  en lo económico y su incidencia inmediata en el desarrollo social sin su ayuda.

domingo, 11 de diciembre de 2016

Sanguinetti y Tarigo: El cambio en Paz.



Al asumir la presidencia el Dr. Julio María Sanguinetti y  pero con un gran apoyo político tanto nacional como regional. Ocho jefes de Gobierno, varios vicepresidentes y dignatarios de  72 países, entre los que se contaban Cuba y Angola con los que Uruguay no mantenía relaciones, así como representantes de unos veinte organismos internacionales. Sanguinetti y Tarigo juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución en el Palacio Legislativo ante la Asamblea General. En el acto también estuvieron presente dirigentes destacados de todas las fuerzas políticas entre ellos Wilson Ferreira Aldunate y Juan Pivel Devoto por el Partido Nacional, Liber Seregni y Juan José Crottogini por el Frente Amplio y Humberto Ciganda por la Unión Civica. Frente a la mesa de la Asamblea General se encontraba Washington Beltran, Jorge Pacheco Areco y los Presidentes Raúl Alfonsín de Argentina, Hernán Siles Suazo de Bolivia, Belisario Bentancur de Colombia, Luis Alberto Monge de Costa Rica, Oscar Mejía de Guatemala, Daniel Ortega de Nicaragua, Felipe González de España y Bettino Craxi de Italia. El Presidente Sanguinetti había dicho en su discurso de toma de posesión; “ Mi mayor ambición es la de estar el 1 de marzo de 1990 entregándole el mando al nuevo Presidente constitucionalmente electoñ Sólo ese día podremos decir que hemos cumplido. Habré cumplido yo con mi misión y habremos cumplido todos nuestro deber” Las primeras medidas del Poder Ejecutivo fueron:
1)      Proyecto de Ley por el cual se suprime el Ministerio de Justicia  conjuntamente con otro proyecto que le otorga al Ministerio de Educación y Cultura las competencias hasta que sea eliminado.
2)      Rehabilitación de las organizaciones ilegalizadas por el gobierno de facto: Convención Nacional de Trabajadores (CNT), Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Popular, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento Revolucionario Oriental. Partido Comunista Revolucionario. Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), Federación de Estudiantes Revolucionarios(FER) Grupos de Acción Unificadora(GAU), Grupos de Autodefensa Plenario Intersindical de Trabajadores, Asociación de Magistrados del Uruguay, diarios El Popular y Crónica, Grupo de Teatro El Galpón y Servicio de Paz y Justicia(SERPAJ)
3)      Proyecto de regulación del Servicio de Ampara}
4)      Proyecto de  modificación de integración de los Entes Autónomos
5)      Proyecto de creación de la Oficina del Registro Civil
6)      Rehabilitación de los medios de prensa clausurados en los últimos 11 años.
7)      Supresión de la DINARP y creación de la Secretaría de Información de la Presidencia.
8)      Derogación de las disposiciones que trababan el ejercicio de la actividad periodística.
Esta fue la gran tarea del gobierno curiosamente soslayada por la Historia reciente con cierta interpretación segmentada. El nuevo gobierno dejó de lado lo acordado en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) dando paso a lo que se llamó “ gobierno de entonación nacional” con una serie de trabajosos acuerdos, limitados pero racionales y operativos con el Partido Nacional, cuyo líder era en ese entonces Wilson Ferreira Aldunate. Este acuerdo se consolidó mediante la presencia en el gabinete y en otros cargos públicos importante con figuras de origen nacionalista a título personal pero con el respaldo del Partido, entre ellos vale la pena recordar al Canciller Enrique Iglesias. También se le otorgó seis cargos de dirección en Dependencias del Estado al Frente Amplio, indudable reconocimiento del batllismo al incorporar a la izquierda en el esquema de fiscalización del nuevo gobierno. Por lo tanto era un gobierno de partido minoritario pero con un inteligente mecanismo de gobernabilidad sostenida con arduas y permanentes negociaciones en los más variados asuntos. Se realizaron con frecuencia “reuniones de cúpula” y el principal objetivo era consolidar la transición democrática que se complica cada vez más con la denominada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que fue votada en el Parlamento en diciembre de 1986. Además de las medidas y de los problemas políticos se lograron otras como las medidas de un Plan de Complementación Alimentaria entregándose canastas de alimentos a las familias con problemas económicos, planes de desarrollo de la cuenca arrocera. El plan de Desarrollo de las Ciencias Básicas en cooperación con la Universidad. Se iniciaron las obras de reconstrucción del SODRE. Se aprobó el Código General del Proceso, se logró la automatización de todas las estaciones telefónicas del país. Se reestructuró el sistema de Enseñanza creándose la ANEP y los Consejos desconcentrados. El CODICEN lo presidió el prof.  Pivel Devoto que instrumentó el Ciclo Básico. Se creó el Centro de Diseño Industrial y muchas obras más que el Partido Colorado no sabe ni supo defender como realizar de claro cuño batllista y que cumplió el principal objetivo. Llevamos al país a las primeras elecciones totalmente libres desde 1971, y las primeras sin ninguna crítica desde 1966. El batllismo cerró un paréntesis iniciado 15 años antes en una  de las páginas más oscuras de la historia política del Uruguay. El vicepresidente durante todo este período fue el Dr. Enrique Tarigo que al preguntársele como se había logrado la transición en un momento tan complejo sostuvo: “el Partido Colorado, no se agota en su concepción liberal, sino que es el cimiento sobre el cual edifica sus concepciones en materia política, social, económica. En el programa del Partido que lo cumplimos absolutamente se sostiene que en "el siglo XX y fundamentalmente por obra de José Batlle y Ordóñez, a los rasgos tradicionales del coloradismo (o sea el liberalismo político) se fueron sumando otros que define el perfil actual del Partido" y los enumeró:
1- Su vocación democrática: en el Estado, en el Partido, en la Sociedad Civil y en los planos cultural, económico y sindical.
2- Su voluntad reformista: el orden social vigente conlleva injusticias y debe ser profundamente transformado buscando una efectiva igualdad de oportunidades en  el punto de partida para que cada uno desarrolle libremente sus capacidades sin privilegios heredados.
3- Su jerarquización del Estado:  para ejecutar un proyecto solidarista, orientando con una propuesta deliberada los diferentes sectores de la actividad. No para sofocar la iniciativa privada, cuyo dinamismo la hace indispensable para el desarrollo, pero sí para informarla y orientarla ajustando su actuación al interés general.
4- El nacionalismo batllista: que no se confunde con la hueca exaltación de folklorismos ni con irracional hostilidad a lo extranjero sino que propugna la legítima y sensata defensa de lo nuestro en un mundo en el cual los demás defienden lo suyo.
5- Nuestro latinoamericanismo: porque nacionalismo no es aislacionismo y la integración de los países latinoamericanos es necesaria para nuestra plena realización como comunidad nacional.

Finalmente el Dr. Tarigo concluye: " diría que el Partido Colorado a influjos del batllismo, es hoy, un Partido profundamente liberal en lo político y social-demócrata en lo económico y social. Este segundo rasgo surge claramente de esa voluntad reformista y de esa jerarquización del Estado que no puede ser, desde nuestro punto de vista, ni el ogro filantrópico de las dictaduras más o menos totalitarias, ni el mero arbitro de la contienda social dedicado a marcar los tantos de cada uno de los sectores partícipes del quehacer colectivo como querrían los liberales en materia económica, los liberlistas como los llamaba Benedetto Croce para marcar la diferencia conceptual entre liberalismo político y liberalismo económico"
Y se cumplió, se entregó el gobierno luego de elecciones absolutamente libres.


domingo, 4 de diciembre de 2016

El Estado batllista impulsor del progreso conciliando la economía y la sociedad.


En mi reciente viaje a Europa conseguí la traducción en español del libro de Francis Fukuyama titulado “Orden y decadencia de la política” Deusto, grupo Planeta Barcelona 2016. En el mismo establece con claridad que un sistema político se basa en el equilibrio entre Estado, derecho y responsabilidad y en las necesidades morales de toda sociedad. Y avanza en la concepción clásica de que todas las sociedades necesitan Estados capaces de generar suficiente poder como para defenderse de problemas externos o internos y sobre todo con la capacidad de imponer el cumplimiento de las leyes acordadas de modo general a través de la Constitución. El objetivo es, sin dudas, regularizar el poder mediante la ley para asegurar de que se aplique a todos los ciudadanos sin ningún tipo de privilegio. El principio de legalidad, además, resulta imprescindible para lograr el desarrollo económico, sin derecho de propiedad claros y sin la imposición del cumplimiento de los contratos es imposible el desarrollo de empresas que inicialmente se sostienen en la confianza. Todo esto, finalmente se consolida en la acción política que es una de  las dimensiones básicas de la libertad que se completa y enriquece la vida de los individuos.  En nuestro país, y luego del ocaso del batllismo, vemos con claridad que hay un fuerte déficit político pero no del Estado delineado por el batllismo histórico, sino de un Estado moderno que sea competente, organizado, autónomo y vinculante con la sociedad. Cuando vemos fracasos políticos en realidad es un fracaso del Estado en llevar a la práctica las propuestas realizadas por el sistema político. Es un tema en círculos, importante pero no del discurso habitual de los votantes, o sea reflexionar sobre el Estado y el  uso eficaz del poder estatal no conmueve las inquietudes populares. El propio Luis Batlle continuador de la política originada durante el primer batllismo de un estado con empresas estratégicas y con claro objetivo redistributivo sostenía: El 26 de junio de 1948, en Salto, Luis Batlle Berres defendía el dirigismo económico y el desarrollo estratégico del Estado. “ La economía dirigida no es sino economía ordenada y en beneficio de la sociedad; no se intenta con ello destruir el principio de la libertad de comerciar para sustituirlo por  el – Estado comerciante-. Sino que es, frente a las circunstancias presentes, necesidad de reglar y dirigir la economía en beneficio de la sociedad. Esto no se ha querido comprender y se prefiere, por algunos, la libertad, sin advertir que la libertad es el desborde de los precios y una marcha rápida hacia el desorden. Si no existiera la Ancap y en nuestro país se vendiera la nafta y el keroseno y el gasoil a los precios que se cotizan en el mercado internacional…nuestro pueblo estaría pagando 18 millones de pesos más de lo que paga en la actualidad… la desaparición de las empresa del Estado podría aparejar la presencia de consorcios internacionales para dirigir nuestra industria que es nuestra y que debemos defender… somos el único país del mundo que tenemos el monopolio de los teléfonos y el monopolio del petróleo por el Estado y esto lo hemos conquistado sin tirar un solo tiro y sin realizar ninguna clase de despojo” Lo cierto es que durante el primer batllismo el incremento poblacional, el avance de los medios de comunicación y la consolidación del mercado interno permitieron el desarrollo de nuevas actividades productivas mayoritariamente urbanas. El batllismo, ya como proyecto a largo plazo, se convirtió en una síntesis política de diversos sectores sociales. La legislación laboral fue determinante para conciliar las diferentes clases sociales, desde el proletariado industrial naciente, el desplazamiento de la mano de obra rural y  además se sumaba el interés del capitalista industrial que necesitaba orden, estabilidad y legalidad. El proyecto reformista incluyó un fuerte dirigismo que durante el neobatllismo logró un gran impulso al nivel de vida. El rol estratégico de las empresas públicas era y es para el batllismo la búsqueda de nivelación destinada a favorecer una distribución más igualitaria de los ingresos: “apresurarse a ser justos es luchar por el orden y asegurar el orden”. No es nuevo y sin ánimo de aburrir podemos analizar algunos puntos de la evolución histórica sobre el rol del Estado como regulador social ya en la visión de Sangustin observamos un cambio radical: el Estado como un medio  y  no  un  fin  en  si  mismo;  para  él  el  hombre  trasciende  al  Estado.  En esta línea de pensamiento  afirmamos  que  el  Estado  existe  para  el  hombre.  Complementado  con  Tomás  de  Aquino,  quien  reconoce  que  el  fin  del  Estado  es  el  bien  común  podemos concluir que en la Edad Media se logra combinar el Estado como medio  pero también con objeto social.. Para Locke el poder debía estar limitado, dividido. Él apreciaba derechos  naturales que anteceden al Estado y que ni en el estado de naturaleza se podían  negar. El  gran  teórico  de  la  división  de  poderes  es  Montesquieu,  que  en  una  clasificación tripartita aportó la idea del poder judicial encargado de resolver las  controversias y también la idea de un bicameralismo en el poder legislativo.  No sería hasta Rousseau que se aclararía que el titular de la soberanía no  puede ser otro que el pueblo, el defendería la soberanía popular  y  resaltaría la  realización de la voluntad general como el fin último del Estado. Para  Hegel  y  su  método  dialéctico  lo  importante  sería  el  Estado  y  el  individuo tendría un papel insignificante, poco de lo que dijo es justificable hoy;  su principal aportación se encuentra en que fue ayudaría a otros a percibir que el  Estado  ha  cambiado  con  el  tiempo.  Marx  apoyado  en  esto  sostendría  que  el  Estado ni siquiera ha existido siempre y que eventualmente deberá desaparecer  pues es sólo producto de la lucha de clases, instrumento de opresión de una clase  por otra. De Lenin podemos destacar su intento por utilizar la  fuerza de grupos  sociales  que  no  estaban  concientizados  políticamente  y  de  cierta  manera  involucrarlos en el Estado. Para Weber  el  Estado  es  una  relación  de  dominación de la burocracia.  El Estado es el gran protagonista del batllismo como agente económico y como regulador. Las políticas sectoriales tuvieron un rol trascendente. Se puso el eje en las políticas sociales y en los derechos de los trabajadores promoviendo el intervencionismo cuyo ejemplo más concreto fue la política de nacionalizaciones y estatizaciones. Para el siglo XXI el desafío del batllismo es ser fiel a sus principios  de que una idea genera otra  y una reforma antecede a otra buscando adelantarse a los requerimientos de la sociedad y del progreso.
Siempre se ha discutido el modelo batllista de desarrollo realizado entre 1911 y 1930 en el cual el debate entre la diversificación productiva, proyectada y con éxitos relativos, o  la construcción de un modelo urbano con servicios y  desarrollo fuerte del sector público.  Se puede afirmar que el modelo batllista apuntaba a tres objetivos: modernizar y diversificar la estructura de producción con énfasis en la industria y la expansión de un modelo agrícola. Se debía, entonces, desarrollar el mercado interno generando un buen entorno de bienestar social y nacionalizar la economía para reducir los riesgos de la dependencia extranjera y sus crisis y euforias cíclicas. La retención de la mayoría de los recursos del país va de la mano de que las compañías extranjeras reduzcan su accionar siendo sustituidas por empresas del Estado. Finalmente redistribuir los ingresos elevando el poder adquisitivo de la población y universalización el acceso de la población a bienes y servicios.
Desde el punto de vista económico el batllismo planteaba:
1) Modernización de la ganadería y expansión de la agricultura de forma combinada.
2) Desarrollo de la industria manufacturera nacional sustituyendo las importaciones.
3) Expansión de servicios en las finanzas, los transportes, comunicaciones, turismo, enseñanza y salud.
4) El incremento de la participación del Estado en los aspectos productivos y comerciales.
5) Reforma fiscal con el objetivo de estabilizar y aumentar la recaudación del Estado con el objetivo  de una mejor redistribución. También desconcentra la propiedad de la tierra. (georgismo)
Siguiendo a Benjamin Nahum el Estado para el primer batllismo tenía estos componentes: “La idea básica era que el Estado representaba a toda la sociedad y por encontrarse por encima de todas las clases sociales debía no solo arbitrar sus disputas, sino también impulsar su progreso mediante un crecimiento sostenido de la economía. Esa finalidad social era lo que daba derecho al Estado para -invadir- el campo de la actividad económica privada, desde que - el interés general- era superior al particular de las empresas”. El propio ministro José Serrato sostenía en 1911 que “ los monopolios constituirán un poderoso recurso fiscal a fin de que las cargas nuevas no contribuyan a hacer más desigual la distribución de la riqueza”

El problema latente será la relación entre el desarrollo político y el fantasma del clientelismo y la corrupción. 
Corresponde ahora hacer referencia a Francis Fukuyama en su obra “Origen y decadencia de la política” (Deusto, 2015, pág. 261) que cita a Ernest Gellner: “ Una sociedad que vive para el crecimiento tiene que pagar necesariamente un determinado precio . El precio del crecimiento es la innovación permanente. La innovación permanente a su vez, presupone una incesante movilidad ocupacional, tanto entre generaciones como en ocasiones, en el curso de una vida(…) el perfil general de una sociedad moderna es ser alfabetizada, con movilidad social, con cultura compartida, homogénea, trasmitida por la alfabetización e inculcada desde la escuela…” Ese fue el Modelo batllista de desarrollo, y debe ser el motor ideológico en el siglo XXI.


miércoles, 30 de noviembre de 2016

El batllismo y el Estado: Idea y acción.


El Estado para el batllismo debe ejercer un fuerte rol de árbitro en relación el equilibrio de las clases sociales, la conciliación de clases. Para esto la economía debe dirigirse a satisfacer las necesidades sociales. Para el cumplimiento de estos principios desde el plano político se debe desarrollar la plana vigencia de la democracia y la libertad. El objetivo primordial es favorecer el trabajo nacional sin imitar los modelos populistas que confunden el rol del estado con la arbitrariedad del poder. El Estado batllista desde la época del primer batllismo debe anticiparse a los reclamos sociales para buscar las soluciones a los sectores más perjudicados buscando una justa  redistribución de la riqueza y por  lógica evolutiva la justicia social.
El respeto absoluto a la Democracia con el respeto absoluto e irrestricto de sus principios de libertad, libertad de expresión, libertad de opinión, garantías individuales valoración de la propiedad privada. Por lo tanto la democracia y la libertad, para el batllismo, es la base del progreso y la justicia social. Pero la libertad para el batllismo se base en la redistribución de la riqueza a través del Estado para como sostenía el primer batllismo “ que los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos”
La libertad se constituye en el elemento básico de la vida colectiva. Democracia y libertad son elementos íntimamente ligados, la libertad sin la democracia no es posible y tampoco al revés. Con estos principios se enfrenta el batllismo a la concepción populista. Sin libertad política, sin libertad de prensa sin leyes que aseguren la evolución de la economía no es posible el progreso.
La actividad privada debe ser apoyada y convertirla en el centro de la experiencia económica al ampara del visión estratégica del Estado. En caso necesario el Estado debe ampliar sus funciones y otorgando a las Empresas Públicas un rol estratégico en el desarrollo nacional. Todos estos principios tienen como objetivo el desarrollo social, acrecentando desarrollano y consolidando los sectores medios de la sociedad con salarios mejor remunerados. La riqueza que desarrolla la industria debe ser redistribuída. El trabajador es el principal actor y debe ser receptor de las lógicas concesiones y ventajas para que participe en forma razonable en los beneficios obtenidos.
El Estado para el batllismo deberá promover el desarrollo industrial y ser el arbitro de las visiones enfrentadas y contradictorias de la sociedad. No debe competir con los emprendimientos privados debe promoverlos pero manteniendo el lógico control de todas las ares de interés nacional. La riqueza no es solo del propietario del capital es también, en buena parte del trabajador porque con su trabajo la crea, por lo tanto se debe compartir. El Estado es el que debe nuclear la distribución justa de la riqueza para asegurar la paz social, porque si el reparto no es equitativa se convierte en arbitraria y pone el peligro el orden y la paz social. Por encima de las clases social el batllismo coloca al hombre sin ningún tipo de distinción ya sea raza, nacionalidad, clases o grupos sociales, creencias. Y desde el principio del batllismo la idea de que el conflicto de clases parte de la injusticia de clases por la tanto la seguridad social es básica para el batllismo. La conciliación de clases supone la paz social y por extensión se reduce al mínimo la posibilidad de la violencia. Es claro que el batllismo no defiende al rico como tal sino al pueblo todo mediante leyes sociales y políticas públicas generales.
Durante el segundo gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, la reforma educativa se desarrolló fundamentalmente en base a un modelo racionalista con el objetivo de ser la principal política publica social del gobierno. El propio Rama sostenía en una nota publicada en Búsqueda antes de asumir su cargo: “Lo que es importante primero que nada es que entre todos tengamos diagnósticos claros de nuestros problemas porque si no (…) se pueden inventar muchas micro experiencias que no se sabe a dónde van porque no hay un diagnóstico general del sistema” En el periodo 1995-2000 el país procesó, además de la reforma educativa otras dirigidas a la visión social del batllismo pero alejándose de la praxis: Reforma del Estado, reforma de la Seguridad Social, la apertura de la economía al mundo, La flexibilización del mercado laboral. Fue un marco de reformas, fieles al principio batllista de “vino nuevo en odres viejos”. En el caso de la reforma educativa se vio el mantenimiento de una fuerte presencia del Estado, ausencia absoluta de privatización con la búsqueda de equidad educativa y apostando a la educación como mecanismo de integración social en un momento que el entramado social comenzaba a fragmentarse. Durante el período del Dr. Sanguinetti, también se buscó reforma la salud, el proyecto del año 1995, buscaba reordenar el Ministerio de Salud Pública tanto desde el punto de vista presupuestal como programático. El objetivo era que el MSP se convirtiera en el organismo rector de las políticas de salud, identificando las prioridades, dictando planes y programas de salud a nivel nacional y controlar y fiscalizar el sistema.

También se desarrolló un programa de fortalecimiento de las políticas sociales que se había iniciado durante la administración Lacalle, este programa buscaba aumentar la eficiencia y equidad en las áreas de Educación, Salud, Justicia, Nutrición y trabajo. Todo orientado a transformar los mecanismos públicos de acceso de los grupos familiares para satisfacer sus necesidades más inmediatas. El batllismo un siglo después de sus primeros enfoque de justicia social seguía en el último gobierno del siglo XX marcando con claridad la importancia de la spolíticas sociales y la justa redistribución de la riqueza.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Batllismo y Liberalismo: aportes para el debate 3.



En el pensamiento de Luis Batlle el Estado debía contribuir activamente al mantenimiento de la paz social. Opuesto a la lucha de clases porque consideraba al hombre por encima de toda clase social el batllismo se sintetiza en su pensamiento en un discurso de 1947: “ Cuando se amasa la riqueza entre el capitalista y el trabajador, lo que se produce es de todos y tiene que repartirse con equidad para que no exista el que lo tiene todo y el que no tiene nada, porque eso no es ni la tranquilidad ni la paz, ni la justicia: eso es la arbitrariedad y con arbitrariedad no podemos asegurar la paz social” Luis Batlle mantuvo el Estado laico, militante en su laicismo, con una gran cuota de tolerancia en su estilo. La evolución de los Estados Unidos a partir de 1945 de la mano de su aparato productivo e industrial hiperdesarrollado inició una gran ofensiva para captar mercados. En nuestro país el Dr. Gervasio de Posadas que sería el futuro presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay en un discurso festejando el día de la industria en 1945 sostenía que se veían críticas a la política industrialista y por las ganancias que se habían generado con el  proteccionismo. Avisa que existen presiones diplomáticas para abatir las tasas arancelarias y ponía un llamado de atención sobre la postura norteamericana en restaurar el comercio multilateral y el libre comercio mundial. No sostenía nada novedoso al sostener que el estrecho mercado interno, la limitada capacidad de producción y la mano de obra semicalificada le impedirían al Uruguay competir en los nuevos escenarios de posguerra. En buen romance alertaba que se vendría inexorablemente la ruina de la industria nacional y con ella los salarios, la desocupación, la perdida de los capitales invertidos. Uno de los caminos propuestos por la Cámara era aumentar los salarios para mantener el flujo circular del mercado interno que era abastecido por la Industria Nacional. Los industriales favorecía el proteccionismo y que se produzca una suerte de  unión sagrada entre los trabajadores, empleadores y el Estado como garante del proceso. Sostenian que la producción agrícola no era suficiente para dar empleo a los habitantes del país. Entre el periodo coincidente con la escalada de la Guerra Fría y el Drama de Corea entre 1949 y 1953 la industria nacional tuvo un crecimiento acelerado poniendo énfasis en la sustitución de importaciones. Queda claro que luego de la Segunda Guerra Mundial los países industriales principales no estuvieron en condiciones de volcar su potencial de producción hacia los países ´periféricos. En los Estados Unidos el problema era la reconversión del aparato industrial y el salvataje del sistema capitalista ayudando al despegue de Europa y Japón. Los demás aliados capitalistas estaban tremendamente debilitados y con serios problemas para un despegue económico dentro del territorio metropolitano y en los Imperios en plena fase de descolonización. En nuestro país la industria se convirtió en el eje económico más importante dejando a un segundo plano a la producción agropecuaria que entra, como una luz amarilla, en fase de estancamiento. El desarrollo se consolidó en: papel, textiles, topos, derivados de petróleo y del carbón, laminados y fundición de metales. Otra luz amarilla se prende en las industrias de la alimentación, de vestimenta y en las mueblerías. Todo desarrollo en el área industrial era dependiente de la tecnología, d ela energía y de lso insumos industriales todos ellos importados. Acá el ahorro que realizó el país durante la Segunda Guerra Mundial permitió tener grandes cantidades de reservas en oro. Acá se desarrolla el dirigismo estatal. El Estado estimuló la producción manufacturera y en especial durante el gobierno de Luis Batlle Berres entre 1947 y 1951. Se favoreció el desarrollo de empresas privadas y el proteccionismo fue tal que en el mercado solo había productos de producción nacional y esto lo controlaba un sofisticado sistema de control del tipo de cambios o Sistema de Cambios Múltiples. La industria creció a una tasa elevada del 8,5% en tanto que el agro, si bien creció también, lo hizo a una tasa del 3,8%. El problema mayor era la contradicción de intentar fortalecer el mercado interno por medio de la expansión salarial por un lado y mantener los beneficios por medio de la limitación de los salarios. A este problema debemos agregarle el estancamiento del agro que en esencia era lo que determina la balanza comercial favorable. La Industria Nacional no podía ni por calidad ni por precio competir en los mercados internacionales y finalmente el Estado creció sin ser acompañado su crecimiento por la estructura económica del país. En 1948 se cre el Instituto Nacional de Colonización que por estatutos debía impulsar la colonización agrícola y ganadera mediante la expropiación de tierras. Se podrían expropiar  las propiedades de gran extensión y que su explotación fuese escasa o abandonada. Este proyecto fue neutralizado por los ganaderos y por las cámaras empresariales. Sin embargo en sus primeros años logró colonizar 150000 hectáreas.
El gobierno batllista para promover el desarrollo industrial adoptó varias medidas: el control del comercio exterior, política de cambios preferenciales a la actividad industrial, manejos de los tributos a la importación de maquinarias industriales o materias primas, prohibición o limitar el ingreso de productos extranjeros y los subsidios a los productos de consumo popular y fijación de precios por venta anticipada. Durante la época del primer batllismo se protegió para dar forma a la capacidad industrial del país en el neobatllismo se quería fortalecer la economía para que lograse competir en los mercados internacionales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la apertura comercial impulsada desde Bretton Woods comezaron a reducir las reservas que el país acumuló durante el conflicto. El ministro de Hacienda Ledo Arroyo Torres explicaba en una entrevista de prensa: “(…) ante estos hechos el gobierno en nombre de la comunidad, tomó la responsabilidad de dirigir las compras que íbamos a realizar en el exterior”.

El Contador Luis A. Faroppa definió al periodo estudiado en profundidad pero cabe resaltar que en el periodo neobatllista se “ creó una estructura administrativa caracterizada por una gran cantidad de regímenes especiales de exportación e importación. Pretendió darle, también, una gran flexibilidad al sistema, pero ello redundó en una estructura administrativa muy compleja y pesada que, muchas veces trabó enormemente las operaciones del comercio exterior. Fracasó en su intento de equilibrar dinámicamente las estructuras de producción y las de consumo con adecuados incrementos en las exportaciones y reestructuraciones en las importaciones. Lo demuestra el hecho de que, al mismo tiempo que logró resultados favorables en lo relativo a producción y exportación de trigo y de industrialización y exportación de tops, soportó la caída de las exportaciones de carne y la escasa tasa de recuperación en la producción y exportación de lanas. Entre otras razones ello se debió a la inexistencia de programaciones en las actividades del Banco de la República y del Contralor de Exportaciones e Importaciones con todos los demás centros responsables de políticas especiales que debía coordinarse con aquellas instituciones” Como conclusión la visión conservadora sobre el batllismo, sobre todo del liberalismo absoluto, la podemos resumir con la visión del Embajador de Francia sobre Luis Batlle y el batllismo: “ Por la política demagógica que ha hecho durante su presidencia el Sr. Luis Batlle ha colocado a las finanzas públicas en una situación difícil, pero se ha ganado un sólido prestigio entre los obreros…”

domingo, 13 de noviembre de 2016

Liberalismo y Batllismo: aportes para un debate 2




Librecambistas y proteccionistas: el dirigismo estatal.
Desde mediados del siglo XIX se desarrolló un gran debate entre librecambistas y proteccionistas tanto a nivel político como económico en nuestro país. Existían grupos políticos y económicos que respondían a la concepción liberal que vinculaba el desarrollo económico con el desarrollo de las actividades agropecuarias, mercantiles e industriales asociadas al sector primario de la economía. Esta corriente tenía representantes en los sectores intelectuales en lo político y en el periodismo. El desarrollo de la producción artesanal y de las industrias no tradicionales, que solo podrían desarrollarse con la protección del Estado, no era considerado por este grupo. El otro sector de la opinión pensaba diferente en la forma de consolidar el desarrollo del Uruguay: ponían énfasis en el desarrollo del mercado interno y el desarrollo de actividades industriales vinculadas. Para ello era imprescindible el accionar del Estado creando los estímulos indispensables para  el desarrollo de las manufacturas y mediante su accionar distribuir la riqueza.  A partir de 1870 era una  urgencia derivada de la situación económica internacional con una baja en los precios de las materias primas. En 1892 Batlle y Ordóñez expresaba que el proteccionismo “ es uno de  los medios más poderosos que pueden ponerse en práctica para combatir radicalmente el mal económico de la República, el de combatir de una manera eficacísima, por medio de exenciones y recargos en los derechos de aduana a todas las industrias que con posibilidades de éxito puedan implantarse en la República. Se daría así a la población del país el trabajo que le falta para subsistir dignamente y mejorar de posición pecuniaria y se limitaría el consumo de artículos producidos o elaborados en el extranjero, que importan a veces fortísimas erogaciones anuales”.
En 1903 fue sancionada la ley de protección a los vinos nacionales, en 1904 Don Pepe decreta que la “Unión Industrial” sea asesora del gobierno en materia industrial. En 1906 se aprobó las primas al cultivo de remolacha azucarera por un periodo de 5 años, en 1908 se protegía la producción del lino, en 1909 se quitan los derechos d aduna por un periodo de 25 años a todos los insumos necesarios para el desarrollo de la industria de astilleros y 1911 fue aprobada la ley que disponía la ampliación de la Usina Eléctrica Calcagno. La Ley más importante del periodo se realiza el 20 de octubre de 1912 mediante la cual de facultaba al Poder Ejecutivo a conceder franquicias aduaneras a ciertos productos  específicos y variedades de materias primas. El batllismo no fue otra cosa que el continuador de una política fiscal con leyes que se pueden rastrear desde los años de 1875, 1886 y 1888. Sin embargo no se previó en ninguna de ellas el montar una industria nacional sustitutiva de importaciones. La filosofía del batllismo tenía como soporte una serie de principios que proclamaban la necesidad de que el Estado asuma a su cargo los servicios públicos, incluso con riesgo de pérdidas, con el objetivo de que la sociedad fuera satisfecha en sus necesidades. El Estado debía monopoliza los servicios públicos y para don Pepe estos sería parte de un proceso en el cual el Estado suprimiera todos los impuestos excepto los aduaneros y los aplicados a la herencia y los latifundios. En definitiva para el batllismo el Estado es el organismo representativo de la sociedad y que debía intervenir donde el capital privado fuera tímido por miedo a perder su capital. Es clara la ideología del batllismo en el mensaje de creación del Banco de Seguros que en su parte final sostenía: “ Las condiciones de existencia de la sociedad moderna han ampliado el número y el campo de acción de los servicios públicos y de los de utilidad general. El interés colectivo, cada día más variable, al mismo tiempo que más poderoso y dominador, ha impuesto al Estado la intervención directa sobre todos esos servicios, ejercida por medio de régimen del contralor o por el de monopolio. Los términos concurrencia y monopolio han perdido su significado antiguo. Ni la competencia es siempre benéfica ni los monopolios son siempre condenables. El Estado como organización económica que es, asume ahora sin vacilaciones, la producción de determinados servicios, buscando el desarrollo y una repartición más justa de la riqueza nacional”
Para el batllismo la función del Estado no solo es la de promover la riqueza, sino intervenir con el afán de justicia para una mejor distribución de la misma en la comunidad. El propio Don Pepe escribe en El Día en 1923: “ Las actividades del Estado no deben ser fuente de oro sino de abaratamiento, de bienestar. A aquellas actividades que tiendan a combatir causas de desmejoramiento humano como las que se desarrollan con el alcohol y el tabaco se le pueden pedir rendimientos monetarios más no así a los servicios públicos de créditos, previsión, consumo transporte, cuyo mayor rendimiento consiste en la bondad y en la baratura de los servicios que es un bien general. Encarézcase en buena hora el consumo de bebidas alcohólicas  y de tabaco que el encarecimiento significa reducción del consumo, y por tanto, mayo salud, pero procuremos abaratar y facilitar los otros servicios públicos en lugar de cercenar sus actividades restringiendo su acción. Los enemigos del industrialismo del Estado saben bien que esos recursos que pretenden de extraer de los Entes autónomos están destinados a la consolidación y al progreso, al rápido crecimiento de las instituciones que los poseen. La tendencia al desarrollo de las Empresas Industriales del Estado es una característica de la  época actual. Ello obedece fundamentalmente a tres causas. En primer término, una causa fiscal, que radica en la necesidad de hallar nuevos recursos para proveer a los gastos cada vez más crecientes que reclama el progreso de la nación. En segundo lugar una causa social que tiende a poner freno a las ganancias sin tasas del capitalismo cuyos dividendos y beneficios se obtiene a base del dinero del pueblo. Por último, una causa política que consiste en la necesidad ineludible en las organizaciones democráticas al vincular lo más estrechamente posible en todos los aspectos de la actividad social al Estado con la masa de la nación de que es aquél expresión jurídica”

El batllismo tiene aspectos medulares. Espero que el debate tenga en cuenta el punto de partida ideológico para honrar sus aspectos básicos.

sábado, 12 de noviembre de 2016

Batllismo: Entre el liberalismo y la ética de la responsabilidad.


El batllismo tuvo su prueba de fuego durante la segunda presidencia del Dr. Sanguinetti. Entre la impaciencia de resultados y el mantener el concepto de “escudo de los débiles”  para comprender su gestión debemos ir a las fuentes. No hay dudas que estamos frente a un debate de un liberalismo potente frente a  la visión batllista del siglo XXI. Evidentemente debemos abrir un profundo debate sobre estos puntos, justicia social, rol del Estado y lo competencia mediante el desarrollo de una educación adecuada a las necesidades de la época. Veremos los puntos de vista del Dr. Sanguinetti y su accionar en temas complejos como la Seguridad Social y el respeto a rajatabla del programa de gobierno.
"Uruguay, como nación-aun antes de ser un Estado-se configuró en torno a un conjunto de valores espirituales emanados de la doctrina humanista del liberalismo. La esencia de la revolución artiguista fue esa y en torno a ese núcleo ideológico se configuró nuestra nacionalidad. No fue un sueño nacionalista exagerado el que alentó esa formación en un pueblo cuyo caudillo, acendradamente federalista, persistió toda su vida en la creencia de que la independencia de los orientales debía conducirlos a la hermandad con el resto de las provincias, desgajadas del tronco virreinal hispánico. No se hizo la emancipación para sustituir la dominación española por la de una oligarquía criolla como ocurrió en otras comarcas.(...) Nuestra nacionalidad se asienta en un espíritu de tolerancia. La libertad civil y religiosa que proclamaban las Instrucciones llega a ser una realidad y a su influjo llegan al país torrentes inmigratorios que se amalgaman con la población original, asumiendo intimamente sus mismos valores. Los hijos de italianos y españoles, armenios, valdenses y judíos coexisten en un país de tolerancia. Hombres y mujeres de orígenes históricos diversos, religiones distintas, situaciones sociales diferentes, se sienten parte de una misma empresa, a la que empiezan a integrarse desde los bancos de una escuela igualitaria, laica y gratuita, que constituye el núcleo central de su doctrina. De ese modo, termina de perfilarse el espíritu nacional. La libertad individual, la tolerancia filosófica-religiosa, la aspiración permanente al igualitarismo social, afirma el ser nacional. No se cultiva un nacionalismo asentado en el poderío material ni en la vocación expansionista ni la ambición de riquezas. Uruguay asumirá como conciencia existencial que su destino no es el de ser una potencia. Su orgullo de país se asentará en el prestigio de sus instituciones, el espíritu cívico de sus gentes, su libre y justiciera voluntad de trabajo y creación. Así fuimos aquello que en un tiempo se llamó la Suiza de América".
Sanguinetti, Julio M. Correo de los Viernes , Contratapa (fragmento) 5 de agosto de 1983.



La segunda presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti constituyó uno de los períodos de mayor impulso reformista en materia de recursos humanos y estructura organizativa de la Administración Central. También se instrumentaron algunos cambios estructurales en educación, pero sobre todo en el área de la Seguridad Social. Dentro de estas reformas los cambios implementados a nivel educativo tuvieron una impronta claramente estatista, la reforma provisional tuvo una orientación de mercado.  En materia de reforma de la Administración Central: la mayoría de disposiciones entraron dispersas en la rendición de cuentas de 1995. Durante este período se elaboró un intento coherente de implementación de una reforma administrativa de tipo gerencial y se intentó definir los objetivos  de cada unidad ejecutora, para poder organizar la situación del personal excedente de acuerdo a las funciones que desempeñaban y el personal que no estuviera implicado con los objetivos de cada unidad. Se programó que las actividades excedentarias, debían tercerizarse o descentralizarse a actores privados. También se volvió a limitar el ingreso a la Administración Pública de nuevos funcionarios y al mismo tiempo se generaron diversos mecanismos de ingreso como los contratos de Alta Especialización o los contratos de función pública. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985 – 1989), muchas de las medidas adoptadas estuvieron orientadas básicamente a la reinstitucionalización del sistema democrático: recomposición del cuerpo de funcionarios de la Administración Pública como la restitución de 11.000 funcionarios cesados en la dictadura, prohibición del ingreso de nuevos funcionarios, políticas de capacitación con apoyo de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENA) de Francia y creación de un nuevo sistema de calificaciones y ascensos . Por otra parte, también se realizaron acciones de reforma en algunas empresas del Estado, tales como AFE  que se disuelve y redistribuyen 7000 funcionarios, y UTE  en un ambicioso proceso de reingeniería con apoyo de FENOSA –España .  Dentro del conjunto de intereses primordiales de las administraciones del Dr. Sanguinetti la Seguridad Social era la mayor preocupación. El propio Sanguinetti sostenía en agosto del 2000 en una entrevista: “ La Reforma de la Seguridad Social era la madre de todas las batallas” y en una entrevista más extensa realizada por Carlos Lujan al secretario de la Presidencia, Elías Bluth sostenía: “ La reforma de la Seguridad Social era considerada el objetivo número uno, a partir de los lineamientos planteados en –El Uruguay para todos- programa de gobierno elaborado por el Partido Colorado para las elecciones de 1994, seguida por la Reforma Educativa, la Reforma Política en tercer lugar y la Seguridad Pública en cuarto(…) La Seguridad Social era la madre de todas las batallas. La derrota o triunfo iba a marcar el tono del gobierno de ahí en más. Si la reforma se hacía, se abría un espectro de posibilidades; si no el peligro era el fracaso total. En este sentido, el éxito era externo e interno, y el peligro era la pérdida de confianza(…) Claramente existía variedad en las posiciones frente a los puntos de la agenda. Desde aquellos que pretendían que el Presidente electo se comprometiera a una política más liberal hasta aquellos que pretendían una política menos liberal.(…) El presidente Sanguinetti en la mayoría de los casos actuó como árbitro y nunca abandonó el Programa. En la reforma de la seguridad social el Presidente actuó como un encantador de serpientes.” Era un problema grave y muy sensible y el gobierno utilizó mecanismos batllistas de resolución, atender a los débiles y beneficiar a la mayoría de la población. El Economista Luis Mosca sostenía en una nota realizada en Búsqueda en el mes de febrero de 1995: “ La reforma de la seguridad social es esencial para la estabilización económica(…) y Sanguinetti la toma como una oportunidad de  cambio y sostenía: “ Hay que tratar de lograr un sistema que a la vez sea más equilibrado, también disminuya el peso del número de jubilados sobre la población activa porque se hace imposible sostenerlo”  Ya en su discurso de asunción decía Sanguinetti: “ La Reforma del sistema de Seguridad Social es uno de los mayores desafíos que nos aguarda para salvarlo en sus bases esenciales” El gobierno envió al Parlamento un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que aumentaba las penas para determinados delitos y creaba la figura de la rapiña y sanciones para la conducta  de las “barras bravas” en el fútbol. Además  otro proyecto de reordenamiento tributario tendiente a la mejora de la competitividad. El 29 de junio se ingresa el proyecto de Seguridad Social y fue apoyado por el Partido Nacional con la oposición del Frente Amplio y el PIT-CNT.  En una situación muy difícil, Sanguinetti demostró capacidad para manejar los reclamos militares que se oponían a los juicios por violaciones a los derechos humanos y la economía en una fase crítica. La prioridad fundamental del Partido Colorado era asegurar la democracia, la del Frente Amplio su crecimiento electoral. La ética de la responsabilidad y los costos electorales que todavía paga el batllismo.
Ver:
AAVV. Uruguay: La reforma del Estado y las políticas públicas en la democracia restaurada (1985-2000)EBO. Montevideo 2002

Maiztegui, L. Orientales. Tomo 5 1985-2005. Planeta. Montevideo.2010

domingo, 6 de noviembre de 2016

Liberalismo y batllismo: aportes para un debate.


“Me he convencido, desde hace mucho tiempo, de que la prevaleciente tendencia a considerar como innatas y fundamentalmente inalterables todas las diferencias de carácter que se observan en los seres humanos, y a ignorar las pruebas irrebatibles que demuestran que la mayor parte de esas diferencias —ya sea entre individuos, razas o sexos— no son otras que las producidas por diferencias de tipo circunstancial, es uno de los grandes impedimentos para tratar racionalmente las grandes cuestiones sociales, y uno de los grandes obstáculos que impiden el progreso de la Humanidad.” John Stuart Mill (1806-1873) constituyó un puente hacia nuevos planteamientos del capitalismo. Mill pretendió en sus escritos, entre los que se destaca sus “ Principios de economía política”, contribuir a la solución del problema social al moderar las pretensiones de liberad y conceder al Estado un cierto papel intervencionista. La creciente desigualdad social y la crisis del capitalismo constituyeron razones justificadas para sus teorías.  Todo mercado tiene dos lados: la oferta y la demanda. Luego de examinar cada una de ellas podemos llegar a conclusiones de cómo funciona el mercado. Está en discusión permanente el rol del batllismo en las empresas del Estado y múltiples análisis desde sectores liberales o colectivistas tratan de mostrar, y en algún momento tiene razón, el fracaso del modelo batllista en esta área.
Un poco de Historia sobre los monopolios.
En las últimas tres décadas del siglo XIX Estados Unidos experimentó un gran crecimiento económico desarrollado entre sobornos, tecnología y gran corrupción. Estos monopolios generaron una gran riqueza. En 1861 Estados Unidos contaba tres millonarios en 1900 había 4000. Esta enorme riqueza provocó, además, un consumo ostentoso. En Uruguay, luego de los enfrentamientos armados, lograda cuando el Estado ejerció el monopolio de la fuerza. Desde el Estado se dieron los pasos necesario para fortalecer el Derecho de Propiedad y cambios en el aparato productivo que incluyó el mejoramiento de las razas bovinas y se incorporó la producción ovina. Se desarrollo el comercio. El modelo tenía debilidades, por un lado se sostenía en una oferta de base ganadera y con una gran lentitud en asumir nuevas tecnologías. Por otro lado el aumento de las importaciones debido a la modernización y al crecimiento de la población presionaba sobre la balanza comercial.
El modelo batllista intentó desalentar la explotación ganadera extensiva la cual era vista como un freno para aumentar la producción y mejorar la calidad del rodeo. Los cambios en la política impositiva intentaron diversificar las fuentes de recaudación del Estado. Se apostó, sin éxito, a aumentar la explotación agrícola estimulando la rotación en el uso de la tierra, sin embargo solo favoreció a la ganadería. Lo positivo del período fue la racionalización conseguida mediante las estatizaciones y nacionalizaciones a partir de 1911. Lo más positivo para el gobierno batllista en ese momento fue el control de las áreas estratégicas de un modo monopólico. En 1947 asume Luis Batlle Berres con el objetivo primordial de crear crecimiento mediante la industrialización por sustitución de importaciones. Con tal propósito el Estado se convirtió, mediante un rol interventor en la garantía de las rentas de los inversores privados en el área industrial y en el sector de los asalariados. Una serie de medidas se establecieron en materia económica durante este período: Contralor de Exportaciones e Importaciones, el sistema de cambios múltiples, crecimiento de Empresas Públicas y un modelo claro de fijación de precios. Hoy está en discusión el modelo creado en 1943 de los Consejos de Salarios que fueron y en parte sigue siendo un mecanismo de intervención del Estado en el mercado de trabajo a través de la regulación de los salarios. Los Consejos en aquel momento estaban integrados por tres representantes del gobierno, dos de los empresarios y dos de los trabajadores. Funcionaban por rama  de actividad y eran unos 40 en los años 50, hoy son unos 200, y merece un análisis profundo en su organización sin perder sus objetivos iniciales. El número de funcionarios públicos creció en el periodo de un 2% de la PEA a un 7% de la misma y ya en 1953 se iniciaron medidas con incentivos para bajar la plantilla de funcionarios del Estado. En 1966 ganó nuevamente las elecciones el Partido Colorado y veníamos de la profunda crisis de 1965 y se avecinaba la crisis del petróleo. El presidente Jorge Pacheco Areco estableció la Congelación de Precios y Salarios y crea la Comisión de Precios e Ingresos con el objetivo de controlar los precios y contener la inflación. La CIDE había definido la crisis como estructural ya que era evidente que se debía reformular la estructura productiva del Uruguay y las propuestas coincidian en: a) la tenencia de la tierra, la reorganización del comercio exterior que permitiera la diversificación y ampliación de mercados exteriores y c) el sistema educativo que debía ser vinculado a la creación de tecnología adecuada a nuestro perfil productivo.
Sin embargo la discusión se centra y creo que sigue así en las ideas del liberalismo económico elaborado a partir del siglo XVIII en las cuales la economía está regulada por leyes naturales a las que hay que dejar actuar libremente. Todos los individuos actuando libremente constituyen el mercado cada uno decidirá según su conveniencia la forma de enriquecerse. Si todos actúan así finalmente la sociedad se enriquecerá. Este debate fue profundo en el Uruguay y sobretodo en el marco de la expansión ideológica del batllismo. Con referencia a los criterios de justicia distributiva de los recursos materiales de la sociedad, predominaban las ideas, que  a partir de las ideas de Stuart Mill y de Henry George se expresaron sobre la legitimidad de la propiedad y su valor social, su posible redistribución y el papel de la herencia en la justicia intergeneracional. De ambos el batllismo tomó la necesidad de desviar la renta de los propietarios hacia el conjunto del pueblo mediante la acción del Estado. Eduardo Acevedo sostenía: “ Las desigualdades sociales pueden y deben ser combatidas por medios más racionales: una amplísima difusión de la enseñanza gratuita en todos sus grados y variedades, una legislación protectora del obrero, que solucione los problemas del salario, del horario, del seguro, de la vivienda, del mejoramiento de la vida en general; un plan de ensanche del camino colectivo, a base de expropiaciones y de monopolios industriales, que permitan a la colectividad, a la vez que abaratar varios artículos, suprimir o disminuir impuestos perjudiciales y ejecutar obras de progreso” (Acevedo, E, Curso de Finanzas, 1904, Pag. 546) Un ejemplo claro de esto en el impuesto al ausentismo propuesto por Baltasar Brum en 1924.
El fin de la utopía batllista frente al liberalismo.
A partir del retorno a la democracia en 1985 comienza a verificarse un intento de liberalizar al Estado en relación a sus funciones económicas y sociales. Se le quitó injerencia en las políticas de “bienestar” y por un breve lapso de una década a la negociación colectiva. Esto dejó a su suerte a los asalariados a las dinámicas del mercado. Se inició un mecanismo lento y paulatino dedesarmar el sistema de Empresas Públicas iniciado, desarrollado y sostenido por el batllismo en beneficio del capital privado. La excusa era, y es,  la inviabilidad finaciera o la mala gestión. Esto repercutió en los fines sociales cuyos costos los vemos hoy cada noche en los informativos.


Especial 25 aniversario Babelia: Una nueva época, un mundo infeliz | Babelia | EL PAÍS

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martes, 1 de noviembre de 2016

Batllismo: liberal radical libertario.



Algunos de los hombres que desde 1873 intentaron limitar al Estado casi hasta su desaparición, son los que diez años más tarde entre 1884 y 1888 aprueba leyes ferroviarias que obligaron al más amplio modelo de intervención estatal ya sea en control de tarifas y autorizaciones para desarrollar ferrocarriles propios. En 1901 es obra del Estado la construcción del Puerto de Montevideo y muy pocos meses después también se encargó de la producción eléctrica. Fue un proceso que parte de la iniciativa privada