Batllismo y
Estado: Las empresas y su rol. Una postura Socialdemócrata.
“Treinta
años de la historia del país, 1899-1929, pasaje de la anarquía orgánica a la
ordenación nacional, treinta años de intenso y generoso proceso evolutivo en
los aspectos políticos, económicos y sociales, estructurando la conciencia
ciudadana fundamentada en la libertad, y aportando magníficamente los elementos
morales y materiales en todos los órdenes, para moldear la felicidad de la
ciudadanía y las potencialidad del país” (Buzzeti, Ing. José L. La Magnifica gestión de Batlle en Obras Públicas.Montevideo 1942.
La debilidad del capitalismo nacional y la circunstancia de
que los capitales existentes se encontrasen volcados a la explotación agropecuaria,
a las inversiones inmobiliarias y a diferentes actividades comerciales y
financieras crearon las condiciones favorables para la intervención del Estado
en dos direcciones, contribuir a la formación de un capital industrial y a una
mejor redistribución de la riqueza en la sociedad. El intervencionismo del
Estado batllista en la economía se verificó en dos aspectos fundamentales: el
proteccionismo industrial que contribuyó a fortalecer la incipiente manufactura
y el desarrollo del sector público con servicios comerciales e industriales del
Estado. Esto fue logrado con la aplicación del intervencionismo estatal en lo
aduanero, en lo fiscal, lo monetario y lo financiero.
El
proteccionismo industrial se logró fundamentalmente utilizando las tarifas
aduaneras para los productos competitivos con la industria nacional y la rebaja
de tarifas para las materias primas, las maquinarias y los combustibles y
también con exoneraciones tributarias
La ley más importante del período fue la del 21 de octubre de 1912 por la
cual se facultaba al Poder Ejecutivo a conceder franquicias aduaneras a ciertos
productos y a conceder a las nuevas
fábricas que se instalasen en el País franquicias consistentes en la exención
de derechos de aduana a favor de máquinas, aparatos, repuestos, accesorios,
materiales de primera instalación y materias primas y exención de la
Contribución Inmobiliaria y la Patente de Giro siempre que estos ramos
industriales no explotados en el país por fábricas que ya tuviesen esas
franquicias. Hubo muchas leyes que
favorecieron el desarrollo de una industria estatal y de varios servicios
nacionalizados, en algunos casos se lograron importantes beneficios económicos.
También debemos destacar que en las primeras décadas del sigloXX una gran parte
del ahorro nacional se volcó a la realización de gastos productivos en
servicios del Estado y en Obras Públicas. Fue esta prosperidad la que permitió
el desarrollo de una política de protección de las sectores obreros y
asalariados y en general de los sectores más desamparados de la sociedad.
Paralelamente al desarrollo de las empresas estatales nuestra principal
industria que era la explotación de los productos pecuarios asistía a la
culminación de un proceso que incluía la muerte del saladero y el triunfo del
frigorífico. Siguiendo ahora la visión del Dr. Carlos Demasi que sostiene en un artículo publicado por la
fundación Vivian Trias (La relación batllismo – Estado: un concepto
problemático. Carlos Demasi Fundación Vivián Trías Cuaderno
N°25)
Explica el intervencionismo batllista en el
siguiente fragmento: “El rasgo
innovador del batllismo se evidencia cuando aparece una justificación
doctrinaria de esa intervención, que la transforma en una política de carácter
permanente; es decir, aquel argumento que defiende que Estado debe
ser el empresario en algunos casos
determinados,
y debe mantener ese carácter más allá de las contingencias.
Algo similar
puede decirse del “obrerismo” batllista y de la legislación social. Con él
apareció el argumento de que el Estado debía funcionar como mediador en los
conflictos sociales, como un recurso apto para alcanzar un desarrollo social
equilibrado en cuanto amparaba a los más débiles y frenaba a los más poderosos.
Esto supone la posibilidad de que en algunos casos el Estado actúe en beneficio
de los obreros, pero no supone que lo haga en todos los casos; también Batlle
hubiera podido decir que “era colorado y no socialista” como argumentaba Manini
Ríos cuando se transformó en su adversario dentro de filas. El aspecto novedoso
de estas actitudes llamó fuertemente la
atención en
la época, y fue el elemento que contribuyó a reconfigurar el escenario
político: a favor o en contra del “inquietismo” o de las “novelerías” de Batlle
fue el eje estructurador de las definiciones políticas; por eso es que resulta
tan especialmente llamativa la unanimidad del presente.
La presencia
de un Estado interventor no aparecía como una evidencia en su
época, y el
rastreo de los antecedentes decimonónicos del intervencionismo batllista ha
sido más el resultado de la reconstrucción historiográfica que de los
testimonios de la época. Es decir que los contemporáneos percibían en el
batllismo un intervencionismo de carácter diferente, y ese dato tiene
relevancia porque nos muestra hasta qué punto los antecedentes invocados
pudieron haber incidido sobre los actores. Lo inverso parece ocurrir con el
“socialismo” de Batlle, que no era tal cosa pero así aparecía en la época:
visto a la luz de las ideas, el discurso de Batlle tiene pocos elementos que lo
identifiquen como socialista.”
Durante el impulso
modernizador e intensamente reformista que caracterizó a los gobiernos
batllistas de las tres primeras décadas del siglo XX, se crearon las bases del estatismo y se
desarolló la concepción tendiente a
identificar servicio público con Estado, una “matriz de lo público
profundamente estatista”, para decirlo en palabras de Gerardo Caetano.
Se fundaron los tres grandes bancos públicos: el Banco
República se institucionalizó como banco íntegramente estatal, se estatizó el
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y se creó el Banco de Seguros del
Estado. El batllismo se caracterizó por su avanzada política
social (legislación obrera, apoyo a la sindicalización, ley de divorcio,
pensiones a la vejez, expansión de las jubilaciones, enseñanza media), por su
impulso a la modernización, diversificación e industrialización de la economía,
así como también por la gran expansión experimentada por el Estado. Se fundó la
empresa Usinas de Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE) y se estableció el
monopolio estatal de los telégrafos y teléfonos (para éstos el monopolio se
haría efectivo en 1931 cuando la red de teléfonos se integró a UTE, que pasó a
llamarse Usinas y Teléfonos del Estado, permaneciendo la administración de los
teléfonos a cargo de UTE hasta 1974. En este periodo comenzó también la
construcción y estatización de vías férreas, creándose Ferrocarriles y Tranvías
del Estado, y se estableció el monopolio estatal de la gestión de los puertos
con la creación de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Bajo un nuevo
impulso reformista, ambientado por los avances de la acción estatal durante la
Gran Depresión en la década de 1930 y años posteriores, se fundó la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Todas
estas empresas constituían entes autónomos o servicios descentralizados y se
regían por el derecho público. En general, sus objetivos se dirigían a brindar
un servicio de calidad y bajo precio y extenderlo al conjunto de la población.
Aunque sus cartas orgánicas no lo establecían, las grandes empresas,
generalmente superavitarias, aportaban parte de sus beneficios al Gobierno
Central (transferencias positivas) y las empresas deficitarias recibían
subsidios de éste (transferencias negativas). Durante el periodo de
industrialización dirigida por el Estado, el “Dominio Industrial y Comercial
del Estado”, como se le llamó al conjunto de EP no financieras, experimentó una
gran expansión debido al crecimiento de la cobertura y de las funciones de las
dos principales empresas, UTE y ANCAP, así como por la creación de nuevas
empresas, principalmente por la estatización de las compañías británicas de
servicios (la mayor parte de los ferrocarriles existentes, los tranvías de
Montevideo y la compañía de Aguas Corrientes de Montevideo), fundándose la
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y Obras Sanitarias del Estado
(OSE) en 1952. En el mismo año la empresa mixta PLUNA (Primeras Líneas
Uruguayas de Navegación Aérea) pasó a ser totalmente estatal. También se fundan
el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Oceanográfico y de
Pesca (SOYP), desde 1976 Instituto Lobero y Pesquero (ILPE). UTE se expandió al
interior del país expropiando las usinas eléctricas privadas, estableciendo una
tarifa única en todo el país y extendiendo también la red telefónica nacional,
cesando entonces las concesiones a las empresas telefónicas privadas. ANCAP
expandió la capacidad de su refinaría y cubrió la totalidad del mercado de
derivados del petróleo.
La proyección del modelo hacia el siglo XXI, una visión
socialdemócrata.
La socialdemocracia como evolución lógica del batllismo introduce elementos de transformación social,
pues lo que quiere es una organización económica y política que transite del
individualismo liberal puro y capitalista, al colectivismo solidario —sin pasar
por la violencia y la lucha de clases— deslizándose entre el debate
parlamentario, es decir, por medio de la democracia. Es decir, lo que la
transición busca es que sean los representantes de los ciudadanos,
democráticamente elegidos, los que discutan en los foros políticos las formas
inteligentes en que deberían combinarse las políticas de mercado —liberales e
individualistas— y las políticas sociales —comunitarias y solidarias—, de modo
que la marginación, la exclusión y la pobreza encuentren espacios económicos y
políticos de solución en el largo plazo sin afectar, además, la soberanía
nacional. Un debate complejo cuando el
ADN batllista oscila en visiones diferentes ya sean ortodoxas y colegialistas,
reformistas estatistas o decididamente liberales dejando de lado al Estado
Benefactor.
Charles Anthony Raven Crosland (1956), indica los elementos
que constituyen el paradigma socialdemócrata clásico:
1. El liberalismo político, esto es, la aceptación de los
instrumentos típicos de las democracias representativas parlamentarias con
partidos políticos en competencia.
2. La economía mixta,
es decir, la coexistencia complementaria de los medios privados de producción y
los propios del Estado encargado de la planificación y el control público de la
economía.
3. El Estado de Bienestar: el diseño y ejecución de
políticas sociales destinadas a la distribución de la riqueza de formas
equitativas y capaces de mitigar los efectos nocivos del mercado corrigiendo
los desequilibrios económicos de modo que se propicie la justicia social.
4. Políticas
económicas keynesianas tendientes a lograr el pleno empleo promoviendo salarios
elevados, estabilidad de precios y un gasto público vigoroso.
5. Una política social comprometida con la igualdad social.
Estas líneas de política pública señalan, con toda precisión, el perfil
financiero y social de un Estado comprometido con la justicia y la equidad,
como expresiones sociales humanistas.
A modo de conclusión preliminar.
El documento emanado del Congreso Ideológico del Partido
Colorado (Junio,2012) sostiene en su página 144 (…) es necesario establecer un
marco más claro de relacionamiento entre el Estado y sus empresas. La relación
entre el Poder Ejecutivo y las Empresas Públicas deberían quedar formalizadas
por contratos de gestión que obliguen a sus directorios.(…) En definitiva las empresas públicas deben
contribuir a acelerar la tasa de crecimiento económico del Uruguay y a mejorar el
bienestar de sus habitantes, en el marco de un estado Moderno garante del
desarrollo ciudadano
