El programa del nuevo gobierno se basó en tres objetivos principales: Normalizar el funcionamiento político, lograr equilibrio en la economía y generar estabilidad social.
No resultó sencillo desarrollar estos objetivos. Los tribunales Especiales demoraron unos años en empezar su funcionamiento. La ley correspondiente se aprobaría recién el 14 de setiembre de 1945, luego que se incluyera en ella-para obtener los votos de los herreristas-a los afectados por el Golpe de Estado de 1942. Las indemnizaciones fijadas, luego de acaloradas discusiones, fueron el 60% de los sueldos devengados desde la fecha de la pérdida del empleo hasta el 14 de setiembre de 1945 y con un tope máximo de $ 15.000.
La nueva situación mundial en la cual los Estados Unidos desplazan a Inglaterra en la lógica dominante generó necesidades urgentes de asegurar la estabilidad social. Ya en sus propuestas durante la campaña electoral la formula Amézaga-Guani planteaba " que continúe el capitalismo individual para el progreso mientras no llegue a la injusticia" y que " el Estado asegure a las masas su puesto en la participación de los beneficios" Se le asignaba al Estado un papel fundamental en la solución y arbitraje de los conflictos, lo que llevaba a la búsqueda de una concertación social, cuya primera manifestación fue la formación de de varias comisiones de integración pluripartidaria y con representantes gremiales patronales o asociaciones de profesionales. No se consideraba, por el momento, de agregar las representaciones de los trabajadores.
Otra característica importante fue la presencia del Estado como empleador sobretodo en obras públicas. Se aprueba el primer plan nacional de obras públicas bajo la dirección del Ministro de Obras Públicas don Tomás Berreta. Se construyeron carreteras, puentes, escuelas, liceos y la Represa del Río Negro.
Se crean los Consejos de Salarios, por ley de noviembre de 1943, donde por primera vez se sentaron juntos patrones y trabajadores junto a representantes del gobierno, a discutir sobre temas salariales y a dictar laudos de carácter general para los distintos sectores de actividad laboral. Estos Consejos de Salarios se integrarían con tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de los patronos y dos de los obreros y durarían un año en sus funciones.
En lo referente a la seguridad social se extendió el derecho de licencia anual de los trabajadores, el establecimiento de salarios mínimos en la industria, la extensión de las indemnizaciones por despido, la fijación de la jornada laboral en los comercios en las 8 horas. Se aprobó el sistema de asignaciones familiares en 1943 extendieron los beneficios sociales al núcleo familiar. Sin embargo el Estado fue relativamente duro con sus funcionarios aplicando varias veces el Art. 165 del Código Penal por el cual se declaró ilegal la huelga del Frigorífico Nacional por decreto del 15 de abril de 1945. Por otro lado los industriales no estaban de acuerdo con las medidas sociales llevadas adelante por el batllismo y sostenían: "La justicia social que se distribuye cuando hay que cuidar a la vez los intereses del partido, no es la más recomendable" según se puede leer en el órgano oficial "Revista de la Unión Industrial Uruguaya". El problema mayor era los ganaderos cuando se empezó a hablar del tema de la reforma agraria y se estableció una comisión para estudiar los problemas del sistema de colonización. En 1946 se aprobó el Estatuto del Trabajador Rural, donde se finaba entre otras cosas el salario mínimo. En setiembre de 1946 se promulgó la ley que equiparaba a la mujer en sus derechos civiles con el hombre. Tema que venía desde el gobierno de don Pepe.
Ver;
Reyes Abadie, W. Melogno,T. Crónica General del Uruguay. 7,El siglo XX Tomo 2. Montevideo. EBO. Pp.215-220.
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