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sábado, 20 de agosto de 2016

El batllismo y el Estado: El crecimiento desde lo social.


A lo largo de las décadas del 30 y del 40 se debatía intensamente dentro del Partido Colorado. Sea a favor o en contra del Golpe de Estado del Dr. Gabriel Terra o los alcances estratégicos de las empresas públicas o el rol del Estado. Era un momento en el que se integraban sin complejos técnicos especializados al Estado.  Durante el terrismo el Estado uruguayo profundizó radicalmente sus mecanismos de regulación aumentando su capacidad técnica. A partir de 1931 se establece el Contralor de Cambios, antecedente del Contralor de Exportaciones e Importaciones en 1941 con el rol estratégico de llevar adelante la promoción industrial. En 1931 se establece la ANCAP, en 1935 se realizó una profunda reestructura del BROU llevándolo al rol de Banco Central al desarrollar y perfeccionar su departamento de emisión. Tomás Berreta y el Ing. José Luis Buzzetti publican en octubre de 1946 el libro  “Esquema de un planeamiento económico y social” sostenían en su trabajo la necesidad de planificar para orientar el ritmo del progreso en aras de un mejoramiento social y “ esta planificación ha de alcanzar objetivos económicos y sociales, a través de planes industriales, agrario, de obras pública, saludo pública y vivienda, régimen monetario, fomento de la instrucción pública, nacionalización de los servicios públicos(…) La iniciativa privada debe y puede desenvolverse paralelamente a esta planificación” Posteriormente bajo la conducción del neobatllismo desde el Poder Ejecutivo a través de su ministro de Economía, Nilo Berchesi se desarrolló un complejo sistema de planificación integrado por distintos organismos: 1) Consejo de la Economía Nacional previsto desde la Constitución de 1934. 2) Oficina Nacional de Planificación como órgano asesor del Poder Ejecutivo. 3) Comisiones de Planificación.  En este momento comienza a diluirse la estrecha relación entre los técnicos y los políticos. Y en definitiva comienza a debilitarse la capacidad técnica del Estado.
Históricamente el rol del Estado era y es el suporte ideológico del batllismo. El desarrollo de las capacidades del Estado se asocia con la capacidad que tiene el País y la defensa del interés nacional frente al capital extranjero. De allí viene la protección a los sectores populares frente a la deshumanización capitalista. La Instalación de numerosas empresas y servicios públicos llevaron al Estado a tener la capacidad de control de actividades estratégicas para el país: economía, finanzas, transportes, comunicaciones y energía. En un informe sobre el “capitalismo de Estado” ( The Economist 2002) se aggiorna la visión histórica del batllismo en la relación empresas estratégicas-Estado. En ese artículo hace referencia a empresas públicas o públicas controladas por el Estado. Y como conclusión afirma que de las 200 compañías más grandes del mundo, el 10% son de propiedad de diferentes Estados.
En la mayoría de las ocasiones, cuando el Estado utiliza la palabra innovación lo hace  con esquemas oxidados y anclados a comienzos del Siglo XX. Se repiten discursos que recetan soluciones para las empresas pero sin aplicarlo en el propio Estado.. O bien se reparten subvenciones y cargos sin ningún impacto significativo más que el efímero clientelismo político. Siguiendo el trabajo dirigido por el Dr. Gerardo Caetano en la obra “ la provocación del Futuro” queda claro que el Estado debe reforzar y fortalecer su capacidad de aprendizaje y cooperación entre las diferentes instituciones que lo componen, fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, los procesos de contratación de funcionarios. Es en este contexto que se desarrolló en la visión del batllismo con énfasis en la modernización con eje estratégico en el Estado y las empresas públicas. El Estado es el gran protagonista del batllismo como agente económico y como regulador. Las políticas sectoriales tuvieron un rol trascendente. Se puso el eje en las políticas sociales y en los derechos de los trabajadores promoviendo el intervencionismo cuyo ejemplo más concreto fue la política de nacionalizaciones y estatizaciones. Para el siglo XXI el desafío del batllismo es ser fiel a sus principios  de que una idea genera otra  y una reforma antecede a otra buscando adelantarse a los requerimientos de la sociedad y del progreso.
Siempre se ha discutido el modelo batllista de desarrollo desarrollado entre 1911 y 1930 en el cual el debate entre la diversificación productiva, proyectada y con éxitos relativos, o  la construcción de un modelo urbano con servicios y  desarrollo fuerte del sector público.  Se puede afirmar que el modelo batllista apuntaba a tres objetivos: modernizar y diversificar la estructura de producción con énfasis en la industria y la expansión de un modelo agrícola. Se debía, entonces, desarrollar el mercado interno generando un buen entorno de bienestar social y nacionalizar la economía para reducir los riesgos de la dependencia extranjera y sus crisis y euforias cíclicas. La retención de la mayoría de los recursos del país van de la mano de que las compañías extranjeras reduzcan su accionar siendo sustituidas por empresas del Estado. Finalmente redistribuir los ingresos elevando el poder adquisitivo de la población y universalización el acceso de la población a bienes y servicios.
Desde el punto de vista económico el batllismo planteaba:
1) Modernización de la ganadería y expansión de la agricultura de forma combinada.
2) Desarrollo de la industria manufacturera nacional sustituyendo las importaciones.
3) Expansión de servicios en las finanzas, los transportes, comunicaciones, turismo, enseñanza y salud.
4) El incremento de la participación del Estado en los aspectos productivos y comerciales.
5) Reforma fiscal con el objetivo de estabilizar y aumentar la recaudación del Estado con el objetivo  de una mejor redistribución. También desconcentra la propiedad de la tierra. (georgismo)
Siguiendo a Benjamin Nahum el Estado para el primer batllismo tenía estos componentes: “La idea básica era que el Estado representaba a toda la sociedad y por encontrarse por encima de todas las clases sociales debía no solo arbitrar sus disputas, sino también impulsar su progreso mediante un crecimiento sostenido de la economía. Esa finalidad social era lo que daba derecho al Estado para -invadir- el campo de la actividad económica privada, desde que - el interés general- era superior al particular de las empresas”. El propio ministro José Serrato sostenía en 1911 que “ los monopolios constituirán un poderoso recurso fiscal a fin de que las cargas nuevas no contribuyan a hacer más desigual la distribución de la riqueza”

Entre 1920  y1921 el Uruguay enfrentó la fuerte caída de los precios internacionales y en especial el de la lana, cae la faena en los mataderos, lo que originó desocupación y perdidas salariales, pero entre 1920 y 1930 se retornó al crecimiento económico lo que mostró que el modelo de desarrollo del poder del Estado asignándole un rol en el proceso económico y social era todavía viable.  Fue un proceso de reforma política pacífica, basado en el apoyo de grupos sociales interesados en contar con un gobierno eficiente y no corrupto sostenido en la modernización mediante el crecimiento económico, división del trabajo. La industrialización incipiente trajo la urbanización y esta exigió mejoras en los niveles educativos y de formación ciudadana. La consecuencia fueron nuevos actores sociales separados de la sociedad agrícola y el desarrollo político. El problema latente será la relación entre el desarrollo político y el fantasma del clientelismo y la corrupción.
Corresponde ahora hacer referencia a Francis Fukuyama en su obra “Origen y decadencia de la política” (Deusto, 2015, pág. 261) que cita a Ernest Gellner: “ Una sociedad que vive para el crecimiento tiene que pagar necesariamente un determinado precio . El precio del crecimiento es la innovación permanente. La innovación permanente a su vez, presupone una incesante movilidad ocupacional, tanto entre generaciones como en ocasiones, en el curso de una vida(…) el perfil general de una sociedad moderna es ser alfabetizada, con movilidad social, con cultura compartida, homogénea, trasmitida por la alfabetización e inculcada desde la escuela…” Ese fue el Modelo batllista de desarrollo, y debe ser el motor ideológico en el siglo XXI.


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domingo, 7 de agosto de 2016

El rol estratégico de las empresas públicas en tres enfoques de la Historia Económica.


Las empresas públicas forman parte del ser uruguayo. Han desarrollado su rol desde fines del siglo XIX y hoy por hoy  son objeto de permanente debate. En este enfoque utilizaremos tres posturas polémicas sobre su rol. Un simple aporte a un debate permanente. Tomaremos la génesis de la visión estratégica desde el la visión de José Batlle y Ordóñez, luego un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas bajo el enfoque de Jaime Yaffé y finalmente un fragmento de la ponencia de Magdalena Bertino sobre la reforma de las empresas públicas.
Durante el denominado primer batllismo se inició un proceso de nacionalizaciones y estatizaciones que estaba dirigido a incorporar al dominio industrial y comercial del Estado diferentes empresas de servicios públicos que deberían atender áreas de interés prioritario para el desarrollo económico del país. Lo que buscaba el batllismo era elevar la calidad de vida de la población, abatir índices negativos como la mortalidad infantil, incrementar políticas sociales de avanzada en educación, salud, legislación del trabajo buscando la armonía social en un entorno de desarrollo global en el cual el rol estratégico de las empresas públicas era innegable. El propio Batlle sostenía en 1891: “ Tenemos un país en que la luz es extranjera y privilegiada entorno a la Compañía del Gas, en que el agua se halla en las mismas condiciones en forma de Empresa de Aguas Corrientes, en que la locomoción representada por tranvías, ferrocarriles, vapores, es también extranjera, etc. ¿ a qué seguir?”
“ el costo de la protección industrial es el precio con que el país paga su engrandecimiento, acreciendo su población a base de crear trabajo” El Día, 19 de enero de 1912.
“las empresas públicas son un activo del Estado, y por tanto debe optimizarse el proceso de creación de valor, que podrá ser económico y/o social”. Dibarboure planteó una agenda de trabajo en la que “es necesario pensar las empresas públicas en el largo plazo, al servicio del desarrollo nacional y diseñar su modelo de gobernanza, a través de amplios acuerdos políticos de códigos marco de conducta”. (Subdirector de OPP, Martín Dibarboure)

“El intervencionismo económico del Estado supondría por un lado la tonificación de su rol regulador de la actividad económica general, y por otro (he aquí el énfasis fundamental del programa batllista en materia de intervencionismo), la expansión de su área de intervención directa como agente económico a través de empresas estatales monopólicas en su área de actividad específica. La apuesta firme a la instalación de empresas estatales encargadas de ciertos servicios de interés público, preferentemente en forma monopólica, fue una nota distintiva del batllismo, dando origen al Estado empresario que se articularía con la concepción e impulso del Estado asistencial. El intervencionismo económico y el social se articulaban en el modelo batllista, propugnando el desarrollo articulado de un estado empresario y  asistencial (Frega y Trochón 1991).

Al fundamentar la necesidad y pertinencia de la creación de estas empresas, el batllismo señaló diversos argumentos económicos, además de los sociales, que pueden agruparse  en cinco objetivos que van de lo concreto a lo general: abaratar los servicios prestados, mejorar su calidad, incrementar los ingresos del Estado y con ello habilitar la reducción de las cargas fiscales, reducir el “drenaje” de oro al exterior (las remesas de las ganancias de compañías extranjeras), amortiguar la dependencia e impulsar el desarrollo nacional (Nahum 1993). Como buena parte de las actividades a estatizar estaban en manos de empresas de origen europeo, el Estado, al hacerse cargo de ellas, desplazó al capital privado extranjero. En esos casos, la estatización se volvió también nacionalización (Barrán y Nahum 1983). El fortalecimiento y crecimiento del Estado, además de las motivaciones económicas y sociales señaladas, respondía también a razones estrictamente políticas en tanto consolidaba la hegemonía colorada y ampliaba los recursos disponibles para la acción política (Finch 1980).

Las empresas estatales debían cumplir el fin de sustituir a las empresas extranjeras, reduciendo la salida del oro y cortando la dependencia externa al tiempo que permitían elevar el nivel de vida de la población al brindar servicios mejores y más baratos. Pero para financiar la expansión del área estatal debía recurrirse al crédito externo que si bien generaba fuga de oro por pago de intereses, permitiría reducirla a largo plazo al ir achicando las remesas de las empresas extranjeras nacionalizadas. De allí la preocupación de Batlle y Ordoñez por el equilibrio fiscal y la fortaleza de la moneda, ya que esos elementos eran esenciales ante los potenciales acreedores. De esta forma la política de estatizaciones del batllismo estaba estrechamente ligada a su política de endeudamiento externo y ésta a su política fiscal. El endeudamiento financiaría la expansión estatal y ésta era una pieza clave para los planes de desarrollo económico y social.”( Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Universidad de la República. EL INTERVENCIONISMO BATLLISTA: ESTATISMO Y REGULACION EN URUGUAY (1900-1930)  por Jaime Yaffé


“La prestación de servicios públicos por el Estado se inicia cuando se afirma el poder estatal en todo el territorio, a partir de la década de 1870. Se establece el primer telégrafo estatal, se regula el accionar de las empresas ferroviarias privadas y, luego de la crisis de 1890, se crea el Banco República. La incipiente compañía privada de electricidad de Montevideo también pasa a ser administrada por el Estado. Durante el impulso modernizador e intensamente reformista que caracterizó a los gobiernos batllistas de las tres primeras décadas del siglo XX se crean las bases del estatismo. Se fundan los tres grandes bancos públicos: el Banco República (BROU) se institucionaliza como banco íntegramente estatal, se estatiza el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y se crea el Banco de Seguros del Estado (BSE). Se funda la empresa Usinas de Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE) y se establece el monopolio estatal de los telégrafos y teléfonos, haciéndose efectivo en 1931 cuando la red telefónica se integra a UTE, que pasa a llamarse Usinas y Teléfonos del Estado hasta la creación de ANTEL en 1974. Comienza la construcción y estatización de las vías férreas, creándose la empresa Ferrocarriles y Tranvías del Estado, y se establece el monopolio estatal de la gestión de los puertos con la creación de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Bajo un nuevo impulso reformista, ambientado por los avances de la acción estatal durante la Gran Depresión, se funda la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Todas estas empresas fueron concebidas como entes autónomos o servicios descentralizados regidos por el derecho público. En general, sus objetivos planteaban brindar un servicio de calidad y bajo precio y extenderlo al conjunto de la población (Boneo, 1973; Solari y Franco, 1983; Nahum, 1993; Nahum et al., 2006; Bertino et al., 2012). Aunque sus cartas orgánicas no lo establecían, las grandes empresas, generalmente superavitarias, aportaban parte de sus beneficios al gobierno central —transferencias positivas— y las empresas deficitarias recibían subsidios de éste —transferencias negativas— (Azar et al., 2009; Bertino et al., 2011; Bertino et al., 2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Durante el período de industrialización dirigida por el Estado, el llamado “Dominio Industrial y Comercial del Estado” experimentó una gran expansión, debido al crecimiento de la cobertura y las funciones de las dos principales empresas, UTE y ANCAP. También incidió la creación de nuevas empresas, principalmente a partir de la estatización de las compañías británicas de servicios (la mayor parte de los ferrocarriles existentes, los tranvías de Montevideo y la compañía de Aguas Corrientes de Montevideo), fundándose AFE y OSE en 1952. En el mismo año la empresa mixta PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea) pasa a ser totalmente estatal. También se fundan el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP) —refundado como Instituto Lobero y Pesquero (ILPE) en 1976—. UTE se expande a todo el país expropiando las usinas eléctricas privadas, estableciendo una tarifa única en todo el país y extendiendo también la red telefónica nacional, cesando las concesiones a las empresas telefónicas privadas. ANCAP expande la capacidad de su refinería y cubre la totalidad del mercado de derivados. La ampliación de la capacidad de las destilerías de alcohol permitió hacia 1949 satisfacer la demanda interna de alcohol y bebidas alcohólicas. Paralelamente, la empresa asumía el cultivo de azúcar de caña en las tierras adquiridas en El Espinillar, inaugurando su ingenio en 1952, así como el cultivo de viñedos para la producción de vinos destinada a la elaboración de coñac. La primera fábrica de portland de ANCAP empezó a producir en 1956. Finalmente, desde fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente, durante los años de crisis y estancamiento, se producen las últimas creaciones de empresas públicas siguiendo el estilo de “hospital de empresas”. Pasan a la administración estatal varias empresas industriales en crisis (tres frigoríficos y una textil) y el Estado adquiere la británica —y también en crisis— Compañía del Gas.” (Bertino, Magdalena. 2013 La reforma de las empresas públicas en Uruguay una lectura desde la Historia Económica)