La década de 1960 en Uruguay. Tiempos complejos.

 

El complejo escenario de los años de la década de 1960 en nuestro país marcó nuestra evolución política y social hasta la actualidad. Fuimos protagonistas destacados en el desarrollo de la Guerra Fría. Por ejemplo, la Conferencia de Presidentes de la OEA en Punta del Este, celebrada del 12 al 14 de abril de 1967, fue significativa en la historia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esta cumbre participaron 19 países miembros y Haití. Y nuestro país fue la sede. Durante la conferencia, se aprobó la “Declaración de los Presidentes de América”, un documento que reflejaba el compromiso de los líderes con la cooperación y el desarrollo económico y social en la región. Se discutieron y sentaron las bases para la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, una institución clave para el financiamiento de proyectos de desarrollo en América Latina. La conferencia se llevó a cabo en un contexto de tensiones políticas y sociales en América Latina, con la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que apoyaba a las dictaduras en la región.  La conferencia de Punta del Este en 1967 fue un intento de los países americanos de fortalecer la cooperación regional y abordar problemas comunes como el desarrollo económico, la integración y la seguridad. La aprobación de la Declaración de los Presidentes de América y las discusiones sobre el BID reflejaron un esfuerzo por encontrar soluciones colectivas a los desafíos de la región. Sin embargo, el contexto político de la época, marcado por la Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos en la política latinoamericana, definieron las dinámicas de la conferencia. La Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos buscaba contener el comunismo en la región, lo que llevó a un apoyo a regímenes autoritarios, generando tensiones y desafíos para la implementación de los acuerdos alcanzados. La Doctrina de la Seguridad Nacional fue una política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, diseñada para contener la expansión del comunismo en América Latina. Esta doctrina se basaba en la idea de que la seguridad de los Estados Unidos dependía de la estabilidad política y social en los países de la región. Promovió el apoyo a gobiernos militares y autoritarios en América del Sur, con el objetivo de mantener el orden interno y evitar la influencia comunista. Esto llevó al desarrollo de dictaduras en Argentina, Brasil, Chile y nuestro país. Estados Unidos estableció y apoyó academias militares, como la Escuela de las Américas, donde se entrenaron oficiales latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia y seguridad interna. La CIA y otras agencias estadounidenses llevaron a cabo operaciones encubiertas para apoyar a los gobiernos aliados y desestabilizar a los movimientos de izquierda. La implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo consecuencias profundas, incluyendo violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y represión política. Estos eventos dejaron cicatrices duraderas en la sociedad hasta la actualidad. La Doctrina de la Seguridad Nacional reflejaba las prioridades geopolíticas de Estados Unidos durante la Guerra Fría, priorizando la estabilidad y el alineamiento político sobre los derechos humanos y la democracia. Aunque logró contener la expansión del comunismo, también contribuyó a la instauración de regímenes represivos y a la pérdida de valores democráticos en la región. Estados Unidos también auspició la creación de la Alianza para el Progreso y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en nuestro país por varias razones estratégicas y políticas: En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba contrarrestar la influencia comunista en América Latina, especialmente después de la Revolución Cubana en 1959. La Alianza para el Progreso, lanzada por el presidente John F. Kennedy en 1961, tenía como objetivo mejorar las condiciones económicas y sociales en la región para reducir el atractivo del comunismo. La Alianza para el Progreso pretendía fomentar el desarrollo económico y social en América Latina mediante inversiones en infraestructura, educación y salud. Uruguay, con su estabilidad política y social, fue visto como un lugar adecuado para lanzar y promover estas iniciativas. Al promover la Alianza para el Progreso en Uruguay, Estados Unidos buscaba fortalecer sus relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos y mostrar su compromiso con el desarrollo de la región.

Los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC): Creada en 1960 por el Tratado de Montevideo, tenía como objetivo promover la integración económica entre los países latinoamericanos mediante la reducción de barreras comerciales. Estados Unidos apoyó esta iniciativa como una forma de fomentar el comercio y la cooperación región. La creación de un mercado común en América Latina era vista como una manera de fortalecer las economías de la región y hacerlas más competitivas a nivel global. Esto también beneficiaría a Estados Unidos al crear mercados más estables y prósperos para sus exportaciones. Al promover la integración económica, Estados Unidos esperaba contribuir a la estabilidad política y económica de la región, lo cual era crucial para sus intereses estratégicos durante la Guerra Fría.

El presidente Óscar Diego Gestido, asumió el cargo en marzo de 1967, y enfrentó serios desafíos en el entorno político mencionado. Uruguay estaba atravesando una crisis económica caracterizada por alta inflación, déficit fiscal y una balanza de pagos desfavorable.  La devaluación del peso uruguayo fue un problema persistente, lo que afectó el poder adquisitivo de la población y aumentó la presión sobre la economía. Gestido intentó implementar políticas económicas que fortalecieran el papel del Estado en la economía, buscando revertir la tendencia hacia la liberalización económica que había predominado en años anteriores. Sin embargo, sus esfuerzos por volver a una economía con base en el Estado no tuvieron éxito. Las reformas enfrentaron resistencia tanto interna como externa, y no lograron estabilizar la economía ni mejorar significativamente las condiciones económicas del país. El fracaso de las políticas económicas de Gestido puede atribuirse a varios factores, incluyendo la complejidad de la crisis económica, la falta de apoyo político y las limitaciones estructurales de la economía uruguaya en ese momento. Su mandato breve, falleció en diciembre de 1967, lo que limitó su capacidad para implementar y consolidar sus políticas. Otro hecho que influyó fue el desarrollismo y la vinculación con el FMI y la creación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en 1960 con el objetivo de planificar y promover el desarrollo económico de Uruguay. Sus proyectos desarrollistas revelaron varios problemas estructurales del país y marcaron el inicio de una relación muy estrecha con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía uruguaya dependía en gran medida de las exportaciones de productos agrícolas, lo que la hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. La CIDE identificó la necesidad de mejorar la infraestructura del país, incluyendo carreteras, puertos y sistemas de energía, para apoyar el crecimiento económico. Los proyectos de la CIDE también destacaron las desigualdades sociales y regionales, con una concentración de riqueza y desarrollo en Montevideo en detrimento del interior del país. A medida que Uruguay enfrentaba dificultades económicas, recurrió al FMI para obtener préstamos. Estos préstamos venían con condicionalidades que requerían la implementación de políticas de ajuste estructural, como la reducción del gasto público y la liberalización del comercio. La necesidad de financiamiento externo llevó a una creciente dependencia del FMI y otras instituciones financieras internacionales, lo que limitó la autonomía económica del país. La CIDE jugó un papel crucial en la identificación de los problemas estructurales de Uruguay y en la formulación de políticas para abordarlos. Sin embargo, la implementación de estas políticas fue limitada por la falta de recursos y la resistencia política. La dependencia del FMI y las políticas de ajuste estructural impuestas tuvieron un impacto significativo en la economía y la sociedad uruguaya, marcando el inicio de un período de austeridad y reformas económicas que continuaron en las décadas siguientes. En forma paralela se produce el proceso de unidad sindical en Uruguay durante la década de 1960 culminó con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1966. Este proceso fue significativo para el movimiento obrero uruguayo y tuvo varios hitos importantes: El proceso de unificación sindical comenzó en 1959, impulsado por la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores y coordinar mejor las acciones sindicales. En agosto de 1965, se celebró el Congreso del Pueblo, un evento clave donde se discutieron y aprobaron propuestas para enfrentar la crisis económica y social del país. Este congreso fue un paso importante hacia la unidad sindical. Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 1966, se realizó el Congreso de Unificación Sindical, donde se disolvió la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU) y se constituyó la CNT como el organismo unificado de los sindicatos uruguayos. En este congreso se aprobó una Declaración de Principios, un Programa de Soluciones a la Crisis y el Estatuto de la CNT. La creación de la CNT permitió una mayor coordinación y eficacia en las acciones sindicales, fortaleciendo la capacidad de los trabajadores para negociar y defender sus derechos. La unificación sindical promovió la solidaridad entre los distintos gremios y sectores laborales, lo que fue crucial en un contexto de crisis económica y creciente represión política. La quiebra del Banco Transatlántico en abril de 1965 marcó el inicio de una crisis bancaria que afectó a varios otros bancos en el país. La intervención del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) fue necesaria debido a los retiros masivos de depósitos. Esta crisis bancaria tuvo un efecto dominó, provocando la quiebra de otros bancos y generando una pérdida de confianza en el sistema financiero. La crisis bancaria de 1965 destacó la necesidad de una entidad reguladora que pudiera supervisar y estabilizar el sistema financiero del país. En respuesta a esta necesidad, el Banco Central del Uruguay fue creado en 1967, como parte de la reforma constitucional de ese año. El BCU asumió funciones que anteriormente eran responsabilidad del BROU, incluyendo la emisión de moneda y la regulación del sistema financiero. A todos estos eventos debemos sumarle la acción sistemática de grupos armados que querían realizar un modelo revolucionario siguiendo el modelo cubano. Los desenlaces que se originan en estos hechos determinaron la pérdida de valores democráticos y el inicio de un autoritarismo que enfrentaron conservadores, progresistas y revolucionarios cuyo desenlace nos llevó al golpe en 1973

Ver:

Broquetas, M. Ganar la Guerra, cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario. 1967-1973. EBO, Montevideo, 2024.