Jorge Batlle y la ética de la responsabilidad: ADN del batllismo.
La reforma constitucional plebiscitada en diciembre de 1996 se
aplicó por primera vez en 1999. En términos
generales, mantiene la esencia de la Constitución de 1967. Inclusive, respeta
en su casi totalidad la numeración del articulado original. Es por eso que se
considera más bien una reforma constitucional, y no una nueva Constitución. No
obstante, de las 4 reformas a la Constitución de 1967 plebiscitadas entre 1989
y 2004, la de 1996 fue la más ambiciosa en su alcance (las otras tres reformas,
se limitaron en cada caso a modificar apenas uno o dos artículos).
La característica más notoria y
destacable, es la modificación que introduce al modelo de elecciones.
·
introduce por primera vez las elecciones primarias,
en las cuales cada partido elige su candidato único a la Presidencia;
·
celebración de elecciones presidenciales y
parlamentarias en octubre;
·
celebración en noviembre de una segunda vuelta
o balotaje entre los dos candidatos más votados, si ninguno de los
dos obtiene la mayoría absoluta;
·
separación en el tiempo de las elecciones
municipales, que se celebran en mayo del año siguiente a las elecciones
presidenciales.
En esta circunstancia el Dr. Jorge Batlle con 72
años de edad y 55 años de carrera política intensa logra vencer. En ese camino
primero tuvo que derrotar al candidato del Foro Batllista, liderado por el Dr.
Julio María Sanguinetti, Luis Hierro . Luego ingresa al balotaje como el
segundo candidato más votado con el 32% de los votos para finalmente ganar la
elección venciendo al candidato del Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez con el
52.26% de los votos. En 1999 el Partido Colorado había firmado con el Partido
Nacional un acuerdo programático que daban bases a un gobierno de coalición. La
misma era entre la segunda y la tercera fuerza a nivel electoral pero con
mayoría parlamentaria reuniendo 55 diputados y 17 senadores.
Al comienzo de su gobierno el Dr. Batlle impulsó la creación de la
Comisión para la Paz en contra de lo actuado por los presidentes anteriores
queriendo dar por concluido el tema de las desapariciones y los DDHH durante la
dictadura entre 1973 y 1984. Propuso una lucha sin cuartel contra el
contrabando y contra la corrupción en el Estado. Comienza a tratar los
desniveles salariales en el Estado. El sostenía que había que “ desacralizar el
poder”
La bancada de la 15 era minoritaria dentro de lo conseguido por el
Partido Colorado, lo que le daba un gran poder en las negociaciones internas al
Dr Sanguinetti y a su grupo.
De entrada, Batlle recibió en su
despacho en el séptimo piso del Edificio Libertad a familiares de desaparecidos
durante la dictadura y se comprometió personalmente en la resolución, de algunos
casos de bebés robados a sus madres por los militares para ser dados en
adopción. A continuación, el 9 de agosto, un decreto presidencial instituyó un
panel investigador denominado Comisión para la Paz que, por una
"obligación ética del Estado", recibió la misión de establecer la
suerte corrida por los 38 ciudadanos uruguayos –cifra oficial que correspondía
a las denuncias formalizadas- detenidos y hechos desaparecer por las Fuerzas
Armadas de su país entre 1973 y 1985.
La implicación particular del presidente y la creación de la Comisión fueron unánimemente considerados unos pasos muy importantes para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el Gobierno de facto. También, marcaron el contrapunto de la postura mantenida por sus dos predecesores en el cargo. Sanguinetti, en particular Cierto era que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y sancionada mediante plebiscito en 1989, protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía contra toda persecución judicial por presuntas actuaciones criminales, pero no impedía investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos.
El 21 de junio de 2000 la Cámara de Representantes aprobó, con los votos a favor del PC y el PN, una ley de "urgencia" que contenía una serie de medidas para aliviar los efectos de la recesión provocada por la devaluación competitiva del real brasileño. La ley estableció rebajas tributarias para el sector agropecuario, pilar de las exportaciones, así como medidas de fomento de la inversión y el empleo en el sector industrial no primario, consistentes principalmente en la reducción de los impuestos a las actividades económicas. También, se autorizaba al capital privado la adquisición de tierras y establecimientos comerciales de titularidad pública con acciones al portador y a través de sociedades anónimas. Justo un año después, el Gobierno anunció varias reformas para flexibilizar la legislación en materia laboral y nuevas medidas fiscales para reestructurar la deuda de los productores agrícolas y disminuir las cargas de los empresarios, algo que Batlle consideraba insoslayable ante la extensión por todo el país de la epidemia de fiebre aftosa, que estaba causando verdaderos estragos en la cabaña ganadera.
Toda vez que el bloque izquierdista en el Parlamento y PIT-CNT tachaban las políticas del Gobierno de antisociales y de ineficaces para conjurar las dificultades económicas, Batlle apostó por sacar adelante sus planes con el sólo respaldo del PN, sin concertación social. Por de pronto, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario a causa de las turbulencias en el comercio interno del MERCOSUR, las pérdidas provocadas por la fiebre aftosa y la baja de las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno, la lana y el arroz, unido al encarecimiento del petróleo, tuvo un reflejo muy negativo en la producción nacional y el nivel de empleo: 2001 terminó con un retroceso del PIB del -3,8%, el doble que en los también recesivos 1999 y 2000, y con un índice de desocupación del 15%, tres puntos más que en marzo de 2000.
El 27 de diciembre de 2001 se plantea la derogación por el Parlamento de los monopolios que desde 1931 poseía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) sobre la importación, la exportación y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados de petróleo. La cancelación de estos privilegios del Estado, convertida por el presidente en la piedra angular de su programa de reformas estructurales, abría las puertas a la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo.
La implicación particular del presidente y la creación de la Comisión fueron unánimemente considerados unos pasos muy importantes para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el Gobierno de facto. También, marcaron el contrapunto de la postura mantenida por sus dos predecesores en el cargo. Sanguinetti, en particular Cierto era que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y sancionada mediante plebiscito en 1989, protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía contra toda persecución judicial por presuntas actuaciones criminales, pero no impedía investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos.
El 21 de junio de 2000 la Cámara de Representantes aprobó, con los votos a favor del PC y el PN, una ley de "urgencia" que contenía una serie de medidas para aliviar los efectos de la recesión provocada por la devaluación competitiva del real brasileño. La ley estableció rebajas tributarias para el sector agropecuario, pilar de las exportaciones, así como medidas de fomento de la inversión y el empleo en el sector industrial no primario, consistentes principalmente en la reducción de los impuestos a las actividades económicas. También, se autorizaba al capital privado la adquisición de tierras y establecimientos comerciales de titularidad pública con acciones al portador y a través de sociedades anónimas. Justo un año después, el Gobierno anunció varias reformas para flexibilizar la legislación en materia laboral y nuevas medidas fiscales para reestructurar la deuda de los productores agrícolas y disminuir las cargas de los empresarios, algo que Batlle consideraba insoslayable ante la extensión por todo el país de la epidemia de fiebre aftosa, que estaba causando verdaderos estragos en la cabaña ganadera.
Toda vez que el bloque izquierdista en el Parlamento y PIT-CNT tachaban las políticas del Gobierno de antisociales y de ineficaces para conjurar las dificultades económicas, Batlle apostó por sacar adelante sus planes con el sólo respaldo del PN, sin concertación social. Por de pronto, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario a causa de las turbulencias en el comercio interno del MERCOSUR, las pérdidas provocadas por la fiebre aftosa y la baja de las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno, la lana y el arroz, unido al encarecimiento del petróleo, tuvo un reflejo muy negativo en la producción nacional y el nivel de empleo: 2001 terminó con un retroceso del PIB del -3,8%, el doble que en los también recesivos 1999 y 2000, y con un índice de desocupación del 15%, tres puntos más que en marzo de 2000.
El 27 de diciembre de 2001 se plantea la derogación por el Parlamento de los monopolios que desde 1931 poseía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) sobre la importación, la exportación y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados de petróleo. La cancelación de estos privilegios del Estado, convertida por el presidente en la piedra angular de su programa de reformas estructurales, abría las puertas a la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo.
Al tiempo que se esforzaba en ejecutar las medidas para recuperar el buen tono económico, Batlle fue perfilando su postura con respecto al MERCOSUR. En la primera cumbre de presidentes a la que asistió, la celebrada en Buenos Aires el 30 de junio de 2000, defendió la aspiración de Chile a ingresar como miembro de pleno derecho con el objeto de robustecer la posición del bloque de cara a las negociaciones para la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), cuya entrada en servicio, según el calendario barajado por el Gobierno de Estados Unidos, a partir de 2005 él consideraba perentoria, entre otras razones, como una alternativa a las enormes dificultades que los productos agrícolas sudamericanos hallaban para penetrar en el mercado común de la Unión Europea (UE). En 2000 el establecimiento de un área de libre cambio entre el MERCOSUR y la UE era visto como un escenario relegado a un futuro tan lejano como incierto.
Uruguay fue el anfitrión en Montevideo de dos reuniones del Consejo del MERCOSUR: la XXI, el 20 y el 21 de diciembre de 2001, y la XXV, el 15 y el 16 de diciembre de 2003, en la que se firmó un Acuerdo de Complementación Económica con Colombia, Venezuela y Ecuador, el cual debía ser la antesala de un área de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más allá de las obligadas alocuciones de carácter institucional, Batlle, al volcarse en el elogio del ALCA y en la búsqueda de unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, fue visto como un estadista que no tenía fe en el MERCOSUR. Las llegadas al poder del socialista Lula da Silva en Brasil y del peronista de izquierda Nestor Kirchneren Argentina en el primer semestre de 2003 hicieron que empezara a hablarse con propiedad de un "eje progresista sudamericano", dejando a Batlle aislado en este contexto.
Pero el verdadero drama para Batlle fue 2002, cuando quedó dramáticamente al descubierto la vulnerabilidad estructural de la economía de Uruguay y su condición, en una expresión muy mencionada aquellos días, de "país argentinodependiente". El derrumbe financiero y monetario en el Estado vecino a caballo entre 2001 y 2002 provocó la parálisis de los intercambios comerciales entre los dos países rioplatenses. La imposición allí del corralito financiero, es decir, el bloqueo por el Gobierno de los depósitos bancarios para impedir la completa iliquidez del sistema, se tradujo aquí en la caída en picado de los ingresos generados por el turismo argentino y, mucho más grave, en un movimiento de retirada por los clientes no residentes, que en su mayoría eran también argentinos, de sus depósitos en bancos uruguayos por la desconfianza que les merecía la capacidad el Estado uruguayo para cumplir con sus responsabilidades financieras. Por de pronto, las tres principales agencias calificadoras de riesgo-país quitaron el grado de inversión a la deuda pública uruguaya.
La autoridad monetaria se aferró al tipo de cambio controlado del peso y el 28 de febrero la Asamblea General aprobó una ley llamada de ajuste o de responsabilidad fiscal, por la que se creaba un Impuesto Adicional al Impuesto a las Retribuciones y Prestaciones con el único fin de financiar el Banco de Previsión Social, en números rojos. El 25 de marzo el FMI anunció la concesión de un crédito stand-by de 743 millones de dólares por un período de 24 meses para que Uruguay pudiera aguantar el funesto efecto tango. Pero estos apaños no surtieron efecto. El 16 de abril, la actividad económica quedó paralizada en una jornada de huelga nacional que convocaron, en un acto de unidad interconfederal inédito desde hacía 20 años, los gremios del PIT-CNT y la veintena larga de asociaciones patronales de la Concertación por el Crecimiento. La protesta del sector productivo al completo pretendía que el Gobierno centrara sus esfuerzos en enfrentar las quiebras empresariales en cadena y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.
Batlle depositó sus esperanzas en las asistencias urgentes del FMI y Estados Unidos. El 29 de mayo la Cámara de Representantes, donde todavía funcionaba la alianza del PC y el PN, sacó adelante la Ley de Estabilidad Fiscal, con la que el Gobierno esperaba recaudar unos 230 millones de dólares hasta finales de año y así cumplir la meta pactada con el FMI de reducir el déficit fiscal del 4,2% del PIB al 2,5% en 2002 y al 1,5% en 2003, con miras a alcanzar el equilibrio contable en 2004, mediante un rosario de cargas tributarias a los salarios de los trabajadores, a las rentas de las empresas industriales, comerciales y agropecuarias, a las sociedades anónimas y a los servicios públicos de agua, electricidad y telefonía.
En estas semanas de máxima inquietud por la evolución de la borrasca económica, Batlle protagonizó sendos incidentes en las relaciones bilaterales con dos países latinoamericanos, los cuales no le ayudaron a remontar sus agónicos niveles de aprobación popular, según indicaban las encuestas. La primera tarascada fue con Cuba. El voto de Uruguay, junto con Estados Unidos y la mayoría de países americanos allí presentes, a favor de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra que condenaba la falta de libertades políticas en el país caribeño desató la reacción desaforada de las autoridades comunistas y del propio Fidel Castro, que tacharon a Batlle de "genuflexo", "lacayo", "servil" "mentiroso de los grandes" y "Judas abyecto". La retahíla de insultos enfureció al presidente, que el 23 de abril, con el argumento de que el régimen cubano le había agraviado no a él, sino a todo Uruguay, ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas y demandó a La Habana que retirase de inmediato a su embajador en Montevideo.
El segundo incidente diplomático de 2002 se produjo con Argentina, cuando, durante la grabación de una entrevista televisada, creyendo que hablaba off the record, se despachó a gusto con sus vecinos ante dos periodistas de la cadena Bloomberg que le sacaron a colación las similitudes entre las crisis de Argentina y Uruguay.
pudo vérsele y oírsele decir: "La situación argentina es de los argentinos, con los problemas argentinos: ¡una manga de ladrones, del primero hasta el último! (…) ¿Usted conoce la Administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase, volumen y magnitud de corrupción que hay? (…) La Argentina no es el ombligo del mundo (…) No hay nadie en el mundo que necesite de la Argentina para vivir (…) Es la tragedia de los argentinos (…) Se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos". La locuacidad del presidente incluyó unos comentarios sobre su homólogo de Buenos Aires: "¿Cómo le voy a plantear a Duhalde nada? (…) No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va (…) ¿Pero cómo le voy romper a un ciudadano que llegó por casualidad y que se va no se sabe si esta semana que viene o en el mes de marzo?".
Batlle se apresuró a telefonear a Duhalde para expresarle sus excusas. Más aún, al día siguiente, 4 de junio, se presentó en Buenos Aires para disculparse en persona ante él "y ante el pueblo argentino" de un "error" que se había debido a la "combustión espontánea" y el "apasionamiento" que le caracterizaban. Duhalde alabó la "hidalguía" del presidente uruguayo, que se fundió con él en un emotivo abrazo, y dio por "terminado absolutamente" el episodio. Quince años antes le había contado a César di Candia: "Yo (en televisión) salgo como soy, no muy agraciado. Lo que me pasa a mi es que no sé disimular, ni me preocupa disimular. Si estoy enojado, salgo enojado, y si estoy triste, salgo triste. Se me nota todo. La familia Batlle es una familia emotiva y llorona y eso también se me nota... Soy terriblemente imprudente, pero ya no tengo arreglo. Soy demasiado franco. Creo en lo que digo y me tiro al agua".
Pero no había respiro para Batlle. El 20 de junio, el ministro de Economía, Alberto Bensión, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle, quien por cierto era primo carnal del jefe del Estado, anunciaron que, ante la ineficacia de las medidas adoptadas para proteger la moneda nacional de la depreciación –ya se habían liquidado 1.100 de los 3.000 millones de dólares en reservas- y previa consulta con el FMI, el Gobierno renunciaba al esquema de bandas de fluctuación y ponía al peso en libre flotación, dejando que fuera el mercado cambiario el que fijara su cotización. Uruguay, por tanto, seguía los traumáticos pasos adoptados por Brasil en enero de 1999 y por Argentina en enero de este 2002.
La mudanza monetaria tuvo dos efectos fulminantes: una devaluación incontrolada (de un 40% con respecto al dólar en el plazo de un mes) y un movimiento masivo de reintegros de ahorros bancarios, por temor a que se aplicara también aquí el corralito, que hizo resquebrajarse al sistema financiero. La aprobación por el FMI el 26 de junio de un préstamo suplementario de 1.500 millones de dólares, aunque confirmaba que el organismo no iba a dejar en la estacada a Uruguay –a diferencia del caso argentino-, no consiguió tranquilizar a los ciudadanos. El 22 de julio, el ministro Bensión, duramente criticado por el PN y Lacalle, presentó la dimisión, que secundó Rodríguez Batlle. Asume Alejandro Atchugarry.
La cancelación de depósitos devino una sangría dineraria tal que el Gobierno, luego de suspender el BCU las actividades de la Caja Obrera y el Banco de Montevideo por "incumplimiento de la normativa vigente", tuvo que decretar el feriado bancario el 30 de julio: hasta nuevo aviso, todos los bancos y cajas de ahorros dejaban de operar. Los mercados reaccionaron con pánico y el peso se depreció hasta las 35 unidades por dólar. En esos momentos, las reservas del BCU estaban en un nivel históricamente bajo, menos de 700 millones de dólares. Desde enero, se habían evaporado el 45% de los fondos bancarios y el 78% de las reservas. El Gobierno empezó a repartir bolsas de alimentos. La confirmación de que Uruguay padecía, según él mismo, "la peor crisis del siglo", obligó al presidente a cancelar su asistencia a la II Cumbre Sudamericana, que tuvo lugar en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el 26 y el 27 de julio.
A comienzos de agosto, el PC y el PN negociaron y la Asamblea aprobó, todo en un tiempo récord, la denominada Ley de Creación del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Financiero, que daba luz verde a la reapertura de los bancos y establecía restricciones a la retirada escalonada de los fondos congelados desde el "martes negro" del 30 de julio. De inmediato, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la concesión de un crédito de 1.500 millones de dólares a corto plazo y como adelanto de la cantidad comprometida por el FMI, pero condicionado a una reestructuración total de la banca uruguaya. El 5 de agosto el Gobierno levantó el feriado bancario.
El punto álgido de la crisis había pasado y la quiebra total del sistema financiero había sido evitada, pero sobre Batlle cayó un diluvio de reproches desde la opinión pública, que en su búsqueda de culpables por el desastre puso de relieve, audazmente y falsamente, las sospechosas relaciones de amistad entre el presidente y los hermanos José, Juan, Dante y Jorge Peirano Basso, perseguidos por la justicia por haber provocado la quiebra del Banco de Montevideo con sus prácticas estafadoras a gran escala. La insistente afirmación por Batlle de que el sistema uruguayo era "serio" y solvente, y que no tenía nada que ver con el caos argentino, fue crudamente impugnada por los hechos. Si Uruguay no incurrió en el default, la suspensión de pagos de la deuda externa y soberana, fue únicamente gracias al flotador que le lanzaron el FMI y Estados Unidos. En estas circunstancias, la declaración de "fracaso del modelo neoliberal" hecha por el bloque Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) tuvo amplia repercusión en una ciudadanía que hasta la fecha se había distinguido por su conservadurismo y su renuencia a un cambio político de fondo.
El 28 de octubre, cuando la inflación alcanzaba el 26%, el mandatario recibió un rudo golpe político con la declaración por Lacalle de que lamentaba que el PN hubiera apoyado al Partido Colorado en la segunda vuelta de las presidenciales de 1999, anuncio al que siguió la retirada del Ejecutivo de los cinco ministros blancos. Era el final de la coalición bipartita.
El 27 de
diciembre la Cámara de Diputados, siguiendo los pasos del Senado y casi por
unanimidad, aprobó la ley por la que se liquidaban los tres bancos quebrados,
el Comercial, el de Montevideo y la Caja Obrera, y se procedía a fusionarlos en
una sola entidad, el Nuevo Banco Comercial, cuyo único accionista era el
Estado. La reestructuración no incluía al cuarto banco suspendido, el de
Crédito, que de todas maneras iba a acabar siendo también liquidado, en febrero
de 2003. En resumidas cuentas, la crisis supuso para Uruguay la virtual
desaparición de la banca privada de capitales nacionales.
"El año 2002 terminó como uno de los más infaustos en la historia nacional, con una brutal recesión económica rayana en el -8% , una inflación promedio del 14%, la deuda externa lindando los 10.000 millones de dólares, el paro disparado al 19% y la cuarta parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza.
Las elecciones de octubre de 2004
pusieron de manifiesto el desmoronamiento del Partido Colorado (10,3% de los sufragios) y cerraron el ciclo de los Batlle. También
abrieron un largo período de gobiernos del Frente Amplio,que se agregó al juego político uruguayo después de casi
dos siglos de colorados, blancos,o dictaduras militares.
El 1 de marzo de 2005 el Dr. Jorge
Batlle Ibáñez, pasó la banda presidencial a su sucesor democráticamente electo,
el Dr. Tabaré Vazquez. La fiesta fue manchada por un puñado de individuos con
mentalidad fascista, que se dedicaron a insultar en los términos más soeces a
Batlle, en cabal demostración de que no tenían la menor idea de lo que
significaba el libre juego del sistema democrático. Batlle se marchó para su
casa luego de cinco años particularmente intensos y dramáticos, en los que tuvo
aciertos y grandes errores; pero a pesar
del cúmulo de factores adversos que condicionaron su mandato e impidieron de
hecho la concreción de su programa, dejaba un país organizado y en pleno
crecimiento, lo que algún día la historia terminará por reconocerle. Y por
agradecerle."
Ver:
Caetano, Gerardo. 20 años de
Democracia. Taurus
Caetano, Gerardo. Uruguay en busca
del desarrollo y la democracia. Tomo III. Planeta.
Frega, Ana. Historia del Uruguay en
el Siglo XX EBO.
Maiztegui, Lincoln. Orientales tomo
5. Planeta.
El Observador: https://www.elobservador.com.uy/las-mil-vidas-un-profeta-inoportuno-n984433
