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martes, 28 de agosto de 2018

La crisis educativa: rastreando sus raíces: Apuntes para el debate.


La crisis educativa: rastreando sus raíces. Apuntes.

En los años 60 el sistema educativo uruguayo tuvo como característica principal la expansión en el número de estudiantes, de docentes y de establecimientos educativos. Paralelamente se produce una actualización de las propuestas pedagógicas. En esa época la educación era un orgullo nacional. Sin embargo las oportunidades de trabajo para jóvenes eran muy limitadas. Ya el proceso de instalar pequeñas industrias o comercios era complejo. Además los trabajos con salario mensual habían disminuido notoriamente. La calidad de vida general y la estructura social del país comienza a fracturarse y la educación siguió el mismo camino. Entre 1958 y 1967 gobernaron bajo el sistema colegiado los nacionalistas. Estos gobiernos debieron enfrentar la crisis, huelgas y conflictos sindicales cada vez más fuertes. En la política internacional nos enfrentamos a la bipolaridad de la Guerra Fría, al enfrentamiento en definitiva entre comunismo y capitalismo. Esto también polarizó las visiones ideológicas y la Revolución Cubana fue un gran catalizador de enfrentamientos en el campo de las ideas y lamentablemente en la praxis guerrillera. Nuestra educación había sido uno de los grandes pilares de la Democracia, cada vez más grupos sociales aspiraban a ingresar en ella y avanzar en la vida con la formación educativa. Antes de este período, o sea entre 1941-1959 la matricula educativa había crecido por cuatro en tanto que la población solo aumento un 28%. El sistema educativo ingresa en la década del 60 con síntomas claros de saturación. Los recortes del presupuesto para la educación comienzan a darse justo en el momento y en que la realidad social y política del momento necesitaba más recursos. La conflictividad era el el resultado de muchas causas. En lo internacional el Mayo francés de 1968, las protestas contra la intervención norteamericana en Vietnam, la gran revolución cultural en China y la propia revolución cubana se van a encarnar en la mítica boina del Che  conformando un sentimiento amplio y universal. En estos años las cuatro ramas de la educación, primaria, secundaria , tecnológica y universitaria comienzan a realizar algunos cambios. Se trató de formar docentes y de fomentar el sentimiento de poseer un espíritu crítico, respeto y libertad y que era la educación el motor principal de los valores democráticos.


En los años siguientes a 1968 comienzan los enfrentamientos entre sectores radicales como la JUP (Juventud Uruguaya de Pie) de extrema derecha, la UJC(Unión de Juventudes Comunistas) y los movimientos subversivos que desde 1963 atacaban al que ellos denominaban el estado burgues. Podemos afirmar, sin embargo, que en forma paralela a estos hechos la educación transitaba en el modelo educativo republicano que se sostenía en la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad. Recién estos principios va a ser atacador duramente a partir de 1973.
En julio de 1971 el MLN sostenía en uno de sus documentos refiriéndose a los estudiantes: “Han sido lo más firme del movimiento de masas.(…) Vanguardizado por Secundaria, en ese repunte el sector universitario no le ha ido a la cola(…) el Movimiento Estudiantil no se inhibe del combate por la crisis, antes bien cobra auge con ella, es expresión del problema  más general de la juventud desocupada y sin horizontes en un país en crisis. Es hoy por hoy el sector social que más nos apoya”(MLN T Documento 5 análisis de sectores fundamentales)
La represión a la Universidad y a las luchas estudiantiles fue el resultado, Por un lado la vigilancia policial a la actividad de los gremios de la enseñanza y por el otro a la actividad académica de los principales docentes. La FEUU, para las autoridades fue “cooptada por el marxismo, principalmente por el Partido Comunista”. Hecho que veía agravarse desde la reforma universitaria de 1958 con el cogobierno estudiantil. La FEUU junto con la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria del Uruguay (CESU) comienzan grandes manifestaciones y huelgas con ocupaciones de locales liceales y docentes comenzaron a realizar la modalidad de contracursos. Las movilizaciones se hacía muchas veces en coordinación con sindicatos obreros. En este contexto es que se producen la muerte de los estudiantes Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. La situación fue complejizándose cada vez más con gran cantidad de horas de clase perdidas, suspensiones de cursos hasta que el 28 de agosto de 1970 clausura de los liceos públicos y privados de Montevideo y del Instituto de Profesores “Artigas” (IPA) por el resto del año, argumentando las autoridades que estos centros eran focos de agitación y adiestramiento de alumnos por medio de una verdadera “gimnasia revolucionaria” La dinámica de los hechos va llevando al sistema educativo y al gobierno desde una visión liberal para con la  educación, respetando sus autonomías a otra maracada por un creciente intervencionismo. Se destaca la Intervención de los Consejos de Enseñanaza Secundaria y UTU entre febrero de 1970 y junio de 1971 donde se realizan sumarios, traslados y detenciones de profesores y alumnos. La Ley 14101 de Educación General buscaba aumentar la injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de las autoridades educativas. Establecía un Consejo Nacional de Educación(CONAE) designado por el Poder Ejecutivo y normas para la elección de las autoridades universitarias. A esta altura del partido la enseñanza ya comenzaba a estar profundamente ligada a la visión de la seguridad nacional y fue promulgada el 4 de enero de 1973.

El modelo de educación llevado adelante durante la dicatudura fue el corte más abrupto con la tradición educativa de nuestro páis. En realidad y siguiendo a Antonio Romano el cambio en la educación no comenzó en 1973, por el contrario comenzó mucho antes y se va a consolidad en 1975. El citado Romano divide el proceso en tres etapas: La primera intervención a Secundaria y a UTU en 1970, la ley 14101 de enero de 1973 y la segunda intervención en 1975. Podemos  inferir que el proceso está vinculado pero separado del proceso político en curso. El primer CONAE  electo por el proceso dictatorial asume el 2 de marzo de 1974, o sea 8 meses después del Golpe, el consejo presidido por Edelberto Mañé funcionó hasta fin de año siendo intervenido en febrero de 1975.
La Ley de Educación 14101 había sido impulsada por el Ministro Dr. Julio María Sanguinetti en el último año de Democracia  y mantuvo su vigencia durante todo el periodo de la dictradura.. Como dijimos esta ley reglamentaba en funcionamiento de los Consejos Desconcentrado d ela educación pública mediante el CONAE que dependía directamente del Poder Ejecutivo. Sus integrantes era elgidos por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros previa venia de la Cámara de Senadores. Estaba integrado por cinco miembros, tres de ellos pertenecientes al Partido ganador en las elecciones y dos al que le seguía en número de votos. Y se conformaban en relación de dependencia las Consejos Autónomos de Primaria, Secundaria y UTU. También se crea la Oficina de Planeamiento Educativo por decreto del 2 de mayo de 1973 en cual” reforzaba la tendencia centralizadora en beneficio de las atribuciones del Ministerio” Esta ley fue criticada duramente por el rector de la Universidad de la República Ing. Oscar Maggiolo en un informe titulad: “Ley 14101, ¿ley de enseñanza?. No estaba de acuerdo en tomar como ejemplo a Argentina y al Brasil puesto que eran países bajo dictaduras militares y porque sus tasas de analfabetismo eran altas. También criticaba el control del Poder Ejecutivo a estudiantes, docentes y funcionarios. En definitiva siguiendo a Romano esta ley fue” la piedra de toque desde donde se planteó la reorganización de la enseñanza hasta la sanción de la ley de emergencia en la transición democrática. Esto significa que la dictadura no va a significar una ruptura desde el punto de vista de la ley de enseñanza sino una continuidad incluso una profundización, de sus fundamentos”(Transformaciones del discurso Pedagógico en el Uruguay del siglo XX. P.5)

La dictadura va a enfrentarse al tema educativo desde un punto de vista filosófico complejo donde predominaba la doctrina de la seguridad nacional (DSN) y siguiendo ahora a Pablo Mieres “ En síntesis la concepción global de la Doctrina de Seguridad Nacional lleva a concebir al conjunto de la vida social, desde sus procesos más generales hasta los actos individuales como un gigantesco campo de batalla de dimensión mundial en el que se enfrentan dos contendores; el comunismo internacional es el agresor que intenta la destrucción total del enemigo por medio de la acción subversiva. Frente a esta realidad la DSN diagnostica la debilidad de sistema de vida occidental y propugna su fortalecimiento moral e institucional; tal fortalecimiento es la única respuesta a la agresión sufrida”(La ideología política de la dictadura, p 121)


La educación siempre estuvo en la línea de fuego entre las ideologías y la formación de los ciudadanos. Un sistema republicano, fuerte, laico y con visón democrática es la mejor garantía para una educación de calidad.
Ver:
Apratto, Carmen y otros. El Uruguay de la dictadura. EBO 2004
Greissing, Carolina en Medio siglo de Historia uruguaya. EBO 2012

sábado, 25 de agosto de 2018

Jorge Batlle y la ética de la responsabilidad: ADN del batllismo.


Jorge Batlle y la ética de la responsabilidad: ADN del batllismo.

La reforma constitucional plebiscitada en diciembre de 1996 se aplicó por primera vez en 1999. En términos generales, mantiene la esencia de la Constitución de 1967. Inclusive, respeta en su casi totalidad la numeración del articulado original. Es por eso que se considera más bien una reforma constitucional, y no una nueva Constitución. No obstante, de las 4 reformas a la Constitución de 1967 plebiscitadas entre 1989 y 2004, la de 1996 fue la más ambiciosa en su alcance (las otras tres reformas, se limitaron en cada caso a modificar apenas uno o dos artículos).
La característica más notoria y destacable, es la modificación que introduce al modelo de elecciones.
·         introduce por primera vez las elecciones primarias, en las cuales cada partido elige su candidato único a la Presidencia;
·         celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre;
·         celebración en noviembre de una segunda vuelta o balotaje entre los dos candidatos más votados, si ninguno de los dos obtiene la mayoría absoluta;
·         separación en el tiempo de las elecciones municipales, que se celebran en mayo del año siguiente a las elecciones presidenciales.

En esta circunstancia el Dr. Jorge Batlle con 72 años de edad y 55 años de carrera política intensa logra vencer. En ese camino primero tuvo que derrotar al candidato del Foro Batllista, liderado por el Dr. Julio María Sanguinetti, Luis Hierro . Luego ingresa al balotaje como el segundo candidato más votado con el 32% de los votos para finalmente ganar la elección venciendo al candidato del Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez con el 52.26% de los votos. En 1999 el Partido Colorado había firmado con el Partido Nacional un acuerdo programático que daban bases a un gobierno de coalición. La misma era entre la segunda y la tercera fuerza a nivel electoral pero con mayoría parlamentaria reuniendo 55 diputados y 17 senadores.
Al comienzo de su gobierno el Dr. Batlle impulsó la creación de la Comisión para la Paz en contra de lo actuado por los presidentes anteriores queriendo dar por concluido el tema de las desapariciones y los DDHH durante la dictadura entre 1973 y 1984. Propuso una lucha sin cuartel contra el contrabando y contra la corrupción en el Estado. Comienza a tratar los desniveles salariales en el Estado. El sostenía que había que “ desacralizar el poder”

La bancada de la 15 era minoritaria dentro de lo conseguido por el Partido Colorado, lo que le daba un gran poder en las negociaciones internas al Dr Sanguinetti y a su grupo.


De entrada, Batlle recibió en su despacho en el séptimo piso del Edificio Libertad a familiares de desaparecidos durante la dictadura y se comprometió personalmente en la resolución, de algunos casos de bebés robados a sus madres por los militares para ser dados en adopción. A continuación, el 9 de agosto, un decreto presidencial instituyó un panel investigador denominado Comisión para la Paz que, por una "obligación ética del Estado", recibió la misión de establecer la suerte corrida por los 38 ciudadanos uruguayos –cifra oficial que correspondía a las denuncias formalizadas- detenidos y hechos desaparecer por las Fuerzas Armadas de su país entre 1973 y 1985. 

La implicación particular del presidente y la creación de la Comisión fueron unánimemente considerados unos pasos muy importantes para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el Gobierno de facto. También, marcaron el contrapunto de la postura mantenida por sus dos predecesores en el cargo. Sanguinetti, en particular Cierto era que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y sancionada mediante plebiscito en 1989, protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía contra toda persecución judicial por presuntas actuaciones criminales, pero no impedía investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. 

El 21 de junio de 2000 la Cámara de Representantes aprobó, con los votos a favor del PC y el PN, una ley de "urgencia" que contenía una serie de medidas para aliviar los efectos de la recesión provocada por la devaluación competitiva del real brasileño. La ley estableció rebajas tributarias para el sector agropecuario, pilar de las exportaciones, así como medidas de fomento de la inversión y el empleo en el sector industrial no primario, consistentes principalmente en la reducción de los impuestos a las actividades económicas. También, se autorizaba al capital privado la adquisición de tierras y establecimientos comerciales de titularidad pública con acciones al portador y a través de sociedades anónimas. Justo un año después, el Gobierno anunció varias reformas para flexibilizar la legislación en materia laboral y nuevas medidas fiscales para reestructurar la deuda de los productores agrícolas y disminuir las cargas de los empresarios, algo que Batlle consideraba insoslayable ante la extensión por todo el país de la epidemia de fiebre aftosa, que estaba causando verdaderos estragos en la cabaña ganadera. 

Toda vez que el bloque izquierdista en el Parlamento y  PIT-CNT tachaban las políticas del Gobierno de antisociales y de ineficaces para conjurar las dificultades económicas, Batlle apostó por sacar adelante sus planes con el sólo respaldo del PN, sin concertación social. Por de pronto, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario a causa de las turbulencias en el comercio interno del MERCOSUR, las pérdidas provocadas por la fiebre aftosa y la baja de las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno, la lana y el arroz, unido al encarecimiento del petróleo, tuvo un reflejo muy negativo en la producción nacional y el nivel de empleo: 2001 terminó con un retroceso del PIB del -3,8%, el doble que en los también recesivos 1999 y 2000, y con un índice de desocupación del 15%, tres puntos más que en marzo de 2000. 

El 27 de diciembre de 2001 se plantea la derogación por el Parlamento de los monopolios que desde 1931 poseía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) sobre la importación, la exportación y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados de petróleo. La cancelación de estos privilegios del Estado, convertida por el presidente en la piedra angular de su programa de reformas estructurales, abría las puertas a la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo. 


Al tiempo que se esforzaba en ejecutar las medidas  para recuperar el buen tono económico, Batlle fue perfilando su postura con respecto al MERCOSUR. En la primera cumbre de presidentes a la que asistió, la celebrada en Buenos Aires el 30 de junio de 2000,  defendió la aspiración de Chile a ingresar como miembro de pleno derecho con el objeto de robustecer la posición del bloque de cara a las negociaciones para la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), cuya entrada en servicio, según el calendario barajado por el Gobierno de Estados Unidos, a partir de 2005 él consideraba perentoria, entre otras razones, como una alternativa a las enormes dificultades que los productos agrícolas sudamericanos hallaban para penetrar en el mercado común de la Unión Europea (UE). En 2000 el establecimiento de un área de libre cambio entre el MERCOSUR y la UE era visto como un escenario relegado a un futuro tan lejano como incierto. 

Uruguay  fue el anfitrión en Montevideo de dos reuniones del Consejo del MERCOSUR: la XXI, el 20 y el 21 de diciembre de 2001, y la XXV, el 15 y el 16 de diciembre de 2003, en la que se firmó un Acuerdo de Complementación Económica con Colombia, Venezuela y Ecuador, el cual debía ser la antesala de un área de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más allá de las obligadas alocuciones de carácter institucional, Batlle, al volcarse en el elogio del ALCA y en la búsqueda de unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, fue visto como un estadista que no tenía fe en el MERCOSUR. Las llegadas al poder del socialista 
Lula da Silva en Brasil y del peronista de izquierda Nestor Kirchneren Argentina en el primer semestre de 2003 hicieron que empezara a hablarse con propiedad de un "eje progresista sudamericano", dejando a Batlle aislado en este contexto. 
Pero el verdadero drama para Batlle fue 2002, cuando quedó dramáticamente al descubierto la vulnerabilidad estructural de la economía de Uruguay y su condición, en una expresión muy mencionada aquellos días, de "país argentinodependiente". El derrumbe financiero y monetario en el Estado vecino a caballo entre 2001 y 2002 provocó la parálisis de los intercambios comerciales entre los dos países rioplatenses. La imposición allí del corralito financiero, es decir, el bloqueo por el Gobierno de los depósitos bancarios para impedir la completa iliquidez del sistema, se tradujo aquí en la caída en picado de los ingresos generados por el turismo argentino y, mucho más grave, en un movimiento de retirada por los clientes no residentes, que en su mayoría eran también argentinos, de sus depósitos en bancos uruguayos por la desconfianza que les merecía la capacidad el Estado uruguayo para cumplir con sus responsabilidades financieras. Por de pronto, las tres principales agencias calificadoras de riesgo-país quitaron el grado de inversión a la deuda pública uruguaya. 


La autoridad monetaria se aferró al tipo de cambio controlado del peso y el 28 de febrero la Asamblea General aprobó una ley llamada de ajuste o de responsabilidad fiscal, por la que se creaba un Impuesto Adicional al Impuesto a las Retribuciones y Prestaciones con el único fin de financiar el Banco de Previsión Social, en números rojos. El 25 de marzo el FMI anunció la concesión de un crédito stand-by de 743 millones de dólares por un período de 24 meses para que Uruguay pudiera aguantar el funesto efecto tango. Pero estos apaños no surtieron efecto. El 16 de abril, la actividad económica quedó paralizada en una jornada de huelga nacional que convocaron, en un acto de unidad interconfederal inédito desde hacía 20 años, los gremios del PIT-CNT y la veintena larga de asociaciones patronales de la Concertación por el Crecimiento. La protesta del sector productivo al completo pretendía que el Gobierno centrara sus esfuerzos en enfrentar las quiebras empresariales en cadena y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo. 

Batlle depositó sus esperanzas en las asistencias urgentes del FMI y Estados Unidos. El 29 de mayo la Cámara de Representantes, donde todavía funcionaba la alianza del PC y el PN, sacó adelante la Ley de Estabilidad Fiscal, con la que el Gobierno esperaba recaudar unos 230 millones de dólares hasta finales de año y así cumplir la meta pactada con el FMI de reducir el déficit fiscal del 4,2% del PIB al 2,5% en 2002 y al 1,5% en 2003, con miras a alcanzar el equilibrio contable en 2004, mediante un rosario de cargas tributarias a los salarios de los trabajadores, a las rentas de las empresas industriales, comerciales y agropecuarias, a las sociedades anónimas y a los servicios públicos de agua, electricidad y telefonía. 


En estas semanas de máxima inquietud por la evolución de la borrasca económica, Batlle protagonizó sendos incidentes en las relaciones bilaterales con dos países latinoamericanos, los cuales no le ayudaron a remontar sus agónicos niveles de aprobación popular, según indicaban las encuestas. La primera tarascada fue con Cuba. El voto de Uruguay, junto con Estados Unidos y la mayoría de países americanos allí presentes, a favor de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra que condenaba la falta de libertades políticas en el país caribeño desató la reacción desaforada de las autoridades comunistas y del propio Fidel Castro, que tacharon a Batlle de "genuflexo", "lacayo", "servil" "mentiroso de los grandes" y "Judas abyecto". La retahíla de insultos enfureció al presidente, que el 23 de abril, con el argumento de que el régimen cubano le había agraviado no a él, sino a todo Uruguay, ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas y demandó a La Habana que retirase de inmediato a su embajador en Montevideo. 

El segundo incidente diplomático de 2002 se produjo con Argentina, cuando, durante la grabación de una entrevista televisada, creyendo que hablaba off the record, se despachó a gusto con sus vecinos ante dos periodistas de la cadena Bloomberg que le sacaron a colación las similitudes entre las crisis de Argentina y Uruguay. 


pudo vérsele y oírsele decir: "La situación argentina es de los argentinos, con los problemas argentinos: ¡una manga de ladrones, del primero hasta el último! (…) ¿Usted conoce la Administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase, volumen y magnitud de corrupción que hay? (…) La Argentina no es el ombligo del mundo (…) No hay nadie en el mundo que necesite de la Argentina para vivir (…) Es la tragedia de los argentinos (…) Se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos". La locuacidad del presidente incluyó unos comentarios sobre su homólogo de Buenos Aires: "¿Cómo le voy a plantear a Duhalde nada? (…) No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va (…) ¿Pero cómo le voy romper a un ciudadano que llegó por casualidad y que se va no se sabe si esta semana que viene o en el mes de marzo?". 

Batlle se apresuró a telefonear a Duhalde para expresarle sus excusas. Más aún, al día siguiente, 4 de junio, se presentó en Buenos Aires para disculparse en persona ante él "y ante el pueblo argentino" de un "error" que se había debido a la "combustión espontánea" y el "apasionamiento" que le caracterizaban. Duhalde alabó la "hidalguía" del presidente uruguayo, que se fundió con él en un emotivo abrazo, y dio por "terminado absolutamente" el  episodio. 
Quince años antes le había contado a César di Candia: "Yo (en televisión) salgo como soy, no muy agraciado. Lo que me pasa a mi es que no sé disimular, ni me preocupa disimular. Si estoy enojado, salgo enojado, y si estoy triste, salgo triste. Se me nota todo. La familia Batlle es una familia emotiva y llorona y eso también se me nota... Soy terriblemente imprudente, pero ya no tengo arreglo. Soy demasiado franco. Creo en lo que digo y me tiro al agua".

Pero no había respiro para Batlle. El 20 de junio, el ministro de Economía, Alberto Bensión, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle, quien por cierto era primo carnal del jefe del Estado, anunciaron que, ante la ineficacia de las medidas adoptadas para proteger la moneda nacional de la depreciación –ya se habían liquidado 1.100 de los 3.000 millones de dólares en reservas- y previa consulta con el FMI, el Gobierno renunciaba al esquema de bandas de fluctuación y ponía al peso en libre flotación, dejando que fuera el mercado cambiario el que fijara su cotización. Uruguay, por tanto, seguía los traumáticos pasos adoptados por Brasil en enero de 1999 y por Argentina en enero de este 2002. 


La mudanza monetaria tuvo dos efectos fulminantes: una devaluación incontrolada (de un 40% con respecto al dólar en el plazo de un mes) y un movimiento masivo de reintegros de ahorros bancarios, por temor a que se aplicara también aquí el corralito, que hizo resquebrajarse al sistema financiero. La aprobación por el FMI el 26 de junio de un préstamo suplementario de 1.500 millones de dólares, aunque confirmaba que el organismo no iba a dejar en la estacada a Uruguay –a diferencia del caso argentino-, no consiguió tranquilizar a los ciudadanos. El 22 de julio, el ministro Bensión, duramente criticado por el PN y Lacalle, presentó la dimisión, que secundó Rodríguez Batlle. Asume Alejandro Atchugarry.

La cancelación de depósitos devino una sangría dineraria tal que el Gobierno, luego de suspender el BCU las actividades de la Caja Obrera y el Banco de Montevideo por "incumplimiento de la normativa vigente", tuvo que decretar el feriado bancario el 30 de julio: hasta nuevo aviso, todos los bancos y cajas de ahorros dejaban de operar. Los mercados reaccionaron con pánico y el peso se depreció hasta las 35 unidades por dólar. En esos momentos, las reservas del BCU estaban en un nivel históricamente bajo, menos de 700 millones de dólares. Desde enero, se habían evaporado el 45% de los fondos bancarios y el 78% de las reservas. El Gobierno empezó a repartir bolsas de alimentos. La confirmación de que Uruguay padecía, según él mismo, "la peor crisis del siglo", obligó al presidente a cancelar su asistencia a la II Cumbre Sudamericana, que tuvo lugar en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el 26 y el 27 de julio. 

A comienzos de agosto, el PC y el PN negociaron y la Asamblea aprobó, todo en un tiempo récord, la denominada Ley de Creación del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Financiero, que daba luz verde a la reapertura de los bancos y establecía restricciones a la retirada escalonada de los fondos congelados desde el "martes negro" del 30 de julio. De inmediato, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la concesión de un crédito de 1.500 millones de dólares a corto plazo y como adelanto de la cantidad comprometida por el FMI, pero condicionado a una reestructuración total de la banca uruguaya. El 5 de agosto el Gobierno levantó el feriado bancario. 


El punto álgido de la crisis había pasado y la quiebra total del sistema financiero había sido evitada, pero sobre Batlle cayó un diluvio de reproches desde la opinión pública, que en su búsqueda de culpables por el desastre puso de relieve, audazmente y falsamente, las sospechosas relaciones de amistad entre el presidente y los hermanos José, Juan, Dante y Jorge Peirano Basso, perseguidos por la justicia por haber provocado la quiebra del Banco de Montevideo con sus prácticas estafadoras a gran escala. La insistente afirmación por Batlle de que el sistema uruguayo era "serio" y solvente, y que no tenía nada que ver con el caos argentino, fue crudamente impugnada por los hechos. Si Uruguay no incurrió en el  default, la suspensión de pagos de la deuda externa y soberana, fue únicamente gracias al flotador que le lanzaron el FMI y Estados Unidos. En estas circunstancias, la declaración de "fracaso del modelo neoliberal" hecha por el bloque Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) tuvo amplia repercusión en una ciudadanía que hasta la fecha se había distinguido por su conservadurismo y su renuencia a un cambio político de fondo. 

El 28 de octubre, cuando la inflación alcanzaba el 26%, el mandatario recibió un rudo golpe político con la declaración por Lacalle de que lamentaba que el PN hubiera apoyado al Partido Colorado en la segunda vuelta de las presidenciales de 1999, anuncio al que siguió la retirada del Ejecutivo de los cinco ministros blancos. Era el final de la coalición bipartita.

 El 27 de diciembre la Cámara de Diputados, siguiendo los pasos del Senado y casi por unanimidad, aprobó la ley por la que se liquidaban los tres bancos quebrados, el Comercial, el de Montevideo y la Caja Obrera, y se procedía a fusionarlos en una sola entidad, el Nuevo Banco Comercial, cuyo único accionista era el Estado. La reestructuración no incluía al cuarto banco suspendido, el de Crédito, que de todas maneras iba a acabar siendo también liquidado, en febrero de 2003. En resumidas cuentas, la crisis supuso para Uruguay la virtual desaparición de la banca privada de capitales nacionales. 


"El año 2002 terminó como uno de los más infaustos en la historia nacional, con una brutal recesión económica rayana en el -8% , una inflación promedio del 14%, la deuda externa lindando los 10.000 millones de dólares, el paro disparado al 19% y la cuarta parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza.
Las elecciones de octubre de 2004 pusieron de manifiesto el desmoronamiento del Partido Colorado  (10,3% de los sufragios) y cerraron el ciclo de los Batlle. También abrieron un largo período de gobiernos del Frente Amplio,que se agregó al juego político uruguayo después de casi dos siglos de colorados, blancos,o dictaduras militares.


El 1 de marzo de 2005 el Dr. Jorge Batlle Ibáñez, pasó la banda presidencial a su sucesor democráticamente electo, el Dr. Tabaré Vazquez. La fiesta fue manchada por un puñado de individuos con mentalidad fascista, que se dedicaron a insultar en los términos más soeces a Batlle, en cabal demostración de que no tenían la menor idea de lo que significaba el libre juego del sistema democrático. Batlle se marchó para su casa luego de cinco años particularmente intensos y dramáticos, en los que tuvo aciertos y grandes errores; pero  a pesar del cúmulo de factores adversos que condicionaron su mandato e impidieron de hecho la concreción de su programa, dejaba un país organizado y en pleno crecimiento, lo que algún día la historia terminará por reconocerle. Y por agradecerle."


Ver:
Caetano, Gerardo. 20 años de Democracia. Taurus
Caetano, Gerardo. Uruguay en busca del desarrollo y la democracia. Tomo III. Planeta.
Frega, Ana. Historia del Uruguay en el Siglo XX EBO.
Maiztegui, Lincoln. Orientales tomo 5. Planeta.
El Observador: https://www.elobservador.com.uy/las-mil-vidas-un-profeta-inoportuno-n984433

sábado, 18 de agosto de 2018

Luis Batlle Berres y Francis Fukuyama. Puntos de encuentro.


Luis Batlle y Fukuyama. Puntos de encuentro.



Un gobierno moderno y eficaz debe encontrar el equilibrio entre un Estado sólido y competente con las instituciones jurídicas que lo obligan a actuar en pos del interés de los ciudadanos en un sentido amplio. Muchos países consolidan las instituciones democráticas mientras realizan la construcción estatal. No es nuestro caso. Se pregunta Francis Fukuyama en Autonomía y subordinación( Deusto, 1914): ¿ Cómo se alcanza un Estado productivo y administrativamente competente? La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial muchos Estados han fomentado intentos de reforma de sectores públicos. Uno de los caminos es aumentar la transparencia de la gestión y  las responsabilidades democráticas. Para que esto tenga éxito se parte de una base generalmente equivocada que es que los votantes tienen información concreta acerca de los funcionarios públicos incompetentes o corruptos, entonces utilizaran el poder de las urnas para desplazarlos de sus cargos. Muchas reformas han tratado también de aumentar el número de normas que deben cumplir los funcionarios estatales. Las reformas pasan por la relación que establecen los economistas de Principal-Agente. El principal es el encargado de llevar adelante la toma de decisiones y el que da las instrucciones a las jerarquías de agentes subordinados. En una empresa privada el principal es el dueño del negocio el cual delega su autoridad en una junta directiva, por ejemplo. En una Democracia, el principal es todo el pueblo el cual a través de las elecciones delega su autoridad en una asamblea legislativa, o sea sus representantes. Siguiendo este análisis a mayor democracia menor corrupción y mejor gobierno. De esto suponemos con razón que la construcción estatal y la construcción de la democracia no es sinónimo y que existe siempre una tensión entre ambos conceptos.. Los gobiernos modernos deben proporcionar una amplia variedad de servicios complejos desde informes meteorológicos hasta la dirección de las fuerzas armadas, regula los servicios de apoyo a la agricultura. En definitiva la capacidad estatal esta condicionada a los recursos, los funcionarios mejor formados y comprometidos no lo estarán si no reciben una remuneración acorde o no tiene los instrumentos indispensables para su función. Los componentes del orden político que conforman la democracia liberal moderan o sea el Estado, el principio de legalidad y la responsabilidad son complementarios. La realidad en los tiempos que corren es que la democracia contemporánea debe hacer frente es a la incapacidad para proporcionar lo esencial que la gente espera, la seguridad, el crecimiento económico y servicios públicos de calidad.


Como el Uruguay, no hay.
Luis Batlle Berres en su pensamiento político, económico y social sostenía que el el desarrollo de un modelo industrialista en el que el Estado ejerciese un importante rol de árbitro en materia de conciliación de clase y de dirigismo económico permitiría la paz social y el desarrollo. También planteó la plena vigencia de la democracia y la libertad consolidando los interese del sector empresarial y de los sectores medios y obreros en torno a la industria nacional. Por supuesto que era una visión contraria al que proponía los sectores agropecuarios. La idea era no imitar los modelos populistas latinoamericanos cuyo arquetipo era el peronismo. En el discurso que realiza al asumir la presidencia Don Luis sostuvo: “ Nosotros, los que fuimos formados en los últimos aleteos de la filosofía liberal y dimos los primeros pasos hacia la socialización de ciertas actividades del organismo social, comprendemos que tenemos que continuar ese ritmo para encauzarlo en las vías normales. Apresurase aser justos, es asegurar la tranquilidad; es brindarle al ciudadano los elementos principales y básicos para que tenga la felicidad de vivir y hasta él lleguen los beneficios de la riqueza. Apresurarse a ser justos, es luchar por el orden y es asegurar el orden”
El Estado debía adelantarse al conflicto social a través de una política de equilibrio que diese seguridad a los sectores más desposeídos con una adecuada redistribución de la riqueza y una mayor justicia social siempre en el marco de respeto a la democracia y a sus principios como la libertad de expresión, la libertad de opinión, las garantías individuales, la propiedad privada. 


Para Luisito y para los batllistas la democracia y la libertad son la base del progreso y la justicia social y siguiendo el pensamiento de Don Pepe que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. El batllismo integra los conceptos de Democracia, libertad, orden, paz social y pueblo. La lucha por la paz exige el respeto a la ley. Nada es más neceario para el individuo que la libertad que solo se alcanza con la democracia. La seguridad económica sin libertad es opresión en lo social y dictadura en lo político. Sin libertad los obreros no podrán alcanzar ninguan conquista económica.

El modelo industrialista planteaba el desarrollo de las industrias existentes y tratar de crea otras nuevas aplicando medidas proteccionistas sostenidas en el manejo del tipo de cambios. La actividad privada debía ser apoyada y sería el centro de la actividad económica amparadas pro el proteccionismo estatal. Pero en caso de necesidad el Estado debe ampliar sus funciones asumiendo la responsabilidad del manejo de Empresa Públicas estratégicas. Todo este proceso no debía obviar el factor humano, el trabajador es el principal protagonista, por lo tanto se le debía otorgar toda clase de compensaciones. El capital debía ser benefactor y su objetivo no sería la simple ganancia sino la  distribución de la riqueza. El intervencionismo estatal, entonces, se debe realizar en defensa del interés general, la acción estatal es crear nuevas soluciones que den solidez a la organización social. Ya Don José Batlle y Ordóñez rechazaba el antagonismo entre el capital y el trabajo y por extensión la lucha de clases. La conciliación de clases la realiza el Estado con el concepto de que la riqueza no es solo del propietario, también lo es del trabajador que con su trabajo la crea y por lo tanto se debe compartir con la frase de que la lucha de clases surge d ela injusticia de clases, el batllismo construyó el Uruguay tal cual lo disfrutamos hoy.

 Es imprescindible el retorno del batllismo al gobierno.

Ver:
Fukuyama, Francis. Orden y Deccadencia de la Política. Deusto. 2014