Bernardo Berro y el inicio de la secularización en el Uruguay laico.

Max Weber fue el primer sociólogo que vinculó la religión con la economía y la política en varios de sus escritos como “ La ética protestante y el calvinismo de 1920. Ensayos sobre sociología y religión del mismo año y Economía y sociedad 1922” iniciando un debate sobre la vinculación del desarrollo del capitalismo con la religión. La realidad era que ni Marx, el otro teórico conflictivo con la vinculación de la religión y la sociedad,  ni Weber estaban plenamente convencidos que la economía  y la sociedad  estaba determinada por lo religioso por el contrario con una fuerte interrelación.  Sin dudas para ellos la interrelación se daba desde distintos ángulos, para Marx desde la perspectiva económica y para Weber desde la perspectiva de los fenómenos culturales y sociales. La subordinación de la Iglesia al Estado no significo en época de la Revolución Francesa un avance hacia la libertad de cultos, menos todavía a la libertad del pensamiento. Los reyes utilizaban la religión para legitimar su dominio. Luis XIV persiguió a los protestantes y revocó el Edicto de Nantes de 1685. La Revolución Francesa terminó con el poder papal en Francia y tomó su último acto en el 18 brumario de Napoleón Bonaparte. Napoleón firmó con la Iglesia un Concordato en 1801, restituyéndole su legalidad con el objetivo político de hacer un clero sumiso y que permitiera salvar el nuevo orden. La fecha clave fue el 2 de diciembre de 1804 cuando Napoleón rompe con la tradición de los reyes y no se arrodilló ante el Papa Pío VII para recibir la Corona por el contrario se la colocó él mismo. Esta introducción aparentemente lejana del debate nacional se fundamenta en el peso que tienen ambas visiones en el desarrollo político y cultural del Uruguay. Cada tanto, y por suerte, vuelve un debate que se inició  en la segunda mitad del siglo XIX y tomó  fuerzas  a comienzos del Siglo XX  cuando la Constitución de 1917 separó definitivamente la Iglesia del Estado. Sin embargo la cuestión de las libertades religiosas es un debate permanente en la sociedad democrática  que cada vez es más resistente a la discriminación. A fines del siglo XIX el tema era la secularización, en buen romance como determinar en forma clara la separación del Estado y las confesiones religiosas. Es común frente a estos temas argumentar nuestra profunda dependencia como sociedad de los principios del  liberalismo. Excepto la figura de José Enrique Rodó y su postura pública que lo llevó a grandes discrepancias con Batlle, se confundió ese liberalismo con un radicalismo anticlerical profundo. Durante el gobierno de Bernardo Berro entre 1860 y 1864 se produce uno de los primeros episodios de conflicto entre el Estado y la Iglesia. En 1861 hubo problemas con los derechos del Patronato. En abril de ese año falleció en San José el alemán Enrique Jacobsen, un protestante masón, y el cura de la localidad Madruga se negó a darle sepultura en el cementerio local. Finalmente fue enterrado en el Cementerio Central de Montevideo pero sin el permiso de las autoridades eclesiásticas. Ante esta situación el gobierno por decreto seculariza los cementerios desvinculándonos de la administración religiosa y pasando a la órbita municipal. Unos mese más tarde la Vicaría destituyó al cura de la Iglesia Matriz Juan Brid que era también senador de la República, sustituyéndolo Inocencia Yéregui informándolo al Gobierno. Este le responde que por derecho del Patronato debía tener participación en el nombramiento y destitución de los sacerdotes. El vicario Monseñor Jacinto Vera no acató reponer a Brid. El gobierno deja sin efecto el pase conferido en 1859 relativo al nombramiento de Vera. Luego de un debate que transcurrió hasta el 7 de octubre de 1862 con múltiples tentativas de conciliación el gobierno decretó acéfala la Iglesia Nacional desde el mes de octubre de 1861 y ordenó el destierro de los presbíteros Jacinto Vera y J. Conde y nombró gobernador eclesiástico provisorio al presbítero Juan Fernández. Dentro de las consecuencias  políticas de este proceso se genera la “Cruzada Libertadora” de Venancio Flores. En 1862 en diciembre se llega a un acuerdo: el Vicario Jacinto Vera delegaba todas sus facultades en un vicario o gobernador eclesiástico que fuera del agrado del Gobierno del País. Esto tendrá vigencia hasta que Su Santidad el Papa proveyese lo conveniente. Fue designado el presbítero Pablo María Pardo. No se debe olvidar que las presiones llegaron a tal punto que se sugirió a la Iglesia que en caso de mantenerse en una postura intransigente se corría el riesgo de que el estado abandonase la religión católica. Además, ya en esos años, existía un proyecto de Código Civil por el cual se instituía al matrimonio como un simple contrato, y un proyecto de Ley en el que se daba validez a los matrimonios en cuanto a los efectos civiles con prescindencia de la religión o del rito en el cual se habían realizado. De todo este episodio queda claro que el accionar de Bernardo  Berro no estuvo inspirado en una actitud en contra de la Iglesia. Por el contrario su interés fue la defensa de los Derechos del Estado. El caudillo colorado Venancio Flores no pensaba de la misma manera y  con la bandera y el recuerdo de la hecatombe de Quinteros y el ataque a la Iglesia Católica inicia la Revolución  desde Buenos Aires, pero esto ya es otra historia.

 En definitiva y siguiendo ahora la visión de Tomás Sansón Corbo la secularización fue un lento pero sostenido proceso de diferenciación de campos de influencia, jalonado por una serie de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado. Se desarrolló durante las últimas cuatro décadas del siglo XIX y comienzos del XX,  y que coincidió , como dijimos líneas arriba,  con la modernización del país. Los antecedentes del conflicto se encuentran a finales de la década de 1850, durante el vicariato de Lamas. Éste hizo pública una carta pastoral referida a los problemas de la Iglesia y advertía a los clérigos sobre la amenaza de la masonería y el racionalismo:

«Rodeados de una vana y engañosa filosofía, y poco observada en algunos puntos la disciplina eclesiástica, nos desentenderíamos de un deber gravísimo y seríamos unos mercenarios infieles, si no os dirigiésemos nuestras letras. (...) «Venerables sacerdotes: vosotros sois el primer objeto de nuestra solicitud. Por vuestro elevado estado sois el espejo en que se miran los demás. De vuestro arreglo pende ciertamente el de todo el pueblo. Vosotros sois los ministros del Señor, y como tales, os corresponde promover la observancia de la divina Ley, no menos con las obras que con las palabras. A vosotros toca celar el decoro de su sagrado Templo, la pureza de la religión, la reforma de las costumbres, ofreciendo con vuestros procedimientos el mejor modelo».

En 1856 publicó otro documento recordando la condena eclesial sobre la masonería. El 26 de enero de 1859, el Presidente de la República decretó la expulsión de los jesuitas por manifestaciones antimasónicas de algunos de sus miembros. En 1861 se produjeron los acontecimientos  vinculados con la muerte de Jacobson y que derivaron en la municipalización de los cementerios. A partir de entonces la relación entre Iglesia y Estado se hizo cada vez más tensa. Se crearon una serie de normas complejas para la Iglesia, pero hubo dos particularmente importantes: las leyes de Registro de Estado Civil (1879) y de Matrimonio Civil Obligatorio (1885). Ambas erosionaron y debilitaron la influencia eclesiástica pues le quitaron el monopolio de la inscripción de bautismos, matrimonios y defunciones. La ley de 1879 generó muchos problemas. Algunos jueces y fiscales la interpretaban en el sentido de que prohibía a los sacerdotes realizar el bautismo sin la constancia de la anotación en el Registro Civil.  En 1888 Mons. Yéregui expresaba en un documento dirigido al Papa: «Desgraciadamente el desenvolvimiento de los principios liberales, ateos, racionalistas, positivistas y masónicos (...) se han encaramado en el poder y desde allí hacen encarnizada guerra a la religión católica». Concluía y definía , entonces, la ofensiva anticlerical como un plan de destrucción moral :

«Se ha perdido el antiguo respeto a la religión y al sacerdote: y no solo su influencia es cada vez menor, sino que se le cubre con el desprecio y con el más odioso desdén. (…)”

El comienzo del siglo XX fue una época de dura lucha por la postura radical del anticlericalismo de José Batlle y Ordóñez, que impulsó medidas determinantes  para los intereses de la Iglesia: eliminación de imágenes religiosas en hospitales públicos (1906); ley de divorcio (1907); supresión de enseñanza y prácticas religiosas en escuelas públicas (1909); entre otras. El golpe de gracia fue la Constitución de 1917. Las autoridades eclesiásticas procuraron, a través de los constituyentes elegidos  por la unión Cívica, mantener en todos sus términos el artículo 5, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. La Iglesia logró el reconocimiento de la propiedad de todos los edificios destinados al culto, salvo los que estaban en edificios públicos y, fundamentalmente, se emancipó del Patronato que tanto la había limitado, las diócesis vacantes pudieron ser provistas libremente por la Sede Apostólica. La secularización uruguaya culminó exitosamente para los intereses de los sectores anticlericales. A partir de entonces Uruguay fue reconocido por su sistema político laico, profundamente liberal y democrático.

Siguiendo finalmente al Dr. Gerardo Caetano como conclusión coincido con su postura en el epilogo del libro “El Uruguay Laico”: “ …el replanteo profundo de los sistemas de creencias en el mundo contemporáneo, lejos de conferir certezas, propone una larga serie de incertidumbres, muchas de las cuales afectan nuestra nociones democráticas respecto al ejercicio legítimo de derechos y a la práctica del más irrestricto pluralismo en nuestras sociedades”

El batllismo y el Estado. Debate permanente.

En mis idas y vueltas con los aspectos medulares del batllismo me metí con el Estado. No es poca cosa hacerlo puesto que todos lo utilizan para dar rienda suelta a su visión ideológica, económica e incluso debates sobre lo pertinente o o pertinente de la libertad humana. Pues bien, las reflexiones de un autor coreano en un libro que me regalaron para Navidad me sirve como disparador para volver sobre el tema del batllismo y el Estado. (Chan, Ha-joom. Economía para el 99% de la población, Buenos Aires, Debate,2015). De forma muy simple podemos afirmar, siguiendo ahora a Gabriel Oddone que las políticas económicas desarrolladas por nuestro país a lo largo del siglo XX han oscilado entre ser dirigistas o liberales. Acá comienza el debate. Por políticas dirigistas entendemos que son aquellas que le otorgan al sector público estatal un rol importante y decisivo en la asignación y distribución de los recursos en competencia con la dinámica dl mercado. Por lo tanto el dirigismo se desarrolló durante los años 1931 y 1973. Algunas las medidas para sostener el modelo fueron :

1)      Fijación administrativa de precios e ingresos relevantes de la economía. La creación de los Consejos de Salarios en 1943 y la COPRIN. Comisión de productividad, precios e Ingresos en 1968.

2)      Emisión monetaria contra los documentos en poder d ela autoridad monetaria a partir de 1939 y contra el revalúo del oro depositado en 1935 y 1938.

3)      Utilización de mecanismos de racionamiento de las divisas mediante el contralor de las exportaciones e importaciones desde 1941 y los permisos previos de importación desde 1938 y el modelo complejo de cambios múltiples a partir de 1934.

4)      Levantamiento de barreras proteccionistas a partir de aumentos del arancel general de 31% a 48% en 1931 con el objetivo de proteger empresas nacionales.

5)      Se generalizan las practicas clientelísticas a partir del crecimiento del Empleo Público a partir de 1946 y utilización de privilegios jubilatorios de un modo exagerado a partir de 1945

El batllismo desde el periodo inicial reformista de Don Pepe seguido por la coyuntura interbélica  y la Segunda Guerra Mundial con la visión de sustitución de importaciones bajo el terrismo y baldomirismo tuvo su apogeo en el modelo industrializador del Luisismo. Momento en que las graficas que presentan los liberales y opositores al batllismo como de declive económico, sin embargo para la memoria colectiva fue el Uruguay del optimismo y de grandes realizaciones sociales, laborales, industriales, educativas y culturales. Es interesante el crecimiento del Estado en la visión batllista y su rol redistributivo y de conciliación de clases muy lejos de la visión moderna de un Estado “gran Hermano” con hipercontroles con cámaras y fiscalizaciones impositivas cercanas al dolo que actualmente padecemos. El mismo Aristoteles sostenía “ La prueba de que el Estado es una creación d ela naturaleza y anterior al individuo es que el individuo cuando está aislado no es autosuficiente, por lo tanto, es como una parte en relación con el todo” Queda claro que ninguna teoría económica con fundamentso serios proponga abolir totalmente al gobierno. Pero hay un gran marco de opiniones sobre el rol del Estado que van desde la visión neoliberal de libre mercado que proponen un Estado mínimo siendo estos los  sectores conservadores de los Partidos Tradicionales y en especial los economistas herreristas y colorados no batllistas. En esencia proponen un estado que se encargue de la defensa militar, protección de los derechos de propiedad      la infraestructura y la seguridad ciudadana. En el extremo opuesto tenemos la visión marxista que sostiene que el mercado debe ser reducido a una función subsidiaria y que la economía debe ser planificada por el Estado. Ya a comienzos del siglo XX en el Uruguay este debate comenzó a resolverse con la visión batllista de respeto a la propiedad privada, con el concepto de humanizar al capitalismo y redistribuir la riqueza mediante el accionar del Estado y sus empresas que serían estratégicas. En momento de decadencia institucional, de falta de visione republicanas, el maltrato que se le ha dado al Estado en relación a las áreas estratégicas de la economía han llevado a que la visón social de los problemas del gobierno se traslade al Estado y su funcionamiento. La frase cuanto menos haga el gobierno mejor no irá, o que el Estado es un “mal necesario”. Todos estos argumentos popularizaron la teoría económica del libre mercado que tiene como objetivo separar absolutamente la política del desarrollo de los mercados. O sea separar al Estado de su rol igualador en materia social. Para el batllismo es clave tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Indudablemente en el siglo XXI el Estado es una maquinaria organizativa muy fuerte y poderosa que ha inventado la humnaidad desde tiempos pretéritos(Fukuyama) por lo que resulta imposible lograr cambios trascendentes  en lo económico y su incidencia inmediata en el desarrollo social sin su ayuda.

Sanguinetti y Tarigo: El cambio en Paz.

Al asumir la presidencia el Dr. Julio María Sanguinetti y  pero con un gran apoyo político tanto nacional como regional. Ocho jefes de Gobierno, varios vicepresidentes y dignatarios de  72 países, entre los que se contaban Cuba y Angola con los que Uruguay no mantenía relaciones, así como representantes de unos veinte organismos internacionales. Sanguinetti y Tarigo juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución en el Palacio Legislativo ante la Asamblea General. En el acto también estuvieron presente dirigentes destacados de todas las fuerzas políticas entre ellos Wilson Ferreira Aldunate y Juan Pivel Devoto por el Partido Nacional, Liber Seregni y Juan José Crottogini por el Frente Amplio y Humberto Ciganda por la Unión Civica. Frente a la mesa de la Asamblea General se encontraba Washington Beltran, Jorge Pacheco Areco y los Presidentes Raúl Alfonsín de Argentina, Hernán Siles Suazo de Bolivia, Belisario Bentancur de Colombia, Luis Alberto Monge de Costa Rica, Oscar Mejía de Guatemala, Daniel Ortega de Nicaragua, Felipe González de España y Bettino Craxi de Italia. El Presidente Sanguinetti había dicho en su discurso de toma de posesión; “ Mi mayor ambición es la de estar el 1 de marzo de 1990 entregándole el mando al nuevo Presidente constitucionalmente electoñ Sólo ese día podremos decir que hemos cumplido. Habré cumplido yo con mi misión y habremos cumplido todos nuestro deber” Las primeras medidas del Poder Ejecutivo fueron:

1)      Proyecto de Ley por el cual se suprime el Ministerio de Justicia  conjuntamente con otro proyecto que le otorga al Ministerio de Educación y Cultura las competencias hasta que sea eliminado.

2)      Rehabilitación de las organizaciones ilegalizadas por el gobierno de facto: Convención Nacional de Trabajadores (CNT), Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Popular, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento Revolucionario Oriental. Partido Comunista Revolucionario. Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), Federación de Estudiantes Revolucionarios(FER) Grupos de Acción Unificadora(GAU), Grupos de Autodefensa Plenario Intersindical de Trabajadores, Asociación de Magistrados del Uruguay, diarios El Popular y Crónica, Grupo de Teatro El Galpón y Servicio de Paz y Justicia(SERPAJ)

3)      Proyecto de regulación del Servicio de Ampara}

4)      Proyecto de  modificación de integración de los Entes Autónomos

5)      Proyecto de creación de la Oficina del Registro Civil

6)      Rehabilitación de los medios de prensa clausurados en los últimos 11 años.

7)      Supresión de la DINARP y creación de la Secretaría de Información de la Presidencia.

8)      Derogación de las disposiciones que trababan el ejercicio de la actividad periodística.

Esta fue la gran tarea del gobierno curiosamente soslayada por la Historia reciente con cierta interpretación segmentada. El nuevo gobierno dejó de lado lo acordado en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) dando paso a lo que se llamó “ gobierno de entonación nacional” con una serie de trabajosos acuerdos, limitados pero racionales y operativos con el Partido Nacional, cuyo líder era en ese entonces Wilson Ferreira Aldunate. Este acuerdo se consolidó mediante la presencia en el gabinete y en otros cargos públicos importante con figuras de origen nacionalista a título personal pero con el respaldo del Partido, entre ellos vale la pena recordar al Canciller Enrique Iglesias. También se le otorgó seis cargos de dirección en Dependencias del Estado al Frente Amplio, indudable reconocimiento del batllismo al incorporar a la izquierda en el esquema de fiscalización del nuevo gobierno. Por lo tanto era un gobierno de partido minoritario pero con un inteligente mecanismo de gobernabilidad sostenida con arduas y permanentes negociaciones en los más variados asuntos. Se realizaron con frecuencia “reuniones de cúpula” y el principal objetivo era consolidar la transición democrática que se complica cada vez más con la denominada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que fue votada en el Parlamento en diciembre de 1986. Además de las medidas y de los problemas políticos se lograron otras como las medidas de un Plan de Complementación Alimentaria entregándose canastas de alimentos a las familias con problemas económicos, planes de desarrollo de la cuenca arrocera. El plan de Desarrollo de las Ciencias Básicas en cooperación con la Universidad. Se iniciaron las obras de reconstrucción del SODRE. Se aprobó el Código General del Proceso, se logró la automatización de todas las estaciones telefónicas del país. Se reestructuró el sistema de Enseñanza creándose la ANEP y los Consejos desconcentrados. El CODICEN lo presidió el prof.  Pivel Devoto que instrumentó el Ciclo Básico. Se creó el Centro de Diseño Industrial y muchas obras más que el Partido Colorado no sabe ni supo defender como realizar de claro cuño batllista y que cumplió el principal objetivo. Llevamos al país a las primeras elecciones totalmente libres desde 1971, y las primeras sin ninguna crítica desde 1966. El batllismo cerró un paréntesis iniciado 15 años antes en una  de las páginas más oscuras de la historia política del Uruguay. El vicepresidente durante todo este período fue el Dr. Enrique Tarigo que al preguntársele como se había logrado la transición en un momento tan complejo sostuvo: “el Partido Colorado, no se agota en su concepción liberal, sino que es el cimiento sobre el cual edifica sus concepciones en materia política, social, económica. En el programa del Partido que lo cumplimos absolutamente se sostiene que en "el siglo XX y fundamentalmente por obra de José Batlle y Ordóñez, a los rasgos tradicionales del coloradismo (o sea el liberalismo político) se fueron sumando otros que define el perfil actual del Partido" y los enumeró:

1- Su vocación democrática: en el Estado, en el Partido, en la Sociedad Civil y en los planos cultural, económico y sindical.

2- Su voluntad reformista: el orden social vigente conlleva injusticias y debe ser profundamente transformado buscando una efectiva igualdad de oportunidades en  el punto de partida para que cada uno desarrolle libremente sus capacidades sin privilegios heredados.

3- Su jerarquización del Estado:  para ejecutar un proyecto solidarista, orientando con una propuesta deliberada los diferentes sectores de la actividad. No para sofocar la iniciativa privada, cuyo dinamismo la hace indispensable para el desarrollo, pero sí para informarla y orientarla ajustando su actuación al interés general.

4- El nacionalismo batllista: que no se confunde con la hueca exaltación de folklorismos ni con irracional hostilidad a lo extranjero sino que propugna la legítima y sensata defensa de lo nuestro en un mundo en el cual los demás defienden lo suyo.

5- Nuestro latinoamericanismo: porque nacionalismo no es aislacionismo y la integración de los países latinoamericanos es necesaria para nuestra plena realización como comunidad nacional.

Finalmente el Dr. Tarigo concluye: " diría que el Partido Colorado a influjos del batllismo, es hoy, un Partido profundamente liberal en lo político y social-demócrata en lo económico y social. Este segundo rasgo surge claramente de esa voluntad reformista y de esa jerarquización del Estado que no puede ser, desde nuestro punto de vista, ni el ogro filantrópico de las dictaduras más o menos totalitarias, ni el mero arbitro de la contienda social dedicado a marcar los tantos de cada uno de los sectores partícipes del quehacer colectivo como querrían los liberales en materia económica, los liberlistas como los llamaba Benedetto Croce para marcar la diferencia conceptual entre liberalismo político y liberalismo económico"

Y se cumplió, se entregó el gobierno luego de elecciones absolutamente libres.

El Estado batllista impulsor del progreso conciliando la economía y la sociedad.

En mi reciente viaje a Europa conseguí la traducción en español del libro de Francis Fukuyama titulado “Orden y decadencia de la política” Deusto, grupo Planeta Barcelona 2016. En el mismo establece con claridad que un sistema político se basa en el equilibrio entre Estado, derecho y responsabilidad y en las necesidades morales de toda sociedad. Y avanza en la concepción clásica de que todas las sociedades necesitan Estados capaces de generar suficiente poder como para defenderse de problemas externos o internos y sobre todo con la capacidad de imponer el cumplimiento de las leyes acordadas de modo general a través de la Constitución. El objetivo es, sin dudas, regularizar el poder mediante la ley para asegurar de que se aplique a todos los ciudadanos sin ningún tipo de privilegio. El principio de legalidad, además, resulta imprescindible para lograr el desarrollo económico, sin derecho de propiedad claros y sin la imposición del cumplimiento de los contratos es imposible el desarrollo de empresas que inicialmente se sostienen en la confianza. Todo esto, finalmente se consolida en la acción política que es una de  las dimensiones básicas de la libertad que se completa y enriquece la vida de los individuos.  En nuestro país, y luego del ocaso del batllismo, vemos con claridad que hay un fuerte déficit político pero no del Estado delineado por el batllismo histórico, sino de un Estado moderno que sea competente, organizado, autónomo y vinculante con la sociedad. Cuando vemos fracasos políticos en realidad es un fracaso del Estado en llevar a la práctica las propuestas realizadas por el sistema político. Es un tema en círculos, importante pero no del discurso habitual de los votantes, o sea reflexionar sobre el Estado y el  uso eficaz del poder estatal no conmueve las inquietudes populares. El propio Luis Batlle continuador de la política originada durante el primer batllismo de un estado con empresas estratégicas y con claro objetivo redistributivo sostenía: El 26 de junio de 1948, en Salto, Luis Batlle Berres defendía el dirigismo económico y el desarrollo estratégico del Estado. “ La economía dirigida no es sino economía ordenada y en beneficio de la sociedad; no se intenta con ello destruir el principio de la libertad de comerciar para sustituirlo por  el – Estado comerciante-. Sino que es, frente a las circunstancias presentes, necesidad de reglar y dirigir la economía en beneficio de la sociedad. Esto no se ha querido comprender y se prefiere, por algunos, la libertad, sin advertir que la libertad es el desborde de los precios y una marcha rápida hacia el desorden. Si no existiera la Ancap y en nuestro país se vendiera la nafta y el keroseno y el gasoil a los precios que se cotizan en el mercado internacional…nuestro pueblo estaría pagando 18 millones de pesos más de lo que paga en la actualidad… la desaparición de las empresa del Estado podría aparejar la presencia de consorcios internacionales para dirigir nuestra industria que es nuestra y que debemos defender… somos el único país del mundo que tenemos el monopolio de los teléfonos y el monopolio del petróleo por el Estado y esto lo hemos conquistado sin tirar un solo tiro y sin realizar ninguna clase de despojo” Lo cierto es que durante el primer batllismo el incremento poblacional, el avance de los medios de comunicación y la consolidación del mercado interno permitieron el desarrollo de nuevas actividades productivas mayoritariamente urbanas. El batllismo, ya como proyecto a largo plazo, se convirtió en una síntesis política de diversos sectores sociales. La legislación laboral fue determinante para conciliar las diferentes clases sociales, desde el proletariado industrial naciente, el desplazamiento de la mano de obra rural y  además se sumaba el interés del capitalista industrial que necesitaba orden, estabilidad y legalidad. El proyecto reformista incluyó un fuerte dirigismo que durante el neobatllismo logró un gran impulso al nivel de vida. El rol estratégico de las empresas públicas era y es para el batllismo la búsqueda de nivelación destinada a favorecer una distribución más igualitaria de los ingresos: “apresurarse a ser justos es luchar por el orden y asegurar el orden”. No es nuevo y sin ánimo de aburrir podemos analizar algunos puntos de la evolución histórica sobre el rol del Estado como regulador social ya en la visión de Sangustin observamos un cambio radical: el Estado como un medio  y  no  un  fin  en  si  mismo;  para  él  el  hombre  trasciende  al  Estado.  En esta línea de pensamiento  afirmamos  que  el  Estado  existe  para  el  hombre.  Complementado  con  Tomás  de  Aquino,  quien  reconoce  que  el  fin  del  Estado  es  el  bien  común  podemos concluir que en la Edad Media se logra combinar el Estado como medio  pero también con objeto social.. Para Locke el poder debía estar limitado, dividido. Él apreciaba derechos  naturales que anteceden al Estado y que ni en el estado de naturaleza se podían  negar. El  gran  teórico  de  la  división  de  poderes  es  Montesquieu,  que  en  una  clasificación tripartita aportó la idea del poder judicial encargado de resolver las  controversias y también la idea de un bicameralismo en el poder legislativo.  No sería hasta Rousseau que se aclararía que el titular de la soberanía no  puede ser otro que el pueblo, el defendería la soberanía popular  y  resaltaría la  realización de la voluntad general como el fin último del Estado. Para  Hegel  y  su  método  dialéctico  lo  importante  sería  el  Estado  y  el  individuo tendría un papel insignificante, poco de lo que dijo es justificable hoy;  su principal aportación se encuentra en que fue ayudaría a otros a percibir que el  Estado  ha  cambiado  con  el  tiempo.  Marx  apoyado  en  esto  sostendría  que  el  Estado ni siquiera ha existido siempre y que eventualmente deberá desaparecer  pues es sólo producto de la lucha de clases, instrumento de opresión de una clase  por otra. De Lenin podemos destacar su intento por utilizar la  fuerza de grupos  sociales  que  no  estaban  concientizados  políticamente  y  de  cierta  manera  involucrarlos en el Estado. Para Weber  el  Estado  es  una  relación  de  dominación de la burocracia.  El Estado es el gran protagonista del batllismo como agente económico y como regulador. Las políticas sectoriales tuvieron un rol trascendente. Se puso el eje en las políticas sociales y en los derechos de los trabajadores promoviendo el intervencionismo cuyo ejemplo más concreto fue la política de nacionalizaciones y estatizaciones. Para el siglo XXI el desafío del batllismo es ser fiel a sus principios  de que una idea genera otra  y una reforma antecede a otra buscando adelantarse a los requerimientos de la sociedad y del progreso.

Siempre se ha discutido el modelo batllista de desarrollo realizado entre 1911 y 1930 en el cual el debate entre la diversificación productiva, proyectada y con éxitos relativos, o  la construcción de un modelo urbano con servicios y  desarrollo fuerte del sector público.  Se puede afirmar que el modelo batllista apuntaba a tres objetivos: modernizar y diversificar la estructura de producción con énfasis en la industria y la expansión de un modelo agrícola. Se debía, entonces, desarrollar el mercado interno generando un buen entorno de bienestar social y nacionalizar la economía para reducir los riesgos de la dependencia extranjera y sus crisis y euforias cíclicas. La retención de la mayoría de los recursos del país va de la mano de que las compañías extranjeras reduzcan su accionar siendo sustituidas por empresas del Estado. Finalmente redistribuir los ingresos elevando el poder adquisitivo de la población y universalización el acceso de la población a bienes y servicios.

Desde el punto de vista económico el batllismo planteaba:

1) Modernización de la ganadería y expansión de la agricultura de forma combinada.

2) Desarrollo de la industria manufacturera nacional sustituyendo las importaciones.

3) Expansión de servicios en las finanzas, los transportes, comunicaciones, turismo, enseñanza y salud.

4) El incremento de la participación del Estado en los aspectos productivos y comerciales.

5) Reforma fiscal con el objetivo de estabilizar y aumentar la recaudación del Estado con el objetivo  de una mejor redistribución. También desconcentra la propiedad de la tierra. (georgismo)

Siguiendo a Benjamin Nahum el Estado para el primer batllismo tenía estos componentes: “La idea básica era que el Estado representaba a toda la sociedad y por encontrarse por encima de todas las clases sociales debía no solo arbitrar sus disputas, sino también impulsar su progreso mediante un crecimiento sostenido de la economía. Esa finalidad social era lo que daba derecho al Estado para -invadir- el campo de la actividad económica privada, desde que - el interés general- era superior al particular de las empresas”. El propio ministro José Serrato sostenía en 1911 que “ los monopolios constituirán un poderoso recurso fiscal a fin de que las cargas nuevas no contribuyan a hacer más desigual la distribución de la riqueza”

El problema latente será la relación entre el desarrollo político y el fantasma del clientelismo y la corrupción. 

Corresponde ahora hacer referencia a Francis Fukuyama en su obra “Origen y decadencia de la política” (Deusto, 2015, pág. 261) que cita a Ernest Gellner: “ Una sociedad que vive para el crecimiento tiene que pagar necesariamente un determinado precio . El precio del crecimiento es la innovación permanente. La innovación permanente a su vez, presupone una incesante movilidad ocupacional, tanto entre generaciones como en ocasiones, en el curso de una vida(…) el perfil general de una sociedad moderna es ser alfabetizada, con movilidad social, con cultura compartida, homogénea, trasmitida por la alfabetización e inculcada desde la escuela…” Ese fue el Modelo batllista de desarrollo, y debe ser el motor ideológico en el siglo XXI.