Uruguay 1985. La entonación nacional y el cambio en paz.
Al comienzo del cambio político fundamental marcado por el
retorno a la democracia y con una expectativa muy grande por parte de
todos los ciudadanos el nuevo gobierno liderado por los Doctores Julio María
Sanguinetti y Enrique Tarigo conforman su equipo de gobierno. La filosofía para iniciar el trabajo estaba centrada en el
concepto “ entonación nacional”. Entonces se designó a:
Ricardo Zerbino en
Economía y Finanzas, Hugo Fernández Faingold en Trabajo y Seguridad Social,
Jorge Sanguinetti en Transporte y Obres Públicas, Roberto Vazquez Platero en
Ganadería, Agricultura y Pesca, Adela Reta en Educación y Cultura y en forma
transitoria también en el Ministerio de Justica que sería eliminado. Todos
integrantes de la lista 15. Carlos Manini Riós Colorado independiente en
Interior y Carlos Pirán en Industria de filiación pachequista. Juan Vicente
Chiarino de la Unión Cívica en Defensa Nacional. Raúl Ugarte Artola blanco no
wilsonista, Enrique Iglesias independiente cercano al wilsonismo que incluso
pide autorización a Wilson Ferreira Aldunate para aceptar el cargo. Uno de los
primeros decretos realizados el 1 de marzo de 1985 fue la creación de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) nombrando como su directo a Ariel
Davrieux.
Podemos aventurar la idea que con este primer equipo durante
la restauración democrática post dictadura se inicia una larga transición de
una agenda reformista que fue consolidando hasta nuestros días una rica
conceptualización del valor de la democracia en nuestro país. Cuando el 1 de marzo de 1985 asume el Dr. Sanguinetti
sus medidas iniciales fueron la búsqueda de niveles de cooperación entre el
gobierno y la oposición. Nada nuevo, desde fines del siglo XIX fue una política
relativamente habitual entre los partidos o sectores del nacionalismo y el
coloradismo. Por cierto que la realidad en 1985 era de una magnitud diferente a
procesos anteriores, incluso el proceso de llegada a la democracia fue muy
trabajoso, con negociaciones muy complejas y visiones distintas entre los principales
partidos tradicionales que llevaron a una salida con candidaturas y liderazgos
proscriptos. Entre los variados temas a resolver estaban presentes el tema de
los presos políticos, la amnistía, los delitos militares, las violaciones a los
derechos humanos, la reincorporación de miles de funcionarios públicos
destituidos arbitrariamente, la reconstrucción de todos los ámbitos públicos de
debate en libertad y la política exterior del país. Pero no solo aspectos
políticos, la economía obligaba a un manejo casi ajedrecístico entre el pago de
las obligaciones de las deudas internas y externa y las políticas sociales. En lo interno las
luces rojas encendidas se referían al desempleo, a la caída del salario, al
ajuste recesivo luego de la caída del modelo de la “ tablita” que cambia el modelo de política cambiaria a
partir de 1982. Las medidas reparatorias claves tuvieron rápida sanción en el
Parlamento sobretodo en la regularización de la legalidad de organizaciones
políticas y sociales, se aprueba la ley de amnistía para los presos políticos,
se facilita el retorno al país de los exiliados. Hubo momentos dramáticos
cuando los jueces comienzan a llamar a los juzgados a los militares con
acusaciones de violación a los derechos humanos. El problema era que si no se
presentaban se incurriría en desacato con la consecuente ruptura institucional.
Se dejaron sin efecto las acusaciones que tenían Wilson Ferreira Aldunate, Juan
Raul Ferreira Sienra, C/N Homar Murdoch, Carminillo Mederos, coronel Walter
Malan y C/N Bernardo Piñeyrúa. Se anularon todas las clausuras de diferentes
medios de prensa y se les devuelve a las instituciones culturales los bienes
que habían sido confiscados. Se suprime la categorización de los ciudadanos en
A,B y C y se restituyen todos los destituidos por razones políticas con
restitución de los haberes y su carrera funcinal. Se devuelve al Poder Judicial
el predio destinado a la construcción del Palacio de Justicia, hoy casa de
gobierno en la Plaza Independencia. Y el batllismo reinstaura los Consejos de
Salarios que desde 1942 establecia la negociación entre las partes para logra
un gran acuerdo social a través del salario. Se restablecen las relaciones
diplomáticas con Venezuela y Cuba y otros países del Caribe. El problema
militar tenía varios frentes, uno de desarrolla a partir del 8 de marzo de 1985
cuando el Poder Ejecutivo devuelve el grado de general a Liber Seregni y Victor Licandro, anulando el procedimiento de
tribunal de honor por el cual fueron
degradados. Fue el desencadenante de las primeras fricciones con los militares
que argumentaban que esa postura del Poder Ejecutivo afectaba a los Tribunales de Honor una
institución que tenía gran legitimidad dentro de las Fuerzas Armadas.
El propio
Sanguinetti en una entrevista se refiere al tema recordando un dialogo con las
jerarquías de Ejército: “ Esto se lo expliqué muchas veces al general Medina y a todos los generales más
allegados. Yo les decía: para Uds, Seregni es un traídos, y yo puedo entender
que Uds. Lo sientan así. Pero ustedes se dan cuenta que es una pasión demasiado
particular, demasiado sectorial, demasiado corporativa para que los demás la
tengamos que asumir. Nosotros tenemos que mirar las cosas en el plano político
y en ese, evidentemente, las cosas son totalmente distintas. Seregni es un
hombre que, equivocado o no, siguió un camino político, pero ni es un comunista
vendido a la KGB, ni es un infiltrado espía soviético, ni nada de esas cosas
que ustedes presumen, o aunque no presuman, lógicamente actúan como si así fuera…”(Entrevista
con Diego Achar citado por Maiztegui. Orientales 5, pp 17). La visión del
batllismo era la defensa y la relegitimación de la institución militar. En
forma simultánea al tratamiento del tema militar el 1 de marzo el Poder
Ejecutivo envía al Parlamento el Proyecto de Ley de amnistía “para los delitos
cometidos por las organizaciones subversivas, delitos políticos y conexos,
exceptuando los de sangre” luego de algunos cortocircuitos y modificaciones
surge la Ley de Pacificación Nacional número 15737 cuyo artículo 1 sostenía:
Decrétase la aministía de todos los delitos políticos comunes y militares
conexos con éstos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Respecto a los
autores y coautores de delitos de homicidio intencional consumados, la amnistía
sólo operará a los fines de habilitar la revisión de las sentencias en los
términos previstos en el artículo 9 de esta ley” Posteriormente durante el
invierno de 1986 se trata de solucionar el problema de desacato militar se
envía un proyecto de ley procurando la amnistía a los militares. Los militares
no aceptaron esta propuesta debido a no creer que necesitasen una amnistía por
haber realizados tareas encomendadas por
el sistema político a comienzos de la década de 1970 y por el contrario
pretendía un reconocimiento por la tarea cumplida.
Entre muchas tareas de
pacificación, reinserción internacional y los lógicos reclamos de varios
sectores, algunos se mantienen hasta hoy en referencia a los desparecidos, la República logró las plenas libertades, una
mejora sustancial en la recuperación económica, y la rotación de los partidos
en el gobierno. Se había logrado el cambio en paz. Y eso no fue poco.
Ver:
Maiztegui,L. Orientales 5. Planeta 2010.
Rilla, J. La restauración Democrática. Medio Siglo de Historia
uruguaya, EBO 2012.Pp.111 y Ss.
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