Por Javier Súarez (*)
Las barras y corredores de la Cámara de Senadores estaban colmadas el 15 de febrero de 2005. El bullicio repiqueteaba la sobria madera del recinto. De acuerdo a la Constitución de la República era el momento asignado para dar comienzo a nuevo período legislativo.
La acumulación de expectativas que supo cosechar el Frente Amplio desde su fundación -en 1971- y el desgaste en el gobierno de los partidos tradicionales hizo eclosión en los comicios de 2004 cuando la fórmula presidencial de la coalición de izquierda, Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin Novoa, obtuvo el triunfo en primera vuelta. Pudo ser antes, sin embargo, el novel balotage posibilitó la foto de Jorge Batlle con la banda presidencial.
Según las disposiciones vigentes, hasta que tomara posesión del cargo el Vicepresidente de la República, presidiría la Asamblea General el primer titular de la lista más votada del lema ganador. Del mismo modo, al inicio de la primera sesión se debía tomar juramento a cada uno de los senadores electos. Las urnas quisieron que la responsabilidad recayera en José Mujica.
En las calles el gentío abrazaba sus banderas y avivaba el nombre de sus líderes partidarios, mientras Mujica, prosiguiendo con el solemne acto, se dirigió a Julio María Sanguinetti, Diputado en sus comienzos, Ministro en los gobiernos de Pacheco Areco y Juan María Bordaberry respectivamente, electo Presidente de la República en dos oportunidades.
Sin perder oportunidad el ex mandatario consideró la actuación del ex guerrillero en el sistema democrático como la culminación del proceso de apertura democrática que transitó el país entre 1984 a 1985. Y a continuación dijo, “tanto el senador Mujica como muchos de quienes hoy son sus compañeros estaban presos". "Se comenzó el cambio en paz". "Pasado el tiempo, con todo el mundo en la vida cívica, ahora hay paz, salud institucional y fluidez en el diálogo”.
Luego de la pregunta esperada se oyó “Sí juro”. Los aplausos no se hicieron esperar. Siguieron con el juramento Jorge Saravia, Víctor Vaillant y Mónica Xavier. Pero aún faltaba uno. De inmediato el líder del MPP abandonó la presidencia sin antes decir: “La vida hace estas zancadillas". "Hemos pasado una vida y el juego es este". "Ni el mayor novelista pudo haber pensado estas cosas". "Compañero del alma –dirigiendo su mirada al senador Eleuterio Fernández Huidobro- de todas las horas: ¡tómeme el juramento!”.
Cinco años más tarde se redoblaría la puesta. El Batallón Florida -la misma repartición militar que lo encerró en el pasado por sedición- lo recibía como nuevo mandatario de la República al tomar posesión del cargo en presencia de la Asamblea General. Atrás quedarían los enfrentamientos con la policía, las cloacas, las fugas de la cárcel de Punta Carretas, el aroma a pólvora y los trece años de reclusión.
En 1985, luego de asumir la presidencia Julio María Sanguinetti en plena restauración democrática, se votaba en el Parlamento la ley 15.737, llamada también de Pacificación Nacional, estableciendo la amnistía para todos los presos políticos , en tanto, para aquellos delitos de sangre el acto jurídico operaría “a los fines de habilitar la revisión de las sentencias”.
Como ejemplo excepcionalidad en la región, la mayoría de los tupamaros pasaron de ser contestatarios a gobernantes de turno a través de la voluntad ciudadana. En buena medida la transformación se debió a un cambio interno -como indica Adolfo Garcé- donde la perspectiva revolucionaria cedió paso a una matriz "reformista y progresista" signada por una lógica pragmática y ecléctica. De cambiar el mundo pasaron a querer arreglar la vereda.
En el marco de “este fenómeno electoral inusual” la evolución del MLN -dice el politólogo- “desde fines de los años sesenta hasta comienzos del siglo XXI es un caso extremo de cambio político profundo y adaptación partidaria exitosa”. El propio Mujica al renunciar al MPP en las elecciones internas de 2009 subrayó con su peculiar estilo lo siguiente: “En este oficio de la política se camina si uno tiene alma de cebolla y se va envolviendo en una capa hoy y otra mañana". "El MLN, el MPP, el Espacio 609 y el Frente Amplio han sido mis capas sucesivas". "En cada paso fui dejando parte de mis ideas anteriores y mezclándolas con las de los otros". "A veces, porque eran mejores que las mías y a veces simplemente para conciliar y seguir adelante de la mano.”
Mucho se ha escrito -para algunos en exceso- sobre la más importante guerrilla urbana uruguaya de los años sesenta y principios del setenta. Su prisión, el antes y el después. No obstante, varias preguntas quedan en el tintero. En la búsqueda de algunas respuestas, aún encontrándolas, semejante temática inhabilita la pretensión de agotar la discusión.
Tampoco procuramos redundar sobre lo ya estudiado salvo aquellos aspectos que ilustran como un grupo de hombres y mujeres transitaron por el sendero del Penal a la Libertad. En definitiva, la interrogante que subyace es: ¿Cómo salieron de la cárcel los tupamaros?
Las alternativas fueron varias. Al principio todas ellas clandestinas y en penumbras, para alcanzar, luego de finalizadas las sentencias militares para algunos, la legal, definitiva -y paradójicamente la menos estudiada por desinterés, picardía u olvido- para otros: la ley de amnistía de 1985. No fue la primera. En 1974 Juan Pivel Devoto producía -sin que se publicase hasta 1984- "La amnistía en la tradición nacional", obra de un exhaustivo análisis del tema en la historia del Uruguay.
Precisamente cuando el pueblo dijo NO a la reforma constitucional impulsada por los militares en 1980, las elecciones internas de los partidos políticos en 1982, la intervención de Manuel “Maneco” Flores Mora reclamando con su “pobre voz” la amnistía de los presos políticos en la Convención colorada, las movilizaciones del reciente Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), el "Obeliscazo" de 1983, el Pacto del Club Naval en 1984, las elecciones nacionales, el acto de Wilson Ferreira en la explanada Municipal, la instalación del Parlamento con la aprobación de la ley de amnistía, la apertura de las rejas -no solo para los tupamaros- sino para varias decenas de personas recluidas también en el Penal de Libertad y Punta de Rieles; en todas y cada una de las instancias éramos apenas unos niños garabateando dibujos en hojas multicolores. Fuimos, en su mayoría, ajenos a todo y a todos. La ausencia de memoria, lejos de obstaculizar la tarea, nos alienta a continuar profundizando en nuestro pasado reciente a efectos de aproximarnos a una dimensión que la distancia generacional nos negó.
Aunque resulte curioso, no se busca, ni es, un relato de los tupamaros a pesar de que por momentos sea ineludible su mención. Si es, en cambio, la aventura de toda una sociedad que procuró por todos los medios posibles, de acuerdo a las responsabilidades y convicciones de cada uno, instaurar una política de inclusión al pretender suturar las heridas de un país desgarrado por los desencuentros y las insalvables diferencias de antaño.
Las persistentes llagas, a pesar de todo, pertenecen a otra historia no menos importante. En este caso, nuestras preferencias apuntan a una cara de la moneda: El domingo 10 de marzo de 1985 eran liberadas las primeras personas, entre ellos el actual Presidente de la República. Con el pasar de los días decenas de reclusos y reclusas dejaban atrás los centros de reclusión hasta que, a las 20:00 horas del jueves 14 de marzo, cuatro horas antes del vencimiento del plazo legal, fueron liberados los últimos presos políticos.
Lo cierto es que para todos fue claro e inconsiliable tener en un sistema democrático personas privadas de su libertad por "delitos cometidos por móviles directa o indirectamente políticos", o bien, "delitos comunes y militares conexos con delitos políticos". Así lo entendió el Dr. Julio Maria Sanguinetti en 1985. Éste propuso conformar un gobierno nacional, abogando por la pacificación del país a través de la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la reparación de los destituidos.
El flamante Presidente no era ningún improvisado en el tema. La colectividad política a la que pertenecía venía discutiendo el tema desde hacía mucho tiempo, especialmente luego de las elecciones internas de los partidos políticos del 82. La Convención, órgano deliberativo por excelencia, comenzaba a ser testigo de acalorados debates y oratorias magistrales.
Fue en abril de 1983, cuando en la Convención Colorada se escuchó la moción presentada por la CBI -Corriente Batllista Independiente- a través del convencional Víctor Vaillant, quien le pidió al Partido manifestar “su compromiso para propiciar la amnistía de todos los delitos de motivación ideológica”.
Tarigo, a la postre Vice-Presidente, en su publicación “Opinar” trató el tema y dijo que tanto él como su agrupación proponían una solución distinta al sostener “la tesis contraria a una amnistía general e indiscriminada".
La moción no contó con la unanimidad necesaria pero tuvo un apoyo de realce en Manuel Flores Mora. “La palabra amnistía -dijo- no es una palabra más". "Es el secreto del reencuentro del país consigo mismo". "Mal nacido el que no lo desee". "Lo digo yo que nací en un país donde sólo iban presos los ladrones, aquellos que juzgados por la Justicia ordinaria habían contravenido los tipos que la ley establece". "Es la amnistía donde todos nos reencontramos". "No hay un solo proceso en América ni en el mundo que saliendo de una dolorosa situación de hecho como la que vivimos haya llegado a la plena libertad sin atravesar un día por la palabra amnistía”.
(…) “Esta pobre voz mía, hoy se ha levantado en toda la República para defender al Partido Colorado, no podía irse a la tumba sin recogerla de la boca de los muchachos y pronunciarla a gritos”, enfatizó “Maneco”. Y a continuación exclamó: “Adelante con la amnistía". "A imponerla, en la fraternidad, en el perdón, en la igualdad de todos”.
“Porque si Artigas quería clemencia para los vencidos, los colorados que vencimos a Oribe en la Guerra Grande dijimos que no había vencidos ni vencedores y Don Pepe después de la guerra del ‘04 proclamó la igualdad de todos los que habían peleado siguiendo el mandato de sus corazones en el no siempre camino del deber, como dijo el mismo Batlle”, sentenció el incansable dirigente batllista.
Por su parte, en un discurso pronunciado por la red nacional de radio y televisión, en Enero del 85, Sanguinetti consideraba que la liberación de los presos debía hacerse sin que la sociedad dejara de tener presente que la violencia, o tan sólo su prédica, “solamente favorecen a fascistas y golpistas". "De nada sirve una actitud generosa si por el costado estamos dejando de señalar que nadie -por razón alguna- tiene derecho, dentro de una democracia, a actuar por medio de la fuerza y a sustituir el voto popular por el lenguaje de la pistola”. En ese sentido, el líder colorado profundizaba su pensamiento, si quedaban algunas dudas, declarando que, “no somos partidarios de una amnistía general e irrestricta, porque no creemos que borrando los delitos indiscriminadamente, el país asumirá claramente la conciencia de que la violencia en una democracia es un recurso nefasto y reaccionario y que nadie que la haya usado merece plácemes de la sociedad”.
Del mismo modo y sin entrar en contradicciones, “el paso de 11 años durísimos y de una situación carcelaria anormal, hacen imprescindible que la sociedad asuma un tratamiento especial con aquellos que, aun habiendo cometido delitos graves, han sido sometidos a una expiación ajena a nuestras leyes y costumbres”, aseveraba.
Continuando con la democratización de las instituciones estatales, el primer parlamento constitucional, luego del golpe de Estado del 73, sin perder tiempo reclamaba en su primera sesión la libertad de todos los presos políticos. Sin embargo, pese a su contenido filantrópico, careció de uniformidad de criterios en su aplicación; estaban aquellos que reclamaban una amnistía “general e irrestricta”, y otros que hablaban de una amnistía “amplia y generosa”.
La corriente mayoritaria del Partido Nacional y el Frente Amplio proponían similares proyectos de amnistía general e irrestricta. Los mismos, luego de ser unificados, fueron aprobados posteriormente por la Cámara de Diputados. El gobierno, simultáneamente, había presentado su propio proyecto de pacificación, el que también incluía la amnistía. Aprobado el proyecto de frentistas y nacionalistas, Sanguinetti cuestionó la decisión e insistió en buscar una solución negociada a efectos de evitar un eventual choque de poderes, adverso para un sistema que comenzaba a recomponer sus cauces democráticos.
Por tales efectos, una comisión senatorial integrada por los colorados Carlos W. Cigliutti y Pedro Cersósimo, los blancos Gonzalo Aguirre y Uruguay Tourné y los frentistas Hugo Batalla y Germán Araújo, así como la Ministra Dra. Adela Reta, comenzaron el análisis de una salida consensuada respaldada por los acuerdos políticos.
Finalmente las negociaciones resolvieron la cuestión de fondo; la rápida liberación de todos los presos. La mayoría de ellos a través de la amnistía y los restantes al computárseles tres días por cada uno pasado en prisión, previo pase a la Suprema Corte de Justicia.
Ambos, oposición y gobierno, lograrían sus objetivos; los primeros supieron efectivizar la excarcelación de todos los presos en un lapso breve, el segundo preservando el “deslinde moral entre las situaciones ordinarias con la de aquellos que cometieron homicidio”.
El primer grupo de reclusos quedó en libertad, luego de abrirse las puertas del Penal de Libertad y de Cárcel Central, en menos de 48 horas de aprobada la ley en el senado y promulgada por el Ejecutivo. Un artículo publicado en Búsqueda por aquella época ilustra la situación: “La solución, es obvio, es una muestra de pragmatismo y de responsabilidad de la clase política que percibió que las cuestiones esenciales eran la rápida liberación de los reclusos y la necesidad de superar esta instancia afirmando el clima de concertación y evitando enfrentamientos inconvenientes al propósito de afianzar la pacificación nacional”.
Era el primer capítulo de una obra de larga duración. En 1989, y también en 2009, se abría el segundo episodio: la ley de caducidad. A través de un referéndum se ponía “punto final” al revisionismo judicial durante el gobierno cívico-militar, exceptuando lo dispuesto expresamente por la ley. La ciudadanía afirmaría su voluntad y la ratificaría en una segunda instancia; prefería la paz ante cualquier otra cosa. Muchos lo entendieron así. Otros tantos no.
Edil (s) Vamos Uruguay. Docente
Revisión y adaptación de un artículo publicado en La Libertad
