Los precios al consumo. El rol del Estado. Una aproximación.

Los precios al consumo y el rol del Estado. Una breve aproximación.

El mantenimiento de la estabilidad de precios es uno de los objetivos predominantes de la política monetaria en la mayoría de los países. Dicha estabilidad suele presentarse, entre otros aspectos, como una condición necesaria del crecimiento sustentable y del fortalecimiento del poder de compra de la moneda nacional. Los efectos adversos de la inflación operan a nivel micro y macroeconómico. Los costos de búsqueda  asociados con los incentivos de los agentes de no mantener dinero en efectivo y buscar alternativas de colocación que paguen interés o signifiquen un resguardo ante la inflación. Los costos relacionados con todos los inconvenientes de los empresarios de modificar frecuentemente los precios de lista en lugar de aplicar atención y recursos en actividades más productivas e

incluso llevan a la especulación en circunstancias excepcionales como la que vivimos hoy. Históricamente, no existen experiencias internacionales que de manera clara muestren los beneficios del establecimiento de controles de precios. Por ello, resulta importante entender qué función tienen los precios en una economía y cuáles son los riesgos de controlarlos artificialmente, así como los potenciales efectos negativos para la misma población que se pretende beneficiar.

El precio es el mecanismo que permite equilibrar la oferta de servicios y productos con la demanda de éstos. Es el valor de un producto o servicio que para el consumidor tiene en términos monetarios. Es el mecanismo que permite a una empresa, que produce un bien o servicio, encontrar el nivel al que el mercado y los consumidores están dispuestos a pagar en entornos donde existe cierto nivel de competencia.

La creación de mecanismos artificiales de precio genera una afectación en la creación de utilidades de corto plazo para las empresas, lo que  termina por afectar la inversión privada, que históricamente es el principal motor del crecimiento económico futuro.

Existen otras formas de control de precios, que se refieren al establecimiento de precios mínimos, los llamados precios de referencia. Con ello se busca el establecimiento de subsidios que permitan, por ejemplo, en precios de productos agrícolas, garantizar un mínimo nivel de ingreso a los productores de ciertos bienes. Este tipo de controles también genera distorsiones importantes. Una canalización de recursos fiscales que deberían de beneficiar a toda la población apoya un grupo específico al margen de sus niveles de productividad y de la rentabilidad de su actividad. En estos casos, también el afectado termina por ser el consumidor final. Porque está comprando productos que tienen en su origen un precio artificialmente elevado. En nuestro país hay una larga historia en este rubro por ejemplo

“En setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.
El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus intereses..
Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929 coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituída en 12929, proclive a la línea política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en su momento de apogeo, quince años atrás.” (Nahum, Cocchi, Frega y Trochón – Crisis política y recuperación económica. 1930-1958. Ed. Banda Oriental. P. 15)

Los alcances de la intervención del Estado aparecen caracterizados en un editorial de “Acción” del 13/12/948: “(la intervención del Estado) en ningún momento ha querido asumir el carácter de una interferencia con actividades que también conceptuamos deben o merecen no ser desplazadas de la órbita particular” a la vez que “el espíritu de empresa del hombre debe ser estimulado”.

Sin embargo, la intervención del Estado debe alcanzar otros niveles en determinadas circunstancias: “En primer término corresponde al Estado asumir la defensa del interés general. Cuando la empresa privada desconoce ese interés y pretende aprovechar la libertad que se le acuerda con fines contrarios al mismo, el intervencionismo estatal será impuesto como un deber primordial. Si un excesivo afán de lucro, configurando incluso las formas del agio o de la especulación abusiva, atenta contra las conveniencias de la colectividad, la intervención del Estado no debe extrañar a quienes la provocan. Corresponde igualmente a esta, suplantar a los particulares allí donde el particular por desidia, indiferencia o falta de capacidad material para hacerlo no puede notoriamente llegar. Es un caso de intervencionismo constructivo y de beneficio común”.

 La Reforma Monetaria y Cambiaria de diciembre de 1959 se propuso lograr la estabilidad interna y externa del dinero y reiniciar el crecimiento económico; el fin del plan se suele fechar hacia 1963 y la devaluación de mayo de ese año. El Plan de 1968 estuvo caracterizado por perseguir la detención de la inercia inflacionaria utilizando instrumentos de shock y política de ingresos (la “congelación de precios y salarios”) para alinear rápidamente los indicadores; hacia 1972 puede darse como agotado el plan, lo que estuvo acompañado de una importante crisis bancaria y devaluación. El Plan de Estabilización de 1978 acompañó a la estrategia más general de liberalización financiera vigente en Uruguay desde 1973 y significó el establecimiento de la “tablita”; en un contexto de muy elevado déficit fiscal y fuga de capitales, el plan colapsó en noviembre de 1982, trayendo consigo una crisis financiera de carácter sistémico. Hacia fines de 1990 se implementa un nuevo plan de estabilización de precios, de carácter gradualista, basado en  variables presupuestadas y, luego, de anuncios aperiódicos de las autoridades y el establecimiento de una banda de flotación cambiaria. De hecho, el plan siguió un derrotero similar al de sus antecesores y con la devaluación de junio de 2002 se habría llegado a un nuevo fracaso en la historia de los planes de estabilización. La crisis del 2002 tiene varios puntos de análisis. Para algunos economistas se remonta a la cesación de pagos de Rusia en 1998. Esto afectó a Brasil que tuvo que devaluar la moneda el 13 de octubre de 1999. En Argentina el problema estaba en la existencia de problemas en su sistema cambiario, tenía una paridad U$S -$ quedando expuesta su política fiscal derivada de su dependencia del mercado brasilero. En el 2001 Argentina  tenía problemas con su deuda pública, y la confianza de los ahorristas se complicaba sacando ahorros. La respuesta fue congelar los retiros llamados comúnmente “corralito”. El drama se extendió a la política obligando a la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa el 20 de diciembre del 2001. Se sucedieron dos presidentes en el plazo de 10 días. En nuestro país la percepción era, como históricamente lo había sido, de algo transitorio que aumentaba el proceso inflacionario.
 La realidad era mucho más profunda: la devaluación inmediata presenta con crudeza problemas estructurales y fragilidades endémicas. El PBI tuvo un descenso del 11%. El cierre fiscal aumentó el endeudamiento bruto que estaba dolarizado en su mayoría. Esto agregaba otra debilidad hacia el sistema cambiario. Por otro lado hubo una serie de problemas coyunturales como una gran sequía que afecto al agro y a la generación de energía. Todo esto culmina con un brote de fiebre aftosa en el marco de negociaciones de venta de carne a los Estados Unidos. La realidad era que se trataba de una crisis regional con  circunstancias locales que en conjunto generaron una tormenta perfecta. 

Si las elecciones de 1958 habían determinado un primer intento de cambiar al país provocando la rotación de partidos en el poder, las elecciones de 1966 marcaron aun con más fuerza ese sentimiento, no solo con una nueva rotación partidaria sino también con una nueva Constitución.

La visión liberal del Dr. Jorge Batlle durante su presidencia y a pesar de la gran crisis  que enfrentó, derrotó la visión intervencionista y de contralor histórica del batllismo.

Es claro que los gobiernos desempeñan un papel importante en el control de las élites y en generar una justa, o por lo menos lo más justa redistribución  de la riqueza. Quizás el primer paso es la igualdad ante la Ley. Desde el punto de vista económico, los liberales desde Locke a Hayek siempre se mostraron reacios a una distribución forzada de la riqueza obligada por el Estado. Y durante la crisis del Corona Virus Lord Keynes vive y lucha con la intervención del Estado y en los acuerdos de precios promovidos por el equipo económico actual.