Presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle, 1990-1995. Aspectos económicos.

 

Presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle, 1990-1995. Aspectos económicos.

 

Su administración se inicia en un marco de grandes desequilibrios macroeconómicos:

1)      Un déficit fiscal elevado y ascendente que en 1989 había llegado al 6,4% del PBI.

2)      Inflación elevada, cercana al 100% en ascenso.

Estos dos desequilibrios estaban agravados por la aprobación de una reforma constitucional que determinaba que los ajustes de las pasividades serían equivalentes a los que les correspondieran a los trabajadores del Gobierno Central y se debían realizar con la misma frecuencia, lógicamente implicaba un gran aumento del gasto público. El impacto de esta reforma alcanzaba al 1,5% del PBI. La respuesta fue un fuerte ajuste fiscal. En marzo de 1990 las nuevas autoridades del equipo económico eran: Cr. Enrique Braga como Ministro de Economía, el Dr. Ramón Díaz como presidente del BCU y el Cr. Conrado Hughes como director de la OPP. El eje del programa económico se enfocaba en

reformas del sector público, la seguridad social y el sistema impositivo. Por lo tanto fue un gobierno de fuerte visión liberal que adhería profundamente a los principios del Consenso de Washington. Ese consenso de basaba en una serie de recomendaciones que incluía la gestión privada de los medios de producción, libertad de mercados, disciplina fiscal e inserción de la economía en los mercados mundiales. Por lo tanta era imprescindible la liberalización de los flujos comerciales y financieros. Se sostenía que las economías latinoamericanas no recuperarían su crecimiento sin realizar profundos cambios en el modelo económico de desarrollo. El objetivo, entonces, era liberalizar los merados y la disminución de la intervención del Estado en la economía para facilitar la eficiencia del sector productivo. Eran las propuestas impulsadas por los organismos internacionales como el FMI, el BM y el BID. En resumen se postulaba que los sectores exportadores sería la cadena de arrastre para dotar a la economía de las divisas necesarias para lograr el crecimiento. Para lograrlo era necesario hacer profundos cambios estructurales que la región también llevaba adelante por los presidentes Menem de Argentina y Collor de Mello de Brasil. Podemos ver dos etapas de implementación del programa económico de la administración Lacalle:

1)      Desde el comienzo de la administración hasta setiembre de 1990. Esta etapa se caracterizó por un fuere ajuste fiscal y un plan de estabilización a través de una política monetaria y fiscal restrictiva con el objetivo de estabilizar la economía y bajar la inflación. El plan fracasa.

2)      En octubre de 1990 se inicia un nuevo plan de estabilización gradualista basado en un tipo de cambio que seguirá durante todo el resto del período de gobierno.

La política comercial fue aperturista y en el ámbito regional la firma del MERCOSUR dio inicio a un proceso de reducción de aranceles con los socios comerciales. Con los aranceles del resto del mundo se disminuyen hasta alcanzar tres niveles: 6%, 15% y 20%. La política cambiaria definió una banda de amplitud equivalente a un 2,5% de la cotización o sea que el límite superior estaba 1,25% por encima de la cotización y el límite inferior 1,25% por debajo. En 1992 se amplió a un 7%. El BCU permitía que la cotización del dólar fluctuara libremente dentro de los límites establecidos por la banda pero siempre que no superara los límites superior e inferior de la banda fijada. El BCU actuaba vendiendo o comprando dólares para mantenerlo dentro de los límites. Por parte de la autoridad económica se entendía que la inflación era desencadenada por el déficit fiscal. El ajuste fiscal de 1990 implicó:

1)      Elevar el IVA de 21% a 22%

2)      Elevar las tasas del IRP del 1% a 3,5% para salarios inferiores a 3 salarios mínimos, de 2% a 5,5% para salarios entre 3 y 6 salarios mínimos nacionales y del 7,5% para salarios superiores.

3)      Elevar los aportes patronales y los aranceles y eliminar las devoluciones de los impuestos indirectos a las exportaciones.

En lo referente a la política salarial el gobierno deja de convocar los Consejos de Salarios y la negociación se convirtió en bilateral entre trabajadores y propietarios. En el ámbito público los reajustes continuaron fijándose unilateralmente.  Se modificó la política de contratación de funcionarios públicos y se promovió la política de retiros incentivados del Estado. Todas estas políticas tuvieron una fuerte resistencia sobretodo la reforma de la seguridad social y la política de privatizaciones. En el caso de la reforma jubilatoria la misma implicaba un aumento en los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación y una disminución de la jubilación que pasaba de un 75% a un 50%. Este proyecto naufragó en el parlamento y se convirtió en la primera derrota de l gobierno. En cambio la política de privatizaciones pasa con éxito la discusión parlamentaria promulgándose la Ley de Empresas Públicas. Con esta Ley se lograba vender parcialmente las Empresas del Estado quedando solo en su poder una porción minoritaria de los paquetes accionarios y cediendo la gestión a los socios privados. Esta ley fue objeto de un fuerte debate que culminó con el rechazo de su entrada en vigor por parte de la ciudadanía a través de un plebiscito llevado adelante en diciembre de 1992. Por lo tanto las principales iniciativas llevadas adelante por el gobierno tuvieron un alcance limitado logrando la desmonopolización parcial del mercado de seguros automotores, la venta total de la Compañía del Gas y la venta parcial de Pluna. Durante el período la distribución del ingreso se mantuvo estable. La pobreza y la indigencia descendieron debido al crecimiento de la producción y la baja de la inflación.