Los dos demonios. Una aproximación.

 

Los dos demonios. Una aproximación.

La teoría de “Los dos demonios” fue explicada por el Dr. Julio María Sanguinetti en el libro “El Revés de la Trama. -la historia secreta de la salida de la dictadura”:

“Si uno mira en perspectiva, no hay ninguna duda de que la guerrilla fue la causa circunstancial del golpe. El encadenamiento de los hechos que condujo a esa situación sin ninguna duda está vinculada al tema de la guerrilla. Es la que cambia el rol tradicional de nuestras Fuerzas Armadas, y las introduce en un escenario político. Y al dejarlas ganadoras de la escena, estableció las bases sustentativas del desequilibrio. Las legiones romanas no eran problema cuando perdían, el problema era cuando volvían vencedoras a Roma” y luego durante un seminario en el palacio Legislativo, en el año 2008 sostuvo:

“no tiene sentido afirmar, como se ha hecho, que el fenómeno subversivo nació como respuesta al autoritarismo dictatorial, que como es notorio sobrevino en 1973(…) desde la prisión de su líder, Raúl Sendic, en setiembre de 1972, las acciones subversivas virtualmente habían desaparecido. Su invocación, entonces, no justifica el golpe militar, resultante de una involución cívica en el pensamiento de los mandos militares de la época. Sin la salida de las Fuerzas Armadas al escenario de combate, luego de la fuga del penal de Punta Carretas, nada es comprensible y ese paso sólo se explica por la acción guerrillera, causa de la salida institucional” y continúa: “…en nuestro medio está de moda descalificarla por no aceptarse que la represión estatal pueda compararse con la violencia guerrillera. Se ve al llamado terrorismo de Estado como algo éticamente diferente al terrorismo insurreccional”

Siguiendo, ahora, a Marina Franco: “La “teoría de los dos demonios” es hoy uno de los enunciados políticos y memoriales referidos al pasado de violencia política de los años setenta del siglo XX de mayor fuerza y circulación en la Argentina. Es frecuente encontrarlo en la prensa, en la voz de actores políticos sensibles al pasado de terrorismo de Estado, en grupos cercanos a la militancia por los derechos humanos, en el propio discurso gubernamental y, en general, en el espectro político e intelectual de lo que se suele denominar muy genéricamente “progresismo”. Sin embargo, “la teoría de los dos demonios” nunca fue enunciada como tal, ni en términos positivos bajo esa denominación; no existe como un corpus de ideas y ningún grupo se reconoce como autor o promotor de ella. Más aún, la definición o el contenido de dicha “teoría” varía según quien utilice esa denominación y su uso siempre es crítico-sancionatorio. En otros términos, sólo se refieren a la “teoría de los dos demonios” aquellos que están interesados en su crítica y cuestionamiento…”(Marina Franco Universidad Nacional de San Martín/IDAES/CONICET) realizaremos una aproximación a la teoría de los dos demonios como simple aporte a estos conceptos.

A partir de 1983, en muchos países de América Latina surgió una nueva etapa política marcada por la transición hacia la democracia y el fin de las dictaduras militares. Sin embargo, esa transición no fue fácil y dejó una profunda huella en la sociedad.

En este contexto, la teoría de los dos demonios se hizo presente como una interpretación de los enfrentamientos entre los militares y los guerrilleros que habían tenido lugar antes, durante, y en el caso uruguayo generando espacios para el surgimiento de las dictaduras. Esta teoría sostenía que tanto los militares como los guerrilleros habían cometido actos de violencia y represión, y que ambos eran igualmente responsables de los horrores vividos en esa época.

Algunos defensores de la teoría de los dos demonios argumentaban que los guerrilleros habían utilizado la violencia como medio para alcanzar sus objetivos políticos, lo que había llevado a una escalada de violencia y a una respuesta represiva por parte de los militares. Según esta interpretación, ambas partes habían cometido crímenes y, por lo tanto, debían ser juzgadas y condenadas por igual.

Sin embargo, esta teoría generó un intenso debate en la sociedad latinoamericana. Muchos sostuvieron que equiparar los crímenes de las dictaduras con los actos de la guerrilla era incorrecto y moralmente equivocado. Argumentaban que los militares habían ejercido una represión sistemática y violado los derechos humanos de manera masiva, mientras que los actos de la guerrilla eran a menudo acciones individuales y no contaban con el respaldo del Estado.

Los defensores de los derechos humanos sostenían que la teoría de los dos demonios era una forma de relativizar los crímenes de las dictaduras y exculpar a los responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. Enfatizaban la necesidad de buscar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de las dictaduras, sin equipararlas con los actos de la guerrilla.

Con el tiempo, los juicios y las investigaciones sobre los crímenes de las dictaduras militares comenzaron a tener lugar en varios países de América Latina. Se buscó establecer la verdad, juzgar a los responsables y brindar justicia a las víctimas. Esta búsqueda de justicia contribuyó a poner en perspectiva la teoría de los dos demonios y a cuestionar su validez como un marco interpretativo válido para entender el pasado reciente de la región.

Los defensores de los derechos humanos jugaron un papel fundamental en la búsqueda de la objetividad sobre los hechos ocurridos durante los regímenes dictatoriales en América Latina a partir de 1983. Su compromiso principal fue el de velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su afiliación política o ideológica.

Los defensores de los derechos humanos tuvieron como objetivo principal establecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras. Para lograrlo, llevaron a cabo diversas acciones, como investigaciones exhaustivas, recopilación de testimonios y pruebas, documentación de casos y denuncias públicas de los abusos cometidos.

Su trabajo se basó en principios fundamentales como la imparcialidad, la transparencia y la objetividad. Buscaron la verdad sin prejuicios ni sesgos, examinando meticulosamente todas las pruebas disponibles y contrastándolas con testimonios verificables. Además, se esforzaron por dar voz a las víctimas y garantizar su participación en los procesos de búsqueda de justicia, reconociendo su sufrimiento y procurando su empoderamiento.

Los defensores de los derechos humanos también jugaron un papel clave al exigir la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Abogaron por la realización de juicios justos y la aplicación de sanciones apropiadas para los perpetradores, con el objetivo de garantizar que los crímenes cometidos no quedaran impunes.

Además, los defensores de los derechos humanos promovieron la memoria colectiva y la construcción de la verdad histórica. A través de la educación, la investigación y la divulgación de información, contribuyeron a que la sociedad tomara conciencia de lo ocurrido y a evitar la manipulación de la historia.

Es importante señalar que el respeto y la defensa de los derechos humanos implica condenar y rechazar todas las formas de tortura, sin importar quién la cometa. La tortura es una violación grave de los derechos fundamentales y no debe ser justificada ni relativizada bajo ninguna circunstancia.

En algunos casos, durante el proceso de pérdida de los valores democráticos en América Latina, se han documentado actos de tortura tanto por parte de los grupos terroristas y guerrilleros como por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambas acciones son inaceptables y deben ser condenadas por igual.

Es cierto que en algunos contextos ha habido una tendencia a enfocar más la atención y la denuncia en las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado, dada su responsabilidad como agentes del poder y el deber de proteger y garantizar los derechos de la población. Sin embargo, esto no implica que se deba ignorar o minimizar las violaciones cometidas por grupos guerrilleros u otras organizaciones armadas.

Los defensores de los derechos humanos tienen la responsabilidad de abogar por la igualdad de trato y la imparcialidad en la condena de todas las formas de tortura y violencia. Es fundamental que se investiguen y se juzguen todos los actos de tortura y que se establezcan las responsabilidades correspondientes, independientemente de la identidad o afiliación política de los perpetradores.

La lucha por los derechos humanos implica abogar por la justicia y la rendición de cuentas en todos los casos de violaciones a los derechos fundamentales. Discriminar o relativizar la gravedad de los actos de tortura basándose en quién los cometió socava los principios fundamentales de igualdad y justicia.

Es importante tener en cuenta que las instituciones de derechos humanos son diversas y pueden variar en su enfoque y alcance. Sin embargo, en general, estas instituciones se esfuerzan por abordar y tratar todos los aspectos relacionados con los derechos humanos con la mayor objetividad posible.

Las instituciones de derechos humanos están comprometidas con principios fundamentales, como la imparcialidad, la independencia y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su afiliación política, grupo étnico, religión u otra característica.

Estas instituciones se basan en estándares internacionales de derechos humanos que establecen los principios universales de dignidad, igualdad y no discriminación. Buscan aplicar estos estándares de manera equitativa y consistente en todas las situaciones en las que se violen los derechos humanos, ya sea por parte de las fuerzas del Estado, grupos armados, terroristas u otras entidades.

Si bien es posible que existan discrepancias o desafíos en la aplicación de estos principios en la práctica, es responsabilidad de las instituciones de derechos humanos trabajar hacia la objetividad y tratar todos los aspectos relacionados con los derechos humanos de manera imparcial. Esto implica investigar y documentar violaciones de derechos humanos de todas las partes involucradas, buscar la verdad y promover la justicia y la rendición de cuentas.

Además, las instituciones de derechos humanos promueven la educación en derechos humanos y la sensibilización en la sociedad para fomentar una comprensión más amplia de los principios y valores de los derechos humanos, lo que contribuye a su objetivo de abordar todos los aspectos con objetividad.

 La composición de algunas comisiones y órganos de derechos humanos de la ONU ha sido objeto de críticas y debate. La inclusión de países con registros deficientes en derechos humanos en dichas comisiones puede plantear interrogantes sobre la imparcialidad y la objetividad de los procesos.

Es importante señalar que la integración de países en estas comisiones se basa en acuerdos y negociaciones entre los Estados miembros de la ONU. La participación de países con registros problemáticos en derechos humanos puede deberse a diversos factores, como la representatividad regional o el deseo de involucrar a una amplia gama de países en los debates y decisiones relacionadas con los derechos humanos.

No obstante, es fundamental que las instituciones de derechos humanos mantengan su integridad y busquen la objetividad en sus acciones y decisiones. Esto implica que deben seguir los principios y normas establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y llevar a cabo evaluaciones imparciales basadas en evidencias y hechos verificables.

La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel importante en el monitoreo y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, incluida la vigilancia de las acciones de las comisiones y los órganos de derechos humanos de la ONU. La crítica constructiva y el diálogo son fundamentales para mejorar la efectividad y la legitimidad de estas instituciones.

La afirmación de que tanto los guerrilleros como los militares fueron los "dos demonios" en América Latina es una interpretación que ha sido objeto de debate y controversia.

La expresión "los dos demonios" se utilizó para equiparar las acciones violentas y las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por los grupos guerrilleros como por los militares durante los períodos de conflicto armado y dictaduras en América Latina. Esta perspectiva argumentaba que ambas partes eran igualmente responsables de la violencia y las atrocidades ocurridas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un consenso generalizado en la comunidad internacional de derechos humanos de que la violencia y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados tienen una dimensión diferente y más grave que las acciones individuales o de grupos armados no estatales.

Las fuerzas militares y de seguridad del Estado tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de la población, y cuando se involucran en violaciones sistemáticas y masivas, se considera que han cometido crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes, como la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos, tienen un impacto devastador en la sociedad y representan una violación fundamental de los derechos humanos.

Por otro lado, los grupos guerrilleros, si bien también pueden haber cometido actos violentos y violaciones a los derechos humanos, a menudo operan en un contexto de lucha armada contra un Estado represivo y pueden tener diferentes objetivos y motivaciones. Sin embargo, esto no justifica ni excusa sus acciones, y también deben rendir cuentas por cualquier violación a los derechos humanos que hayan cometido.

Es importante evitar la simplificación de los conflictos complejos y reconocer que las violaciones a los derechos humanos no deben ser equiparadas sin un análisis más profundo y contextualizado. La justicia y la rendición de cuentas deben aplicarse de manera equitativa, pero siempre considerando la gravedad y la responsabilidad diferenciada de los actores involucrados.

Es cierto que durante los regímenes dictatoriales o de facto, los mecanismos democráticos y los sistemas de control institucionales suelen estar ausentes o ser extremadamente limitados. En estas situaciones, los gobiernos de facto tienen un control totalitario o autoritario sobre el Estado y las instituciones, lo que dificulta la existencia de un sistema de control efectivo y de separación de poderes.

En el contexto de los regímenes de facto, el término "terrorismo de Estado" se ha utilizado para describir las acciones sistemáticas y masivas perpetradas por el Estado con el fin de reprimir y aterrorizar a la población, a menudo utilizando aparatos represivos como las fuerzas militares, la policía y los servicios de inteligencia.

El término "terrorismo de Estado" se basa en la idea de que el Estado, a pesar de su naturaleza no democrática durante el estado de excepción, tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones planificadas y sistemáticas que resultan en violaciones masivas de los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos.

No obstante, es cierto que el uso de terminología puede ser objeto de debate y puede variar en diferentes contextos. Algunos académicos y expertos prefieren utilizar el término "violencia política" para describir las acciones perpetradas por gobiernos de facto, enfatizando la dimensión política y el uso del poder estatal en lugar de la connotación específica de "terrorismo de Estado".

Es fundamental destacar que todas las formas de violencia, ya sea perpetrada por actores estatales o no estatales, deben ser condenadas y que todas las violaciones a los derechos humanos deben ser objeto de investigación, rendición de cuentas y justicia.

La defensa de los derechos humanos implica abordar de manera integral todas las violaciones, sin importar quién las cometa. Esto significa responsabilizar a los actores estatales por sus acciones y asegurar que se rindan cuentas por sus violaciones, al mismo tiempo que se condena y busca la rendición de cuentas de los actores no estatales por sus propias acciones.

Es importante mantener una perspectiva equilibrada y basada en los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Esto implica considerar el impacto y las consecuencias de las acciones violentas tanto del Estado como de los grupos armados, y abogar por la justicia y la rendición de cuentas en todas las instancias.

En ningún caso se debe justificar o romantizar la violencia ni se deben aplicar estándares diferentes para diferentes actores. La protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia requieren un enfoque coherente y equitativo en la condena y la rendición de cuentas por todas las violaciones a los derechos fundamentales, independientemente de quién las cometa. 

Ver:

Alfonso, A. Los dos demonios. Planeta. Montevideo. 2012.

Franco. M. Universidad Nacional de San Martín/IDAES/CONICET

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