Alfredo Pucciarelli: LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR Y EL ORIGEN DEL LIBERALISMO CORPORATIVO ARGENTINO

Alfredo Pucciarelli

LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR Y EL ORIGEN

DEL LIBERALISMO CORPORATIVO ARGENTINO

ALFREDO R. PUCCIARELLI

Alfredo R. Pucciarelli, “La última dictadura militar y el origen

del liberalismo corporativo argentino”, en Waldo Ansaldi,

coordinador, Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un

debate vigente, Ariel, Buenos Aires, 1ª edición, 2004; 2ª edición,

2006, pp. 253-280.

.- Introducción

La mayoría de las investigaciones económicas realizadas sobre el proyecto de transformación

radical desarrollado por la última dictadura militar coinciden en afirmar que el proceso de

concentración de capital, la sostenida redistribución regresiva del ingreso y la expansión de los

beneficios empresarios obtenidos mediante el mecanismo de valorización financiera constituyen,

junto al comienzo del proceso de destrucción del sector industrial sustitutivo, el núcleo central de la

profundas trasformaciones estructurales introducidos por el elenco neoliberal instalado en Ministerio

de Economía durante ese período.

Su indiscutible relevancia y sus efectos en la evolución socioeconómica posterior nos obliga a

destacarlos y ubicarlos, efectivamente, en el meollo de cualquier intento de interpretación. Pero si se

pretende dar respuestas más específicas a algunos interrogantes surgidos del análisis de esas

investigaciones creemos necesario elaborar nuevas hipótesis para analizar más detalladamente y, en

cierto modo, “resignificar” algunos otros procesos, poco estimados hasta ahora, de carácter

concomitante. Entre muchos otros que no podemos abarcar en este texto, nos interesa

especialmente marcar con un fuerte relieve el carácter ambiguo y contradictorio que tiene tanto la

denominada política neoliberal del Estado dictatorial como la orientación económica y el discurso

político de las fracciones principales de un nuevo tipo de clase dominante en pleno proceso de

constitución. Para avanzar en esa dirección, elaboramos hipótesis tendientes a determinar con mayor

precisión el papel que ha desempeñado la denominada “valorización financiera” en las estrategias de

acumulación de las grandes empresas que constituyen la base material de clase dominante y la

relación que ello tiene con las nuevas características de las políticas de promoción y fomento de la

actividad industrial del período y con la trama de oscuros intereses económicos y extraeconómicos

que permitieron un colosal proceso de transferencia de excedentes de lo público hacia lo privado,

especialmente hacia el privilegiado estrato de grandes empresas monopolistas en pleno proceso de

diversificación.

1.- La formación de un nuevo bloque de poder

Como ya se ha dicho, El “Proceso de Reorganización Nacional” enfrenta las restricciones

económicas, los conflictos sociales, los enfrentamientos político militares y los dilemas políticos

institucionales heredados de los períodos anteriores con criterios y estrategias sustancialmente

diferentes; combina para la ocasión “terrorismo de Estado” con disciplinamiento social y política

antidesarrollista y antiindustrial. Las dos primeras fueron planificadas y ejecutadas unánimemente por

la corporación militar, la política económica fue impulsada por un nuevo tipo de bloque social,

hegemonizado por los grandes capitalistas nacionales y extranjeros consolidados en el período

anterior, representados socialmente por las grandes corporaciones empresarias, y políticamente por el

nuevo elenco de economistas neoliberales liderados por el Ministro Martínez de Hoz.

En relación a esto último expresa, también, la nueva visión que de esos grandes dilemas

históricos ha ido elaborando un nuevo conjunto de capas y sectores sociales que ingresan con su

propia identidad al campo de creciente tensión que la prolongación del “empate hegemónico” venía

generando entre las dos fracciones principales de la clase dominante (J. C. Portantiero, 1973). Se trata

de un nuevo grupo social relativamente heterogéneo, constituido por sectores y capas sociales

diferentes pero fuertemente articuladas entre sí, dentro de una compleja red de relaciones definida

por la naturaleza relativamente común de las funciones que desempeña. Nace en la denominada

segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones y se fortalece junto con el creciente

predominio que en ella van adquiriendo las grandes empresas monopólicos, industriales y de

servicios, privadas y estatales, nacionales y extranjeras (O. Braun, 1973). Es un grupo que no tiene

autonomía ni poder económico propio y no forma parte de la clase dominante propiamente dicha

pero que, por la función que desempeña, es capaz de enriquecer y complejizar sus horizontes y

perspectivas, sensibilizando e incidiendo sobre la modificación de todo su entorno. Aportan la visión

que le otorga su función de dirección y planificación estratégica tanto en las grandes empresas

privadas monopolistas, generalmente extranjeras, como en las grandes empresas públicas de servicios

y las cada vez más importantes empresas productoras del complejo militar industrial en expansión. F.

Cardozo (1975) Fue uno los primeros analistas en advertir su surgimiento en Brasil y en algunos

otros países latinoamericanos. En relación con los administradores del sector públicos las denomina

“burguesía de estado” para poner de relieve sus carácter contradictorio y ambiguo; “la forma de

propiedad de las empresas estatales es pública – afirma- pero el control de las mismas se hace a

través de un grupo que he llamado burocrático pero que ha comenzado a tener características que el

fenómeno de la burocracia no explica” (Citado por R. Sidicaro, 2.002: 221) Entre nosotros ese rol

fue desempeñado originalmente por G. O´Donnell (1975; 1982) y por R. Roth (1981), que con el

testimonio de las experiencias recogidas como alto funcionario gubernamental permitió asociarlo con

la Revolución Argentina, durante la segunda mitad de la década del sesenta. En su relato, aparece por

primera vez una clara identificación de los intereses compartidos por ese conglomerado, una nueva

denominación “clase dirigencial” y la adjudicación de una responsabilidad directa en la sorda

oposición que sufrió por parte del elenco liberal del Ministerio de Economía el primer intento

frustrado de “reforma administrativa” impulsada por el sector nacionalista del ejercito para elevar la

eficiencia y transparencia de la gestión burocrática modificando las normas y los procedimientos de

vinculación entre el Estado y el sector privado.

La liquidación de ese proyecto y la posterior renuncia de uno de sus principales protagonistas

es sólo una manifestación de las muchas que va revelando a lo largo del tiempo un nuevo proceso de

creciente articulación entre el viejo Estado desarrollista, interventor y prebendario con un nuevo

grupo de grandes empresas monopolistas cuya acelerada expansión se halla estrechamente vinculada

a su participación en la ejecución de sus grandes emprendimientos, así como sus altos niveles de

acumulación parecen menos relacionados con el riesgo y la innovación que con los altos beneficios

obtenidos mediante complejas formas de relación extracontractuales o paracontractuales con diversas

instancias de la administración pública. En es oscura articulación entre ambas instancias, pública y

privada, juega un rol fundamental el bloque formado por los grandes funcionarios, administradores y

técnicos, estatales y privados, especializados en compartir grandes negocios, en diseñar grandes

emprendimientos y en producir varios tipos diferentes de ganancias extraordinarias, mediante

comportamientos irregulares mutuamente compartidos; mecanismos de articulación que finalizan

generando una densa red de intereses valores y conductas fuertemente corporativas.

Se comienza a tejer, de ese modo, una nueva red de intereses, valores y conductas fuertemente

corporativas que tienen en un extremo a una serie de grandes empresas monopolistas en pleno

proceso de expansión, y en el otro a las grandes empresas del Estado y a ciertas instancias

estratégicas del Estado mismo. Es impulsada por las permanentes demandas estatales de

manufacturas, obras y servicios al sector privado y se caracteriza por la capacidad que tiene de

generar formas varias de colusión entre los gerentes de las empresas privadas y los “tecnoburócratas”

del sector estatal, que finalizan en la mayoría de los casos alimentando formas también variadas de

ganancia extraordinaria para las grandes empresas. En su desarrollo pasa por varias etapas diferentes

que se prolongan hasta la década del noventa, pero esa sucesión de proyectos nacionales y formas

gubernamentales diferentes no impide observar cómo se reitera en forma permanente la concepción

de un tipo de capitalismo desarrollista asistido y subsidiado, compartida y reformulada según la

circunstancias tanto por las grandes empresas como por el poder estatal

Mediante un estudio de caso referido a la relación que se establece entre demanda estatal y

actividad empresaria de ese momento, A. Castellani (2002) pone en evidencia el modo en que la

fraudulenta interpretación de las disposiciones de la ley de mayores costos, promulgada para proteger a

las empresas de los perjuicios de la inflación, es utilizada en realidad para favorecer la obtención de

ganancias extraordinarias mediante arreglos especiales entre los representantes de las grandes empresas

constructoras y funcionarios de vialidad nacional; arreglos unas veces promovidos y otras tolerados

por las mas altas instancias del propio poder político nacional. También demuestra que durante la

gestión de la Revolución Argentina, esa forma extendida de articulación entre el Estado y las grandes

empresas marca el momento inicial y particular de una larga secuencia de formas de articulacióncolusión

entre ese sector empresarial y el estado en sus diversas variantes que puede ser subdividida

en seis etapas diferentes. Estas formas de articulación dan lugar, a su vez, a patrones diferentes de

valorización del capital mediante la obtención de ganancias extraordinarias de origen monopólico e

inciden en la modificación de la naturaleza y las formas de predominio de las fracciones principales

de la clase dominante.

Para algunos analistas del período, ese proceso permite la expansión de un subconjunto de

grandes empresas nacionales convertidas en la base material de un burguesía autóctona “sui generis”

que pasa a formar parte del núcleo central de la clase dominante junto con la tradicional burguesía

terrateniente agropecuaria y exportadora y con la representación local de las grandes empresas

trasnacionales. Las distingue no sólo su larga historia de contratistas y proveedores estatales, rápido

crecimiento, su carácter monopolista y el origen del capital sino también, y principalmente, la fuerte

relación de dependencia que establece tanto con el Estado como con las Empresas Trasnacionales.

La estrategia y parte del elenco del Gobierno de la Revolución Argentina parece hallarse fuertemente

relacionado con ese nuevo fenómeno y muchas de las decisiones económicas adoptadas en su

período responden a sus requerimientos de expansión en ámbitos protegidos, estimulados o

subsidiados por el Estado. ”Que el ménage á trois no es una ficción se muestra en que el Estado,

además de ampliar sus actividades empresariales directas, parcela cotos de caza para sí y para la

burguesía nacional: productos o servicios estratégicos que sólo pueden ser explotados por ellos, áreas

en el que el capital extranjero sólo puede participar asociado a una parte nacional, pública o privada;

(aceptando) diversos controles a la inversión externa y formas de asociación que ésta no hubiera

aceptado (en un contexto diferente)…”(Busca) posiciones de poder desde las que pueda negociar su

vinculación con el capital internacional y, de ser posible excluirlo directamente de algunas actividades

de alta rentabilidad. Contra esto está dispuesta a dejar correr su suerte a las capas del empresariado

nacional que, por tener empresas de menor tamaño…no tiene más remedio que tratar de sobrevivir

marginándose del trío, en condiciones mucho más ortodoxamente competitivas”(G. O´Donnell,

1975: 34-35).

El desarrollo de acontecimientos posteriores refutó definitivamente esta hipótesis. Las grandes

empresas monopólicos fueron adquiriendo cada vez mas preponderancia, pero su indudable éxito

comercial estuvo asociado a la diversificación de actividades económicas, a la integración de grandes

empresas agropecuarias dentro de sus grandes complejos empresariales a la trasnacionalización de

sus capitales y de sus formas de inversión y, principalmente, a la valorización financiera, el

endeudamiento externo y la fuga de excedentes hacia el exterior. En ese proceso no sólo disolvieron

la fracción autónoma de la burguesía terrateniente capitalista sino que también borraron de ámbito

social, político e institucional todo tipo de expresión que pudiera asociarse siquiera a las visiones,

expectativas y proyectos de una burguesía industrial nacional, heterónoma y dependiente. Como es

sabido el tiempo que trascurre entre la Revolución Argentina y el de las privatizaciones de las

empresas estatales como elemento central del denominado “plan de convertibilidad” mantiene dos

factores constantes: el rol estratégico que cumple el Estado para impulsar, favorecer y proteger las

diferentes formas de acumulación de estos Grandes Conglomerados Empresarios y, a la vez, el

persistente proceso de extranjerización de la economía mediante la absorción o venta a variadas

formas de asociación de capitales externos, no sólo de las grandes empresas del estado sino de la

mayoría de los mas grandes emprendimientos controlados por el capital nacional; la venta a

Petrobras, la empresa estatal brasileña, de la principal empresa petrolera del Conglomerado Pérez

Compac configura el eslabón reciente de una larga cadena de fusiones y cesiones de empresas

nacionales sumamente rentables a inversores externos que no ha finalizado todavía

El sistema de relaciones corporativas que alimenta la acumulación extraordinaria de ese nuevo

conglomerado de grandes empresas denominado popularmente la patria contratista es el producto,

entonces, de la misma concepción del capitalismo desarrollista subsidiado que un sector del gobierno

militar pretende combatir pero otro convalida con sus discursos e impulsa con sus propias

decisiones durante la última dictadura militar. Analizando el contenido del Proyecto Nacional,

elaborado por el General Díaz Bessone a cargo de la jefatura del Ministerio de Planeamiento, R.

Sidicaro demuestra que desde el comienzo de su gestión, en el gobierno dictatorial coexisten dos

proyectos diferentes, junto al programa de apertura indiscriminada del equipo económico del

ministro Martínez de Hoz aparece una nueva concepción neodesarrollista que concibe una relación

diferente entre estado y mercado y continua asignándole al primero un rol estratégico y definitorio en

la determinación de los grandes objetivos económicos y sociales de la nación. Toma estado público

en el mismo momento en que la fracción cívico-militar autoritaria y neodesarrollista impone el

proyecto de creación de ese Ministerio. “La creación del Ministerio de Planeamiento implica un

contrasentido total –dice el Ingeniero A. Alsogaray- porque el gobierno al querer reimplantar el

sistema de libre empresa privada, a través del Ministerio de Economía, estaría siguiendo un rumbo

determinado, y al orientarse hacia la economía planificada al crear el Ministerio de Planeamiento

estaría siguiendo un rumbo diametralmente opuesto”. A partir de allí la confrontación entre las dos

concepciones marcó una etapa de gran tensión que se resolvió, momentáneamente, con la renuncia

del Ministro en cuestión y el abandono de todo intento de planificación estatal de la actividad

económica, pero la eliminación de uno de los mayores representantes de la fracción neodesarrollista

no resolvió el conflicto sino que lo derivó hacia otros ámbitos menos visibles pero igualmente

estratégicos del poder militar. Como tal contraposición cruza la gestión de la dictadura militar en

toda su extensión ha sido transformada recientemente en una de las principales claves interpretativas

de los conflictos irresueltos y permanentes que la condujeron a su virtual disolución (M. Novaro y V.

Palermo, 2003)

J. Schvarzer (1981) rescata varios de los puntos de controversia entre esas dos corrientes

referidos al ámbito de la gestión económica. Uno de los más importantes giró en torno de la

interpretación del núcleo fundamental de la concepción neoliberal, el principìo de subsidiaridad del

Estado respecto de la producción y de la marcha de la economía en general. De acuerdo a ese criterio,

adoptado y definido por el Ministro de Economía al comienzo mismo de su gestión, la posibilidad de

liberar creativamente la capacidad de innovación y crecimiento que todavía no habían podido

desarrollar los principales sectores y agentes económicos, contenidos en los estrechos horizontes

empresariales generados por el tipo de capitalismo asistido y subsidiado del período de sustitución de

importaciones, el Estado debía retirarse progresivamente de la producción y dejar librada al libre

juego de las fuerzas actuantes en el mercado la definición del perfil y del alcance del nuevo “proceso

de reconversión industrial ” y la propia estrategia de crecimiento económico. “Es el mercado quien

debe decidir si el país va a producir acero o caramelos” afirmo en su momento el Doctor Alejandro

Estrada, Secretario de Comercio y miembro conspicuo del equipo económico, profundizando y

ejemplificando una postura extrema que generó fuertes aunque veladas posiciones divergentes en el

seno mismo del equipo gubernamental.

Aunque posteriormente trató de limitar el alcance de sus afirmaciones, el Secretario no pudo

evitar que muy poco tiempo después la Junta Militar lo desautorizara implícitamente al introducir

entre las “pautas” de la acción de gobierno correspondientes al período 1981-84 que la

administración debía “efectuar los estudios y planes necesarios para determinar el perfil industrial

argentino”. Un miembro de la junta justificaba el sentido de esa importante toma de posición

haciendo una explícita distinción: el Estado afirmaba el Almirante Lambruschini debe ser subsidiario

pero no indiferente: “la economía debe servir a los intereses permanentes de la Nación, por ello los

factores de seguridad y geopolíticos deben pesar, en ocasiones, tanto como los de la fría

rentabilidad”.Frente la hecho consumado el Ministro de Economía buscó mantener el equilibrio

ubicándose en una supuesta posición intermedia que en realidad se parecía mucho más a la del elenco

militar: analizando la cuestión de la producción de acero, reconoció que el estado debía mantener la

potestad de fijarse a sí mismo y al sector privado metas productivas diversas cuando distorsiones en

el funcionamiento normal del mercado, externo o interno, así lo requerían.

Las diferencias de interpretación se trasladan, a su vez a los criterios de aplicación del principio

de subsidiaridad.. Una estaba referida a la forma de plantear y resolver la cuestión del déficit fiscal y la

necesidad de reducir el gasto público. La otra fue tomando cuerpo, en forma encubierta, a medida

que se iba desarrollando la proclamada política de privatizaciones de empresas del Estado. A pesar de

sus éxitos iniciales, como la privatización de la marina mercante, el sector privatizador fue siendo

obligado a buscar soluciones intermedias para evitar enfrentamientos directos, como ocurrió con la

privatización periférica de las empresas del estado. Una iniciativa que fue presentada como una

necesaria etapa técnica de su progresiva privatización, aunque parece haber nacido para amortiguar el

enfrentamiento entre ambos sectores.

Esa ambigüedad establecida desde el inicio de la gestión entre medidas aperturista proclamadas

y promulgadas, medidas proteccionistas adoptadas y prácticas corporativas fomentadas o toleradas

alimento un espacio permanente de negociación donde concurren no sólo las propuestas de los dos

sectores diferenciados del gobierno dictatorial sino también el cúmulo de demandas generadas por

las nuevas grandes empresas que continúan creciendo y ampliando el capital y los beneficios,

mediante formas diversas de colusión con las empresas y organismos del Estado. Un fenómeno que

en medio de la lucha intergubernamental es reconocido tanto por el periodismo del establecimiento

como por los mismos funcionarios del Estado. “Hay un sector empresario- afirma nuevamente el

neoliberal y polémico Secretario de Comercio- que ha tenido un gran crecimiento y que

posiblemente en una economía de igualdad de oportunidades no las hubiera tenido. Ellos son

partidarios del “statu quo” de un Estado sobre el cual ellos pueden imponerse porque, en definitiva,

todas estas distorsiones de la economía argentina fueron provocadas por el gobierno, pero por la

influencia que sobre los gobernantes tuvieron esos intereses, entres otras causas”. Manuel Solanet,

importante funcionario enrolado en el mismo sector amplía la imagen, “las presiones de mayor

inversión surgen...del sector privado que se queja de la presión tributaria, pero que está interesado en

el gasto porque es contratista o proveedor...”. El Ministro de Economía plantea la misma cuestión

analizando la conducta de otro grupo empresario “el nivel de cada reembolso- dice, refiriéndose a las

exportaciones- está relacionado con la presión política y económica que puede ejercer algún grupo en

un momento determinado y no está relacionado con un pensamiento orgánico que lo estructure

sobre bases sólidas” (citados por Schvarzer, 1981: 137-138)

El conocido proyecto aperturista de reconversión productiva impulsado por el Ministerio de

Economía nace desvirtuado o se va desvirtuando, entonces, entre otras cosas, por la necesidad

mutuamente compartida de apaciguar los enfrentamientos internos en el elenco gubernamental y

establecer un ámbito de coincidencia de mutua tolerancia que impida transformar esa

incompatibilidad de origen en una abierta contradicción. El Ministro M de Hoz es probablemente

quien registra con mayor lucidez la causas y los límites que impone al proyecto liberal la naturaleza de

esta oposición y ello puede explicar no sólo su gran capacidad para perdurar en medio de los

conflictos que desata dentro del elenco gubernamental, y con un sector cada vez más amplio de la

sociedad, sino también la generación de ese abismo que se va abriendo entre las propuestas originales

formuladas en su discurso inaugural del 2 de abril y su desarrollo posterior. Denominamos al

resultado práctico de ese comportamiento del nuevo bloque en el poder “proyecto liberal

corporativo” para acentuar precisamente el carácter ambiguo, mutuamente condicionante y

potencialmente conflictivo de los dos términos que la componen.

2. El desarrollo de un nuevo horizonte conceptual

Aunque el tema no ha sido investigado todavía, suponemos que el nuevo plantel de

economistas y funcionarios liberales encargados de elaborar y ejecutar la política económica de la

dictadura militar tiene una estrecha relación con ese nuevo grupo social y especialmente con su

concepción de los imprescindibles cambios que se debían realizar para encarar con éxito la solución

de los dilemas históricos heredados. En efecto, tal como lo había manifestado el presidente de la

Unión Industrial un año antes, los grandes empresarios habían llegado a la conclusión de que los

males endémicos del funcionamiento económico (lento crecimiento, atraso relativo, desequilibrio,

vulnerabilidad externa) y, especialmente, su influencia en la exacerbación de la pugna distributiva, la

radicalización de la lucha política, la ingobernabilidad y la descomposición institucional, seguirían

siendo inabordables si sus soluciones continuaban diseñándose dentro del los términos planteados

con anterioridad por la concepción nacionalista, industrialista y mercadointernista.

En efecto, analizado desde esta perspectiva, el conjunto de problemas irresueltos que venía

asfixiando a la producción desde mucho tiempo atrás habían dejado de actuar como obstáculos o

anomalías para trasformarse en rasgos estructurales permanentes y específicos de una obsoleta

estrategia de crecimiento industrial que se había vuelto incompatible, también, con las tendencias

dominantes en el mercado mundial. No podían, por tanto, ser superados si no se eliminaban sus

causas profundas que, en última instancia se desprendían de un solo condicionante material: la

injustificada proliferación de una multitud de emprendimientos económicos, atrasados, ineficientes y

escasamente productivos que sólo podían sobrevivir penosamente en el clima artificial de un

mercado cerrado, excesivamente regulado y totalmente protegido. El intento de fundar en la

postguerra una industria sólida integrada, competitiva y eficiente a partir de la sustitución de

importaciones había sido infructuoso, había fracasado porque se asentaba en bases materiales,

sociales y culturales tan equivocadas y endebles que ni en la mejor de las condiciones posibles

hubieran podido alcanzar sus propios objetivos originales.

Para los críticos liberales, a medida que avanza la industrialización el proceso de modernización

de la producción y de acumulación de capital evoluciona en sentido inverso. La industria local

destinada al mercado interno resulta, en términos relativos, cada vez más atrasada y menos eficiente y

sólo puede sostenerse si se mantiene funcionando su respirador artificial, la protección y el subsidio

estatal que frente a las insistencias de los reclamos adopta formas cada vez más complejas,

sofisticadas y abarcativas. Pero ese mismo Estado que garantiza su sobrevivencia dentro de un

ambiente escasamente competitivo, anómalo y artificial tampoco pudo resolver el problema de fondo

aplicando políticas públicas de fomento a la inversión y la productividad del sector privado. Por el

contrario la expansión de su potestad intervensionista acentúa la tendencia general ya existente entre

los empresarios privados de buscar mediante la colusión con funcionarios de instituciones

gubernamentales y de las grandes empresas públicas posiciones monopólicos y ganancias

extraordinarias en emprendimientos sin riesgo. Carente de inversiones significativas y de adecuados

ritmos de innovación tecnológica, la economía pierde el impulso de sus primeras etapas se va

debilitando y crece en forma espasmódica, muy moderadamente. En ese nuevo contexto, la política

redistributiva, también garantizada por ciertas instituciones públicas se va quedando sin sustento

material, la producción de excedentes disminuye y con ella la posibilidad de mantener con éxito un

esquema de distribución de ingresos implementado en momentos de mayor prosperidad. Allí está la

causa última tanto de la exacerbación de la pugna distributiva como de la modificación de la

naturaleza de la lucha política.

El problema social que se halla en la raíz del enfrentamiento político y el caos institucional

generado en la última década es producto, entonces, de los reiterados pero infructuosos intentos

realizados por el Estado para hacer funcionar en forma compatible los cuatro grandes principios de

la estrategia desarrollista, hegemónica durante todo el período de industrialización sustitutiva: la

fuerte intervención directa del Estado en la economía como productor de bienes y servicios para

suplir con su esfuerzo la falta de capacidad e iniciativa del sector privado; el impulso a la producción

industrial privada mediante la regulación, el proteccionismo y los subsidios para aportar mayor

dinamismo a los sectores proveedores del mercado interno; el impulso a la modernización del sector

agroindustrial para contribuir a superar su estancamiento; y el impulso de la demanda interna

mediante la acentuación de un política redistribucionista diseñada para aumentar la capacidad de

consumo de los sectores populares y la movilidad social, mediante la mejora del salario directo e

indirecto.

En consecuencia hay sólo una estrategia capaz de superar el conjunto de obstáculos y

contradicciones engendrados por un modelo de desarrollo definitivamente agotado, volver a

reinstalar el funcionamiento de la economía dentro de su cauce natural, el mercado, eliminando para

ello las principales formas de participación del Estado en la producción directa, en el control y

fomento de ciertas actividades económicas y especialmente en la regulación de los criterios de

distribución del ingreso y de inversión de capital. Encabezado por el Ministro Martínez de Hoz, el

elenco liberal, antidesarrollista y antiproteccionista, que se incorporó al elenco gubernamental de la

dictadura militar constituyó, desde el inicio, una línea interna sumamente coherente y agresiva que se

propuso llevar un programa integral de reformas estructurales guiados por la lógica de la

“destrucción creativa” extraída de las experiencias de resolución de las grandes crisis de los países

capitalistas centrales. “Achicar el Estado para agrandar la nación” uno de los primeros eslóganes

lanzado por Ministerio de Economía en el inicio del gobierno militar obedece a la intención de

sintetizar y hacer visible esta nueva concepción, basado en el fuerte desplazamiento del anterior

Estado regulador e intervencionista. Una estrategia que daría lugar simultáneamente a la reconversión

tecnológica de las empresas dispuestas a aumentar su productividad y su eficiencia compitiendo

libremente en el mercado, a la desaparición de aquellas que no puedan o no quieran hacer frente a

ese nuevo desafío de sana competitividad empresaria y a la instalación de nuevos emprendimientos

para ir cubriendo con mayor eficiencia y mejores precios los sectores de la producción y servicios.

Por la razones indicadas al comienzo, esta proclamada concepción antiestatista y

antiproteccionista podía articularse con la necesidad de ir eliminando del mercado esa pléyade de

empresas pequeñas y medianas responsables de una buena parte de la especial dinámica

socieconómica de nuestro atípico modelo de desarrollo capitalista y principales protagonistas de las

sucesivas y muchas veces exitosas estrategias políticas defensivas contra la ofensiva de los sectores

económicos altamente concentrados, analizadas en varios trabajos clásicos de su época.(G. O

´Donnell, 1975). Así se inició un largo período de ajuste de cuentas entre la gran burguesía

monopolista y esa burguesía media en retroceso, acosada y sin capacidad para impedir un proceso de

disolución que se extendió mucho mas allá del lapso ocupado por la dictadura militar. Pero, si la

medimos por sus resultados esa ofensiva eficientista y antiproteccionista afectó solamente a ese

sector, no modificó sustancialmente la ubicación ni el desempeño de los emprendimientos

relacionados con la expansión de la patria contratista ni afectó el modo de operación de las grandes empresas

estatales. La cruzada renovadora no sólo careció de efectos propios sino que generó exactamente lo

contrario, el fortalecimiento de los mecanismos de obtención de ganancias extraordinarias mediante

la protección y expansión de variadas formas de articulación entre empresas privadas privilegiadas y

ciertos sectores de la administración estatal así como al fortalecimiento de las conductas

corporativas del conglomerado tecnoburocrático (privado y estatal) encargado de su adecuada

implementación. Los efectos del plan integral de reformas se manifestaron en otros ámbito con otros

objetivos pero no alcanzaron a modificar ni el funcionamiento burocrático e ineficiente de las

grandes empresas estatales ni para frenar la aparición de periódicas disposiciones estatales de

promoción y fomento de las actividades industriales controladas en su mayor parte por las grandes

empresas.

Por ello el ambicioso proyecto impulsado desde la trinchera neoliberal frena su impulso inicial

y comienza a hacer convivir dentro de un nuevo esquema, aún más ineficiente y perverso que el

anterior, la lógica de la reconversión destructiva que afecta al sector no concentrado de la industria

sustitutiva (por efecto de las cuatro grandes medidas originales ya mencionadas) con un renovado

proceso de articulación económica, política e institucional entre lo privado y lo público. Esta nueva

forma de expansión subsidiada por el Estado se halla fuertemente asociada a la transformación de la

gran empresa monopolista en un nuevo tipo de conglomerado multiproductivo, comercial y

financiero, diseñado para poder abarcar exitosamente las cuatro grandes ramas del nuevo negocio

empresario: el crecimiento del contratismo tradicional relacionado con la provisión de obras y la

prestación de servicios varios a empresas e instituciones del Estado (en este punto se mantiene todo

lo anterior y se le agregan importantes ventajas adicionales, tales como la privatización de las

actividades periféricas de YPF); la participación en la provisión de bienes, materiales estratégicos y

asistencia tecnológica a las nuevas ramas en expansión monopolizadas por el Estado, tales como la

industria bélica, aeronáutica y nuclear; el aprovechamiento de los créditos de fomento y de los

subsidios impositivos creados por la ley de promoción industrial; la participación en los nuevos

negocios de valorización financiera que abre la reforma financiera articulado con la expansión del

crédito externo y, como veremos, el subsidio permanente del Estado.

En efecto, a pesar de las sucesivas proclamas neoliberales, el Estado, como ya se ha

demostrado, no disminuye durante este período el gasto estatal ni el nivel de la inversión pública.

Continúa garantizando el funcionamiento de ese segmento especial y privilegiado del mercado

heredado del período anterior manteniendo un alto nivel de demanda de obras, bienes y servicios

diversos, especialmente diseñado para facilitar la participación de las grandes empresas monopolistas

nacionales y extranjeras a través de un repertorio de decisiones gubernamentales entre las que se

destacan, por su importancia, la nueva política denominada de “privatización periférica” de las

grandes empresas del estado y la versión modificada de las políticas activas de promoción industrial y

regional. Ante la imposibilidad de imponer un plan de transferencia integral hacia el sector privado

de las empresas más importantes, el equipo económico logra hacer aprobar un sucedáneo menor: la

privatización parcial de algunas de sus actividades no estratégicas. Este criterio es adoptado y

aplicado severamente no sólo para neutralizar el espacio de confrontación entre los dos sectores

gubernamentales divergentes respecto a esta cuestión sino para hacer más accesible la inserción de las

empresas privadas en una área estatal que por su complejidad y extensión parecía hallarse fuera de su

alcance. Aplicando el recurso de la subcontratación fue posible ceder gradualmente actividades y

funciones teniendo en cuenta la capacidad técnica y económica original de las empresas contratistas

existentes y, también, su posibilidad de crecer y fortalecerse con las enormes ventajas que les

brindaban esos negocios cuando eran bien administrados.( Para ampliar e ilustrar esta última cuestión

ver especialmente análisis y listas de privatizaciones selectivas en J. Schvarzer, 1981)

Otro tanto ocurre con los cambios de criterios establecidos para adjudicar subsidios y

excepciones impositivas en el marco de las políticas de “promoción industrial”. En su nueva versión,

la ley de promoción reduce tanto los montos totales como las cuotas individuales de los subsidios y

eleva las exigencias de rentabilidad de los proyectos presentados, pero ello no impide que a poco de

ser aprobada esa nueva concepción eficientista se vayan adoptando en forma paralela otra serie de

disposiciones legales y medidas específicas diseñadas para fomentar la radicación de nuevos tipos de

empresas en ciertas regiones deprimidas del interior del país. Así se constituyó un nuevo entramado

de relaciones corporativas entre funcionarios del gobierno nacional, caudillos políticos de las

provincias pobres y empresas privilegiadas que dio lugar a un nuevo sistema distorsionado de

radicación industrial precario y ficticio. Un sistema compuesto en su gran mayoría por las

denominadas fábricas con rueditas, conjunto de emprendimientos simulados, desplazados

artificialmente, por empresas preexistentes, hacia esas zonas para poder incluir dentro de los

regímenes de promoción la producción realizada en otras plantas instaladas en las regiones

industriales tradicionales.

Una gran parte de la enorme masa de recursos estatales egresados por esta vía vino a sustentar

una nueva modalidad de obtención de ganancias extraordinarias para los empresarios capaces de

establecer continuar con la lógica corporativa estableciendo adecuados contactos y arreglos especiales

con militares, funcionarios y políticos. Después de analizar el caso de la empresa Celulosa Argentina,

como parte de un detallada investigación empírica sobre esa cuestión, Basualdo y Aspiazu (1990)

concluyen, entre otras cosas, que la consolidación de su liderazgo sectorial fue producto de una

inmensa apropiación privada de excedentes derivados de la promoción industrial, es decir una

transferencia colosal de recursos que excedió holgadamente el fomento a la industrias nacientes

estuvo totalmente disociada de su contrapartida real en el plano de la producción. Lo mismo

deducen del estudio de una gran variedad de casos similares compuestos por “radicaciones”

impulsadas por casi todas las grandes empresas y conglomerados existentes en la actualidad.

Muestran, también, que la búsqueda de beneficios extraordinarios mediante inversiones carentes de

riesgo dentro del nuevo régimen de promoción desempeñó un rol fundamental en la modificación de

la estructura productiva del sector industrial, en las estrategias de acumulación de capital de las

grandes empresas, como así también en la agudización del proceso de concentración-centralización

del capital y su contraparte, la formación de un nuevo tipo de grandes conglomerados económicos.

Sus principales beneficiarios fueron las firmas que hacia mediados de los años setenta ya ocupaban

una posición de privilegio en sus respectivas ramas de actividad, es decir los grandes grupos

económicos de capital local junto a los conglomerados trasnacionales.

Por ello, si lo analizamos en relación a los dilemas históricos no resueltos ya mencionados, el

nuevo horizonte conceptual que orienta al proyecto de la dictadura militar no implica ninguna

solución pero marca un claro renacimiento y continuación, en nuevas condiciones históricas, de la

alianza entre el Estado y el gran capital establecida diez años antes por el gobierno de la Revolución

Argentina, aunque ahora aparezca relativamente opacada por el discurso neoliberal y no sea

claramente percibida debido a que sus objetivos estratégicos son radicalmente diferentes. En el plano

económico, el proyecto de apertura económica indiscriminada que conlleva a la reducción del

mercado interno, de la producción nacional y la virtual liquidación de las medianas empresas

industriales insertadas en ese ámbito es correlativo a la transformación cualitativa y al fuerte

crecimiento del peso relativo de las grandes empresas monopolistas, a la expansión y consolidación

de las estrategias de acumulación “corporativa”, al crecimiento de la influencia que adquiere la nueva

fracción tecnoburocrática y gerencial en la gestión del Estado y a la propia modificación del núcleo

principal de la clase dominante.

3. El Liberalismo Corporativo, una nueva versión del capitalismo prebendario iniciado

en la década anterior

El liberalismo corporativo puede ser considerado, entonces, una nueva versión, una nueva

modalidad del capitalismo prebendario iniciado en la década anterior y, a la vez, una nueva etapa del

tipo de capitalismo subsidiado, atrasado y periférico implantado en nuestro país junto al esquema de

industrialización por sustitución de importaciones. La evolución de este proceso de trasformación de

las modalidades de acumulación de capital generados durante la dictadura militar puede ser dividido,

a su vez, en dos grandes momentos, el de la creación de las nuevas condiciones estructurales de

desarrollo de esa nueva modalidad y el de la implantación de un nuevo patrón de acumulación

basado en la articulación dentro de ese nuevo grupo de grandes empresas de dos tipos de ganancias

extraordinarias: las que provienen de la expansión de los nuevos “arreglos” que se van estableciendo

entre cada una de ellas y la nueva cúpula gerencial y tecnocrática administradora de las grandes

empresas públicas y los nuevos emprendimientos estatales y las que surgen por primera vez de la

súbita expansión de las inversiones no productivas y especulativas reproducidas mediante el

mecanismo de la denominada “valorización financiera”.

Para algunos autores, el proyecto de reordenamiento neoliberal de la economía que trae en su

portafolio el nuevo equipo económico es diseñado para tratar de resolver, con un criterio diferente

al de todos los intentos anteriores, uno de los dilemas históricos permanentes e irreductibles que fue

creando la propia evolución de nuestro tipo de capitalismo: la generación del volumen de divisas

necesarias para sostener la expansión de una estructura productiva, segmentada y no integrada,

basada en la importación de maquinarias, tecnologías y materia primas industriales de carácter

estratégico. Durante los períodos anteriores, el desequilibrio constante producido entre necesidades y

posibilidades de generar esa masa de divisas se expresó en un tipo de déficit de la balanza de pagos

que cuando superaba cierto límite superior tenía la capacidad de desatar, mediante la modificación

del esquema de precios relativos, una serie de mecanismos reequilibradores englobados en el

denominado proceso de stop and go stop and go. Este tipo de respuesta permitía, como hemos dicho, un

funcionamiento relativamente regular y estable de la economía pero obstaculizaba severamente su

crecimiento, generaba altos índices de inflación y alimentaba grandes conflictos y luchas sociales por

la orientación del proceso de redistribución de los ingresos.

Así, en lugar de proponer un nuevo modo de ampliar la producción exportable y de abrir

nuevo tipos de mercado externos, el proyecto del equipo económico entiende por apertura de la

economía la apertura del mercado interno a la competencia exterior. A. Canitrot (1982) sostiene que

de ese modo de entender la cuestión derivan las seis grandes medidas del plan económico enunciado

en 1976: reducción del salario real y redistribución regresiva del ingreso; eliminación de retenciones al

sector agropecuario; reducción progresiva de los aranceles de importación; eliminación de subsidios a

las exportaciones no tradicionales; liberalización del mercado cambiario y financiero y reducción del

gasto del Estado.

Como es sabido, la aplicación de ese conjunto de medidas aperturistas y redistributivas inició un

proceso de erosión del sector industrial que terminó en una profunda crisis a fines de la década. Sin

embargo, la medida más trascendente, la que tuvo profundos y perdurables efectos tanto en el

proceso de descomposición de las actividades productivas como en el súbito crecimiento, primero, y

en el fuerte predominio después de las actividades especulativas fue la promulgación de la

denominada reforma financiera. A mediados del año 1977 se adoptan varias medidas estratégicas

destinadas a provocar un fuerte modificación del rol y de la forma de funcionamiento del sector

financiero. Fueron diseñadas para restringir el determinante rol del estado en ese sector y desplazar

hacia el mercado la potestad de fijar las tasas de interés; junto con ello se creaban disposiciones

destinadas a facilitar el ingreso de capitales externos e impulsar la expansión de esas actividades,

eliminando virtualmente todas las restricciones existentes sobre los procedimientos de asignación de

créditos para los bancos radicados en el país. A. Canitrot ha demostrado que la “reforma financiera”

resultó ser el desprendimiento natural más trascendente de una concepción eficientista del equipo

económico que subordinaba a ese fin tanto la activación de los procesos endémicamente débiles de

inversión de capital como del crecimiento del consumo, del mercado interno y de la economía en su

conjunto. Por ello no trepidó en eliminar con esa reforma dos de los mecanismo mas importantes

utilizados por el Estado para subsidiar globalmente las actividades industriales, la elevación de las

tasas de interés que pasaban a ser fijadas autónomamente, según los mecanismos de oferta y

demanda, y la eliminación de retenciones a la exportación que generaban, a su vez una fuerte

distorsión de los precios relativos entre los dos sectores económicos tradicionales, agricultura e

industria y que en el modelo desarrollista anterior había generado un flujo de trasferencia

permanentes de excedentes a favor de esta última. Las formas de retroalimentación que se fueron

generando entre la apertura comercial externa con peso sobrevaluado y altas tasas de interés en el

mercado reformado creó una situación de competencia perversa y desventajosa, prevista por el plan

de reformas, que impulsó aún mas el proceso de redistribución regresiva del ingreso e inició el

proceso de desindustrialización que marchó junto con el auge de una nueva cultura de la

desinversión y la especulación. (J. Schvarzer, s/f, cuadros 10 y 11)

Durante la etapa de imposición de las nuevas condiciones generales destinadas a impulsar el

pretendido proceso de reconversión, la producción industrial se mantuvo, en promedio,

prácticamente estancada, aunque los valores globales ya ocultaban fuertes tendencias de crecimiento

y decrecimiento contrapuestas entre sectores internos que expresaban, a su vez, el desarrollo de

profundos cambios estructurales. El efecto persistente del cambio de las condiciones generales ya

indicadas, unido a la maduración de las modificaciones habidas en la estructura física de la

producción y en la composición del capital se conjugan para desatar lo que algunos especialistas han

caracterizado como la crisis más profunda, difundida y persistente conocida desde la postguerra hasta

ese momento. En el lapso 1980-82 el producto industrial cayó casi un 25 % y obligó al mismo

gobierno que había inducido su destrucción mediante la competencia abierta e indiscriminada con las

manufacturas del exterior ha devaluar la moneda y dictar una serie de medidas restrictivas y

proteccionistas. Las nuevas disposiciones lograron frenar temporalmente la caída, pero esa breve

interrupción no impidió que el denominado proceso de desindustrialización se instalara

definitivamente e impulsara profundas modificaciones de la economía en el mediano y largo plazo.

“Que el PBI industrial de 1983 sea equivalente al generado una década atrás o al 85% del registrado

en 1974 no constituye un fenómeno común en la historia de las sociedades. Ejemplos relativamente

semejantes sólo podrían encontrarse en casos de destrucción física de los medios de producción,

como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales...” (D. Aspiazu et al, 1986:

97)

Pero las cifras que muestran la persistencia del estancamiento económico y, dentro de él la

gran envergadura de la caída del sector industrial no deben evitar la adecuada percepción de un

conjunto de otras importantísimas transformaciones estructurales concomitantes. Es necesario

reconocer, en primer lugar, que el proceso de desindustrialización no afecta del mismo modo y con

la misma intensidad al conjunto del sector y que por detrás suyo no se descubre necesariamente la

existencia de un claro rasgo antiindustrialista en las políticas del estado. Lo que se denomina como

desindustrialización es en este período un proceso ambiguo que arroja resultados contradictorios. En

un extremo podemos identificar el comienzo de la descomposición de ese heterogéneo conjunto de

pequeñas y medianas empresas orientadas a la sustitución de importaciones que se ven obligadas a

retraer su participación, a endeudarse o simplemente a solicitar la quiebra y desaparecer del mercado

por imposibilidad de competir con las manufacturas extranjeras en las condiciones desventajosas ya

señaladas. En el otro, la creciente concentración de la producción y de la inversión de capital en dos

tipos de grandes empresas que han tenido orígenes en etapas diferentes del proceso de sustitución de

importaciones pero que durante el período de la dictadura adquieren gran relevancia merced a la

adopción de nuevos criterios de diversificación de la producción y estrategias múltiples de

acumulación de capital entre las cuáles se destaca por su gran peso relativo la producción industrial.

Es un proceso de concentración del capital, diversificación de la producción e integración

multisectorial de una gran variedad de establecimientos diferentes que se adapta a las características

de la nueva etapa articulando diferentes estrategias de acumulación alrededor de un patrón principal,

la obtención de ganancia extraordinaria en el mercado constituido por las demandas del Estado en

las diferentes modalidades mencionadas anteriormente. “Una parte significativa de la expansión de

la nuevas fracciones dominantes proviene de haber mantenido, e incluso aumentado su ya

significativa presencia en esta actividad. En efecto, los distintos casos analizados permite comprobar

que la industria fue uno de los rubros centrales (de sus) estrategias de expansión” (Aspiazu et al, 1986:

191). Las diversas facetas que presenta este proceso permitieron, rebatir, a ciertos autores la tesis

generalmente adoptada de la desindustrialización enunciada originalmente por A. Ferrer

(Lindemboin, s/f).

Dentro de ese conjunto se desarrollan dos tipos de grandes empresas diferentes, los

denominados Grandes Conglomerados Económicos Diversificados (G.C.E.D) y las Grandes

Empresas Trasnacionales Diversificadas (G.E.T.D). Los GCED tienen en común el origen de su

capital, son empresas nacionales que se incorporan al sector industrial en diversas etapas de nuestra

historia y se expanden utilizando diferentes estrategias de inversión. Las primeras son producto de las

estrategias de diversificación utilizadas por una parte del gran capital agropecuario a comienzos del

siglo anterior (Bunge y Born, Braun Menéndez) a las que se agregan primero las grandes inversiones

predominantemente industriales de la primer etapa del proceso de sustitución de importaciones

(Celulosa Argentina, Astra, Pérez Companc) y, luego, las de las grandes empresas nacidas después de

su apogeo (Socma, Bridas, Arcor). Aunque sus formas de evolución son diferentes, todas tienen algo

en común, se consolidan o adoptan la forma de GCED a partir de grandes inversiones industriales

promocionadas o destinadas a satisfacer la demanda estatal durante el período de la dictadura militar.

La provisión al sector público se constituye, por tanto, en un rasgo central de sus estrategias de

acumulación que, además de asegurarle en la mayoría de los casos buenos márgenes de ganancias

extraordinarias, les permite crecer y expandirse sin necesidad de modificar su carácter conservador,

enemigo del riesgo y de la innovación tecnológica. “Con mercado asegurados- se dice en uno de los

estudios ya mencionado sobre las políticas industriales del Estado- con avales oficiales o con precios

independientes de los costos, con acuerdos de provisión u operación a largo plazo, las concesionarias

no se parecen de ninguna manera a las empresas dinámicas de los modelos estudiados en la teoría de

los sistemas competitivos. Por el contrario ellas, una vez ganada la concesión o contrato, encuentran

escaso o ningún incentivo para reducir costos, mejorar métodos de trabajo, aumentar la

eficiencia...Las propias condiciones en que se mueven las impulsan en esa dirección, que sólo se

podría modificar su hubiera cambios en las reglas del juego establecidas entre ellas y el sector público

(J. Schvarzer, 1981:108). .Analizando la evolución de un caso paradigmático, Eduardo Basualdo

afirma, por su parte ” Sobre la base de estas inversiones el Grupo Pérez Companc muestra una pauta

claramente definida: construcción de grandes obras para el sector estatal, extracción de petróleo, de

gas, construcción de centrales nucleares, equipos de comunicación para el servicio nacional de

telefonía...Muchas de estos emprendimientos se realizan en asociación con grande Empresas

Trasnacionales también diversificadas y, en muchos casos, fuertemente vinculadas con el aparato

estatal como principal demandante” (1989: 35/36).

Las GETD constituyen el núcleo central de las inversiones extranjeras en el país. Son empresas

filiales de grandes conglomerados trasnacionales, en su gran mayoría instaladas en el país durante el

período de sustitución de importaciones para aprovechar las ventajas que les brindaba la posibilidad

de producir con tecnología de avanzada manufacturas consumidas dentro de un mercado regulado y

protegido. Las grandes ganancias obtenidas en ese lapso les permitió a algunas a desarrollar procesos

de integración vertical y/o horizontal. Analizando la evolución de la empresa suiza Brown Boveri,

otro caso paradigmático, el mismo investigador pone de manifiesto como ha influido, entre otros

factores, la política estatal de “privatización periférica” en su gran desarrollo durante el período de la

dictadura militar “ “La fuerte expansión de esta ET... se realizó basada en sus actividades ya centrales:

refinación y comercialización de petróleo, construcción y comercialización de gas licuado...completa

la integración de sus actividades en el negocio del petróleo al insertarse, mediante Copesa S.A, en la

exploración y explotación del mismo y le “vende” al Estado su primera empresa en el

país...operación que dio lugar posteriormente a una investigación parlamentaria” (1989, página 40).

De acuerdo al estudio estadístico de su evolución ambos tipos de empresas aumentan varios

puntos su participación relativa en la elaboración del volumen físico de la producción industrial con

base en dos tipos de procesos, la absorción y/o el reemplazo de la producción dejada vacante por la

empresas generalmente pequeñas y medianas proveedoras o que entran en proceso de liquidación y

la reinversión de capital o la reasignación de recursos ociosos por reducción de la demanda interna

en los nuevos esquemas de “promoción” y en los emprendimientos de distinto tipo generados

directa o indirectamente por las grandes empresas estatales o las grandes obras del Estado. Así,

durante el lapso 1973/83 las G.E.T.D aumentan su participación del 30% al 33%, Los G.C.D.E

ascienden del 13 al 17% y las Empresas Estatales del 9 % al 11%, mientras que el conglomerados de

empresas restantes, compuesto principalmente por las Empresas Trasnacionales Especializadas y las

Empresas Nacionales Independientes disminuyen su participación en una proporción equivalente.

Estas cifras resultan aún mas elocuentes si se tiene en cuenta que por limitaciones propias de las

únicas fuentes disponibles los porcentajes de participación se calcularon sobre un total que sólo

incorpora a los mayores establecimientos del sector y, por ende excluye, el efecto estadístico que

sobre el incremento de la concentración tiene el proceso descomposición de la pequeñas y medianas

empresas que entraron en crisis en el mismo lapso. (Aspiazu et al, 1986: cap. 4). Un estudio sobre las

estrategias de producción de las cien empresas más grandes del país, reveló que el 30 % de ellas se

hallaban en este período íntimamente relacionadas con la producción, la demanda o la oferta del

sector público (J .Schvarzer, 1981: 112 y cuadro XVIII); a ellas es necesario sumar un número por

ahora indeterminado que producen para el mercado pero reciben otros incentivos bajo la forma de

subsidios, créditos preferenciales, etc.

El creciente predominio que van teniendo ambos tipos de grandes empresas tiene, entre otras,

dos grandes causas. Una ya ha sido mencionada y se refiere la estrecha relación funcional que se va

dando entre ellas y las nuevas demandas y los nuevos emprendimientos del Estado como los que ya

hemos visto. La otra no se deriva de su articulación con el estado sino de su estructura interna, de su

estrategia de crecimiento y de la privilegiada posición que ocupan en el mercado en el momento en

que a través de la “reforma financiera” el gobierno de la dictadura militar modifica severamente los

mecanismos reguladores de la acumulación de capital. En efecto, a diferencia de lo ocurrido en

períodos anteriores, la nueva política económica de la dictadura militar produce un perverso

entrecruzamiento entre altas tasas de interés interno, apertura importadora y subvaluación del dólar

creando un nuevo escenario económico donde el endeudamiento con el sistema bancario pasa a

convertirse en una herramienta esencial del financiamiento y de las estrategias de expansión de las

empresas industriales. En esa circunstancia las grandes firmas que como las GCDE y las GETD

habían integrado en su propio seno ambos sectores tuvieron acceso fluido al crédito con tasas de

interés diferenciales, recursos decisivos que en muy poco tiempo marcaron una muy clara ventaja

sobre el resto. El amplio espectro de actividades que realizaban les permitió flexibilizar aún mas sus

opciones y aprovechar las ventajas comparativas transitorias y permanentes que les fueron

ofreciendo las nuevas oportunidades de inversión generadas tanto por las demandas estatales como

por las propias modificaciones del mercado. El alto nivel de transacciones entre las diferentes

unidades integradas al conglomerado parece haberse convertido, por último, en un gran factor de

estabilidad y seguridad durante el transcurso de las grandes crisis.

4. Un nuevo patrón de acumulación: La valorización financiera

La estrategia de reconversión industrial fortaleció a las grandes empresas, favoreció la

concentración del capital, del poder económico y de los ingresos, paralizó la marcha de la economía y

promovió la disolución de las empresas más vulnerables pero, a pesar de su perverso carácter

destructivo nunca pudo lograr uno de los objetivos buscados con mas empeño por el nuevo

fundamentalismo neoliberal: aplacar el ritmo de crecimiento de la inflación que en el año 1977 se

había incrementado un 176%. Para enfrentar el grave e incontrolado problema de la inflación

evitando atacar sus causas verdaderas, el gobierno elaboró una nueva estrategia: promulgó un nuevo

sistema de devaluación pautada del precio del dólar, destinado neutralizar, según su interpretación, el

fuerte impacto que estaban teniendo las expectativas de cotización de la moneda extranjera en el

incesante crecimiento de los precios internos y en la modificación de los precios relativos de la

economía. Pretendió crear un margen razonable de certidumbre pero, también fracasó con este

intento, los precios internos continuaron su indetenible marcha ascendente, haciendo caso omiso de

los dudosos márgenes de seguridad que pretendía generar el nuevo esquema monetario. Ante la

fijación de un dólar relativamente estable se produjo una “apreciación” de la moneda nacional que

depreció a los productos importados y generó la denominada “plata dulce”, base de una expansión

indiscriminada de gastos durante un fugaz y artificial período de prosperidad, usufructuado

especialmente por los sectores sociales urbanos de ingresos medios y medios altos en el mercado

externo. Las tasas de interés se ubicaron, a su vez, en un espacio intermedio, más bajas que el alto

ritmo de crecimiento de la inflación, sensiblemente más altas que la tasa de devaluación de la moneda

extranjera (entre otros, Canitrot, 1980 y J. Sevares, 2002).

Esta discrepancia entre tasas de interés internas, externas y valor de la moneda extranjera

vuelve generar un tipo de especulación financiera que el Ministro Martínez de Hoz ya había

introducido en el mercado, al comienzo de su gestión, mediante la implantación de dos tipos de

cambio diferentes, uno comercial que se mantendría apegado a la evolución del gradiente de inflación

y otro financiero, estable en términos nominales. Como la inflación giró durante ese período

alrededor del 800%, la estabilidad del dólar financiero permitió ingresar divisas, colocarlas en

inversiones en pesos con tasas que seguían el ritmo de la inflación y retirarlas al cabo de un tiempo

con una enorme cuota de ganancia extraordinaria estimada en alrededor de un 150% por algunos

especialistas. Al comprobar esos resultados y para evitar que el sistema financiero se pusiera fuera de

control, arrastrando consigo al conjunto de la economía, el gobierno reemplazó la doble cotización

por un criterio tradicional de cambio único permanente y eliminó de ese modo el negocio de la

valorización financiera. (J. Schvarzer 1989: 45)

Dos años después ese mecanismo especulativo se reintegra al mundo de los negocios por otra

vía, por la diferencia de valores entre tasas de interés internas y externas que genera “el esquema de

devaluación pautada combinado con el “atraso permanente” del tipo de cambio de la moneda

extranjera. A pesar de que la ganancia extraordinaria dentro del nuevo esquema se ubica muy debajo

de la anterior, desciende al 35% anual, la inversión financiera especulativa se expande a un ritmo

vertiginoso operando de un modo muy semejante a la del período anterior, introduce dólares al país,

los transforma en pesos y utiliza esa masa dinero para adquirir bonos del Estado o para conceder

préstamos internos a empresas nacionales, aplicando las tasas del mercado local. Como las tasas

interna son muy elevadas por causa de la inflación y el valor del dólar se mantiene estable, el alto

rendimiento en pesos se traslada automáticamente a dólares en el momento mismo de su conversión.

Ese rendimiento en dólares es, a su vez, mucho mas elevado que el que vigente en el mercado

internacional y atrae, por esa causa, una importante masa de recursos externos que sólo en el año

1979 alcanzaron la impresionante cifra de 5.000 millones de dólares.

Pero, esos recursos no arribaron para promover inversiones directas en el sector productivo ni

en el sector financiero sino bajo la forma de créditos otorgados por la banca internacional a un

reducido grupo de grandes empresas nacionales y extranjeras fuertemente articuladas tanto al Estado

como al mercado local, principales protagonistas del conglomerado de grandes empresas

monopolistas analizadas en el apartado anterior. En efecto, en el año 1983 casi el 70% de la deuda

privada había sido contraída sólo por treinta Grandes Conglomerados Económicos Diversificados

(GCED) económicos y poco mas de cien conglomerados extranjeros y empresas trasnacionales. (M

Kufas, 1999)

En el nuevo contexto generado por el plan de reformas de la dictadura militar, la deuda

contraída por el sector privado creció incesantemente pero no fue utilizada para invertir en activos

fijos ni para financiar el crecimiento de las actividades productivas. Fue destinada a engrosar un

nuevo tipo de capital usurario y especulativo que obtuvo enormes ganancias extraordinarias

operando del siguiente modo: contrajo préstamos en el exterior a tasas de nivel internacional que

estuvieron siempre muy por debajo de las que regían en el país, utilizó esa masa de dinero para

adquirir bonos del Estado o conceder prestamos internos a empresas nacionales aplicando las tasas

del mercado local y se apropió de los grandes excedentes que producían esas diferencias. Además, el

capital así acumulado se sustrajo del circuito económico nacional que le había dado origen y fue

sistemáticamente depositado en bancos del exterior para que funcionara como garantía de nuevos

préstamos, y así sucesivamente. (una descripción ampliada de este mecanismo en E. Basualdo,1987,

2000 y E. Calcagno y A. Calcagno, 1999).

Analizando las cifras correspondientes al primer tramo del proceso de endeudamiento, J.

Schvarzer (1989: 52) elabora tres importantes conclusiones: a) el 80 % de los compromisos

crediticios tomados en el exterior fueron contraídos por unas pocas empresas del sector privado; b)

el sector público no se endeudó y fue acumulando las divisas que ingresaba el sector privado a través

de su endeudamiento, por ese mecanismo las reservas del banco central ascendieron a un nivel tan

alto que resultaba superior al del monto total de la deuda externa del país; c) como las reservas

superaban al monto total de las obligaciones operaban como reaseguro que garantizaba a los

“inversores” financieros una adecuada disponibilidad de divisas .

Por esa razón, el endeudamiento externo, un recurso extremo utilizado en períodos anteriores

como elemento auxiliar, reequilibrador de la balanza exterior de pagos, de reajuste de las cuentas

fiscales e impulsor de las actividades económicas en el sector privado dentro del modelo industrial

sustitutivo se transforma a partir de esos momentos en el sostén y eje principal de un nuevo patrón

de acumulación de capital. Su monto y su función se mantiene con características similares durante

los tres primeros años del “plan de reconversión” de la dictadura militar pero, a fines del año 1978,

cuando entra en vigencia el nuevo esquema cambiario, comienza a crecer en forma realmente

vertiginosa, los 7.800 millones de dólares de deuda externa total registrados en el año 1975 se

transforman casi súbitamente en 60.000 millones en 1982 y en 140.000 millones en 1990. A medida

que se expande la deuda va cobrando vida propia, se reproduce con ritmos y montos que en nada se

relacionan con las necesidades de financiamiento del Estado y del sector productivo en la nueva

situación generada por la persistencia del plan aperturista del gobierno militar; tampoco parece

hallarse demasiado condicionada por los vaivenes del mercado ni por los débiles propósitos

reformadores de los sucesivos planes económicos y monetarios elaborados desde las postrimerías de

la dictadura hasta el trágico fin hiperinflacionario del primer gobierno de democrático. (A. Calcagno

y E. Calcagno; 1999).

Por medio de este nuevo conjunto de procedimientos, las superganancias de origen financiero

se incorporan primero y pasan o formar parte después del núcleo central de las estrategias de

obtención de ganancias extraordinarias, aunque no son predominantes todavía en las estrategias de

acumulación de las grandes empresas monopólicos. Ello ocurrirá un tiempo después cuando el

Estado, económicamente exhausto por la aplicación sistemática de estas políticas se quede sin

recursos para continuar subsidiando con la cesión de ganancias extraordinarias a su elenco

permanente de proveedores y contratistas. Algunos de los cálculos realizados sobre esta cuestión

indican que de ser un fenómeno prácticamente irrelevante durante la etapa sustitutiva, la presencia de

activos financieros pasa a representar nada menos que el 50 % de los activos totales de las grandes

empresas a fines de la década del ochenta. En una de sus investigaciones sobre el papel de los

grandes grupos en la expansión de la deuda externa E. Basualdo afirma, en efecto: “no se trata

únicamente de la enorme rentabilidad que obtienen los bancos o el sistema financiero en general,

sino también de la renta financiera que perciben los capitales oligopólicos líderes en las restantes

actividades económicas, entre las que se cuenta la producción industrial, agropecuaria y, más

recientemente, los servicios públicos privatizados. Esto es posible porque la tasa de interés supera la

rentabilidad en otras actividades económicas, se registra una importante concentración del ingreso y

la deuda externa opera como una fenomenal masa de recursos posibles de ser valorizados en la

economía externa por parte del sector mas concentrado del capital “ (2001:13). J. Schvarzer (s/f, b,

cuadro 5) ha calculado que los beneficios obtenidos por ese pequeño núcleo oscilaron entre 3.000 y

4.500 millones de dólares sólo en el lapso 1978-80, es decir durante los tres primeros tres años de

gran auge del nuevo ciclo especulativo. En la misma dirección, la fuga de capitales al exterior, que

también fue irrelevante en el período sustitutivo, asciende en la segunda parte de la década del 90 a

nada menos que 96.000 millones de dólares, una cifra prácticamente similar a la del total de las

obligaciones contraídas por el país en el exterior.

5. El Estado sosteniendo y fomentando el patrón de valorización financiera y la

ganancia extraordinaria de los grandes grupos nos muestra la otra cara (improductiva) del

proyecto liberal corporativo

Cuando el proceso de valorización financiera se hallaba en pleno auge, comenzaron a aparecer

los primeros síntomas de su inviabilidad y de la fuerte contradicción que generaba con los sectores

productivos de la economía. Como en ocasiones anteriores, la incompatibilidad se presentó a través

de sus efectos: el déficit de la balanza de pagos y de la cuenta corriente de divisas. En efecto, el

mantenimiento artificial del precio de la divisa extranjera y la reducción de los precios internos, por

efecto de la importación, comenzaron a generar una zona de coincidencia que agudizó la recesión.

J.Sevares (2.002) sostiene que si el nuevo patrón de acumulación hubiera tenido capacidad de generar

“círculos virtuosos” en esa nueva circunstancia debería haber provocado una reducción de las tasa

de interés y favorecido el desempeño de las empresas locales acosadas por la competencia externa;

también podría haber interrumpido el ciclo perverso de la valorización financiera que, como hemos

visto, se alimenta principalmente de las diferencias de tasas internas y externas.

Sin embargo, en esta ocasión se invirtieron los términos nuevamente. La indiscriminada

apertura comercial importadora produjo una enorme demanda de divisas que se tradujo en un fuerte

atraso cambiario y un importante déficit comercial. Durante la primera etapa de este proceso, la

expansión del endeudamiento externo fue obra principalmente de las obligaciones contraídas por las

empresas del sector privado que crece mucho más aceleradamente que la del sector público hasta el

año 1979. A pesar de ello, y del crecimiento incesante de las tasas de interés internas, se produjo una

escasez aguda de divisas que obligó al Estado a enfrentar un nuevo dilema: desarticular un

mecanismo de especulación financiera que ya no podía ser sostenido, como lo pretendía la doctrina

del equipo económico, por el juego libre de las fuerzas del mercado y dañaba severamente al sector

productivo o asumir un compromiso explícito con el sector de la gran burguesía que lo impulsaba y

usufructuaba generando nuevos tipos de subsidios al sector financiero que venían a reemplazar a

algunos tipos de apoyos restados al sector industrial. Por ello, como sucedería veinte años mas tarde

el Estado comienza en 1980 a endeudarse severamente para cubrir con su aporte la creciente

demanda de divisas del mercado interno. Entre 1979 y 1981 la deuda pública crece 100% y supera

en un 30% el monto alcanzado durante ese último año por la deuda del sector privado. (J. Schvarzer,

s/f, cuadro 18)

Por esa causa el déficit crónico de cuenta corriente se transforma en un problema irresoluble,

circunstancialmente amortiguado mediante formas de recesión capaces de provocar una reducción de

esa demanda o por el ingreso adicional de divisas mediante el endeudamiento externo. Este último

mecanismo, cuando se convierte en recurso permanente abre, a su vez, un nuevo repertorio de

dilemas que al no poder ser resueltos le dan aún mas impulso a los procesos mutuamente

relacionados de declinación económica y decadencia social. Uno de ellos, sólo aparentemente

circunstancial, surgido de la problemática de ese momento también fue señalado por J. Sevares :si

ante el crecimiento de la demanda, el Estado hubiera propugnado un esquema de créditos accesibles

sin recurrir al endeudamiento, se hubieran agotado las reservas; si, por el contrario, se hubiera

mantenido una política restrictiva para mantener las reservas, el aumento de las tasas de interés

hubiera profundizado la recesión. Demás está decir que todo ello se agravaba por la persistencia del

otro componente de la misma cuestión: el mantenimiento de altos índices de inflación.

Acosado por ese complejo conjunto de contradicciones y problemas sin resolver, el

superministro de la avanzada liberal deja su puesto a un sustituto mas heterodoxo que intenta

recomponer el funcionamiento de una economía desequilibrada atacando uno de sus problemas más

acuciantes, el tipo de cambio. A esa altura de los acontecimientos el esquema de devaluación pautada

había generado un gigantesco sistema de especulación financiera, denominado popularmente

“bicicleta financiera” que el Estado ya no podía continuar sosteniendo con más endeudamiento ni

con las pocas reservas que todavía tenía disponibles. Por ello rompe el compromiso de seguir

manteniendo la pauta cambiaria establecida por la gestión anterior y provoca una importante

devaluación de la moneda para eliminar los componentes artificiales de su prolongada e insostenible

sobrevaluación. Pero, mas allá de sus virtuales efectos positivos estrictamente monetarios, la

devaluación es interpretada como una manifestación de impotencia, de ausencia de recursos para

continuar garantizando el esquema especulativo vigente que provoca una rápida deserción de

ahorristas y especuladores del mercado financiero, la compra masiva de divisas y la evaporación de

las reservas.

A. Jozami construye un preciso relato de esa crisis, es decir de la saga de acontecimientos que

se inicia con el cierre, durante el primer trimestre de 1980, de cuatro de los nuevos grandes bancos,

instalados y en funcionamiento gracias a la desregulación de la actividad promulgada por la reforma

financiera , se prolonga hasta el mes de febrero de 1981 con la eliminación del sistema de

devaluación pautada de la moneda extranjera y estalla, literalmente, a partir de la devaluación del 30%

dispuesta por el nuevo Ministro de Economía a comienzo de febrero de 1981, pocos días después de

haber pronunciado en los medios de comunicación una de las sentencias más cínicas de la época “el

que apuesta al dólar pierde”. Durante el año anterior, dice este autor, el Banco Central, brindando

una nueva demostración de la profunda complicidad existente entre el Estado y el gran capital

volcado hacia la especulación financiera, había gastado 6.000 millones de dólares en sostener el

sistema bancario, una cifra equivalente al 6 % del PIB de ese año a la cuál agrega otra similar

generada por la emisión monetaria de ese mismo año. Y concluye, “En realidad, desde 1978, los

costos de la reforma financiera para el Estado y la sociedad fueron sencillamente brutales. Por vía de

la denominada “cuenta de regulación monetaria” o de los auxilios del Central a los bancos, los

altísimos beneficios del capital especulativo fueron subvencionados, finalmente, por los impuestos

mayoritariamente pagados de manera indirecta por la población y directamente por el retroceso del

ingreso de los asalariados. La colosal transferencia de ingresos hacia el sector financiero convirtió así

en mera propaganda el proclamado carácter subsidiario del Estado... El gasto público exigido por los

subsidios a los rentistas financieros se elevó del 36 % de 1973, al inicio del gobierno peronista, a un

45% del PIB a finales de 1980” (A. Jozami, 2003: 298-299)

A esta reiterada crisis financiera provocada por la crónica escasez de divisas disponibles se

suma en esa circunstancia otro nuevo fenómeno que agrega mucha mas complejidad al problema

original, la fuga de divisas. A comienzos de 1981 comienza a tomar relieve el último componente del

patrón de valorización financiera, los excedentes atesorados por la diferencia existente entre las tasa

de los prestamos externos contraídos y las diversas colocaciones financieras en el mercado interno

no se reintroducen en la economía nacional sino que pasan a formar parte de nuevas inversiones

menos rentables pero más seguras ubicadas en plazas más sólidas y estables del exterior. “La salida de

divisas – dice J. Schvarzer- alcanzó dimensiones inusitadas: el Banco Central vendió a las casas de

cambio 4.124 millones de dólares para que atendieran la demanda, mientras otros fondos salían

mediante la cancelación de créditos en el exterior y diversos mecanismos financieros. Las

dimensiones de la salida total se pueden apreciar en el balance de fin de año. Las reservas cayeron en

2.850 millones de dólares en el curso de 1980 (hasta llegar a 7.288 millones) mientras que el

incremento de la deuda externa en el mismo periodo fue de 8.128 millones de dólares. La deuda

externa neta trepó ese año 11.000 millones de dólares. Esta cifra equivalía al 11% del producto bruto

interno...que los argentinos habían gastado por encima de sus posibilidades” (J. Schvarzer, s/f: 100).

El Ministro que ligó su destino al éxito de un limitado e inadecuado plan transformador, que ni

siquiera intentó enfrentar la crisis eliminando los aspectos más perversos del funcionamiento del

sistema financiero, duró poco tiempo jaqueado por los grandes empresarios capitalistas corporativos

y debilitado por las disputas internas en el elenco militar. A esa altura del proceso comienzan a

agudizarse los clásicos dilemas de “fin de régimen” relacionados con la definición de los criterios y

los protagonistas de la sucesión política democrática del gobierno dictatorial (M. Novaro y V.

Palermo 2002). A fines del año siguiente el equipo del Ministro Sigaut se aparta de la escena, pero

antes de consumar la retirada adopta una serie de decisiones estratégicas que ponen aún más de

relieve el rol decisivo que estaban desempeñando ciertas políticas del Estado en el mantenimiento y

expansión del nuevo patrón de valorización financiera. El Estado no sólo fomentó, toleró y encubrió

este nuevo esquema de expansión del capital financiero y su correlato la destrucción de la estructura

productiva y la concentración del capital sino que lo favoreció significativamente operando de tres

modos complementarios entre sí: generó, como hemos visto, en una primera instancia, una situación

de gran endeudamiento interno que mantuvo muy altas las tasas de interés del mercado local;

proveyó mediante el endeudamiento externo la masa de divisas que requerían el crecimiento de las

importaciones, de las transacciones financieras con el exterior y de la fuga de divisas; y licuó

posteriormente una gran parte del endeudamiento privado externo, mediante la absorción estatal de

deuda privada aplicando un mecanismo denominado “seguro de cambio”.

Durante la etapa de vigencia del sistema de devaluación pautada sostenido por el ministro

Martínez de Hoz, se utilizaron las dos primeros recursos, la devaluación del mes de marzo de 1981

generó la ocasión propicia para poner en marcha el último de estos mecanismos. El nuevo Ministro

de Economía, Lorenzo Sigaut, preocupado por los eventuales efectos que esa medida podía llegar a

tener en la depreciación del patrimonio de las grandes empresas endeudadas en el exterior creó un

“seguro de cambio” para aquellas que aceptaban renovar sus obligaciones financieras por un plazo

mínimo de 18 meses, que abarco operaciones por valor de 6.000 millones de dólares, la mitad del

total de la deuda contraída. Poco después le tocó el turno a los tenedores de grandes empréstitos

internos. Domingo Cavallo, a la sazón Presidente del Banco Central, puso topes a las tasas de interés

de las operaciones financieras locales que vieron depreciar el monto real de sus operaciones por

efecto del crecimiento inflacionario. La diferencia entre las tasa nominales decretadas y las tasas

reales que imponía el gradiente inflacionario fueron asumidas en parte por el Estado y en parte por

los ahorristas del propio sistema financiero. Como ha sido reiteradamente señalado, ambos

mecanismos se convirtieron en un gigantesco subsidio a los tenedores de valores financieros que

implicó otra fenomenal trasferencia de ingresos desde toda la sociedad, a través de las nuevas

obligaciones contraídas por el Estado, hacia este nuevo y privilegiado sector de la clase dominante.

El proyecto político continuista de la dictadura militar se esfumó definitivamente después del

fracaso de la fuga hacia delante que significó el intento aventurero de conquistar el territorio de las

Islas Malvinas. Pero, la percepción del estrepitoso derrumbe del andamiaje político militar y el

posterior repudió a la implementación sistemática del “terrorismo de estado” no deben minimizar el

análisis del perdurable efecto económico, social y aún cultural que han tenido y todavía tienen

muchas de las radicales trasformaciones introducidas a lo largo de su gestión. Especialmente aquellas

que cerraron un largo período de confrontación, cambiando definitivamente las relaciones de

predominio económico y supremacía social en el país a favor de la gran burguesía monopolista. La

consolidación del predominio de esa nueva clase dominante abrió un nuevo cauce que contenía

potencialmente varios tipos de desarrollos diferentes. En ese sentido es importante destacar que

durante el período de la dictadura militar se impuso la peor variante, la más desventajosa y perversa

que unificó redistribución regresiva del ingreso con endeudamiento externo, estancamiento

económico y destrucción de una parte de la estructura productiva. Al no crecer el producto el

proceso de concentración de la propiedad, del capital y de los ingresos se realiza mediante el despojo

y el cambio de la correlación de fuerzas entre los grupos sociales no se traduce en una neutralización

de la disputa redistributiva sobre los nuevos excedentes producidos sino en el desarrollo de un plan

sistemático destinado a producir una muy fuerte trasferencia de bienes, de ingresos, de derechos y de

poder desde la inmensa mayoría de la sociedad al reducido sector social integrado directa o

indirectamente a las nuevas fracciones de la clase dominante.

Para poner esto de relieve podemos construir dos modelos uno real y otro hipotético,

identificando a los principales sujetos involucrados en esa constelación de cambios y confrontando la

posición que ocuparon durante la consolidación del modelo liberal corporativo, integrado a la

valorización financiera y el que podrían haber ocupado en un modelo diferente basado en un tipo de

concentración asociado a la expansión de la producción y a la acumulación de capital.

¿Que tipo de organización debería haber adoptado un modelo de acumulación basado en el

predominio de las grandes empresas monopolistas del sector industrial subsidiado por el estado pero

funcionando dentro de un mercado abierto, no protegido? En ese esquema la desprotección y

desregulación estatal elimina en el caso mas extremo a la mayoría de las empresas industriales

sustitutivas y deja un vacío de oferta interna que primero es cubierto por la importación pero luego

va siendo reemplazado paulatinamente por la oferta de nuevas grandes empresas o por la expansión

de las ya existentes. En ese caso las estrategias de inversión no garantizan ganancia extraordinaria y

suponen un nivel de riesgo no despreciable que incluye mayor eficiencia e innovación. Una estrategia

que antes o después colisiona con la opuesta adoptada por los monopolios articulados al estado

subsidiario. En ese caso, si se imponen las estrategias innovadoras y se atenúa el carácter

semiparasitario de los monopolios contratistas es posible que disminuyan las injustificadas perdidas

de las grandes empresas del Estado, se modernicen, bajen costos y disminuya el precio de los

servicios de infraestructura, lo cual aumenta la calidad y reduce aun mas los costos generales de la

producción. Al eliminar, o por lo menos reducir la gran masa de excedentes que el Estado transfiere

a las grandes empresas de la “patria contratista”, disminuyen las erogaciones fiscales y aumenta la

masa de recursos públicos disponibles; lo cual permite ampliar el área de servicios públicos, disminuir

impuestos o utilizar esos recursos para atenuar el estrangulamiento del sector externo.

En este caso, la reconversión destructiva genera un nuevo modelo económico que exacerba la

polarización económica y social pero puede justificarse a si misma en la medida que crea las

condiciones adecuadas para el desarrollo de un nuevo tipo de economía industrial mas concentrada

pero mas competitiva y con capacidad de insertarse exitosamente en ciertas áreas del nuevo mercado

mundial. Con su nueva dinámica expande la demanda del mercado interno, absorbe parte de la mano

de obra desocupada y promueve un aumento real de salarios ligado al aumento de la productividad

del conjunto de la economía. El importante aumento de la eficiencia y la productividad que surge del

círculo virtuoso establecido entre todos estos eslabones abre la posibilidad de realizar modificaciones

estructurales capaces de resolver el principal problema endémico de la economía argentina,: tienden a

igualarse las productividades del sector interno y externo de la economía y se expande la capacidad

de exportar productos manufacturados con lo cual tiende a reducirse el déficit crónico de divisas y el

desequilibrio periódico de la balanza de pagos. La abundancia de divisas disminuye la demanda de

créditos externos y con ello el papel de los acreedores externos. La menor demanda de créditos para

el sector público aplana la tasa de interés y corta el circuito de la especulación y la bicicleta financiera.

Disminuye el peso relativo del capital financiero y junto con el sector importador pasan a ocupar un

lugar imprescindible pero subsidiario.

El aumento de la concentración del capital y del empleo de mano de obra en las grandes

empresas generará una modificación cualitativa de las relaciones salariales, de la extensión, de la

composición y del ingreso de la clase obrera. Tendrá menos peso relativo, pero mayor capacitación y

mayor capacidad de consumo. Se supone que algo similar ocurrirá con la clase media. Es probable

que los sectores mas perjudicados dentro del nuevo modelo sean los sectores populares que pierdan

la posibilidad de recuperar empleos asalariados. La cantidad de empleos eliminados por la

destrucción de las anteriores empresas sustitutivas no puede ser compensada por el crecimiento

relativo de empleo en las grandes empresas. Se abre un horizonte de subocupación y desocupación

que empalma con la ruptura de las situaciones de pleno empleo que afecta al capitalismo en todo el

planeta.

Estos son algunos rasgos del modelo de desarrollo capitalista que aparece implícito y se deduce

de los postulados del proyecto liberal que, en términos discursivos, planteo el equipo económico en

el inicio de la dictadura militar. Como hemos visto, las medidas efectivas adoptadas a lo largo de su

gestión condujeron a la economía por rumbos opuestos, alejados tanto de ese modelo ideal como del

modelo industrial sustitutivo previamente existente. En relación con esto ultimo, todavía no sabemos

si ello fue la consecuencia de un proceso de arrinconamiento y subordinación de la tecnoburocracia

industrial de las grandes empresas privadas y estatales, indicadas anteriormente, que no pudo frenar

la expansión de los mecanismos de valorización financiera o de un proceso de mutación de su

proyecto original que corrió paralelo a la aparición de nuevos tipos de grandes empresas en el sector

financiero y a la inclusión de la valorización financiera dentro de las estrategias de acumulación de las

grandes empresas existentes.

El proceso de transformación degenerativa del modelo original comienza en el momento

(ideal) en que las grandes empresas deciden desestimar las nuevas oportunidades de inversión y

modernización que se abren por la obligada deserción de las empresas medianas incapaces de

competir con los nuevos productos importados. La mayoría de los analistas y protagonistas de ese

periodo afirman que los supuestos nuevos negocios nunca fueron atractivos porque surgieron en un

contexto artificial, marcado por una indiscriminada política aperturista, combinada con una moneda

nacional sobrevaluada que favorecía excesivamente a la competencia de los productos importados.

Tomando esa dirección la política eficientista del equipo liberal se contradecía a si misma, o mejor

dicho ponía en contradicción los objetivos y postulados de su programa con la sucesión de medidas

estratégicas adoptadas: en lugar de marchar en pos de su objetivo central, la transformación del

capitalismo subsidiado, refuerza la articulación del Estado prebendario con las grandes empresas

monopólicas y da un fuerte impulso al selecto grupo que combinando economía y política se

convierte en el núcleo central de la denominada “patria contratista”. Por esa causa, la asunción de

riesgos y desafíos por parte de las grandes empresas transforma aquello que debería haber sido una

situación transitoria, en una nueva situación estabilizada y de carácter permanente. La ausencia de

ofertas, provocada por el desplazamiento de empresas atrasadas incapacitadas de convertirse en esas

condiciones y competir en un mercado desregulado, es ocupada entonces definitivamente por un

nuevo sujeto económico, el gran importador. Es necesario resaltar que en vez de producir para ese

nuevo mercado muchas grandes empresas, mediante la importación de productos afines,

incorporaron esa nueva función comercial a sus estrategias de expansión multisectorial.

Para continuar alimentado el gran negocio de las empresas monopolistas privadas, el Estado

prebendario hizo de las grandes empresas públicas entes ineficientes y deficitarios. Como es sabido, a

pesar de su gran tamaño no tenían estructura de costos ni sistemas adecuados de contabilidad, se

mantenían en el mercado gracias a las transferencias de recursos previstos anualmente en el

presupuesto nacional. Por falta de vocación de los liberales eficientistas, por imposibilidad de

desplazar a la tecnoburocracia complicada en el negocio, o por acuerdo entre sus diversos

componentes, la inaceptable ineficiencia y la deficiente forma de gestión del monopolio estatal se

agrava peligrosamente cuando a los rubros ya existentes se le agregan los nuevos ámbitos y formas de

colusión asociadas a la expansión del complejo militar industrial.

El sistema de transferencias ocultas y sistemáticas entre lo público y lo privado pone en riesgo

permanente el equilibrio fiscal y la ineficiencia deliberada en la administración de los recursos obliga

a intensificar la presión tributaria. Ambas cuestiones obligan a la emisión monetaria y una creciente

demanda de financiamiento que provoca un fuerte aumento de las tasas de interés internas. Estas dos

últimas cuestiones desalientan las inversiones productivas y alientan la inversión especulativa cuando,

por diversos mecanismos el valor de la tasa de interés es superior al índice de inflación, a la tasa del

aumento del dólar o a ambos fenómenos a la vez. En ese clima especulativo aparece la oferta

crediticia externa y el mecanismo de valorización financiera. Allí, los protagonistas centrales son las

grandes entidades financieras y las mismas grandes empresas monopólicos privadas que integran la

patria contratista y reúnen en una sola estrategia global de acumulación a los tres grandes rubros

generadores de ganancia extraordinaria: producción y servicios para el contrato estatal, la

especulación financiera y la importación. Una vez que asientan sus reales también en el sector

financiero, a través del endeudamiento externo, logran que el Estado extienda su tradicional política

subsidiadora también a este tipo de actividades, primero con el endeudamiento público destinado a

proveer divisas al mercado y luego con la socialización de las deudas privadas a través de los seguros

de cambio. Subordinado dentro de un esquema como este, donde priman absolutamente los

intereses empresarios sobre las necesidades publicas, el Estado es también privado de los recursos

necesarios para afrontar las obligaciones de la deuda y es obligado a negociar suspensiones de pagos

y renegociaciones que a medida que se suceden le conceden un creciente protagonismo a un nuevo

sujeto económico, el acreedor externo y amplifican la influencia política de sus representantes, los

organismos multilaterales de crédito.

La incorporación de la valorización financiera al conjunto de mecanismos de acumulación

específicos del capitalismo subsidiado generó, por ultimo, una profunda transformación de la

estructura y de los modos de funcionamiento del conjunto de la economía. El liberalismo

corporativo produjo enormes cambios, pero ninguno de ellos permitió resolver adecuadamente

ninguno de los grandes dilemas y problemas heredados del periodo anterior. De una economía de

bajo crecimiento, inestable y extremadamente vulnerable propia del periodo sustitutivo pasamos a

una economía endeudada y declinante, mas frágil, inestable, vulnerable e inmersa, además, en un

peligroso proceso de descomposición. A los dilemas generados en el período anterior le agrega uno

mucho mas complejo y mas difícil de resolver, el que genera la explosiva combinación que comienza

a darse entre la declinación económica, el bajo crecimiento del sector externo y el crecimiento

exponencial de la demanda de recursos públicos y de divisas que genera la brutal elevación de los

montos de la deuda externa.

BIBLIOGRAFIA

Aspiazu, Daniel et al (1986): El nuevo poder económico. Buenos Aires, Editorial Legasa.

Aspiazu, Daniel y Notchef, Hugo (1994): El desarrollo ausente. Buenos Aires, Editorial Norma.

Asborno, M (1993): La moderna aristocracia financiera. Buenos Aires, El Bloque editorial.

Basualdo, Eduardo (1987): Deuda externa y poder económico en la Argentina. Buenos Aires, Editorial Nueva

América.

Basualdo, Eduardo (1999): Acerca de la naturaleza de la deuda externa. Buenos Aires, edición Unqui-

Página 12.

Basualdo, Eduardo y Aspiazu, Daniel (1990): Cara y contracara de los grupos económicos. Buenos Aires,

editorial Cántaro.

Braun, Oscar (1973): “Desarrollo del capitalismo monopolista”. En O. Braun (e) El capitalismo argentino

en crisis. Buenos Aires, Editorial Paidós.

Cafiero, Mario y J. Llorens (2002): La Argentina robada. Buenos Aires, Ediciones Macchi

Calcagno, Alfredo y Calcagno, Eric (1999): La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla).

Buenos Aires. Editorial Catálogos.

Canitrot, Adolfo (1982): La disciplina como objetivo de la política económica. Buenos Aires, Cuadernos del

CEDES.

Cardoso, Fernando Henrique (1975): Autoritarismo y democratización. Río de Janeiro. Paz e Terra.

Castellani, Ana (2002): “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la

Argentina contemporánea”. En Atilio Borón y Bettins Levy (e): Más allá del pensamiento único. Buenos Aires,

ediciones CLACSO, Buenos Aires.

Castellani, Ana (2003). Gestión económica estatal y procesos de crecimiento empresario. Tesis de Maestría.

Universidad de San Martín. Policopiado.

Jozami, Ángel (2.003): Argentina, la destrucción de una nación. Buenos Aires. Editorial Mondadori.

Kulfas, M. (1999). “La corriente de capitales hacia la Argentina”. En revista Época, Año I, Nº 1,

Diciembre de 1999.

Lindemboin, Javier (s/f): Acerca de la tesis de la desindustrialización (Argentina 1976-81). Buenos Aires,

Policopiado.

Notchef, Hugo (1994): “Los senderos perdidos del desarrollo”, en Aspiazu, Daniel y Notchef,

Hugo, El desarrollo ausente. Buenos Aires, Editorial Norma

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2003): La dictadura militar.1976/1983. Del golpe de Estado a la

restauración democrática, Buenos Aires, Editorial Paidós.

O´Donnell, Guillermo (1977): “Estado y alianza de clases en la Argentina”. En revista Desarrollo

Económico Nº 64, Buenos Aires.

O¨Donnell, Guillermo (1975): Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado. Buenos Aires, Documento

CEDES/G.E.CLACSO N° 2.

O´Donnell, Guillermo (1982). El Estado burocrático autoritario. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.

Portantiero, Juan Carlos (1973): “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”. En Oscar

Braun, O (e): El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires, Editorial Paidós.

Pucciarelli, Alfredo (1999 a). “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad Argentina. En:

Pucciarelli, Alfredo (e). La primacía de la política, Buenos Aires, EUDEBA.

Pucciarelli, Alfredo. (1999b). “Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado histórico de algunas

transformaciones recientes de la sociedad Argentina”. En revista Estudios Sociológicos, Colegio de México, Vol

XVII, Nº 49

Roth, Roberto (1981): Los años de Onganía. Relato de un testigo. Buenos Aires, Editorial La Campana.

Schvarzer, Jorge (s/f). Martínez de Hoz: La lógica política de la política económica, Buenos Aires. Edición

Cuadernos del CISEA.

Schvarzer, Jorge (1981). Expansión económica del Estado subsidiario.1976-198,.Buenos Aires, Cuadernos del

CISEA.

Schvarzer, Jorge (1989). Implantación de un modelo económico, Buenos Aires, A-Z Editora.

Schvarzer, Jorge (1998). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires, Editorial Planeta.

Sevares, Jorge (2002). Porqué cayó la Argentina. Buenos Aires, Editorial Norma.

Sidicaro, Ricardo (1996). "El régimen autoritario de 1976”. En Quiroga y C.Tcach. A veinte años

del Golpe. Rosario, editorial Homo Sapiens.

Sidicaro, Ricardo (2002): Los tres peronismos. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.

Edelberto Torres-Rivas Edelberto Torres-Rivas