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jueves, 30 de diciembre de 2010

Aproximación al terrismo. Fragmentos tomados de la WEB:http://www.cx4radiorural.com/wr/tomo_5_parte_2.pdf

Estos fragmentos forman parte del excelente trabajo de
Walter Rela. La totalidad del mismo la encuentran en

http://www.cx4radiorural.com/wr/tomo_5_parte_2



WALTER RELA
5
Parte II
1931-1967



Gabriel Terra, nació en Montevideo el 1º de Agosto de 1873, siendo sus padres
el Dr. José Ladislao, prestigioso economista y Da. María Joaquina Leivas. El origen
es lusitano y obtiene su título de abogado a los 22 años. Comenzó siendo Juez de
Paz, Diputado, Constituyente miembro de comisiones y delegado uruguayo a reuniones internacionales siendo Ministro en la época del Presidente Williman, en la
de Brum e integrante del Colegiado del 25 al 30. En los comicios del 30 de noviembre del Año del Centenario, su Partido obtiene 165.827 votos, frente a los nacionalistas que teniendo 150.642, daba al Partido Colorado 15.185 sufragios de mayoría.
El Dr. Gabriel Terra fue entonces el 23º Presidente que pasaba a ocupar la 26ª
Presidencia de nuestra historia.
En un conflicto de poderes Colegiado-Presidencia, en la noche del 31 de Marzo
de 1933 el Dr. Terra, al serle rechazadas medidas extraordinarias, disolvió las Cá-
maras, pasando, desde ese momento, a ejercer un gobierno “de facto”. Convocada
una Convención Nacional Constituyente se reforma la Carta Magna y, por vía de
excepción, el próximo Presidente lo elegía ese organismo. El 21 de Marzo de 1934,
el Dr. Terra fue designado para la 27ª Presidencia hasta 1938 y Vice-presidente el
Dr. Alfredo Navarro.
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Presidiendo el Dr. Juan B. Morelli, se inviste a los Dres. Terra y Navarro el 18 de
Mayo. Se registra entonces aquel violento episodio, cuando el Dr. Frugoni interrumpió con la frase “¡ese juramento no tiene valor, porque el Dr. Terra no cumple lo que
jura!” siguiendo un tumulto, siendo sacado violentamente de sala el legislador.
Terminado su período de gobierno, el Dr. Terra vivió hasta el 15 de Setiembre de
1942, en que falleció en Montevideo a los 69 años de edad.
REGIMEN TERRISTA
La personalidad del Dr. Gabriel Terra
“Al asumir la Presidencia Gabriel Terra tenía cincuenta y ocho años de edad.
Abogado de profesión, era el hijo mayor del Dr. José Ladislao Terra -graduado en
Brasil, hombre de confianza del Barón de Mauá y Ministro de Gobierno del Gral.
Santos-.
Su personalidad era contradictoria y controvertida: en 1910 negó su voto a la
segunda candidatura presidencial de Batlle, en 1923 había cuestionado al Colegiado. Batlle le había increpado públicamente su asistencia a la ceremonia religiosa de
la boda de su hija; Terra nunca le perdonó su intransigencia.
Había presidido la Unión Industrial Uruguaya y tenía intereses en empresas industriales (bebidas y oxígeno). Familiarmente estaba vinculado al sector rural y
exportador: era nieto de un propietario rural; su esposa María Ilarraz era hija de un
hacendado; una hija suya se había casado con el barraquero Alberto Puig.
Dos de sus primeros actos -como presidente- fueron polémicos y de signo
modernizador: prohibir el uso de grillos pesados para asegurar a los presos; recomendar a los jefes de Policía tomar indistintamente a ciudadanos blancos o de color.
Sin embargo, adoptaría otras actitudes aun mucho más polémicas: no asistir a
las sesiones de la Agrupación Colorada de Gobierno; desechar la candidatura del
General Julio César Martínez a la Jefatura de Policía de Montevideo -desoyendo el
parecer de la Agrupación- y darle el cargo a su hermano político, el coronel Baldomir;
nombrar en su primer ministerio al vierista Espalter, el terrista Mañé y el neutral
Juan C. Blanco”. [Tomado de Raúl Jacob, El Uruguay de Terra, 1931-1938, Montevideo, EBO, 1983, pp. 19/20].
El autoritarismo presidencial
Informe confidencial del ministro inglés, Mitchel, en el Uruguay al Foreign Office
en 1931:
“El futuro se relaciona con el presidente, quien ha plenamente justificado la impresión de que de ninguna manera se resigna a ser una mera figura decorativa. Para
un hombre de la dinámica personalidad del Dr. Terra las limitaciones que la Constitución procura imponer sobre la principal magistratura no se adaptan a su temperatomo5-12.pm6 419 14/08/00, 12:16 p.m.420
mento y resiste someterse a ellas. Como él clamorosamente lo admite en conversaciones privadas, sus acciones son frecuentemente inconstitucionales; él avanza donde el Consejo Nacional de Administración y sus ministros temen o no se atreven a
actuar. […]
A despecho de las reprimendas de la otra rama del Poder Ejecutivo, él continúa
invadiendo el territorio del Consejo, con el resultado de que el presidente de la
República después de un lapso de varios años, ha asumido una vez más una preponderancia fundamental en los asuntos públicos, mucho mayor que la que quienes
reformaron la Constitución le atribuían. Tal conducta de parte del hombre que aceptó la presidencia en el entendimiento de que él debía cooperar con los batllistas para
abolir la presidencia e implantar un definitivo colegiado, no es un pequeño detalle”.
[Tomando de Juan Oddone, Uruguay en los años 30, Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 1989, p. 49].
En: Trochón-Vidal, El Régimen Terrista

LA PRIMERA PRESIDENCIA DEL DR. GABRIEL TERRA (1931-1933).
Con el marco de esta preocupante situación económica, social y política, llegamos a las elecciones de 1930.
El Partido Colorado estaba profundamente dividido y luego de trabajosas negociaciones resolvió presentar tres candidaturas. La del Dr. Gabriel Terra por el sector
batllista, a pesar de su personalidad contradictoria y su identificación moderada, tantas veces cuestionada dentro de filas, incluso por los hijos de Batlle; la del Dr. Federico Fleurquin, considerado “neutral”, aunque cercano al batllismo y muy vinculado a
los círculos empresariales, apoyado por “El Día”; y la del Dr. Pedro Manini Ríos,
representante del “riverismo” conservador. Además, y esto fue piedra de escándalo, se
estipuló el compromiso, refrendado por la Convención Colorada Batllista, de que si el
sector riverista aportaba al lema partido el 17.5% o más de los sufragios, el candidato
electo renunciaría a favor de Manini Ríos, entregándole la presidencia de la República. Este mecanismo fue denominado en la época “handicap” (o ventaja).
El acuerdo colorado fue considerado anticonstitucional e incluso inmoral por los
dirigentes del Partido Nacional, como lo hicieron saber a la opinión pública el Directorio, los senadores y la prensa partidaria. Aun en una “cultura de negociadores
y votantes”, como algún observador caracterizó a nuestra sociedad, el asunto del
“handicap” resultó algo muy difícil de aceptar.
También los nacionalistas estuvieron divididos. El Dr. Luis Alberto de Herrera
perdió su carácter de candidato único y enfrentó ya no sólo la disidencia del radicalismo blanco, sino también la del sector “doctoral” que postuló al Dr. Eduardo
Lamas.

Por su parte, el Comité de Vigilancia Económica, promovió en vísperas de los
comicios un “paro patronal” de 48 horas contra la iniciativa batllista de salario
mínimo, repudió las candidaturas de ese sector e hizo saber de sus simpatías hacia
las candidaturas de Herrera y Manini Ríos. Por su parte, los grupos medios y populares de la sociedad volcaron su apoyo al batllismo, rechazando las propuestas conservadoras y exigiendo enfrentar a la crisis con medidas más radicales.
El escrutinio arrojó una victoria colorada de 165.827 votos contra 150.642 nacionalistas. Como el riverismo obtuvo 28.882 y sólo logró un 17.3% de los sufragios, no fue necesario hacer uso del “handicap”.
El resultado electoral arrojó una insólita -por lo amplia- diferencia de 15.000
votos (en las elecciones presidenciales de 1926, la diferencia había sido de 1.524
votos del Partido Colorado sobre el Partido Nacional) entre ambos partidos, lo que
hizo decir al Dr. Gustavo Gallinal que después de más de una década de tensión
electoral, se “había roto el equilibrio de fuerzas entre los dos grandes partidos”.
Esta realidad fue muy difícil de aceptar dentro del Partido Nacional, Herrera criticó
muchas actitudes internas, se opuso a la permanencia de nacionalistas en los Entes
Autónomos, denunció duramente “la intransigencia” posible de Terra y previno contra
la idea de que se volviera a querer implantar el colegiado integral, al cual había
dado su aprobación Ismael Cortinas, del ala “doctoral”.
Cuando en enero de 1931 se reunió el Congreso Nacionalista para elegir el nuevo Directorio, el sector doctoral quiso imponerle determinadas condiciones para
elegirlo Presidente del mismo, que Herrera rechazó. Pero quedó en minoría y renunció a su puesto. La escisión estuvo planteada y cuando se consumó, el herrerismo
tomó un camino, y el denominado “nacionalismo independiente” otro diferente.
Recién en 1958 esos caminos se volverían a encontrar.
Si las dificultades de la oposición no permitieron esperar de ella una acción
política coherente, las primeras medidas del presidente Terra mostraron la independencia con que se manejaría respecto a los apoyos políticos que lo llevaron a la
primera magistratura. Se negó a asistir a las sesiones de la Agrupación Colorada de
Gobierno, organismo donde las diferentes fracciones del partido concertaban la
acción gubernativa, estableciendo acuerdos, etc. , y no dio mayor importancia a sus
decisiones. Los nombramientos en las diferentes Secretarías de Estado, (Espalter,
vierista; Mañe, terrista; Juan Carlos Blanco, neutral; y la de su propio hermano
político, el Cnel. Alfredo Baldomir, como Jefe de Policía de Montevideo), entre otras
medidas, determinaron que “el gran desencantado” de la situación, como consignó
la prensa del sector, fuera el batllismo. Este, por su parte, tenía una clara mayoría
en el Consejo Nacional de Administración y no era difícil presagiar el enfrentamiento entre las dos ramas del Poder Ejecutivo.
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Por su parte, la crisis económica y sus secuelas de polarización social se agravaron: desocupación, carestía, depreciación de la moneda, constantes incidentes polí-
ticos, incluso con muertos y heridos. Los índices con que cerró 1930 no pudieron ser
más preocupantes; por ejemplo, había 30.000 desocupados, lo que equivalía aun
tercio de los asalariados en la industria manufacturera. Tampoco 1931 mostró mejores auspicios: entre abril y octubre, el valor del peso cayó en un 60% y el volumen
anual de las exportaciones fue 18% más bajo que en 1930.
En este contexto, el Consejo Nacional de Administración quiso aplicar su plan
para enfrentar la crisis, lo que es desarrollado en otra parte de este volumen. Interesa destacar aquí en esta política fue implementada, especialmente por el batllismo y
el nacionalismo independiente, procurando el contralor de la banca, el cambio de
moneda y el comercio exterior, suspensión de la amortización de la deuda externa,
protección a la industria y la actividad productiva nacional, reducción del déficit
fiscal, ampliación del dominio industrial y comercial del Estado, etc.
Esta política quiso hacer pagar el costo de las soluciones a todos los sectores
sociales, no viendo que, en realidad, cada uno buscó que fueran los otros los que
asumieran las cargas mayores. Como consigna Raúl Jacob, cada sector socio-económico tuvo algún motivo para estar en contra del Consejo Nacional de Administración. El capital extranjero y el comercio importador reclamaron por los controles
financieros y comerciales del Estado. El sector agropecuario y exportador protestó
porque recibió por sus productos cotizaciones en una moneda devaluada. Los industriales se quejaron de los avances del estatismo y de la legislación social. Los propietarios de bienes raíces, por las rebajas de los arrendamientos y el aumento de los
impuestos. Los empleados públicos, por la disminución o congelamiento de sus sueldos. Los pasivos, por las dificultades para percibir sus ya menguados haberes. Los
obreros y asalariados, por la escasez de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo de
su salario y la suba de precios.
Esta situación explicaría la relativa orfandad en que se encontraron las instituciones el día en que fueron derribadas, poniéndose de relieve que todos los sectores,
incluso los populares que más habían sufrido la crisis, carecieron de la voluntad de
salir a defenderlas. La obra de los poderes constitucionales, más allá de sus relativos éxitos económicos, fue un fracaso socio-político y careció de apoyos firmes y
decisivos.
Pero, además, el Gobierno dio otro motivo para el descontento generalizado y la
crítica política. El batllismo (con cuatro votos en el Consejo Nacional de Administración” y el nacionalismo independiente (con importante representación en el Senado) hicieron un pacto en octubre de 1931 que abarcó diversas medidas para enfrentar la crisis económica. Algunas (aumento de la Contribución Inmobiliaria) acentomo5-12.pm6 422 14/08/00, 12:16 p.m.423
tuaron el descontento de las clases altas y la prédica golpista del Comité Nacional
de Vigilancia Económica; otra (impuestos a los sueldos de los funcionarios públicos) crearon el disgusto de vastos sectores populares, ya sacudidos en su capacidad
adquisitiva, enajenándole así al Gobierno importantes apoyos sociales.
Como si fuera poco, el pacto entre el batllismo y el nacionalismo independiente
reorganizó los Directorios de los Entes Autónomos mediante una cuotificación polí-
tica (dos tercios a la mayoría colorada y un tercio a la minoría nacionalista) y el
reparto de los puestos administrativos y de servicio, lo que llevó a Herrera a tildarlo
de “pacto del chinchulín” y abrir una violenta campaña antigubernamental con la
consigna de “repudio a la política de empleo”. Para completar el amplio espectro
de enemigos creados por el Pacto, las empresas multinacionales del petróleo demostraron profunda inquietud -que debió traducirse en apoyo al golpe de Terra- ante la
creación de un ente estatal que monopolizaría los combustibles, la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), también prevista en el acuerdo.
Todas estas medidas, que provocaron otras tantas discrepancias en el seno de la
sociedad uruguaya, escindieron a la opinión pública, y la virulencia con que se
atacó o defendió el Pacto fue, sin duda, otra de las razones de la creciente desestabilización institucional. A ello se agregó el permanente tema de la reforma de la
Constitución, especialmente el mantenimiento o no del Consejo Nacional de Administración.
Una profunda línea de desacuerdo dividió al país: de un lado, herreristas y sectores no batllistas del Partido Colorado, enemigos de la creciente intervención estatal
en la economía y partidarios de una rápida reforma constitucional; del otro, batllistas,
nacionalistas independientes, radicales blancos y socialista, buscando soluciones a
la crisis a través del aumento del estatismo, el enfrentamiento a las propuestas conservadoras, y contrarios, los primeros, a un cambio de la Constitución que podría
alejarlos del Poder. Faltaba saber para qué lado se volcaría el Presidente, pues su
peso resultaría decisivo para inclinar la balanza en este “empate” de intereses socio-económicos y perspectivas políticas.
En: Nahum, o.c.

 La polarización política

A fines de 1931 las amenazas más directas a la estabilidad institucional llegaron
por tres vías diferentes: a) los movimientos revolucionarios de Nepomuceno y
Villanueva Saravia, caudillos nacionalistas de la frontera noreste del país, que fueron magnificados por la prensa; b) la denuncia de un presunto golpe comunista en
Montevideo, lo que motivó el cierre del diario “Justicia” y de varios locales partidatomo5-12.pm6 423 14/08/00, 12:16 p.m.424
rios y la prisión de dirigentes. Sirvió además para reclamar una reforma dura del
Código Penal, promulgar la ley de restricción a la inmigración, etc.; y finalmente, c)
el rumor constante de una “marcha sobre Montevideo”, especialmente de las fuerzas “vivas” del agro, promovida oficiosamente por el herrerismo, que hacía recordar a la famosa de Mussolini sobre Roma.
El Presidente Terra, ya convencido de que no tenía espacio político para actuar,
había comenzado sus giras por el interior promoviendo una reforma constitucional
que consideró indispensable por la “deficiente” gestión del Consejo Nacional de
Administración ante la gravedad de la crisis económica nacional. Por ejemplo, en
setiembre de 1931 afirmó: “…Hemos dejado llegar a los últimos extremos la crisis
actual sin que un plan de defensa concertado en el seno del Poder Ejecutivo y prestigiado en el Parlamento nos librara de la desvalorización de nuestra moneda, de la
desocupación de nuestros trabajadores y del empobrecimiento del comercio y de las
industrias nacionales”.
Durante 1932, los discursos del Presidente en el interior pasaron de la crítica
política a la prédica de una reforma de la Constitución mediante plebiscito directo,
propuesta no prevista en ella, e incluso cuestionó la propia labor parlamentaria. Su
Ministro de Gobierno, Dr. Alberto Demichelli, fue mucho más allá: “en la presidencia de la República el Dr. Terra y sus ministros; en el Consejo Nacional una mayoría
colorada que discrepa, a menudo, con el Dr. Terra; en el Senado una fuerte mayoría
nacionalista; en la Cámara Baja una ínfima minoría del Partido Nacionalista decidiendo con su voto los pleitos de los grandes partidos. Por tal motivo bien se puede
decir que nadie gobierna, ni nadie orienta, que nadie dirige nada en este país. El
Estado carece de timón y marcha a la deriva, porque tiene cuatro voluntades distintas, tirando cada una por distinto lado”.
De esta forma, para la prédica presidencial la necesidad de reforma constitucional no fue un mero problema de cambio institucional, sino de salvación nacional. El
principal vocero terrista, “El Pueblo” y “El Debate”, portavoz herrerista, agregaron nuevas críticas hacia los batllistas y nacionalistas independientes y hacia el
Gobierno: ineficiencia, despilfarro, primacía de una minoría irresponsable y corrupta
que aprovecha de una constitución totalmente inadecuada para satisfacer mezquinos intereses personales y de grupo, etc.
En noviembre de 1932 se efectuaron las elecciones nacionales para renovación
parcial de miembros del Consejo Nacional de Administración. Los herreristas y
riveristas proclamaron la abstención y el total de votantes descendió en un 50%
(317.980 en 1930, 160.625 en 1932).
Para el presidente estos comicios fueron “algo así como la muerte democrática
del régimen constitucional en vigencia”. Pero ni Herrera, ni Manini ni el propio
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Terra estaban en condiciones de hacer efectiva una reforma constitucional por vía
legal, pues carecían de mayoría en las cámaras. Tampoco estuvieron dispuestos a
esperar la resolución del tema a través de los caminos previstos en la carta vigente
para su reforma. Teniendo el Presidente de la República a su disposición la fuerza
coactiva del Estado (ejército y policía), el respaldo de los poderosos intereses económico-sociales conservadores y el apoyo de un sector considerable de la opinión
pública, las discrepancias entre las dos ramas del Ejecutivo y con las Cámaras, bien
podían zanjarse a través de una quiebra institucional.
En: Ibídem
 En 1931 se sanciona por parte de la mayoría formada por el batllismo y el
nacionalismo independiente la ley llamada “Pacto del Chinchulín”, que establecía
el reparto proporcional de los cargos públicos entre las fracciones que integraban el
Consejo de Administración. La iniciativa primaria había sido del Diputado Bernardo Rospide, fiel amigo de Herrera, y representaba, con otro alcance y contenido un
intento de equilibrar las posibilidades de acceso a la administración, pretendiendo
hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos. Lo del “chinchulín”, descarnado reparto, mucho influyó en la lucha interna que se planteaba en ese momento en el
Partido Nacional. Si el proyecto herrerista era un intento de detener el exclusivismo,
el de la fracción anti herrerista fue usado como arma proselitista en la lucha interna.
La elección de 1930 marcó una nueva instancia de la lucha pero mostró al Partido Colorado alargando la ventaja sobre el Partido Nacional.
Dentro del Partido vencedor funcionó el increíble pacto electoral que se denominó del “handicap”. Consistía este en un arreglo entre el batllismo y el riverismo
mediante el cual aquel se comprometía a entregar a éste la Presidencia de la Repú-
blica si aportaba al lema común una cifra de votos que representara al 171/2 por
ciento del total. Tal acuerdo, violatorio de la Constitución, del principio de igualdad
del voto y del sufragio universal y directo, fue sin lugar a dudas un tremendo
dinamizador del fervor electoral del coloradismo, exigiendo al máximo a ambas
agrupaciones pactistas.
Con la elección del año 30 se cierra una etapa de la vida del país. Al renovarse el
tercio del Consejo de Administración en 1932, se proclama la abstención por parte
de Herrera y del sector riverista que venía coincidiendo con el líder nacionalista y
su grupo en la crítica al sistema de organización del Ejecutivo. Para Herrera, campeón del sufragio, cuya personalidad de conductor se había formado en la permanente incitación a participar en el comicio, fue una decisión difícil. Advertía que el
régimen, tal como se había ido deformando en la práctica, empantanaba al Partido
Nacional material y espiritualmente, en la inoperancia de la deliberación, alejándotomo5-12.pm6 425 14/08/00, 12:16 p.m.426
lo de la lucha frontal. Más de la mitad del electorado total que concurrió a votar en
las elecciones de diputados en 1931, se abstuvo en el 32. El nacionalismo independiente, que concurre a las urnas, obtiene los cargos de la minoría del Consejo de
Administración y cree llegado el momento de enfrentar y vencer a Herrera. Pero por
encima de la crisis, dos hombres comienzan a coincidir en las grandes líneas. Herrera
y Terra serán los actores principales del tiempo difícil que se avecina.
En: Lacalle, o.c.
LA CAMPAÑA REFORMISTA DE 1931
Consecuentemente con mis viejas ideas y fiel al deber que me imponían las circunstancias del momento, elegí así el tema de la reforma constitucional en las diversas conferencias que pronuncié durante el año 1931 en Flores, Tacuarembó, Salto,
Paysandú, Fray Bentos, Florida, etc. Eran los míos discursos de crítica y de análisis, encaminados a penetrar en el pensamiento colectivo, buscando su ordenada
orientación.
La viva repercusión y el eco tumultuario que provocaron mis palabras me convencieron plenamente de que el problema planteado tenía la entidad de un verdadero problema social. Lo que fue evidencia para mi espíritu, lo era también para el
espíritu sagaz de la muchedumbre. La cuestión de la reforma constitucional estaba
ya profundamente enraizada en el alma misma de la Nación, que la comprendía y la
sentía en carne propia de igual manera que el gobernante que avizorando el porvenir, planteaba el problema con indiscutido acierto.
Los defectos del régimen constitucional habían llegado a todos los espíritus.
Frente al espectáculo desolador de la economía nacional, pude afirmar en la
ciudad del Salto, como la crítica más certera dirigida al régimen imperante, que
“carecía el Gobierno de un plan integral para combatir la crisis”.
Y esta grave acusación formulada en Setiembre de 1931, era abonada todavía
por los siguientes hechos incontrovertibles:
“Las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes para resolver la situación
financiera, porque los recursos votados no alcanzan a hacer el equilibrio del presupuesto y fatalmente tendremos que pasar por la penitencia de nuevos gravámenes,
según la expresión de un estadista francés en los momentos en que su país atravesaba una crisis monetaria.
En: 31 de Marzo, o.c.

GABRIEL TERRA

“Terminar de cualquier modo este estado de cosas”.
El proyecto batllista remontaba a diez años atrás. Lo fundamentó Batlle y Ordóñez
con estas palabras: “La República envía al exterior en pago del alcohol, kerosene y
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bencina que consume, más de seis millones de pesos por año. Una buena parte, pues,
del oro que entra en ella a cambio de sus productos, vuelve a salir inmediatamente a
cambio de esos artículos. Y esa masa de oro que se va, al par que aminora nuestra
riqueza, contribuye poderosamente en estos momentos a inclinar en contra de nosotros la balanza del comercio internacional y a forzarnos, por tanto, a pagar diferencias de cambio como las bases que agobian a nuestra importación. La República
puede, no obstante, empezar casi de inmediato a librarse de ese enorme tributo,
produciendo ella misma el combustible que necesita… y puede ahorrar anualmente,
mediante su propia industria, lo que ahora paga a la industria extranjera sin necesidad”(552) (1921).
Tuvo que transcurrir una década entera culminada dramáticamente con la crisis
del capitalismo para que lo aprobaran, en el marco de medidas defensivas que vimos
adoptar. La creación de ANCAP, en octubre del año 31, otorga el cometido de “explotar y administrar el monopolio de alcohol y carburante nacional, importar, rectificar y vender petróleo y derivados y establecer fábricas de portland” (553) al ente
del Estado. Le reserva al Estado el derecho exclusivo de importar y exportar carburantes líquidos, semilíquidos y gaseosos… cuando las refinerías del ente produzcan,
por lo menos, el 50% de la nafta que aquí se consuma. Agrega que el Estado se
guarda el derecho de controlar o adquirir los transportes que juzgue necesarios
para los fines de la industria de la refinería (“en caso de adquirir barcos, sólo se
utilizarán, en su tripulación, marinos uruguayos”) (554). Luis Batlle Berres y González
Vidart, los miembros informantes, aconsejaron (en acuerdo con Eduardo Acevedo,
que será presidente del ente) desarrollar la flota petrolera y asegurar los abastecimientos mediante la compra de “crudo” en la URSS.
ANCAP afectaba intereses: los de Pedro Meillet y Compañía (que monopolizaban la destilación), los de las petroleras (Atlantic, ESSO y Shell; las dos últimas
representadas en el Uruguay por la “West India” y la “Anglo Mexican Petroleum”
respectivamente) y los de la Compañía Uruguaya de Cemento Portland (filial de
“Lone Star Cement”). Paralelamente se deben anotar:
- el descubrimiento de pozos petrolíferos en Baba Curgur (en el Irak), cuyas inagotables reservas de crudo amenazaban hacer descender los precios internacionales, en perjuicio de las petroleras; Deterding, Cadman y Teagle (el último por
Rockefeller), celebran un acuerdo, a nombre de Shell y la ESSO: un “cartel” trustifica
las operaciones y termina con la competencia entre los dos gigantes;
- la aparición en los mercados internacionales de un nuevo vendedor, la Unión
Soviética, una vez superadas sus dificultades mayores con la ejecución de su Plan
Quinquenal y abiertas las barreras del cerco imperialista; ANCAP encargó combustibles a la URSS (demoró en arribar y pudo prosperar una maniobra de las petroletomo5-12.pm6 427 14/08/00, 12:16 p.m.428
ras: adujeron que no les convenía seguir importando por las restricciones del cambio recién aprobadas y que no les alcanzaban sus reservas, conteniendo la entrega y
aumentando los precios al consumidor, el gobierno argentino ofreció abastecernos
transitoriamente, pero Terra silenció la oferta, permitiendo extender concesiones
especiales a las compañías, gravosas para el Uruguay);
El ente del Estado, al año de existir, dejaba utilidades cercanas al millón, habiendo ya instalado sus plantas de Capurro y de La Teja. Proyectaba -en un plan que
abarcaba los seis años siguientes- instalar una refinería sobre el Pantanoso, instalar otras seis afuera de Montevideo (para facilitarse la distribución) y comprar tres
barcos petroleros(*).
¿Y el Poder Ejecutivo? Maduraba otros planes y caminaba en otra dirección.
La Federación Rural, la Federación de Industrias, la Cámara de Comercio y el
“Comité de Vigilancia Económica”, que las representaba (“Comité de Vintén”, como
se le llamó con ironía), defendían de modo celoso privilegios de clases. Por eso
aconsejaban: “suspender el estudio de nuevas leyes sociales y aplazar los efectos de
algunas de las existentes”. (228) El modelo fascista, que los inspiraba, les daba la
receta: el autoritarismo.
Dirigió su ofensiva el gobierno (entendámonos bien: la presidencia) contra el
sistema constitucional porque le cercenaba poderes y mando, y encontró argumentos valederos en esos ataques al denunciar el pacto de batllistas y “posibilistas”
(blancos “independientes” de la jefatura herrerista) que se repartían las designaciones en los colegiados administrativos; “pacto del chinchulín” (525) lo bautizó
“El Debate”. (**)
(*) En la dramática sesión parlamentaria del 30 de marzo, algunas horas antes
de la dictadura, Batlle Berres reseñó esos logros: “las utilidades de la ANCAP, desde que la ANCAP está ahí (totalizan) 1:400.000 pesos; 1:400.000 pesos, habiendo
rebajado la nafta en dos centésimos, habiendo rebajado en otros tantos centésimos
el querosene y habiendo rebajado en ocho centésimos la tonelada de fuel oil”. Al
cabo de catorce meses de gestión. En cuanto a previsiones, apuntó: “Lo que se va a
gastar con las utilidades solas en el primer quinquenio, son 10:000.000 de pesos en
obras a realizar, sin pedirle un centésimo al Estado, sin crearle un solo impuesto,
solo con una parte de las ganancias que hasta ahora las compañías particulares han
venido ganando”. (557) En la misma intervención, de paso, anotó los aciertos y los
beneficios de diversas empresas estatales: “necesario es, señor presidente, que se
diga que las Usinas Eléctricas del Estado, en el año 1912, fueron compradas por dos
millones y medio de pesos… y en la actualidad, su valor, por el monopolio y otras
cuantas cosas más, puede ser de unos 115 millones de pesos […]; el Banco de Segutomo5-12.pm6 428 14/08/00, 12:16 p.m.429
ros se inicia en el año 13 con 50.000 pesos; se le da un capital de 3 millones de pesos
que nunca llega a usar, y en la actualidad sus carteras tienen 380 millones de pesos
y ha realizado más de 17 millones de pesos de ganancia”. (557).
(**) Fusco pudo acusar: “Fue el doctor Ghigliani junto con el doctor Terra y
junto con otros elementos del partido, pero primordialmente el doctor Ghigiani el
que gestó el pacto de 1931. El fue el autor de la fórmula del reparto de los puestos,
que es lo que merece por parte de los denigrantes de ese pacto, el calificativo del
“chinchulín”. Fue el doctor Ghigliani, quien lo propuso, fue el doctor Ghigliani el
autor; fue el doctor Ghigliani quien lo defendió; fue el doctor Ghigliani quien lo
llevó a la Agrupación de Gobierno, y fue el doctor Demicheli el que a nombre de la
bancada batllista defendió esa obra, no solo en el Senado sino –oiga la Asambleaen la convención del partido, porque en la convención del partido hubo algunos
miembros que pidieron explicaciones y otros miembros atacaron esa labor realizada
por la Agrupación Colorada de Gobierno”. (557) Nadie lo refutó.
En: Machado, o.c.

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