La Crisis financiera de 1965
Desde que la inversión industrial dejó de ser redituable, la
inversión en el campo hacía muchos años que había dejado de serlo, el capital
daba vueltas por el mercado financiero sin terminar de encontrar una colocación
productiva. Las cartas de intención firmadas con el FMI comprometen al gobierno
a restringir el crédito que se canalizaba por medio de las instituciones
oficiales, lo que reducía la oferta de dinero. La aplicación de esta política
combinada con la apertura comercial estimulaba la demanda de créditos y esto
presiona las tasas de interés al alza; naturalmente entonces, el capital que no
encontraba inversión productiva comenzó a dirigirse al circuito financiero.
Aquí se abrían dos caminos posibles de inversión:
A mediados de 1964 existían decenas de casas bancarias que
sumaban centenares de dependencias, el 10% de ellas controlaban entre el 50 y
el 60% del total de operaciones financieras. Esto hacía posible que pocos
operadores tuvieran mucha incidencia.
El estado recurrió a dos mecanismos para controlar las
ganancias y eludir la depreciación provocada por la inflación, comercialización
de moneda extranjera y aumento de tasas de interés.
El dinero resultaba tan caro que solo volcándolo a la
intermediación o a la especulación podía mejorar su costo. Esta situación
dejaba a los bancos con margen de seguridad muy reducido, esto ya había llevado
a la quiebra a algunas instituciones. (Banco Italiano, Banco Industrial; Banco
Regional)
En abril de 1965 trascienden noticias de la situación
inestable del Banco Transatlántico, uno de los grandes bancos de la plaza.
A pesar de las reservas, se inicia una corrida contra el
Transatlántico, y se traslada a los otros bancos sin que la autoridad monetaria
realizara ninguna medida. La Asociación de Bancarios cortó la corrida, al
decretar paro por tiempo indeterminado en los bancos privados en todo el país y
condicionar el retorno al trabajo contra medidas legislativas que incluyeran:
a- mantenimiento
de las fuentes de trabajo.
b- Control de la
actividad bancaria.
c- Protección de
los ahorristas.
d- Nacionalización
de la banca.
e- Ley de
regulación de todos los puntos mencionados anteriormente.
El Parlamento aprobó un conjunto de leyes que regulaban la
actividad bancaria prohibiendo la apertura de nuevos bancos y estimulando las
fusiones entre los existentes, garantizando los depósitos de los ahorristas y
redistribuyendo a los empleados bancarios de los bancos cerrados. En 1965 el
Banco Transatlántico es intervenido. En 1967 se crea el Banco Central del
Uruguay. En 1969 el número de bancos descendió a 43 y las sucursales a 359.
EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA BANCARIA
La notable expansión del aparato bancario entre 1954 y 1961
permitió alcanzar una organización poderosa y muy afinada en el dominio y
orientación de los procedimientos financieros. El alto grado de concentración
de los depósitos y de las colocaciones se refleja en el hecho de que, entre
1962 y 1967, más de la mitad del total de las operaciones fueron absorbidas por
el 10 % de las instituciones privadas. La estructura bancaria sufrió una dura
crisis en 1965, que aparejó la quiebra de algunas instituciones y la
desaparición de las respectivas sucursales y agencias. De los 60 bancos
privados existentes a fines de 1962, quedaban 42 en la misma época de 1967; las
dependencias se redujeron de 515 a 401 y los funcionarios de 9.581 a 9.092.
Pero ello no restó gravitación decisiva al sistema financiero privado dentro
del proceso inflacionario. Por el contrario, puede afirmarse que las
instituciones bancarias y financieras en general, han constituido el núcleo principal
de la especulación; en función de su alianza, directa o indirecta, con estas
instituciones, desarrollaron sus actividades especulativas los distintos
agentes económicos capitalistas. La multiplicación de las financieras parabancarias
(en su mayoría, filiales de los propios bancos) se centró en la recepción de
depósitos y en la realización de colocaciones al margen de las normas que
regulan la actividad bancaria; proporcionaron, al mismo tiempo, más y mejores
canales para la evasión de capitales. La crisis bancaria de 1965 y sus
derivaciones pusieron de manifiesto la existencia de ·grandes masas de capital
controladas por los bancos, pero operadas a través de esas filiales. Para
sostener y aumentar sus niveles de ganancia la banca apeló, además, a las
operaciones en moneda extranjera. Por esta vía se aseguraba el reembolso del
capital y el cobro de intereses no deteriorados en su valor real. Entre 1954 y
1961 el crédito en moneda extranjera de la banca privada representaba el O %
del crédito total; en 1967, llegaba nada menos que al 41,7 % Este fenómeno
contribuyó al aumento de la deuda externa, por el uso más intenso de las líneas
de corresponsales; deben tenerse en cuenta, además, las obligaciones en moneda
extranjera contraídas por el Banco República frente a la banca privada en 1964
y 1965. Otros elementos de juicio igualmente claros provienen del análisis del
destino de los créditos de la banca privada. Los préstamos se orientaron hacia
las actividades de intermediación y especulación, en virtud de sus márgenes de
ganancia y de sus posibilidades en materia de ajuste de precios. Aproximadamente
la mitad del total de créditos otorgados por la banca privada en este período,
se dirigió hacia la intermediación.
La crisis de 1965 puso en evidencia el grado de descomposición
que había alcanzado la actividad financiera privada, y la ausencia o
inefectividad de los controles que sobre ella debía ejercer el Banco República.
Las reacciones suscitadas no tuvieron sino consecuencias simbólicas, y
posteriormente se agravó aún más la incapacidad de la banca oficial para
regular y controlar el campo de actividades sometido a su competencia. La banca
privada, foco central de la especulación, ha desarrollado su actuación en
condiciones de amplia libertad, y así es que ha podido relegar los criterios de
seguridad a un segundo plano. Teniendo en cuenta la relativa endeblez y
vulnerabilidad del mercado cambiario uruguayo, no puede llamar la atención su fácil
y rápida dominación por parte de los intereses financieros privados. El
escándalo del 65 dejó al. descubierto una sorda lucha entre los grupos
empresariales, en la que participaron ciertos intereses creados internamente y
también otros intereses extranjeros por el dominio de los canales financieros
del país. Ello ha derivado al proceso de fusiones que ha agudizado la
concentración y la extranjerización de la banca privada en los últimos años.
Para completar la revisión del período inflacionario
transcurrido entre 1962 y 1967, cabría agregar que los instrumentos de la
especulación financiera y comercial se fueron adaptando a las oscilaciones de
la política económica gubernamental. Cuando se propulsó un régimen bancario
basado en el mercado único con venta libre, por ejemplo, los agentes
especuladores aprovecharon esa circunstancia para acumular masivamente moneda
extranjera toda vez que ello resultaba conveniente. La mecánica operativa
tomaba en cuenta los dos períodos semestrales perfectamente diferenciados desde
el punto de vista del flujo de divisas en el mercado cambiario: la etapa de los
saldos positivos, por la salida de las exportaciones y la entrada del turismo,
y el período "seco" que transcurre entre abril y setiembre. Las
devaluaciones del tipo de cambio oficial entre 1963 y 1968 se polarizan en dos
momentos: marzo/mayo y setiembre/noviembre. Con anterioridad a cada previsible
devaluación se registraba una tendencia a la compra de moneda extranjera, a
adelantar compras de productos importados o a adquirir productos destinados a
la exportación; una vez concretada la devaluación, se realizaban las ganancias
en moneda nacional para colocarlas total o parcialmente en préstamos no
superiores a seis meses, lo que permitía repetir el ciclo. Las devaluaciones
sucesivas eran el resultado de las presiones de los exportadores y los
ganaderos para aumentar el valor, en pesos, de las exportaciones de lana y
carne, y de la penuria de recursos del estado, que necesitaba angustiosamente
elevar sus recaudaciones nominales por concepto de recargos y detracciones,
para hacer frente a sus obligaciones presupuestales.
LAS CONSECUENCIAS
Como en el período anterior, entre 1962 y 1967 el estado
continuó asimilando su política económica a la redistribución exigida por los
grupos capitalistas. A la vez, procuró obtener los recursos necesarios para
mantener otros objetivos de tipo político. En este sentido, el proceso de los
últimos años fue demostrando la declinación del llamado "poder
regulador" o "compensador" del estado y su transformación en un
defensor indisimulado de los intereses de los grupos económicos dominantes, lo
que reflejaba su creciente control del poder político. En el plano económico,
empujaron el proceso en esta dirección las contradicciones financieras derivadas
del carácter especulativo de la inflación. En los planos ideológico y político,
quedó en evidencia de este modo la alienación consciente de la burguesía -y por
su intermedio el propio estado- a una estrategia de dependencia. El desarrollo
inflacionario especulativo deterioró los recursos estatales y comprometió la
gestión de gobierno en los campos presupuestal, cambiario y bancario. Si la
redistribución en favor de los grupos ganaderos y exportadores significó un mecanismo
para mejorar nominalmente los ingresos fiscales y alcanzar una disponibilidad
mínima de divisas, la especulación constituyó una permanente bomba de succión
de moneda nacional y extranjera impuesta al estado. Por su parte, el
endeudamiento externo, utilizado para llenar las brechas abiertas por los
déficit comerciales, fue incapaz de compensar la creciente fuga de capitales e
incluso hizo entrar en crisis el sistema de relaciones con el exterior. La
eliminación de subsidios y la rebaja de los salarios reales de los funcionarios
públicos no impidieron la acumulación de los déficit presupuestales. Tampoco
ninguna devaluación hizo que los capitales dejasen de emigrar. En definitiva,
el aparato político estatal, coadyuvante del poder ejercido por los grupos
capitalistas especuladores, actuó para conducir a una verdadera bancarrota al régimen
financiero del propio estado. Son los años de las misiones refinanciadoras y de
una elevada utilización de la emisión lisa y llana de dinero para hacer
efectivo el pago de los presupuestos estatales. La búsqueda de un equilibrio
presupuestal, objetivo que realmente arraigó a partir de 1965, supuso el
paulatino abandono de toda nueva absorción estatal de fuerza de trabajo, el
continuo deterioro de los ingresos reales de los funcionarios públicos, los
jubilados y los pensionistas, y la eliminación progresiva de los subsidios. En
lo esencial, ésta fue la resultante de una contradicción entre la vigencia de
un cierto sistema de relaciones sociales y la necesidad de su desaparición,
requerida por la expansión del capitalismo monopólico. Cuando el Fondo Monetario
Internacional comenzó a orientar a los gobiernos, su esquema de estabilización
se dirigía, precisamente, a crear las bases para la inserción del Uruguay en el
área de influencia de los capitalistas del exterior. Se postulaba la libertad
cambiaria para la movilidad de capitales y de mercancías con el exterior, y se
impulsaba la ruptura de los frentes internos de protección: el equilibrio
presupuestal, el control cuantitativo del crédito y la congelación de los
salarios. No resulta novedoso que la dependencia se haya desarrollado dentro
mismo del proceso inflacionario, a través del endeudamiento externo, las
refinanciaciones, y la compra o absorción de empresas locales por parte de
capitalistas norteamericanos y europeos. Mientras tanto, en el plano interno,
el proceso inflacionario explosivo produjo un enfrentamiento más intenso entre
la clase capitalista y la clase trabajadora. Los conflictos se sucedían, en un
clima de lucha, sin solución de continuidad. La actividad sindical siguió
caracterizándose por las reivindicaciones de tipo económico, aunque una mayor
politización de los sindicatos se manifestó, en determinadas ocasiones, a
través de la postulación de objetivos más amplios que los estrictamente
salariales. La razón de este fenómeno está conectada con la crisis particular
de algunos gremios (por ejemplo, el planteo de nacionalización de la banca surge
a raíz del crack bancario de 1965) y con un proceso de esclarecimiento sobre
las causas de fondo que impedían mantener los niveles de vida de los
trabajadores. No obstante, la intensificación de la lucha gremial no logró
evitar el deterioro de los salarios reales, especialmente a nivel de los
funcionarios públicos, ni el problema cada vez más agudo de la desocupación.
Ver:
Profelagrotta.blogspot.com
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