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miércoles, 24 de junio de 2020

La economía uruguaya en la década de 1960: La crisis de 1965.


La Crisis financiera de 1965



Desde que la inversión industrial dejó de ser redituable, la inversión en el campo hacía muchos años que había dejado de serlo, el capital daba vueltas por el mercado financiero sin terminar de encontrar una colocación productiva. Las cartas de intención firmadas con el FMI comprometen al gobierno a restringir el crédito que se canalizaba por medio de las instituciones oficiales, lo que reducía la oferta de dinero. La aplicación de esta política combinada con la apertura comercial estimulaba la demanda de créditos y esto presiona las tasas de interés al alza; naturalmente entonces, el capital que no encontraba inversión productiva comenzó a dirigirse al circuito financiero. Aquí se abrían dos caminos posibles de inversión:
Podían trasladarse los capitales al exterior, o colocarlos en el mercado interno.
A mediados de 1964 existían decenas de casas bancarias que sumaban centenares de dependencias, el 10% de ellas controlaban entre el 50 y el 60% del total de operaciones financieras. Esto hacía posible que pocos operadores tuvieran mucha incidencia.
El estado recurrió a dos mecanismos para controlar las ganancias y eludir la depreciación provocada por la inflación, comercialización de moneda extranjera y aumento de tasas de interés.
El dinero resultaba tan caro que solo volcándolo a la intermediación o a la especulación podía mejorar su costo. Esta situación dejaba a los bancos con margen de seguridad muy reducido, esto ya había llevado a la quiebra a algunas instituciones. (Banco Italiano, Banco Industrial; Banco Regional)
En abril de 1965 trascienden noticias de la situación inestable del Banco Transatlántico, uno de los grandes bancos de la plaza.
A pesar de las reservas, se inicia una corrida contra el Transatlántico, y se traslada a los otros bancos sin que la autoridad monetaria realizara ninguna medida. La Asociación de Bancarios cortó la corrida, al decretar paro por tiempo indeterminado en los bancos privados en todo el país y condicionar el retorno al trabajo contra medidas legislativas que incluyeran:
a-     mantenimiento de las fuentes de trabajo.
b-     Control de la actividad bancaria.
c-      Protección de los ahorristas.
d-     Nacionalización de la banca.
e-     Ley de regulación de todos los puntos mencionados anteriormente.

El Parlamento aprobó un conjunto de leyes que regulaban la actividad bancaria prohibiendo la apertura de nuevos bancos y estimulando las fusiones entre los existentes, garantizando los depósitos de los ahorristas y redistribuyendo a los empleados bancarios de los bancos cerrados. En 1965 el Banco Transatlántico es intervenido. En 1967 se crea el Banco Central del Uruguay. En 1969 el número de bancos descendió a 43 y las sucursales a 359.


EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA BANCARIA
La notable expansión del aparato bancario entre 1954 y 1961 permitió alcanzar una organización poderosa y muy afinada en el dominio y orientación de los procedimientos financieros. El alto grado de concentración de los depósitos y de las colocaciones se refleja en el hecho de que, entre 1962 y 1967, más de la mitad del total de las operaciones fueron absorbidas por el 10 % de las instituciones privadas. La estructura bancaria sufrió una dura crisis en 1965, que aparejó la quiebra de algunas instituciones y la desaparición de las respectivas sucursales y agencias. De los 60 bancos privados existentes a fines de 1962, quedaban 42 en la misma época de 1967; las dependencias se redujeron de 515 a 401 y los funcionarios de 9.581 a 9.092. Pero ello no restó gravitación decisiva al sistema financiero privado dentro del proceso inflacionario. Por el contrario, puede afirmarse que las instituciones bancarias y financieras en general, han constituido el núcleo principal de la especulación; en función de su alianza, directa o indirecta, con estas instituciones, desarrollaron sus actividades especulativas los distintos agentes económicos capitalistas. La multiplicación de las financieras parabancarias (en su mayoría, filiales de los propios bancos) se centró en la recepción de depósitos y en la realización de colocaciones al margen de las normas que regulan la actividad bancaria; proporcionaron, al mismo tiempo, más y mejores canales para la evasión de capitales. La crisis bancaria de 1965 y sus derivaciones pusieron de manifiesto la existencia de ·grandes masas de capital controladas por los bancos, pero operadas a través de esas filiales. Para sostener y aumentar sus niveles de ganancia la banca apeló, además, a las operaciones en moneda extranjera. Por esta vía se aseguraba el reembolso del capital y el cobro de intereses no deteriorados en su valor real. Entre 1954 y 1961 el crédito en moneda extranjera de la banca privada representaba el O % del crédito total; en 1967, llegaba nada menos que al 41,7 % Este fenómeno contribuyó al aumento de la deuda externa, por el uso más intenso de las líneas de corresponsales; deben tenerse en cuenta, además, las obligaciones en moneda extranjera contraídas por el Banco República frente a la banca privada en 1964 y 1965. Otros elementos de juicio igualmente claros provienen del análisis del destino de los créditos de la banca privada. Los préstamos se orientaron hacia las actividades de intermediación y especulación, en virtud de sus márgenes de ganancia y de sus posibilidades en materia de ajuste de precios. Aproximadamente la mitad del total de créditos otorgados por la banca privada en este período, se dirigió hacia la intermediación.
La crisis de 1965 puso en evidencia el grado de descomposición que había alcanzado la actividad financiera privada, y la ausencia o inefectividad de los controles que sobre ella debía ejercer el Banco República. Las reacciones suscitadas no tuvieron sino consecuencias simbólicas, y posteriormente se agravó aún más la incapacidad de la banca oficial para regular y controlar el campo de actividades sometido a su competencia. La banca privada, foco central de la especulación, ha desarrollado su actuación en condiciones de amplia libertad, y así es que ha podido relegar los criterios de seguridad a un segundo plano. Teniendo en cuenta la relativa endeblez y vulnerabilidad del mercado cambiario uruguayo, no puede llamar la atención su fácil y rápida dominación por parte de los intereses financieros privados. El escándalo del 65 dejó al. descubierto una sorda lucha entre los grupos empresariales, en la que participaron ciertos intereses creados internamente y también otros intereses extranjeros por el dominio de los canales financieros del país. Ello ha derivado al proceso de fusiones que ha agudizado la concentración y la extranjerización de la banca privada en los últimos años.
Para completar la revisión del período inflacionario transcurrido entre 1962 y 1967, cabría agregar que los instrumentos de la especulación financiera y comercial se fueron adaptando a las oscilaciones de la política económica gubernamental. Cuando se propulsó un régimen bancario basado en el mercado único con venta libre, por ejemplo, los agentes especuladores aprovecharon esa circunstancia para acumular masivamente moneda extranjera toda vez que ello resultaba conveniente. La mecánica operativa tomaba en cuenta los dos períodos semestrales perfectamente diferenciados desde el punto de vista del flujo de divisas en el mercado cambiario: la etapa de los saldos positivos, por la salida de las exportaciones y la entrada del turismo, y el período "seco" que transcurre entre abril y setiembre. Las devaluaciones del tipo de cambio oficial entre 1963 y 1968 se polarizan en dos momentos: marzo/mayo y setiembre/noviembre. Con anterioridad a cada previsible devaluación se registraba una tendencia a la compra de moneda extranjera, a adelantar compras de productos importados o a adquirir productos destinados a la exportación; una vez concretada la devaluación, se realizaban las ganancias en moneda nacional para colocarlas total o parcialmente en préstamos no superiores a seis meses, lo que permitía repetir el ciclo. Las devaluaciones sucesivas eran el resultado de las presiones de los exportadores y los ganaderos para aumentar el valor, en pesos, de las exportaciones de lana y carne, y de la penuria de recursos del estado, que necesitaba angustiosamente elevar sus recaudaciones nominales por concepto de recargos y detracciones, para hacer frente a sus obligaciones presupuestales.
LAS CONSECUENCIAS
Como en el período anterior, entre 1962 y 1967 el estado continuó asimilando su política económica a la redistribución exigida por los grupos capitalistas. A la vez, procuró obtener los recursos necesarios para mantener otros objetivos de tipo político. En este sentido, el proceso de los últimos años fue demostrando la declinación del llamado "poder regulador" o "compensador" del estado y su transformación en un defensor indisimulado de los intereses de los grupos económicos dominantes, lo que reflejaba su creciente control del poder político. En el plano económico, empujaron el proceso en esta dirección las contradicciones financieras derivadas del carácter especulativo de la inflación. En los planos ideológico y político, quedó en evidencia de este modo la alienación consciente de la burguesía -y por su intermedio el propio estado- a una estrategia de dependencia. El desarrollo inflacionario especulativo deterioró los recursos estatales y comprometió la gestión de gobierno en los campos presupuestal, cambiario y bancario. Si la redistribución en favor de los grupos ganaderos y exportadores significó un mecanismo para mejorar nominalmente los ingresos fiscales y alcanzar una disponibilidad mínima de divisas, la especulación constituyó una permanente bomba de succión de moneda nacional y extranjera impuesta al estado. Por su parte, el endeudamiento externo, utilizado para llenar las brechas abiertas por los déficit comerciales, fue incapaz de compensar la creciente fuga de capitales e incluso hizo entrar en crisis el sistema de relaciones con el exterior. La eliminación de subsidios y la rebaja de los salarios reales de los funcionarios públicos no impidieron la acumulación de los déficit presupuestales. Tampoco ninguna devaluación hizo que los capitales dejasen de emigrar. En definitiva, el aparato político estatal, coadyuvante del poder ejercido por los grupos capitalistas especuladores, actuó para conducir a una verdadera bancarrota al régimen financiero del propio estado. Son los años de las misiones refinanciadoras y de una elevada utilización de la emisión lisa y llana de dinero para hacer efectivo el pago de los presupuestos estatales. La búsqueda de un equilibrio presupuestal, objetivo que realmente arraigó a partir de 1965, supuso el paulatino abandono de toda nueva absorción estatal de fuerza de trabajo, el continuo deterioro de los ingresos reales de los funcionarios públicos, los jubilados y los pensionistas, y la eliminación progresiva de los subsidios. En lo esencial, ésta fue la resultante de una contradicción entre la vigencia de un cierto sistema de relaciones sociales y la necesidad de su desaparición, requerida por la expansión del capitalismo monopólico. Cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó a orientar a los gobiernos, su esquema de estabilización se dirigía, precisamente, a crear las bases para la inserción del Uruguay en el área de influencia de los capitalistas del exterior. Se postulaba la libertad cambiaria para la movilidad de capitales y de mercancías con el exterior, y se impulsaba la ruptura de los frentes internos de protección: el equilibrio presupuestal, el control cuantitativo del crédito y la congelación de los salarios. No resulta novedoso que la dependencia se haya desarrollado dentro mismo del proceso inflacionario, a través del endeudamiento externo, las refinanciaciones, y la compra o absorción de empresas locales por parte de capitalistas norteamericanos y europeos. Mientras tanto, en el plano interno, el proceso inflacionario explosivo produjo un enfrentamiento más intenso entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Los conflictos se sucedían, en un clima de lucha, sin solución de continuidad. La actividad sindical siguió caracterizándose por las reivindicaciones de tipo económico, aunque una mayor politización de los sindicatos se manifestó, en determinadas ocasiones, a través de la postulación de objetivos más amplios que los estrictamente salariales. La razón de este fenómeno está conectada con la crisis particular de algunos gremios (por ejemplo, el planteo de nacionalización de la banca surge a raíz del crack bancario de 1965) y con un proceso de esclarecimiento sobre las causas de fondo que impedían mantener los niveles de vida de los trabajadores. No obstante, la intensificación de la lucha gremial no logró evitar el deterioro de los salarios reales, especialmente a nivel de los funcionarios públicos, ni el problema cada vez más agudo de la desocupación.
Ver:
Profelagrotta.blogspot.com  


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