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domingo, 21 de junio de 2020

La reforma constitucional de 1966 por Carlos Demasi

Las elecciones de 1966 y la reforma constitucional  por Demasi, C., “El preámbulo: los años sesenta”, en VV.AA., “El Uruguay de la dictadura (1973-1985)”, EBO, 2004, págs 33-38



La reforma constitucional En este escenario tan complejo se agregaría un nuevo elemento: la iniciativa de reformar la constitución. Esto no es una novedad; por el contrario, en todas las elecciones se había plebiscitado algún proyecto de reforma que generalmente resultaba rechazado; en este período de gobierno había sido tema recurrente entre los dirigentes nacionalistas que de esa forma podían explicar las fallas del gobierno invocando los defectos constitucionales. Pero más allá de estrategias políticas, en esta oportunidad el movimiento comenzó a tomar credibilidad como resultado de la falta de actividad del segundo colegiado blanco, luego tomó impulso por la acción de algunos dirigentes interesados en utilizarlo como bandera para dirimir diferencias internas y terminó
escapando al control de sus promotores, con la aparición de cuatro proyectos distintos que se plebiscitarían simultáneamente. A) El proyecto de “Unidad y Reforma” La desaparición de Luis Batlle Berres representó un impacto muy importante en su sector político, especialmente grave si se tiene en cuenta que tenía serias posibilidades de obtener la victoria electoral en las próximas elecciones. Las principales figuras de la lista 15 (los dos consejeros del sector, Amílcar Vasconcellos y Alberto Abdala, y un importante grupo de senadores que eran también gestores políticos relevantes, como Glauco Segovia, Alba Roballo, J. Carrere Sapriza, Luis Tróccoli, etc.) se mantuvieron a la expectativa durante varios meses, en lo que aparentemente era una estrategia para mantener la unidad del grupo hasta las próximas elecciones y dirimir luego sus diferencias ya con los resultados electorales a la vista. La única instancia prevista hasta entonces era la realización de elecciones internas, una práctica que había sido utilizada varias veces en vida de Luis Batlle pero que ahora resultaba particularmente importante para elaborar las listas del sector. Este frágil consenso comenzó a resquebrajarse desde que se hicieron evidentes las aspiraciones de algunos dirigentes de segunda fila, que encontraron un líder en el dip. Jorge Batlle. Los antecedentes inmediatos del dip. Batlle no parecían especialmente relevantes: había ingresado como titular en febrero de 1959 y aunque había sido reelecto posteriormente, su actuación parlamentaria era bastante opaca. Tal vez así lo aconsejaban sus discrepancias (que más tarde se hicieron notorias) con la línea política de Luis Batlle; pero esta falta de protagonismo lo dejaba en mala posición al momento de proyectar sus aspiraciones. Por lo tanto, si J. Batlle pretendía transformarse en el principal dirigente del sector, debía encontrar una “causa” política con la cual identificarse y que sirviera de referencia para sus partidarios tanto como para sus adversarios, y ésta fue la propuesta de una reforma constitucional. Cierto es que la defensa del colegiado no había sido nunca una bandera importante para la 15; pero a los dirigentes de más peso les parecía poco hábil levantar el tema de la reforma cuando el nacionalismo estaba en el gobierno ya que les daba argumentos para justificar su inoperancia; por eso cuando a mediados de 1965 el Dr. Batlle puso el tema en Las elecciones de 1966 y la reforma constitucional el debate, inmediatamente se produjo una conmoción en el sector: A. Vasconcellos se opuso abiertamente y las principales figuras tomaron distancia con la iniciativa. J. Batlle aprovechó para vincular el tema con las próximas elecciones internas del sector que se transformaron de hecho en un plebiscito a favor o en contra de la reforma constitucional. Para eso, J. Batlle aprovechó el control de los principales mecanismos de propaganda del sector: el diario “Acción” y la radio “Ariel”, de los cuales excluyó implacablemente a todos sus adversarios y los transformó en los principales portavoces de la prédica reformista; obtuvo el apoyo del consejero Abdala y trabajó para conseguir la adhesión de los dirigentes barriales, que son la base del “aparato” sectorial. Las elecciones internas (que tuvieron lugar en Montevideo y en unas pocas ciudades del interior) se realizaron el último domingo de noviembre de 1965 y aunque el sector “Unidad y Reforma” impulsado por Jorge Batlle obtuvo la mayoría, los resultados admitían varias lecturas. La elección se dirimió entre tres sectores principales: “Unidad y Reforma”, el sector vasconcellista “Por la ruta de Luis Batlle” y el “Frente Colorado de Unidad” integrado por un grupo importante de senadores; de hecho la 15 se dividió en tres bloques de los cuales el primero obtuvo una mayoría que distaba de ser absoluta y, sorprendentemente, el “Frente Colorado” quedaba en segundo lugar. Pero J. Batlle no vio los resultados de esa forma, y se dejó llevar por una tendencia triunfalista que lo veía como el nuevo líder de la 15 histórica y por lo tanto, el próximo ganador de las elecciones. Aparentemente la elección dejaba algunas conclusiones. La instancia movilizó a varias decenas de miles de votantes cuando todavía faltaba un año para las elecciones nacionales; podía entonces suponerse que la 15 seguía siendo el sector mayoritario dentro del partido y que el partido Colorado sería el triunfador en las próximas elecciones. El tema de la reforma constitucional había ganado la calle y debían concretarse rápidamente los acuerdos interpartidarios para hacerla viable: inmediatamente después de las elecciones internas, desde varios sectores nacionalistas se hizo referencia a la necesidad de iniciar esas conversaciones. Pero el resultado imponía al sector vencedor la obligación de concretar una reforma constitucional –para lo cual necesitaba el apoyo de sectores del partido Nacional–, en el marco de una campaña electoral donde el tema sería el mal desempeño de ese partido en el gobierno; y si no lograba resolver esta contradicción y la reforma finalmente no era aprobada, ese resultado sería visto como una derrota para su sector. En principio Batlle podía capitalizar el ambiente favorable a la reforma y tratar de concretar rápidamente los acuerdos políticos que le permitieran presentar un proyecto viable. Inmediatamente comenzaron las reuniones con sectores colorados y a comienzos del año siguiente ya había un proyecto que tenía el apoyo de la mayoría de los colorados (aunque con la oposición de Vasconcellos, transformado en principal defensor del colegialismo acompañado por el diario “El Día”). Se decidió presentar el proyecto con el apoyo del 10% de los ciudadanos inscriptos, y así fue que en febrero comenzó la recolección de firmas. Podía pensarse que la rapidez para reunir las firmas sería un buen indicio de la capacidad del partido Colorado para impulsar la reforma con sus solas fuerzas; sin embargo, la recolección no progresó al ritmo que se esperaba (recién a fines de mayo se presentó el proyecto a la Asamblea General), y para entonces el panorama se había complicado mucho más. B) La multiplicación de reformas Tal vez la situación más sorprendente en todo este proceso de reforma haya sido la decisión de “un grupo de sindicatos” (apoyados por el partido Comunista) de impulsar un proyecto de reforma. Tradicionalmente los sectores de izquierda habían visto las iniciativas de reforma constitucional como una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de los “verdaderos problemas”, y por principio se mantenían al margen. El respaldo del partido Comunista a un proyecto de reforma desencadenó un debate entre la izquierda: desde las posiciones reformistas se argumentaba que era una oportunidad para imponer una reforma “verdaderamente popular” que institucionalizara el programa del Congreso del Pueblo y otras banderas del movimiento popular; en cambio los opositores criticaban la adhesión a “reformas en el papel” y el abandono de la oportunidad para “esclarecer al elector” sobre el “verdadero sentido” del debate constitucional. Aparentemente el tema fue visto por la dirigencia comunista como una buena oportunidad para abandonar las posiciones esencialmente testimoniales de la izquierda, y comenzar a participar en los temas que movilizaban al electorado. Esta estrategia apostaba a legitimar un espacio en el campo político (una línea que el partido había adoptado desde mediados de los cincuenta) y que ahora ratificaba a costa de distanciarse del resto de los sectores de la izquierda que se mantenían apegados a las posiciones clásicas y que además, en el contexto de la radicalización política que es característica de la época, veían cada vez con más escepticismo a las elecciones como un camino válido para impulsar el cambio social. A pesar de las críticas, el “proyecto de los sindicatos” o “reforma popular” comenzó a difundirse; sus patrocinadores eligieron también el procedimiento de la recolección de firmas, por lo que la invitación a “firmar contra el colegiado” resultaba algo confusa para el ciudadano y un posible inconveniente para los reformistas colorados. La activa militancia del partido Comunista recolectó las firmas mucho antes que los colorados; fue el primero en presentarse a la Asamblea General, ya el 24 de marzo. Por su parte en el partido Nacional también se estaba produciendo movimientos reformistas, aunque en este caso se recurriría al procedimiento de la presentación de un proyecto respaldado por las firmas de no menos de dos quintos de integrantes de la Asamblea General. Como los legisladores nacionalistas superaban ese número, podían presentar un proyecto sin necesidad de recurrir a alianzas con otros sectores: el 28 de abril se cumplió con las formalidades y el proyecto elaborado por el Dr. Echegoyen quedó pronto para ser plebiscitado en la próxima elección. El análisis del articulado despertó inmediatas polémicas por su carácter extremadamente conservador y la imposición de normas que eran muy resistidas en la población. En el clima de desconfianza que se instaló en el ambiente político a partir de la presentación del proyecto nacionalista, los colorados consideraron que el proyecto era una simple maniobra que perseguía el propósito de bloquear el movimiento reformista; la recolección de firmas colorada progresaba con lentitud y recién se completó el procedimiento el 24 de mayo. La norma constitucional, incorporada en 1934, que creó el procedimiento de la iniciativa popular para la reforma, incluye una curiosa disposición que habilita en este caso a la Asamblea General a presentar “proyectos sustitutivos” para ser plebiscitados en la misma elección; ahora parecía ineludible la realización de un acuerdo interpartidario que impulsara un proyecto consensuado, una idea que pocos meses antes J. Batlle había rechazado de plano. Pero ahora eran los nacionalistas los que no parecían interesados; tanto el herrerismo como la UBD se encontraban divididos respecto al tema y aparentemente los sectores antirreformistas (Echegoyen en el herrerismo y la lista 51 en la UBD) parecían más fuertes que los reformistas (el herrerista Heber y el sector de W. Beltrán en la UBD). Además la situación económica parecía haberse estabilizado luego de los cataclismos del año anterior: el dólar se mantenía a 60 pesos, la inflación estaba relativamente controlada, se consolidaba el prestigio del ministro Ortiz y ahora eran los colorados los que comenzaban a dar imagen de poco confiables. C) La “reforma naranja” Entonces comenzó a hacerse evidente el peligro implícito en la proliferación de reformas. ¿Qué ocurriría si la suma del total de votos por las reformas fuera la mayoría absoluta de sufragios y superara el 35 % de los inscriptos, pero ninguno de los proyectos por separado cumpliera esas condiciones? En ese caso la constitución vigente quedaría derogada, pero no habría ningún texto constitucional en condiciones de sustituirla; por lo tanto, el país quedaría sin constitución. Las perspectivas en ese caso eran sombrías; era difícil que hubiera tiempo para “reunir una constituyente” como proponía Zelmar Michelini, sino que parecía más probable que antes de eso los militares dieran un golpe de Estado. Por entonces la consigna “reforma o golpe” comenzó a correr en el ambiente. Un momento tan difícil estimulaba para instrumentar soluciones que parecían imposibles, ya que los rumores de golpe militar circulaban libremente. Tal vez esto explique el triunfo de los partidarios del acuerdo constitucional en el Directorio nacionalista a comienzos de agosto, luego de superar un débil alegato antiacuerdista de Echegoyen, lo que representó un vuelco decisivo para impulsar la estructuración de un “proyecto interpartidario”. Aunque la mayoría de la UBD (representada por la lista 51) se pronunció en contra del acuerdo, el vuelco del herrerismo aportaba la cantidad de votos suficientes para viabilizar el proyecto. Rápidamente se estructuró un articulado que contó con los votos de legisladores de los dos partidos, y que fue aprobado por la Asamblea General sobre el límite del plazo constitucional. El proyecto interpartidario combinaba disposiciones del proyecto colorado y del nacionalista, en una mezcla más o menos satisfactoria para sus impulsores; los puntos más discutidos fueron laboriosamente transados a partir de las propuestas elaboradas por una sub-comisión integrada por el Dr. J. M. Sanguinetti por los colorados, y G. de Posadas Belgrano por los nacionalistas. El nuevo proyecto incluyó la prolongación del mandato presidencial a cinco años, prevista en la iniciativa nacionalista y eliminó la exigencia de la “fe democrática” que aparecía en este proyecto; en cambio la propuesta de subvención para la enseñanza privada fue sustituida por la exención de impuestos. Los colorados debieron sacrificar algunas de sus iniciativas más promocionadas como la eliminación de la exigencia de previa compensación en el caso de las expropiaciones, pero pudieron incorporar un mecanismo de aprobación tácita (las “leyes de urgente consideración”) para eludir las demoras parlamentarias y aumentar la “eficacia” del Ejecutivo. Como era previsible, el resultado de la combinación de normas de dos proyectos tan diferentes realizada en un contexto de amenaza institucional, tuvo un tinte predominantemente conservador: los perfiles estatistas y las garantías que establecía el proyecto colorado quedaron por el camino al igual que los artículos más discutidos de la iniciativa nacionalista. En definitiva quedó un texto desbalanceado donde se reforzaban atribuciones del Ejecutivo, lo que era un elemento común a los dos proyectos, mientras se amortiguaban los aspectos desarrollistas que aparecían en el proyecto colorado. Como observó un periodista, era evidente el viraje hacia la derecha de los sectores mayoritarios del batllismo: por primera vez estaban de acuerdo con la Federación Rural en un problema político de relevancia. Aunque aparentemente se había dado un paso importante con la presentación del proyecto sustitutivo, (que por el color de las hojas de votación sería conocido como “reforma naranja”), la situación política no terminaba de aclararse: no era seguro que cuatro proyectos fuera mejor que tres; también generaba dudas la próxima campaña electoral, con adversarios que debían repartir su discurso entre la temática reformista en la que estaban casi todos de acuerdo, y la argumentación partidista en la que necesariamente debían confrontar. 2) Las elecciones de 1966 Según expresó Aldo Solari, lo que “parece más notable de estas elecciones, es justamente el que haya habido elecciones”. Todo coincidía para transformarlas en una instancia relevante en la que se combinaban la posible frustración del ímpetu reformista, la crisis económica, la amenaza golpista, y además la tardía definición de las candidaturas, ya que recién en setiembre comenzaron a concretarse las fórmulas electorales. Era necesario presentar  listas para el sistema vigente y los diferentes proyectos, lo que suponía la reunión de nombres de importancia similar: no podía deslegitimarse la constitución vigente ni apostarse con demasiada fuerza a una reforma en particular porque se correría el riesgo de que no fuera aprobada. Esto suponía la necesidad de multiplicar las hojas de votación, especialmente para los votantes de los proyectos “gris” y “amarillo”: estos tenían que incluir en el sobre las hojas de votación por el régimen vigente, el “SI” de la reforma que apoyaban, las hojas de candidatos para ese sistema y, supletivamente, hojas de candidatos según la “reforma naranja” para el caso de que ésta fuera aprobada. Ante la mirada del electorado, ¿quedarían claras las diferencias entre partidos, candidatos y proyectos? La respuesta podía poner nerviosos a muchos ya que ella incidiría en la marcha de los años futuros. El tema de las candidaturas, postergado por el debate constitucional, pasó a primer plano y entonces mostró complejidades inesperadas. En una campaña electoral donde se promovían reformas presidencialistas, la propaganda se centró rápidamente en las figuras de los candidatos principales; y si bien algunos parecían ineludibles como el Dr. Batlle, el Gral. Gestido o el Dr. Echegoyen, otros en cambio eran figuras alejadas de la política pero aparecían perfilados con fuerza, como el Dr. Alejandro Gallinal. Consejeros en actividad como Alberto Heber, Presidente del Consejo de Gobierno, o A. Vasconcellos también presentaban su candidatura al amparo de una disposición especial. La selección de candidatos a Vice, sin embargo, estuvo llena de dificultades y terminó arrojando resultados inesperados como la proclamación de Jorge Pacheco Areco como compañero de Gestido, luego de que se manejaran (y descartaran) varios nombres prestigiosos. La campaña electoral se desarrolló con normalidad, pero se mantuvo permanentemente el rumor de reuniones de militares que preparaban un golpe de Estado. En la semana previa a las elecciones el Jefe del Ejército libró una orden de servicio (que apareció publicada en la prensa) por la que se prohibía terminantemente todo movimiento de tropas desde los cuarteles y se suspendían todas las maniobras o actividades que estuviesen previstas con participación de efectivos del Ejército. La sola existencia de la orden daba verosimilitud a los rumores, y su publicación en la prensa ponía en alerta a toda la opinión pública que así se transformaba en un elemento de control de su cumplimiento. Sin embargo, nada contribuyó más a despejar las dudas como los propios resultados electorales. El partido Colorado se impuso por mucha ventaja y la reforma “naranja” superó ampliamente las condiciones mínimas para su ratificación. Las principales sorpresas estuvieron en los resultados por lista: entre los colorados Gestido se impuso gracias al aporte de votos de los senadores del “Frente colorado de unidad” separados de la 15 por discrepancias con J. Batlle: la discreta estrategia de alianzas se reveló más productiva que el arrollador triunfalismo. Dentro del nacionalismo, Echegoyen tuvo clara mayoría y su lista fue la segunda más votada en el total; se afirmaba su hegemonía dentro del partido mientras quedaban debilitados los dirigentes que habían surgido con tanta pujanza en los años anteriores como Wilson Ferreira y H. Lorenzo Ríos. Este resultado tendría enorme importancia para explicar la actitud del partido en los años sucesivos. Por otra parte, entre los partidos menores la coalición FIDEL obtuvo el mayor caudal de votos dentro de la izquierda y superó su máximo histórico de 1946 en porcentaje sobre el total, con más del 5,5% de adhesiones, aunque la reforma defendida por el partido Comunista estuvo lejos de su ratificación. Pero su crecimiento parecía ratificar el carácter “canibalístico” del crecimiento de la izquierda, ya que el resto de los partidos menores en su conjunto apenas llegaban al 3% incluyendo al renovado Partido Demócrata Cristiano que acaparaba el 2,96%. Pero el triunfo colorado y la ratificación de la reforma constitucional parecía despejar definitivamente la tormenta que amenazaba el escenario político.

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