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sábado, 20 de mayo de 2017

Batllismo y Estado: Las Empresas y su rol.

Batllismo y Estado: Las empresas y su rol. Una postura Socialdemócrata.





“Treinta años de la historia del país, 1899-1929, pasaje de la anarquía orgánica a la ordenación nacional, treinta años de intenso y generoso proceso evolutivo en los aspectos políticos, económicos y sociales, estructurando la conciencia ciudadana fundamentada en la libertad, y aportando magníficamente los elementos morales y materiales en todos los órdenes, para moldear la felicidad de la ciudadanía y las potencialidad del país”  (Buzzeti, Ing. José L. La Magnifica gestión de Batlle en Obras Públicas.Montevideo 1942.

La debilidad del capitalismo nacional y la circunstancia de que los capitales existentes se encontrasen volcados a la explotación agropecuaria, a las inversiones inmobiliarias y a diferentes actividades comerciales y financieras crearon las condiciones favorables para la intervención del Estado en dos direcciones, contribuir a la formación de un capital industrial y a una mejor redistribución de la riqueza en la sociedad. El intervencionismo del Estado batllista en la economía se verificó en dos aspectos fundamentales: el proteccionismo industrial que contribuyó a fortalecer la incipiente manufactura y el desarrollo del sector público con servicios comerciales e industriales del Estado. Esto fue logrado con la aplicación del intervencionismo estatal en lo aduanero, en lo fiscal, lo monetario y lo financiero.
El proteccionismo industrial se logró fundamentalmente utilizando las tarifas aduaneras para los productos competitivos con la industria nacional y la rebaja de tarifas para las materias primas, las maquinarias y los combustibles y también con exoneraciones tributarias
La ley más importante del período fue la del 21 de octubre de 1912 por la cual se facultaba al Poder Ejecutivo a conceder franquicias aduaneras a ciertos productos y a conceder  a las nuevas fábricas que se instalasen en el País franquicias consistentes en la exención de derechos de aduana a favor de máquinas, aparatos, repuestos, accesorios, materiales de primera instalación y materias primas y exención de la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Giro siempre que estos ramos industriales no explotados en el país por fábricas que ya tuviesen esas franquicias. Hubo muchas leyes  que favorecieron el desarrollo de una industria estatal y de varios servicios nacionalizados, en algunos casos se lograron importantes beneficios económicos. También debemos destacar que en las primeras décadas del sigloXX una gran parte del ahorro nacional se volcó a la realización de gastos productivos en servicios del Estado y en Obras Públicas. Fue esta prosperidad la que permitió el desarrollo de una política de protección de las sectores obreros y asalariados y en general de los sectores más desamparados de la sociedad. Paralelamente al desarrollo de las empresas estatales nuestra principal industria que era la explotación de los productos pecuarios asistía a la culminación de un proceso que incluía la muerte del saladero y el triunfo del frigorífico. Siguiendo ahora la visión del Dr. Carlos Demasi  que sostiene en un artículo publicado por la fundación Vivian Trias (La relación batllismo – Estado: un concepto problemático. Carlos Demasi Fundación Vivián Trías Cuaderno N°25)
Explica el intervencionismo batllista en el siguiente fragmento: “El rasgo innovador del batllismo se evidencia cuando aparece una justificación doctrinaria de esa intervención, que la transforma en una política de carácter permanente; es decir, aquel argumento que defiende que Estado debe ser el empresario en algunos casos
determinados, y debe mantener ese carácter más allá de las contingencias.
Algo similar puede decirse del “obrerismo” batllista y de la legislación social. Con él apareció el argumento de que el Estado debía funcionar como mediador en los conflictos sociales, como un recurso apto para alcanzar un desarrollo social equilibrado en cuanto amparaba a los más débiles y frenaba a los más poderosos. Esto supone la posibilidad de que en algunos casos el Estado actúe en beneficio de los obreros, pero no supone que lo haga en todos los casos; también Batlle hubiera podido decir que “era colorado y no socialista” como argumentaba Manini Ríos cuando se transformó en su adversario dentro de filas. El aspecto novedoso de estas actitudes llamó fuertemente la
atención en la época, y fue el elemento que contribuyó a reconfigurar el escenario político: a favor o en contra del “inquietismo” o de las “novelerías” de Batlle fue el eje estructurador de las definiciones políticas; por eso es que resulta tan especialmente llamativa la unanimidad del presente.
La presencia de un Estado interventor no aparecía como una evidencia en su
época, y el rastreo de los antecedentes decimonónicos del intervencionismo batllista ha sido más el resultado de la reconstrucción historiográfica que de los testimonios de la época. Es decir que los contemporáneos percibían en el batllismo un intervencionismo de carácter diferente, y ese dato tiene relevancia porque nos muestra hasta qué punto los antecedentes invocados pudieron haber incidido sobre los actores. Lo inverso parece ocurrir con el “socialismo” de Batlle, que no era tal cosa pero así aparecía en la época: visto a la luz de las ideas, el discurso de Batlle tiene pocos elementos que lo identifiquen como socialista.”

 Durante el impulso modernizador e intensamente reformista que caracterizó a los gobiernos batllistas de las tres primeras décadas del siglo XX,  se crearon las bases del estatismo y se desarolló  la concepción tendiente a identificar servicio público con Estado, una “matriz de lo público profundamente estatista”, para decirlo en palabras de Gerardo Caetano.
Se fundaron los tres grandes bancos públicos: el Banco República se institucionalizó como banco íntegramente estatal, se estatizó el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y se creó el Banco de Seguros del Estado.  El batllismo  se caracterizó por su avanzada política social (legislación obrera, apoyo a la sindicalización, ley de divorcio, pensiones a la vejez, expansión de las jubilaciones, enseñanza media), por su impulso a la modernización, diversificación e industrialización de la economía, así como también por la gran expansión experimentada por el Estado. Se fundó la empresa Usinas de Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE) y se estableció el monopolio estatal de los telégrafos y teléfonos (para éstos el monopolio se haría efectivo en 1931 cuando la red de teléfonos se integró a UTE, que pasó a llamarse Usinas y Teléfonos del Estado, permaneciendo la administración de los teléfonos a cargo de UTE hasta 1974. En este periodo comenzó también la construcción y estatización de vías férreas, creándose Ferrocarriles y Tranvías del Estado, y se estableció el monopolio estatal de la gestión de los puertos con la creación de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Bajo un nuevo impulso reformista, ambientado por los avances de la acción estatal durante la Gran Depresión en la década de 1930 y años posteriores, se fundó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Todas estas empresas constituían entes autónomos o servicios descentralizados y se regían por el derecho público. En general, sus objetivos se dirigían a brindar un servicio de calidad y bajo precio y extenderlo al conjunto de la población. Aunque sus cartas orgánicas no lo establecían, las grandes empresas, generalmente superavitarias, aportaban parte de sus beneficios al Gobierno Central (transferencias positivas) y las empresas deficitarias recibían subsidios de éste (transferencias negativas). Durante el periodo de industrialización dirigida por el Estado, el “Dominio Industrial y Comercial del Estado”, como se le llamó al conjunto de EP no financieras, experimentó una gran expansión debido al crecimiento de la cobertura y de las funciones de las dos principales empresas, UTE y ANCAP, así como por la creación de nuevas empresas, principalmente por la estatización de las compañías británicas de servicios (la mayor parte de los ferrocarriles existentes, los tranvías de Montevideo y la compañía de Aguas Corrientes de Montevideo), fundándose la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y Obras Sanitarias del Estado (OSE) en 1952. En el mismo año la empresa mixta PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea) pasó a ser totalmente estatal. También se fundan el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP), desde 1976 Instituto Lobero y Pesquero (ILPE). UTE se expandió al interior del país expropiando las usinas eléctricas privadas, estableciendo una tarifa única en todo el país y extendiendo también la red telefónica nacional, cesando entonces las concesiones a las empresas telefónicas privadas. ANCAP expandió la capacidad de su refinaría y cubrió la totalidad del mercado de derivados del petróleo.
La proyección del modelo hacia el siglo XXI, una visión socialdemócrata.
La socialdemocracia como evolución lógica del batllismo  introduce elementos de transformación social, pues lo que quiere es una organización económica y política que transite del individualismo liberal puro y capitalista, al colectivismo solidario —sin pasar por la violencia y la lucha de clases— deslizándose entre el debate parlamentario, es decir, por medio de la democracia. Es decir, lo que la transición busca es que sean los representantes de los ciudadanos, democráticamente elegidos, los que discutan en los foros políticos las formas inteligentes en que deberían combinarse las políticas de mercado —liberales e individualistas— y las políticas sociales —comunitarias y solidarias—, de modo que la marginación, la exclusión y la pobreza encuentren espacios económicos y políticos de solución en el largo plazo sin afectar, además, la soberanía nacional.  Un debate complejo cuando el ADN batllista oscila en visiones diferentes ya sean ortodoxas y colegialistas, reformistas estatistas o decididamente liberales dejando de lado al Estado Benefactor.

Charles Anthony Raven Crosland (1956), indica los elementos que constituyen el paradigma socialdemócrata clásico:
1. El liberalismo político, esto es, la aceptación de los instrumentos típicos de las democracias representativas parlamentarias con partidos políticos en competencia.
 2. La economía mixta, es decir, la coexistencia complementaria de los medios privados de producción y los propios del Estado encargado de la planificación y el control público de la economía.
3. El Estado de Bienestar: el diseño y ejecución de políticas sociales destinadas a la distribución de la riqueza de formas equitativas y capaces de mitigar los efectos nocivos del mercado corrigiendo los desequilibrios económicos de modo que se propicie la justicia social.
 4. Políticas económicas keynesianas tendientes a lograr el pleno empleo promoviendo salarios elevados, estabilidad de precios y un gasto público vigoroso.
5. Una política social comprometida con la igualdad social. Estas líneas de política pública señalan, con toda precisión, el perfil financiero y social de un Estado comprometido con la justicia y la equidad, como expresiones sociales humanistas.
A modo de conclusión preliminar.
El documento emanado del Congreso Ideológico del Partido Colorado (Junio,2012) sostiene en su página 144 (…) es necesario establecer un marco más claro de relacionamiento entre el Estado y sus empresas. La relación entre el Poder Ejecutivo y las Empresas Públicas deberían quedar formalizadas por contratos de gestión que obliguen a sus directorios.(…)  En definitiva las empresas públicas deben contribuir a acelerar la tasa de crecimiento económico del Uruguay y a mejorar el bienestar de sus habitantes, en el marco de un estado Moderno garante del desarrollo ciudadano


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