Este
comentario del Embajador británico mencionando al Canciller de la República
Ernesto Talvi resume la historia del relacionamiento internacional y el
humanismo uruguayo.
Gracias
al gobierno por facilitar esta evacuación. Apreciamos mucho el espíritu
humanitario de Uruguay
Thanks to Uruguayan govt for helping passengers on board the Greg
Mortimer get home. We continue to work to get UK nationals home.”
Hubo diferentes momentos y enfoques de nuestra
política exterior, pero la pandemia del COVID-19 y el cambio de orientación
política nos catapultó hacia nuestras tradiciones históricas de ética y
humanismo como eje fundamental de nuestra diplomacia.
La
política exterior multilateral e idealista de nuestro país tiene como punto de partida la propuesta de arbitraje amplio y
obligatorio presentado por Batlle y Ordoñez en la segunda conferencia de la
Haya en 1907. Hay antecedentes, en el marco de la segunda conferencia
internacional de los Estados Americanos
Uruguay fue miembro fundador de la Oficina Sanitaria Internacional,
posteriormente renombrada como Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Asimismo, Uruguay fue el primer país del mundo en adherir a la jurisdicción de
la Corte Internacional de Justicia, concretada en 1921 cuando todavía se
llamaba Corte Permanente de Justicia Internacional. En una clase en APHU la
profesora Clemente destacaba que “la larga vocación del Uruguay por el
multilateralismo” fue determinada cuando Uruguay adoptó una estrategia de
Política Internacional dinámica y
propositiva, otorgándole una posición relevante en el contexto internacional
desproporcionada para el tamaño de nuestro país. En tal sentido el Uruguay
ubicado entre las grandes potencias del
continente, Argentina y Brasil, lograba un lugar en la escena internacional a
través de un modelo de acción que tendría continuidad en la política exterior uruguaya.
El inicio de esta política se sitúa en 1907 con la propuesta de Arbitraje
Obligatorio e Ilimitado de José Batlle y Ordoñez presentada en la Conferencia
de la Haya. Luego de la conferencia internacional de 1899, por primera vez se
convocaba a los países latinoamericanos. En este escenario el Uruguay realizó
su debut internacional y su desempeño generó elogios en la prensa aunque su
proyecto fue catalogado de carácter utópico para la época. La propuesta de
Batlle constaba de un preámbulo y cuatro declaraciones. La propuesta presentada
por Batlle y sus colaboradores contó con cuatro declaraciones.
1) Preveía la creación de una alianza para
imponer a todos los países el arbitraje compulsorio para toda clase de
conflictos internacionales.
2) Procuraba la creación de un
Tribunal de Arbitraje con sede en La Haya.
3) Limitaba la intervención de la
alianza en los asuntos internos de los Estados.
4) Abogaba por la incorporación de todos los
Estados conformes con los principios de arbitraje.
El proyecto presentado pretendía la creación de
una organización internacional orientada hacia la preservación de la paz en el
ámbito internacional, sobre la base del uso de la fuerza en caso que los
Estados miembros se negaran a aceptarlo, incluyendo terceras potencias no
involucradas en el acuerdo. Si bien la propuesta finalmente fue rechazada para
Javier Bonilla, la propuesta de arbitraje se ubica dentro de una política de
larga continuidad con el carácter de una política de Estado.
Todo sin perjuicio del retorno a
una estricta adhesión a grandes principios históricos rectores de la política
externa de Uruguay, entre los que se encuentran la defensa de la soberanía de
los Estados, el principio de no intervención, la solución pacífica
de controversias, la defensa de los derechos
humanos y el cumplimiento de buena fe de
los compromisos internacionales. Estas grandes líneas rectoras, más que
una enume-
ración legalista del fundamento de inserción
internacional del país, constituyen una línea real de defensa y preservación de la
soberanía y la independencia nacional de un país
pequeño pero con larga tradición democrática.
En las décadas de 1960 y 1970 que incluye una larga dictadura entre 1973
y 1985
el país enfrenta los cambios profundos que significan para las modalidades de
inserción el fin de la guerra fría y el desafío de la globalización, a
la vez que incorpora la respuesta colectiva de los nuevos regionalismos abiertos (CEPAL, 1994).
A partir del retorno a la institucionalidad en 1985, se observa un doble
proceso
de apertura y complejización en el proceso de toma
de decisiones en todas las etapas de
elaboración de la política externa del país, proceso que tiene relación
con el número
de actores gubernamentales que participan en el quehacer de la política
exterior, así
como con el aumento y diferenciación de actores no gubernamentales. Implementado
en cada período de gobierno, se asiste a la pérdida de monopolio de la tradicional
fórmula Presidente-Ministro de Relaciones Exteriores-Servicio Diplomático,
paradigmático del modelo tradicional presidencialista de conducción de la
política exterior, a favor del ingreso de otros Ministerios, particularmente
los de Economía e Industria. Determinando la relación con los organismos
internacionales de crédito con los cuales el país ha mantenido históricamente
la reputación de buen pagador; a partir de
1991, la pertenencia y el grado de compromiso con el Mercado Común del
Sur y las negociaciones para la
formación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) desde 1994; las
relaciones bilaterales con Cuba y con Estados Unidos; y la participación de
efectivos uruguayos en las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), temas que en muchos de los casos han merecido la
calificación de ser políticas de Estado y que se analizan en sus particularidades en cada período.
Con el primer gobierno democrático de perfil
batllista (1985-1990), presidido por Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, se inicia el proceso de transición del
régimen autoritario que usurpó el poder entre 1973 y 1985 a
un régimen democrático. A la vez, se produce una renovada aproximación a los
asuntos externos caracterizada por la
necesidad de una reinserción internacional, más acorde con la tradición
democrática del país.
En 1985, la política exterior uruguaya tuvo como contexto internacional
básicamente dos frentes que atender: los procesos de retorno a la democracia en
los países
vecinos del Cono Sur, en sus dos fronteras, y dos estados de crisis.
Uno, con eje político-militar en América Central - Nicaragua y El Salvador– , y el otro con eje económico, pautado por el tema del endeudamiento externo de
los países del cono sur.
La retomada institucionalidad otorgó al gobierno alto grado de
legitimidad al inte-
rior del país. Esta legitimidad se vio reforzada por la instrumentación
de amplios
consensos entre actores tanto gubernamentales como
no-gubernamentales, así como por
el gran pragmatismo que le imprimió el canciller del período, el
economista Enrique
Iglesias. Teniendo al desarrollo como meta además de la política
económica, la políti-
ca externa también fue funcional al modelo de
desarrollo exportador implementado en
el período, promovida activamente tanto por el presidente de la
República como por
su canciller.
En esos años se crean varios mecanismos de concertación política
latinoamericana, basados en nuevas formas
de diplomacia para el manejo colectivo de problemas internacionales entre ellos, el Grupo de Contadora
formado por Colombia, Panamá, México yVenezuela para ofrecer una solución alternativa a la intervención de
Estados Unidos en Nicaragua y su Grupo de Apoyo formado por Perú, Argentina, Brasil y
Uruguay.
En torno al eje económico, el
Consenso de Cartagena, que se forma en respuesta
a la crisis de la deuda, es otro ejemplo de la nueva aproximación de la
política exterior
de América Latina. La participación de Uruguay en este tema estuvo
limitada también
por uno de los pilares básicos de su relacionamiento externo: el
cumplimiento de sus
compromisos internacionales, aunque en este caso se tratara de la pesada
herencia de
deuda externa heredada de la dictadura, posición
que no resultó ser funcional a los obje-
tivos del Consenso.
Se produce asimismo un acercamiento con Europa
Occidental ocasionado por la
transición democrática; un renovado relacionamiento
con la Unión Soviética. En 1985, a poco de asumir el presidente Sanguinetti, se restablecen
relaciones diplomáticas con Cuba, cuya ruptura se produjo en 1964 en cumplimiento de la resolución adoptada en el
seno de la OEA.
En la dimensión estrictamente comercial de la política exterior, Uruguay
participó
activamente de la discusión respecto al comercio
internacional, adhiriendo al libre comer-
cio. Se sostiene que el proteccionismo caracteriza más al comercio de
los países desa-
rrollados que al de los países en desarrollo. El
país fue anfitrión en 1986 de la Conferencia
General del GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), dando origen
a la Ronda
Uruguay del organismo tendiente a la liberalización
del comercio internacional. La rela-
ción comercial con los vecinos, principales socios comerciales de
Uruguay, se estruc-
turó a través del Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica
(CAUCE)de 1985, y del Protocolo de Expansión Comercial (PEC) suscripto con
Brasil en 1986.
A partir de este período es que se comienza a
generalizar la expresión «política
de Estado» como trascendente de los intereses
partidarios, estableciéndose así la dife-
rencia con una política de consenso. La política de
Estado se construye sobre un con-
senso de todos los partidos políticos a partir del
cual se presume inicialmente que la
misma no será modificada con un cambio de gobierno.
Muchos años de gobiernos de
izquierda después y en medio de una pandemia nuestro país solucionó el problema de más de
100 pasajeros a la deriva y en cuarentena en un crucero.
La respuesta a una
interrogante periodística sobre el costo de la operación el canciller Ernesto
Talvi respondió: “Esto no lo
consideramos una opción, consideramos un imperativo ético para el país dar
asistencia humanitaria. El mundo entero los está reconociendo”, el humanismo
batllista perdura.
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