El proceso cívico militar (dictadura) 1973 -.1975 Unidad 8.

La dictadura uruguaya (1973-1985) y la transformación estructural del modelo económico: del autoritarismo al colapso financiero de 2002

El quiebre institucional y la instauración del régimen

El 27 de junio de 1973, el presidente constitucional Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento con el respaldo de las Fuerzas Armadas, dando inicio formal a un régimen que combinó conducción militar con fachada civil. Sin embargo, como han señalado Gerardo Caetano y José Rilla, el golpe no constituyó un acontecimiento súbito sino la culminación de un proceso de deterioro institucional iniciado años antes, marcado por la creciente militarización del conflicto político y social (Caetano & Rilla, 1994).

La dictadura uruguaya se inscribió en la lógica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, compartida por los regímenes del Cono Sur y posteriormente articulada regionalmente a través del Plan Cóndor. El enemigo dejó de ser externo para volverse interno: sindicatos, estudiantes, partidos de izquierda y sectores democráticos tradicionales fueron catalogados como amenaza subversiva.

El cierre del sistema político implicó la proscripción de partidos, la intervención de la Universidad de la República, la ilegalización de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la clausura de medios de prensa. Uruguay llegó a convertirse, proporcionalmente, en el país con mayor número de presos políticos del mundo durante la segunda mitad de los años setenta (Rico, 2005).

La consolidación autoritaria y la sociedad disciplinada

En 1976, Bordaberry fue desplazado por la propia cúpula militar al intentar suprimir definitivamente los partidos tradicionales. Lo sucedió Aparicio Méndez, y posteriormente Gregorio Álvarez. La estructura institucional quedó subordinada a la Junta de Oficiales Generales.

La represión fue sistemática: detenciones arbitrarias, tortura documentada en centros clandestinos, desapariciones forzadas y un exilio que afectó aproximadamente al 10% de la población. La sociedad fue disciplinada mediante el miedo, pero no completamente desmovilizada. Como sostiene Carlos Demasi, la cultura política democrática uruguaya no desapareció, sino que permaneció latente, reapareciendo en los momentos de apertura (Demasi, 2009).

La transformación económica: del desarrollismo al experimento financiero

Si el régimen autoritario buscó reordenar el sistema político, también impulsó una profunda transformación económica. Bajo la conducción del ministro Alejandro Végh Villegas, Uruguay abandonó el modelo industrialista y proteccionista heredado del neobatllismo y adoptó un programa de liberalización comercial y financiera.

Entre 1974 y 1978 se eliminaron controles de precios, se redujeron aranceles y se promovió la apertura al capital externo. La lógica ya no era la sustitución de importaciones, sino la inserción financiera internacional. La plaza bancaria de Montevideo comenzó a proyectarse como centro regional de intermediación de capitales.

El punto culminante fue la llamada “tablita” cambiaria (1978-1982): un cronograma de devaluaciones preanunciadas que buscaba anclar expectativas inflacionarias y atraer capitales externos. En el corto plazo produjo estabilidad y expansión del consumo importado. Sin embargo, la sobrevaluación del peso y el endeudamiento masivo en dólares generaron una burbuja financiera.

En noviembre de 1982 la tablita colapsó. La devaluación abrupta multiplicó las deudas privadas en moneda extranjera. Se desató una crisis bancaria, quiebras empresariales en cadena y una fuerte caída del salario real. El Estado asumió pasivos privados, inaugurando una práctica de socialización de pérdidas que marcaría la economía uruguaya en décadas posteriores (Finch, 2005).

El plebiscito de 1980 y la erosión del régimen. 

El 30 de noviembre de 1980 el régimen intentó legitimarse mediante un proyecto constitucional que institucionalizaba la tutela militar. Contra los pronósticos oficiales, el 57% del electorado votó por el NO. Como señala Caetano, ese resultado constituyó la primera derrota política abierta de la dictadura (Caetano, 2011).

El plebiscito demostró que el consenso autoritario era frágil y que la ciudadanía mantenía un fuerte apego a la tradición republicana.

Movilización social y negociación de salida

Las internas partidarias de 1982 marcaron la reaparición pública de liderazgos como Wilson Ferreira Aldunate, Julio María Sanguinetti y Líber Seregni.

El 27 de noviembre de 1983, el Acto del Obelisco reunió a una multitud que simbolizó la recuperación del espacio público. Las negociaciones culminaron en el Pacto del Club Naval (1984) y en las elecciones de noviembre de ese año.

El 1° de marzo de 1985 se restauró formalmente la democracia.

De la apertura democrática a la crisis de 2002: continuidad estructural

La salida política no implicó una reversión inmediata del modelo económico instaurado en la dictadura. Los gobiernos democráticos heredaron:

• Elevada deuda externa.
• Sistema financiero liberalizado.
• Estructura productiva estancada.
• Vulnerabilidad frente a shocks externos.

Durante los años noventa, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle y luego el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, se profundizó la apertura comercial y financiera en consonancia con el Consenso de Washington.

El sistema bancario volvió a expandirse con fuerte presencia de capital extranjero. La estabilidad dependía crecientemente de la confianza internacional y del flujo de capitales.

La crisis argentina de 2001 actuó como detonante externo, pero las fragilidades estructurales provenían de un modelo basado en la intermediación financiera y el endeudamiento. En 2002 el sistema colapsó nuevamente: corrida bancaria, congelamiento de depósitos y caída del PIB cercana al 11%.

Así, puede trazarse una línea de continuidad entre la liberalización financiera iniciada en 1974, la crisis de 1982 y el colapso de 2002. La matriz financiera instaurada durante la dictadura no fue desmontada, sino administrada y adaptada en democracia.

Interpretación histórica

La dictadura uruguaya no fue solamente un régimen represivo; fue también un punto de inflexión estructural. Transformó el rol del Estado, alteró el patrón de acumulación y redefinió la inserción internacional del país.

El fracaso del plebiscito de 1980 mostró la fortaleza de la cultura democrática. La crisis de la tablita en 1982 evidenció la fragilidad del modelo financiero. Y la crisis de 2002 reveló la persistencia de aquellas vulnerabilidades.

En este sentido, el período 1973-1985 no constituye un paréntesis, sino un momento fundacional de la economía y la política contemporánea del Uruguay.

Bibliografía 

• Caetano, G., & Rilla, J. (1994). Historia contemporánea del Uruguay.
• Caetano, G. (2011). La República batllista y la crisis democrática.
• Demasi, C. (2009). La dictadura cívico-militar.
• Finch, H. (2005). Historia económica del Uruguay contemporáneo.
• Rico, Á. (2005). Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado.