La Crisis de 1929. Su manejo en el Uruguay de los años 30.

El manejo de la Crisis de 1929.

La crisis mundial impactó en una economía uruguaya en extremo frágil, imponiendo al sector externo, balanza comercial-balanza de pagos, una serie de restricciones que obligaron al elenco gobernante a abandonar una ortodoxia liberal a la que el batllismo se había enfrentado en lo económico. Desde 1931 el Estado se convierte en el árbitro de una muy importante transferencia de ingresos; el mecanismo fue una profunda alteración de los precios relativos principalmente a través de la política cambiaria. Los incentivos desde el Estado para potenciar las actividades manufactureras

se fueron multiplicando y los mecanismos de regulación de la actividad económica, en su conjunto, fueron en aumento. La crisis mundial de 1929 mostró con claridad el carácter dependiente y periférico de la economía uruguaya. El golpe más fuerte de esa crisis nos golpea a partir de 1932 cuando cae el valor de las exportaciones un 58% con referencia a 1930. En 1918 el precio de una tonelada de carne exportada ascendía a $ 300 en 1929 había bajado a $ 200 y en 1933 $ 172. Esto produce un déficit del presupuesto estatal y de la balanza de pagos que estaba atada a las recaudaciones de aduana.. En lo social la crisis determinó un aumento del desempleo llegando a 41000 trabajadores en 1933, a eso había que sumarles los subocupados o informales que realizaban changas o trabajos zafrales. Disminuyen el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos: trabajadores, jubilados y pensionistas. 

A fines de 1929, Baltasar Brum manifestó en el Consejo Nacional de Administración que la política de sobrevaluar el peso que seguía el Banco República favorecía al comercio importador, pero perjudicaba a la indus­tria y a las exportaciones ganaderas. Propuso estimular la desvalorización monetaria . Siguiendo a Raul Jacob en  su análisis del período. Tenemos los siguientes conceptos:

En 1931 sería el Ministro de Industrias, Edmundo Castillo, el encargado de fundamentar la aceptación de la desvalorización del signo monetario uruguayo. Dejó claro que la caída del mismo se debió a que no se habían aplicado oportunamente las medidas propuestas por el batllismo, limita­ción de las importaciones, estatizaciones, que hubiesen impedido la fuga de divisas que presionaron a la baja del peso. Sin embargo el hecho era que el peso había perdido valor. Dijo Castillo: el Consejo Nacional resistió en beneficio de la producción rural a la valorización artificial del signo monetario.”

Esta política tendía a lograr dos objetivos: a) fomentar al sector exportador que recibiría más pesos uruguayos por sus ventas; b) aumentar el precio de la manufactura importada, con lo que se protegía a la industria nacional.

Pero también podía tener un efecto negativo: aumentar el costo de vida, ya que combustibles, materias primas y artículos de primera necesidad se adquirían en el exterior.

Esta consecuencia fue criticada por el diputado socialista Emilio Frugoni, que ya en mayo de 1929 había propuesto retornar a la libre conversión del peso a oro, coincidiendo con destacados representantes del alto comercio, como medida que conduciría hacia una moneda sana que aseguraría el valor adquisitivo del salario. La limitación de las importaciones afectaría la recaudación de la Aduana, piedra angular del sistema fiscal en ese entonces. La desvaloriza­ción monetaria obligó al Estado, que cobraba los impuestos en pesos uruguayos, a utilizar suma; no previstas para el pago de intereses pactados en moneda extranjera. La situación económica del país aumentó la morosi­dad del sector privado. Todas estas circunstancias confluyeron a acrecentar el déficit fiscal. Para contrarrestarlo, en 1931 se crearon veintitrés nuevos impuestos. Algunos gravaron al consumo ,alcohol, nafta, bananas, aunque muchos de ellos fueron aplicados a productos importados que se fabricaban en el país, con lo cual se protegió a la industria nacional. Otros, como patentes extraordinarias a la importación de automóviles, tendían a recargar artículos de uso suntuario.

A los propietarios se les aumentó los impuestos a las herencias y a las traslaciones de dominio.

Particular importancia adquirió el aumento del uno por mil de la contribución inmobiliaria rural cuyos aforos superaran los cincuenta mil pesos. La medida afectaría —dado el precio de la tierra— a los propietarios de aproximadamente mil y más hectáreas. La Federación Rural declaró que el agro estaba, ya antes, al límite de su capacidad impositiva. El Comité Nacional de Vigilancia Económica arreció su lucha contra el gobierno. En febrero de 1933, ante la baja en los precios de tierras y bienes raíces, "El Debate” instaba a la "huelga de bolsillos cerrados", a la resistencia colectiva al pago de la contribución; mientras el diputado nacionalista Cecilio Arrarte Corbo proponía suprimir por dos actos el impuesto a todas las propiedades rurales del país. Ambas propuestas fueron alentadas cuando el régimen tenía sus días contados, como reacción a una política considerada hostil por los ganaderos.

Las medidas reseñadas muestran que se aplicó una concepción imposi­tiva que gravó a todos los sectores, aunque obviamente afectó más a los de menores ingresos.

La Historia sin fin.

Fiel a ello el Estado trasladó la crisis a sus funcio­narios. Se estableció un "impuesto a los sueldos", eufemismo que impli­caba una rebaja de las retribuciones, tanto en sueldos como pensiones y jubilaciones del sector oficial. Se fijó un mínimo no imponible de setenta pesos para los solteros, y de cien pesos para los casados y solteros cabeza de familia. A partir de esos topes entraba a regir un impuesto gradual, entre el seis y el quince por ciento. La fundamentación que se hizo de esta rebaja salarial era que afectarla sólo a un sector de empleados públicos, los de sueldos mayores. Sin embargo se pueden hacer algunas precisiones: a) el salario de setenta pesos era el que se consideraba mínimo antes de que la desvalorización monetaria aumentara en 1929-30 el costo de vida; 2) para aquellos funcionarios que aún no lo ganaban, o lo ganaban y estaban eximidos, significó de hecho la congelación de toda expectativa de aumento salarial para acompasar las retribuciones al nuevo costo de vida; 3) estando en trámite parlamentario un proyecto para establecer ese salario mínimo en la actividad privada le restó toda posibilidad de aprobación; 4) se consideraba que el Estado pagaba las mejores retribuciones, por lo cual la medida tendía a congelar o deprimir los salarios de la actividad privada.

Según Berreta, el batllismo había apoyado esta medida para dar coherencia al plan económico global.

Tanto la "Federación de Empleados y Obreros de la Nación", como el Presidente Terra, coincidían en que el impuesto a los sueldos debería regir recién a partir de las retribuciones de ciento cincuenta pesos.

En 1932 el Parlamento estudió la desgravación gradual, o la supresión del resistido impuesto. Baltasar Brum opinó que "la reducción en los emolumentos reflejó de inmediato sobre las operaciones comerciales ordina­rias, causando un enorme perjuicio...". García Morales lamentó la ruptura de colaboración parlamentaria entre los dos partidos, ya que la rebaja constituía "la principal conquista que la transacción realizada permitía reali­zar al programa de prudencia, de justicia y de discreción financiera susten­tado por el Partido Nacional...", recordando que al suspenderse la amorti­zación de la deuda externa se hizo frente a un plan coherente de econo­mías que fue bien acogido en el exterior. En el seno del Consejo Nacional de Administración el batllismo fue partidario de suprimir el gravamen. El presupuesto de gastos sancionado en enero de 1933 se consideraba "súper equilibrado". Sin embargo, el terrismo no sólo dejaría subsistente el impuesto, sino que lo extendería a los empleados municipales, que no estaban comprendidos en el mismo.

Para paliar la repercusión de la reforma impositiva sobre los sectores de menores ingresos, se resolvió en 1931 rebajar en un diez por ciento los alquileres urbanos.

Algunos entes estatales debieron contribuir con sumas extraordinarias para aliviar ía situación del erario público.

En un análisis rápido la crisis de 1929 tuvo las siguientes repercusiones económicas:

1)      Disminución de los precios internacionales de los productos pecuarios.

2)      Caída de la demanda internacional de materias primas y productos alimenticios.

3)      Retracción de la inversión internacional de capitales. Esto complica las posibilidades de crédito externo en condiciones muy desfavorables.

4)      Aumento de la desocupación, el 50% de los asalariados sin trabajo según el censo Industrial.

5)      Disminución del poder adquisitivo del sector de ingresos fijos.

6)      Se inicia una restricción al ingreso de inmigrantes. Catalogando como indeseables a vagos, drogadictos, maleantes.

7)      En 1929 comienza la aplicación de iniciativas relativas a jubilaciones generales, salarios mínimos  y propiedad de la tierra.

8)      Por iniciativa de la Federación Rural se constituyó el Comité de Vigilancia Económica.

La política económica del Consejo Nacional de Administración que por mandato constitucional tenía injerencia en la producción y en la industria tenía una visión estatista e intervencionista. Sus medidas para enfrentar a la crisis fueron:

1)      Fomento industrial. Se prohibieron ciertas importaciones competitivas y grandes impuestos a productos suntuarios.

2)      Fomento agropecuario. A nivel de la agricultura el Estado buscó incidir en la fijación de precios y crea el Mercado de frutos.

3)      Para la ganadería se ofreció una mejor cotización por las reses mediante el Frigorífico Nacional.

4)      Política monetaria- Se buscó la estabilidad de un peso devaluado con el objetivo de favorecer al sector exportador y a los industriales que eran subsidiados al encarecerse los productos importados. Lo negativo fue el crecimiento de la deuda externa suspendiendo el pago de amortizaciones pero no de los intereses. Al BROU se le otorgó el control absoluto de las operaciones de cambio con el objetivo de frenar la especulación y la fuga de divisas. A las empresas extranjeras se les prohibió enviar fondos al exterior los cuales debían ser depositadas en el país.

5)      Presupuesto. A nivel presupuestal se intentó reducir el déficit del Estado sobre la base de aumentos de impuestos. Se estableció un impuesto a los sueldos que también pesaba sobre las jubilaciones y pensiones. También sobre los combustibles.

6)      Ampliación de las estatizaciones. Las comunicaciones fueron acaparadas por la empresa estatal Usinas y Teléfonos del Estado, se creó ANCAP en base a los acuerdos del pacto del chinchulín en base al acuerdo ente el batllismo y los nacionalistas independientes.

Ver:

Berna, L y otros. Historia Económica del Uruguay 1870-2000. Santillana. 2014.

Jacob, R El Uruguay de Terra. EBO 1984.